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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN PREVENTIVA EN MATERIA MERCANTIL. SON INOPERANTES CUANDO EL RECURRENTE OMITE EXPRESAR EN ELLOS DE QUÉ FORMA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL IMPUGNADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/2014. · Registro digital (IUS): 26319
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Pág. 824.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 217/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE ABRIL DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(4) 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que no requiere la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por el secretario de tribunal en funciones de Magistrado del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en el amparo directo civil 565/2013 del índice de dicho tribunal, razón por la cual se concluye que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.

a) Amparo directo 565/2013, del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

Antecedentes: Por escrito presentado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), demandó en la vía ordinaria mercantil a ********** y **********, ambos de apellidos **********, ********** y, diversas prestaciones relacionadas con la prescripción de títulos de crédito, así como de las acciones que prevé la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Durante la secuela procesal, la parte actora interpuso diversos recursos de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, en contra de diversas resoluciones del Juez de Distrito.

Seguido el juicio por sus cauces legales, el Juez Noveno de Distrito dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario mercantil, en la que determinó que la ********** no había acreditado los elementos constitutivos de su acción y absolvió a los demandados de todas las prestaciones reclamadas, condenándola al pago de las costas originadas con la tramitación del juicio natural.

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, la cual se admitió en ambos efectos. De igual forma, se tuvo a la parte recurrente expresando los respectivos agravios en contra de diferentes proveídos que fueron apelados por la parte actora durante la secuela procesal, los cuales se tramitaron de forma conjunta con la sentencia definitiva.

El Tribunal Unitario del conocimiento determinó confirmar los acuerdos de procedimiento impugnados, mediante el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, así como la interlocutoria. De igual forma determinó confirmar la sentencia definitiva.

Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil trece, por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, dentro de los autos del toca civil **********.

En su demanda de amparo, la parte quejosa se inconformó con la sentencia definitiva, entre otras cosas, porque el Tribunal Unitario confirmó los autos recurridos mediante las apelaciones preventivas de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, bajo el argumento de que la parte apelante no había dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 1344, párrafo tercero, del Código de Comercio, esto es: indicar de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar.

Criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito: En lo que ahora interesa, el Tribunal Colegiado que conoció de la demanda de amparo, al resolver el asunto, sostuvo lo siguiente:

Que los conceptos de violación eran en parte infundados y, por otra, fundados.

En primer lugar, señaló que le asistía la razón al quejoso, porque de la lectura del escrito de agravios en contra de los proveídos impugnados a través del recurso de apelación de tramitación conjunta, se apreciaba que la recurrente sí había cumplido con lo dispuesto por el artículo 1344 del Código de Comercio, al menos por lo que respecta a los recursos de apelación interpuestos en contra de los proveídos de ocho, veintidós de febrero y, tres y, diecisiete de septiembre de dos mil once. Lo anterior, porque consideró que la parte quejosa sí había señalado de qué manera las violaciones impugnadas trascendían al fondo del asunto.

En cambio, en relación con los diversos proveídos de diecisiete de septiembre de dos mil doce, dieciséis de febrero de dos mil doce, ocho de octubre de dos mil doce, y la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil doce,(5) el Tribunal Colegiado concluyó que era cierto -como lo señaló el tribunal responsable- que la apelante no había dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1344 del Código de Comercio, pues no indicó en su escrito de qué manera trascenderían dichas violaciones procesales al resultado del fallo.

No obstante, el tribunal advirtió que la parte quejosa señaló que dicha determinación transgredía el derecho a la tutela judicial efectiva, además de que el artículo 1344 del Código de Comercio era inconstitucional por transgredir derechos humanos.

Al respecto, el Tribunal Colegiado señaló que los conceptos de violación eran fundados en atención a lo que sigue:

Porque al aplicar de manera literal lo establecido por el artículo 1344 del Código de Comercio, se desatendió lo previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Adujo que, el precepto invocado en último término, contiene el principio pro persona que es un criterio hermenéutico en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Al respecto, se refirió a la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.) de esta Primera Sala, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBE ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."

De esta forma, el Tribunal Colegiado consideró que, al interpretar el alcance del artículo 1344 del Código de Comercio, el Tribunal Unitario responsable se apartó del principio pro persona, transgrediendo el principio de tutela judicial efectiva, pues el poder público no puede condicionar o impedir el acceso a la administración de justicia, lo cual debe entenderse en el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer límites a ese derecho, aunque sí la previsión de formalidades esenciales para el desarrollo del proceso, por lo que además de la normativa, los órganos encargados de administrar justicia, deben asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción.

Señaló que lo anterior no implica la eliminación de toda formalidad, ni constituye un presupuesto para pasar por alto las disposiciones legislativas; sino, por el contrario, para ajustarse a éstas y ponderar los derechos en juego, para que las partes en conflicto, tengan la misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial efectiva, debe entenderse como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos.

Agregó que, del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho constitucional para defender sus derechos en un proceso establecido por el legislador, también tienen derecho a acceder a los recursos, los cuales son una continuación del proceso, de tal forma que los principios de defensa, igualdad de partes, contradicción e igualdad jurídica en la aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos.

De ahí que -señaló- cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso a éste por parte de quien sufre un perjuicio en sus derechos, se encuentra comprendido dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva y de administración de justicia. Y, si bien es cierto que el legislador ordinario puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger otros derechos fundamentales, como los relativos a la certeza y seguridad jurídica de los justiciables, no le está permitido crear obstáculos irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por un acto procesal, acceder de inmediato a una segunda instancia.

Por otra parte, señaló que los Jueces y tribunales deben interpretar las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más favorable que permita el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando introducir o hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones legales que impidan el acceso a los medios de defensa legal.

En consideración a lo anterior, el Tribunal Colegiado sostuvo que la exigencia prevista en el artículo 1344, contraviene el principio de tutela judicial efectiva en la medida en que coarta el derecho a acceder a un recurso judicial rápido, sencillo y eficaz, pues el hecho de obligar al recurrente a emitir un juicio de valor, específicamente relacionado con la trascendencia de la violación procesal en el fallo definitivo, se traduce en una formalidad excesiva y, por ende, en un obstáculo que impide el libre acceso a la jurisdicción de segunda instancia que, incluso, puede convertirse en una verdadera trampa procesal en la que irremisiblemente caerá el recurrente, quien, ante ese exceso de formalidades, fácilmente puede dejar de cumplir con alguno de los requisitos que desproporcionadamente estableció el legislador.

Señaló que si bien el Tribunal Unitario responsable aludió al cumplimiento de una formalidad establecida en la ley, lo cierto es que, si no se cumple con ella, esto no puede tener la trascendencia de no admitir el recurso de apelación hecho valer o de tenerlo por no interpuesto, pues -señaló-, tampoco daría lugar a un requerimiento para que se subsanara alguna omisión, dado que, la formalidad exigida por el tribunal de alzada se refiere, en rigor, a una cuestión de fondo ajena al aspecto procesal que rige el trámite y la admisión de los medios de defensa en juicio, al estar relacionada con una cuestión de valoración de la trascendencia que tendría en cuanto al fondo la reparación de la violación combatida; lo cual, es una labor que corresponde realizar al órgano jurisdiccional y no al particular, y que, en todo caso, de expresarse por el apelante, no sería sino una simple opinión acerca del resultado que pudiera arrojar la reparación de la violación aludida.

Aunado a lo anterior, refirió que el artículo 1344 del Código de Comercio no establece que ante la falta de cumplimiento de la exigencia consistente en expresar en los agravios en contra de la sentencia de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, la consecuencia sea declarar inoperantes los agravios y la confirmación automática de los autos apelados, como aconteció en el caso concreto.

Finalmente, en lo que interesa a la materia de la contradicción, el Tribunal Colegiado apuntó que las conclusiones alcanzadas no debían significar la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma establecida en el artículo 1344, párrafo tercero, del Código de Comercio, y, en sentido estricto, tampoco implicaban que el Tribunal Unitario responsable debiera ejercer un control de convencionalidad en el que dejara de aplicar la porción normativa señalada. Sino que tan sólo debió hacerse una ponderación con las constancias de autos y aplicar un criterio de interpretación conforme de los postulados establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

b) Amparo directo 282/2013 relacionado con el diverso 281/2013, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Antecedentes: Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, **********, **********, por conducto de su apoderado, demandó de **********, **********, en la vía ordinaria, diversas prestaciones relacionadas con el cumplimiento de una obligación contractual.

Durante la secuela procesal, la parte actora interpuso recurso de apelación preventiva en contra de un auto del Juez de Distrito, el cual se tuvo por interpuesto en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Concluido el procedimiento, el Juez de Distrito dictó la sentencia correspondiente, en la que determinó que la actora no había acreditado su acción y la demandada había acreditado parcialmente su reconvención.

Inconforme, la actora interpuso recurso de apelación y presentó escrito de agravios relacionado con la apelación preventiva. Una vez sustanciadas, el Tribunal Unitario del conocimiento dictó sentencia en la que resolvió, de manera conjunta, las citadas apelaciones, confirmó el auto apelado y modificó los puntos resolutivos.

En contra de dicha determinación, la actora promovió demanda de amparo directo.

En sus conceptos de violación, sostuvo, entre otras cuestiones, que la resolución impugnada violaba en su perjuicio los artículos 1o., 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto, su derecho a un recurso sencillo y eficaz en contra de las determinaciones judiciales que le afectan, toda vez que, en lugar de declarar inoperantes sus agravios relativos a la apelación preventiva por no haber manifestado de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, el tribunal debió interpretar la disposición legal aplicada (1344 del Código de Comercio) a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Asimismo, señaló que dicha disposición (artículo 1344) era contraria a los postulados constitucionales e internacionales sobre acceso a la justicia. Por tanto, consideró que el tribunal debió inaplicar el párrafo tercero de ese artículo y entrar al estudio del agravio hecho valer por su representada dentro del recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva.

Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: Al abocarse al estudio de los conceptos de violación correspondientes, el Tribunal Colegiado resolvió que los mismos resultaban esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, en atención a lo siguiente:

Que el tribunal de alzada incurrió en una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa a la quejosa, debido a que, al aplicar de manera literal lo establecido por el artículo 1344 del Código de Comercio, desatendió lo establecido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Señaló que el precepto invocado en último término, contiene el principio pro persona que es un criterio hermenéutico, en virtud del cual, se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

El tribunal consideró que, al interpretar el alcance del artículo 1344 del Código de Comercio, el Tribunal Unitario responsable, se apartó del principio pro persona, a que se refiere el precepto constitucional en cita y, con ello, trasgredió en perjuicio del quejoso, el principio de tutela judicial efectiva, del que deriva la prerrogativa del justiciable a contar con un recurso judicial sencillo y rápido que permita la revisión de las resoluciones que sean contrarias a sus intereses.

Entre otras cosas, sostuvo que los Jueces y tribunales deben interpretar las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más favorable que permita el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando introducir o hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones legales que impidan el acceso a los medios de defensa legal.

En lo que respecta al recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, el Tribunal Colegiado señaló que el legislador ordinario le impuso al inconforme un requisito adicional, consistente en que, si el apelante es el vencido o de aquella parte que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, deberá expresar en los agravios en contra de la sentencia que resolvió el juicio de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar.

El Tribunal Colegiado señaló que tales exigencias contravienen el principio de tutela judicial efectiva, en la medida que coartan el derecho a acceder a un recurso judicial rápido, sencillo y eficaz, pues el hecho de obligar al recurrente a emitir un juicio de valor, específicamente relacionado con la trascendencia de la violación procesal en el fallo definitivo, se traduce en una formalidad excesiva y, por ende, en un obstáculo que impide el libre acceso a la jurisdicción de segunda instancia, que, incluso, puede convertirse en una verdadera trampa procesal en la que irremisiblemente caerá el recurrente, quien, ante ese exceso de formalidades, fácilmente puede dejar de cumplir con alguno de los requisitos que desproporcionadamente estableció el legislador.

Indicó que lo anterior era patente en el caso, pues de las constancias de autos se advertía que el quejoso interpuso oportunamente el recurso de apelación preventiva, aunado a que de manera oportuna y conforme a los artículos del Código de Comercio, expresó agravios en escrito por separado, con lo cual, reveló su interés en que un tribunal de superior jerarquía, procediera a la revisión de las violaciones que en su opinión había cometido el juzgador primigenio.

Que el Tribunal Unitario responsable, determinó confirmar el auto impugnado, no por una cuestión de fondo, sino ante la falta de cumplimiento de una formalidad que, ante el panorama descrito, se torna realmente excesiva y contraviene los principios de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, particularmente en lo que se refiere al derecho de contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo.

Señaló que si bien el Tribunal Unitario responsable, aludió al cumplimiento de una formalidad establecida en la ley, lo cierto es que si no se cumple con ella, esto no puede tener la trascendencia de no admitir el recurso de apelación hecho valer o de tenerlo por no interpuesto, puesto que -señaló- ello tampoco daría lugar a un requerimiento para que se subsanara alguna omisión, dado que la formalidad exigida por el tribunal de alzada se refiere, en rigor, a una cuestión de fondo ajena al aspecto procesal que rige el trámite y la admisión de los medios de defensa en juicio, al estar relacionada con una cuestión de valoración de la trascendencia que tendría en cuanto al fondo la reparación de la violación combatida; lo cual, es una labor que corresponde realizar al órgano jurisdiccional y no al particular, y que, en todo caso, de expresarse por el apelante, no sería sino una simple opinión acerca del resultado que pudiera arrojar la reparación de la violación aludida.

Aunado a lo anterior, refirió que el artículo 1344 del Código de Comercio no establece que, ante la falta de cumplimiento de la exigencia consistente en expresar en los agravios en contra de la sentencia de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, la consecuencia sea declarar inoperantes los agravios y la confirmación automática de los autos apelados, como aconteció en el caso concreto.

Finalmente, en lo que interesa a la materia de esta contradicción, el Tribunal Colegiado apuntó que las conclusiones alcanzadas no debían significar la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma, establecida en el artículo 1344, párrafo tercero, del Código de Comercio, y, en sentido estricto, tampoco implicaban que el Tribunal Unitario responsable, debiera ejercer un control de convencionalidad en el que dejara de aplicar la porción normativa señalada. Sino que tan sólo debió hacerse una ponderación con las constancias de autos y aplicar un criterio de interpretación conforme de los postulados establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

A partir del criterio antes referido, se derivó la tesis aislada I.6o.C.8 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1616 « y Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de mayo de 2014 a las 10:18 horas», de título, subtítulo y texto:

"APELACIÓN PREVENTIVA. LA EXIGENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1344, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN EL SENTIDO DE QUE EL APELANTE DEBERÁ EXPRESAR EN LOS AGRAVIOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ EL JUICIO, DE QUÉ MANERA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL A SUBSANAR, AFECTA EL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.-Los artículos 1339, 1341, 1342 y 1344, tercer párrafo, del Código de Comercio prevén que el recurso de apelación preventiva debe tramitarse conjuntamente con la apelación que, en su caso, se interponga contra la sentencia que haya resuelto la primera instancia. Al interponer el recurso, lo hará el inconforme sin expresar agravios, pues los motivos de disenso se harán valer en escrito por separado dentro del término de nueve días que la propia ley concede para apelar de la citada sentencia. Asimismo, el legislador ordinario impuso al inconforme un requisito adicional consistente en que, si el apelante es el vencido o de aquella parte que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, deberá expresar en los agravios en contra de la sentencia que resolvió el juicio, de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar. Esto es, el inconforme no sólo debe expresar agravios en un escrito por separado sino, además, en el escrito por el que apele la sentencia, también debe emitir diversos argumentos relacionados con la trascendencia de la violación adjetiva que pretenda combatir. Tales exigencias contravienen el principio de tutela judicial efectiva en la medida que coartan el derecho a acceder a un recurso judicial rápido, sencillo y eficaz, pues el hecho de obligar al recurrente a emitir un juicio de valor, específicamente relacionado con la trascendencia de la violación procesal en el fallo definitivo, se traduce en una formalidad excesiva y, por ende, en un obstáculo que impide el libre acceso a la jurisdicción de segunda instancia que, incluso, puede convertirse en una verdadera trampa procesal en la que irremisiblemente caerá el recurrente, quien, ante ese exceso de formalidades, fácilmente puede dejar de cumplir con alguno de los requisitos que desproporcionadamente estableció el legislador. Ello, en atención al principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, de lo que se concluye que el recurrente tiene la carga procesal mínima de impugnar y expresar agravios contra determinada resolución de índole adjetivo, lo que es suficiente para demostrar racionalmente la infracción alegada. Por ello, la omisión de señalar de qué manera trascendió al fallo definitivo la violación procesal impugnada a través del recurso de apelación preventiva, se traduce también en un requisito que puede ser excesivo y constituir, por ende, un obstáculo al libre acceso a la jurisdicción de segunda instancia."

Así como la tesis I.6o.C.9 C (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1617 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"APELACIÓN PREVENTIVA. SI EL APELANTE NO EXPUSO DE QUÉ MANERA TRASCENDERÍA AL FONDO DEL ASUNTO EL RESARCIMIENTO DE LA VIOLACIÓN PROCESAL A SUBSANAR, ELLO NO PUEDE TENER EL ALCANCE DE QUE SE DEJEN DE EXAMINAR LOS AGRAVIOS RESPECTIVOS (ARTÍCULO 1344, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Si el apelante interpuso en tiempo su apelación preventiva y, también de manera oportuna y conforme a lo establecido en los artículos que regulan los recursos en el Código de Comercio, expresó agravios en escrito por separado, ello revela su interés en que un tribunal de superior jerarquía proceda a la revisión de las violaciones que en su opinión cometió el juzgador primigenio. Por tal razón, si el inconforme omitió cumplir con el requisito de expresar de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal a subsanar, ello de ninguna manera puede dar motivo a que el tribunal de alzada se abstenga del examen de los agravios expresados en contra de la violación adjetiva alegada, pues si el tribunal de apelación confirma la resolución recurrida con base en que no se satisfizo el apuntado requisito formal, y no por cuestiones de fondo, tal pronunciamiento torna realmente excesiva dicha formalidad y contraviene los principios de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, particularmente en lo que se refiere al derecho de contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo, principios que se encuentran reconocidos en los artículos 17 de la Constitución General de la República y en el 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esa forma, ante el incumplimiento de ese requisito formal, el tribunal de alzada debe ponderar si el recurrente ya había cumplido con las exigencias establecidas en la norma, al haber recurrido la resolución de que se trate de manera oportuna y al haber expresado agravios, en escrito por separado, también dentro de los plazos establecidos para ello; por lo que no es dable se exijan mayores requisitos que, incluso, tendrían que ser observados en un escrito distinto a aquel por el que se interpone el recurso preventivo y a aquel por el que se continúa con el trámite respectivo, pues la exigencia se realiza respecto del escrito por el que se expresen agravios en contra de la sentencia definitiva; menos aún, si se advierte que los agravios contienen argumentos que pudieran demostrar la ilegalidad de la resolución intermedia apelada. Máxime que el artículo 1344, tercer párrafo, del Código de Comercio no establece que ante la falta del cumplimiento de la exigencia consistente en expresar en los agravios en contra de la sentencia de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal a subsanar, la consecuencia sea declarar inoperantes los agravios y la confirmación automática de la resolución intermedia apelada."

c) Amparo directo 2/2011, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.

Antecedentes: **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ********** o **********,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26319-3fd552b3/agravios-en-la-apelacion-preventiva-en-materia-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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