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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR EL REFRENDO DE LA LICENCIA MUNICIPAL PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO (VIGENTE PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2015), QUE PREVÉ SU COBRO EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE AQUÉLLOS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2016. · Registro digital (IUS): 27310
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-08-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo III, Pág. 1628.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. DISIDENTES: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA Y ÓSCAR NARANJO AHUMADA. PONENTE: JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. SECRETARIO: JORGE ALBERTO FIGUEROA VALLE.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 3050, suscrito por la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, anexó la denuncia de la posible contradicción de criterios formulada por sus Magistrados integrantes; la cual fue registrada con el número de correspondencia 9903, de la cual se deduce, esencialmente, que la pretensión es determinar si la base impositiva por el refrendo de licencias para anuncios contenidas en el artículo 36, apartado A, fracciones I, incisos a) y b), y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio fiscal de dos mil quince, vulnera o no los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, previa estimativa de establecer si la autoridad administrativa municipal realiza o no un verdadero despliegue técnico ajustado a las condiciones de seguridad impuestas por el reglamento aplicable (folios 1 a 4).

SEGUNDO.-Trámite. En proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, el entonces Magistrado presidente del Pleno de Circuito, Roberto Charcas León, admitió la denuncia aludida, ordenando su registro con número 18/2016; solicitó a los órganos colegiados contendientes el envío de las fotocopias certificadas de las ejecutorias recaídas a los amparos en revisión 57/2016 y 409/2015 del índice de los Tribunales Colegiados Primero y Quinto en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, respectivamente, así como para que informaran si el criterio sustentado en tales asuntos, a la fecha, se encontraba vigente, o bien, de haberlo abandonado, la causa que motivó hacerlo y la remisión de la sentencia en la cual se apoyaran las consideraciones del nuevo; asimismo, la solicitud a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objeto de que informara si existía alguna contradicción de tesis que guardara relación con la temática tocante en la presente y, de ser el caso, el envío de las constancias atinentes; y, finalmente, comunicarles a todos los Tribunales Colegiados en la materia y Circuito sobre la admisión del asunto (fojas 5 a 7).

TERCERO.-Sustanciación. En acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidas las constancias e información requeridas al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien por conducto de su presidente expresó que todavía sostiene el criterio en contienda (folio 71).

Por auto de dieciocho siguiente, en lo que interesa, se recibió el oficio CCST-X-23-01-2017, suscrito por la maestra Cielito Bolívar Galindo, quien comunicó que dentro de los seis meses previos a la consulta, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis vinculada con el tema a tratar en este asunto (foja 78).

Finalmente, en proveído de diez de febrero de esta anualidad, se recibió comunicado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, quien a través de su presidencia informó que aún prevalece el criterio sostenido en el recurso de revisión 57/2016 (folio 27).

CUARTO.-Turno. En el auto referido en el párrafo precedente, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, turnó el asunto al Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara, para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. Esta denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con el ánimo de no dejar de lado detalle alguno, conviene reproducir la parte conducente de las ejecutorias pronunciadas por ambos órganos contendientes.

Por una parte, el órgano jurisdiccional referido inmediatamente líneas atrás, al resolver el amparo en revisión 57/2016, en sesión de quince de noviembre del año próximo pasado, sostuvo:

"QUINTO.-En diverso agravio, el inconforme sostiene que se perdió de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos cobrados por servicios públicos no pueden imponerse respecto a una actividad estatal generalizada donde la prestación recibida por los particulares es indivisible e indeterminada, sino que se beneficia en conjunto al resto de la población; de tal manera que en el caso, dice, aun cuando pudiera valorarse el costo que representa para el Estado el despliegue técnico que realiza antes de que se otorgue una licencia nueva, lo cierto es que no significa que pueda incorporarse como parte de la expedición del refrendo, de la actividad general y permanente de verificación o inspección llevada a cabo después de esa renovación; que para la obtención del refrendo de las licencias de anuncios, queda sujeto el titular de las mismas a acreditar ante la dependencia competente, haber llevado a cabo las acciones necesarias para la implementación de las medidas de seguridad y mantenimiento, y que, por ello, las características del anuncio y la superficie total publicitada no guardan relación con el costo del refrendo y, por ello ‘... el monto de la cuota no corresponde al costo que para el Municipio representa la expedición del refrendo, pues la autoridad no realiza despliegue técnico ...’, y que ni los artículos reclamados o el reglamento de anuncios ‘... prevén un despliegue humano o material por parte de la Dirección o Secretaría de Obras Públicas, ya que no prevén la emisión del dictamen técnico del anuncio previo a la expedición del refrendo de la respectiva licencia ...’ (foja treinta vuelta del presente toca), sino que la autoridad se limita a revisar que esté completa la documentación y que el formato contenga los datos requeridos; que las cuotas del derecho por la expedición del refrendo de las licencias de anuncios no son fijas ni iguales para los titulares que reciben el mismo servicios; y que la tarifa a pagarse por la obtención de la licencia o su refrendo, toman en consideración el tipo de anuncio y los metros cuadrados, pero no, como lo señala el a quo, los metros lineales o de altura del anuncio.

"En cuanto a la necesidad de correlación entre el servicio prestado por el Estado y la contraprestación exigida al contribuyente, debe indicarse que, al respecto, nuestro Más Alto Tribunal ha establecido que esa correlación debe fijarse bajo un parámetro de razonabilidad y atendiendo al costo aproximado, y no necesariamente de un costo exacto.

"De ahí que, si el artículo reclamado con base en la estructura que soporta el anuncio, fija la tarifa correspondiente ‘por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite’, tales elementos toman en cuenta ese criterio de razonabilidad a que se refiere nuestro Más Alto Tribunal. Al respecto, tiene aplicación la tesis aislada P. V/2012 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso.’

"Igualmente, apoya estas consideraciones, la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida, al resolver la contradicción de tesis 394/2009, publicada en la página 1404, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que si bien se refiere a la legislación vigente en el Distrito Federal, esta última sigue la misma lógica de graduación de pago de derechos por la expedición de anuncios, por metro cuadrado que el texto vigente en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. La ejecutoria en cuestión, en lo conducente, estableció:

"‘... De la definición de derechos se advierte que éstos dimanan, esencialmente del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, así como por prestar servicios el Estado en sus funciones de derecho público, por lo que de acuerdo con estos matices, los principios tributarios no pueden aplicarse de manera igual que en los impuestos, que es otro ingreso tributario, como se evidencia de la jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes: «DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.-Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: <las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten>, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.». (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 2/98, página 41).-Entonces, para ser proporcional la imposición de un derecho por servicios, debe atenderse ordinariamente a los aspectos que enseguida se enlistan: 1. El monto de las cuotas debe guardar congruencia con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio, sin que este costo sea el exacto, sino aproximado.-2. Las cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban un idéntico servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce generalmente en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable en el costo del servicio.-Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número 3/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 54 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, que dice: «DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.-No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como <las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio>, lo que implicó la supresión del vocablo <contraprestación>; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.».-En tal virtud, para analizar la proporcionalidad y equidad de la disposición normativa que establece un derecho debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso.-Esta última premisa no es absoluta tratándose de derechos por servicios, porque el legislador puede establecer varias cuotas y tarifas progresivas, de manera excepcional, cuando la prestación del referido servicio requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo o que tiendan a agotar la prestación del servicio, para lo cual pueden tomarse en consideración elementos adicionales al costo del servicio, como los beneficios recibidos por los usuarios o los fines de política fiscal para favorecer a quienes no tienen posibilidades económicas para acceder a tales servicios de gran importancia humana.-En otras palabras, las cuotas siempre deben guardar relación directa con el tipo de servicio prestado, aunque el monto no resulte acorde con el costo del servicio, debido a razones de política fiscal que el legislador ordinario establece con el fin de reducir o disminuir la carga económica del contribuyente, lo que da pauta, sin duda, a imponer válidamente por un mismo servicio cuotas diferentes, así como tarifas progresivas. Es ilustrativa al respecto, la tesis aislada del Tribunal Pleno que lleva por rubro, texto y datos de localización, los siguientes: «AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN II, PUNTO 3, DE LA LEY DE INGRESOS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVA AL SERVICIO MEDIDO PARA USO INDUSTRIAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SÓLO POR ATENDER AL CONSUMO.-Conforme a la jurisprudencia 4/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que lleva por rubro: <DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD.> (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 5), tratándose de derechos por servicios y, específicamente, por los de agua potable, para cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria es menester atender no sólo al costo del servicio sino también a los beneficios recibidos por los usuarios, a sus posibilidades económicas y a otras razones de tipo extrafiscal, entre ellas, el destino que se da al agua y la necesidad de racionalizar su consumo, así como a los demás elementos que inciden en la continuidad del servicio. Por tanto, la tarifa contenida en la fracción II, punto 3, de la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 1997, aplicable sólo para el servicio medido de uso industrial, no resulta violatoria del principio de proporcionalidad por el solo hecho de que atienda al consumo, estableciendo las cuotas aplicables a cada metro cúbico consumido al mes tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, así como el 25% de esas cuotas según el volumen de agua consumido para los derechos por el servicio de alcantarillado, porque con ello lógicamente se atiende no sólo al costo que representa la prestación de los servicios, pues lógicamente existe relación entre éste y el volumen de agua consumida y que tendrá que transportarse por la red de alcantarillado, sino, además, a otros aspectos, como son los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos, el uso que se da al agua, el fin extrafiscal de racionalizar el consumo del líquido y demás elementos que aseguran la continuidad de dichos servicios, todo lo cual se refleja en una cuota por metro cúbico de agua consumido, que si bien se eleva según aumenta el consumo, ello responde al señalado fin extrafiscal de racionalizar el consumo del líquido vital.» (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, tesis P. LXXXVII/99, página 13).-En ese orden de ideas, la cuantificación de las cuotas debe identificarse, en principio, con el tipo del servicio público prestado, luego, con su costo, en el que la cuota puede ser menor al último, es decir, no atender fielmente al costo del servicio por razones de política fiscal que deben justificarse en el proceso legislativo que culmine con la imposición del derecho o se desprendan claramente de la norma o de otras que tengan relación con ella ...’

"Aunado a lo anterior, se advierte que se prevé la labor de verificación (despliegue técnico), pues al margen de que los estudios correspondientes sean aportados por los solicitantes, las disposiciones mencionadas implican ese análisis de la información aportada, pues de otra forma la autoridad no estaría en aptitud de constatar que los anuncios en cuestión cumplan todas las especificaciones a que se refieren tales preceptos, así como realizar las atribuciones relacionadas con el cumplimiento de las medidas para garantizar la vida, salud e integridad física de las personas, seguridad de los bienes, evitar daño ecológico, preservación de valores históricos, entre otros, como son su regulación, registro, práctica de inspecciones de los anuncios correspondientes.

"En relación con lo anterior, destacan los artículos 1, 9, 11, numeral 1, fracciones IV a XI y 12, numeral 3, del Reglamento de Publicidad para el Municipio de Guadalajara, Jalisco (abrogado), refieren lo siguiente:

"‘Artículo 1. 1. Las disposiciones de este reglamento son de interés público y de observancia general en todo el Municipio y tienen por objeto regular la fijación, instalación, conservación, ubicación, distribución, exhibición, emisión, características y requisitos de anuncios en los sitios o lugares a los que tenga acceso el público o que sean visibles o audibles desde la vía pública, con los siguientes propósitos: I. Asegurar que los anuncios producidos por la publicidad de negocios, locales comerciales, productos y demás actividades económicas y sociales, sean planeados, dosificados, diseñados y ubicados en la forma y en los sitios dispuestos y que no representen daño alguno a la población, ni atenten contra los elementos esenciales de la composición, como son el equilibrio, la claridad, el orden y la estética; II. Coadyuvar a que el Municipio ofrezca una imagen urbana ordenada, clara, limpia, libre de elementos que la deterioren visualmente, y contaminantes de tipo auditivo; III. Proporcionar a la población del Municipio, la certeza de que los anuncios que se utilizan en la publicidad, cualquiera que ésta sea, se fabriquen, con los cálculos estructurales y normas de seguridad vigentes, para que cubran cualquier riesgo que puedan representar, y que en su caso los que se reproduzcan o emitan, cumplan con las normas correspondientes a efecto de que no se genere un daño ecológico o se vulnere la paz y el orden público; IV. Regular, registrar, inspeccionar, verificar, apercibir, sancionar y otorgar la licencia correspondiente previo pago de derechos, para la colocación de los anuncios, de acuerdo a las disposiciones del presente reglamento y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; V. Crear un medio urbano coherente y homogéneo, en el que prevalezca un sentido de unidad dentro de la diversidad, por zonas claramente definidas en el Municipio; y VI. Respetar las características de la fisonomía urbana existente, evitando rupturas y contrastes que atenten a los valores históricos, fisonómicos y de identidad del Municipio.’

"‘Artículo 9. 1. En ningún caso se otorga licencia o permiso para la colocación de anuncios que, por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su construcción o instalación, puedan poner en peligro la salud, la vida o la integridad física de las personas o la seguridad de los bienes, tengan semejanza con los signos o indicaciones que regulen el tránsito, informativos, restrictivos o preventivos. 2. En particular cuando se trate de anuncios construidos de metal, madera, vidrio o de otros materiales que requieran estar sujetos a normas técnicas y de seguridad específicas, la ventanilla única emite su dictamen técnico en el que se señale que no representa riesgo para la comunidad, para que se otorgue después de haber cumplido con los requerimientos marcados por este reglamento, la licencia o permiso correspondiente. Al efecto, el solicitante debe presentar junto con su petición el cálculo estructural firmado por el perito, que es el responsable directo de la supervisión y seguridad de la construcción del mismo.’

"‘Artículo 11. 1. Corresponde al presidente municipal a través de la Dirección General de Obras Públicas con la intervención de la Dirección de Padrón y Licencias y de la Dirección de Inspección y Vigilancia y demás dependencias municipales en los aspectos técnicos de sus respectivas competencias, las siguientes atribuciones: ... IV. Solicitar a la dependencia competente practique inspecciones de los anuncios y ordenar los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que fueren necesarios para garantizar su estabilidad, seguridad y buen aspecto; V. Solicitar a la dependencia competente, previo dictamen técnico de la Dirección General de Obras Públicas, el retiro o modificación de los anuncios que constituyan un peligro para la estabilidad de la construcción en que se encuentren instalados, o para la vida y seguridad de las personas y de los bienes, como los que se instalen sin antes obtener su licencia municipal, y en su caso, a través de la Dirección General de Obras Públicas, y demás dependencias involucradas, y si fuera necesario empresas privadas, que ejecuten los trabajos necesarios para el retiro o modificación a costa y riesgo del propietario del anuncio o del propietario del predio donde se encuentre ubicado el mismo, en los términos de lo dispuesto por este reglamento; VI. Establecer y actualizar permanentemente los siguientes registros: a) Fabricantes de anuncios; b) Arrendadoras de publicidad exterior; c) Rotulistas; d) Peritos registrados en la Dirección General de Obras Públicas; y e) Padrón de anunciantes eventuales; VII. Coordinar a las dependencias, organismos públicos o privados que, como prestadores de servicios de carácter público o social, requieran de señalamientos o anuncios en vías públicas para el desempeño de sus funciones o para la instrumentación de programas o campañas de carácter social, cultural o deportivo, estableciendo las condiciones especiales a que han de sujetarse; VIII. Solicitar a la dependencia competente realice inspecciones a las obras de instalación de anuncios, en proceso de ejecución; IX. Solicitar a la dependencia competente aplique las medidas de seguridad y levantar las actas de inspección para la aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones al presente reglamento; X. Solicitar a las dependencias competentes la utilización de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus resoluciones y determinaciones; y XI. Las demás que le confiere este reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.’

"‘Artículo 12. ... 3. Los dictámenes técnicos son emitidos en la ventanilla única, la cual se auxilia en los casos que fuera necesario por la Dirección de Padrón y Licencias y Coplaur y comprenden los aspectos de usos y destinos del suelo, vialidades, planeación e imagen urbana, así como los cálculos estructurales cuya instalación lo requiera, suscritos por el perito responsable. Para la emisión de su dictamen, ventanilla única se allegará la información pertinente y realiza en conjunto con Coplaur en los casos que fuera necesario, las inspecciones necesarias al lugar en que se pretenda instalar el anuncio.’

"En tanto que los artículos 6, fracción XXVII, 9 y 12 del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, prevén lo siguiente:

"‘Artículo 6. Para los efectos de este reglamento, se considera como:

"‘...

"‘XXVII. Refrendo: La renovación que se realice respecto de la licencia, previa verificación de la continuidad de los requerimientos cumplidos al momento del pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara correspondiente, y dentro del plazo que señala el artículo 141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.’

"‘Artículo 9. La persona física o jurídica, pública o privada, que pretenda fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios regulados por este ordenamiento, debe obtener previamente la licencia o permiso, en los términos dispuestos por este reglamento y demás disposiciones aplicables, y cubrir los derechos que especifique la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara vigente, a excepción de los anuncios rotulados u opacos instalados en el interior de los mercados municipales.

"‘Las licencias se expiden anualmente sin perjuicio de las facultades de inspección y revocación permanentes del Municipio, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente reglamento y del pago de derechos, conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Gua

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27310-0a72177b/derechos-por-el-refrendo-de-la-licencia-municipal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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