PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 23 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que el asunto es del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la denunciante -Josefina Odette Fava Aldrete-, fue parte procesal en uno de los juicios de amparo en cuya ejecutoria se emitió uno de los criterios en contienda, a saber, el relativo al amparo en revisión **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO.-Tema y criterios contendientes. La denunciante indicó que el problema jurídico a resolver es:
"... si los gobernados, en su carácter de destinatarios de las normas, cuentan con la legitimación de impugnar los vicios que se produzcan en el proceso de creación de las mismas o si dicha potestad se encuentra restringida a los diputados que intervienen en la creación de las normas ..."
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión **********, dictó el fallo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete que, en lo que interesa, establece:
"... Es ineficaz el anterior agravio, con sustento en las consideraciones que este Tribunal Colegiado emitió, al resolver, en sesión de cinco de enero de dos mil diecisiete, por mayoría de votos, al resolver (sic) el recurso de revisión principal **********. Para evidenciar lo anterior, se realiza la reproducción de la parte conducente de esa sentencia:
"‘... Son jurídicamente ineficaces los razonamientos antes delatados.
"‘Así es, la circunstancia de que no esté demostrada en el juicio de amparo la existencia de los acuses de recibo, a través de los cuales se constate que a los legisladores se les hizo entrega de copia de los dictámenes de iniciativa de ley, no constituye un elemento detonante para establecer que no tuvieron conocimiento de los mismos y que, por tanto, no examinaron su contenido, previamente a su debate y aprobación.
"‘Lo anterior, porque a fin de verificar si el proceso legislativo se apegó a los principios democráticos que lo rigen, es suficiente que se corrobore que se realizó por los órganos constitucionalmente facultados y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se señalan en la Constitución del Estado de Jalisco, sus leyes secundarias y reglamentación aplicables; lo que no implica emprender el análisis de cuestiones atinentes al procedimiento administrativo interno previo a su promulgación, como lo es, la existencia o no de los acuses de recibo, si lo que importa es que en las sesiones legislativas quedó asentado que los diputados ya tenían en su poder los proyectos de dictámenes, lo que es revelador de que sí se les entregaron y que es lo que exige el numeral 162, dígito 1.
"‘Así las cosas, la circunstancia de que los legisladores hubiesen tenido poco tiempo para la revisión de los dictámenes, no significa que no estuvieran en condiciones de conocer y comprender su contenido y alcance para intervenir en el debate, en la medida de que esa corta temporalidad no es relevante para vislumbrar la vulneración a los principios democráticos y garantía de seguridad jurídica, en atención a que la iniciativa finalmente fue sometida a estudio y análisis del Pleno del Congreso Estatal y, además, se aprobó por los diputados intervinientes, lo que, como se ha dicho, es el fin primordial que persigue la propia iniciativa.
"‘Sin que sea obstáculo a lo anterior, que después de que se anunciaron los dictámenes de los proyectos de decreto de que se trata, se pasaron a su discusión, votación y aprobación; toda vez que tal situación precisamente derivó de que se dispensó su lectura, tal como quedó evidenciado anteriormente, por lo que no es dable sostener que no se siguieron las reglas fundamentales y trascendentales del proceso legislativo.
"‘Aparte, ya se consideró que lo que alega la quejosa son derechos ajenos, como en el caso de los legisladores, que no se sintieron agraviados y, por ello, votaron la normatividad, por lo que las disposiciones reclamadas deben combatirse de acuerdo a su contenido; es decir, si cumplen o no los principios constitucionales. ...
"‘En efecto, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la violación que destaca no trasciende al proceso legislativo.
"‘Los artículos 36, 161, 163, 164 y 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco dicen: (se reproducen)
"‘De los numerales antes transcritos, se observa que toda iniciativa recibirá dos lecturas, entre las que mediará una sesión y será hasta la segunda lectura cuando los diputados discutan el proyecto respectivo; asimismo, se advierte que no obstante el procedimiento ordinario, la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado prevé una dispensa en ese trámite, que consiste en la omisión total o parcial de las lecturas y de la sesión que normalmente debe mediar entre éstas, con la condición de que se cumpla con el requisito previsto en la fracción V del artículo 36 transcrito, es decir, se debe justificar que se trata de un caso de obvia y urgente resolución.
"‘De lo anterior deriva que el incumplimiento a las formalidades antes precisadas, solamente causan afectación a los diputados que deben intervenir en el proceso legislativo correspondiente, por ser los que deben contar con la oportunidad de discutir los temas que consideren relevantes; pues si dichos legisladores cuentan con los elementos para discutir y, como ocurrió en el caso, aprobar los decretos reclamados, la falta de motivación en la dispensa de que se trata no trasciende al proceso legislativo en cuestión, por estar cumplida la intención que prevé la norma.
"‘Esto es así, porque las formalidades establecidas en los artículos 36, 161, 163, 164 y 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, deben entenderse dirigidas a beneficiar a los legisladores, no a los particulares, y a éstos se les debe proteger con la aprobación de leyes o normas que se ajusten a la Constitución Federal; de ahí que si respeta sus principios, irrelevante es la infracción a derechos que puedan tener los legisladores, como los que se plantean aquí, de tal forma que ello sería insuficiente para echar abajo una ley que conforme a su contenido, es constitucional.
"‘Por ello, si la dispensa en las lecturas referida no afectaron a los diputados integrantes del Congreso del Estado de Jalisco, pues no se tiene conocimiento de que éstos se hubiesen inconformado al respecto, se concluye que tal circunstancia no causa perjuicio a la quejosa, precisamente porque, como ya se dijo, tales formalidades no se promulgaron en beneficio de los contribuyentes, sino de los legisladores.
"‘Lo anterior, porque la falta de motivación en la dispensa a la primera y segunda lecturas, no provoca, per se, la inconstitucionalidad de las normas por violación en el proceso legislativo, toda vez que ello no forma parte esencial de dicho proceso, sino que constituye una atribución que de ser contraria a las formalidades establecidas en la ley de la materia, en todo caso afecta a los diputados encargados de la discusión de dichos decretos, la cual trascenderá en la medida que éstos se vean afectados por no tener la oportunidad de imponerse de los dictámenes previo a su aprobación, por lo que efectivamente la impugnen a través de los medios de defensa correspondientes, pues de no hacerlo, aun cuando efectivamente se hubiera motivado insuficientemente dicha dispensa, la violación antes citada no trascendería a dicho proceso legislativo; de ahí que resulte jurídicamente ineficaz el razonamiento hecho valer por la parte quejosa.
"‘Se afirma lo antes dicho, porque la formalidad de que se den las lecturas de que se trata resulta imprescindible para otorgarle validez al citado debate parlamentario, en la medida que los diputados expresen no haberse impuesto del contenido de los dictámenes correspondientes, pues si efectivamente tuvieron conocimiento de éstos, carece de relevancia jurídica la insuficiente motivación de la dispensa referida, si a fin de cuentas se cumplió con el fin buscado; de ahí que los únicos legitimados para controvertir tal aspecto son los propios legisladores cuando por cualquier razón no se enteraron del contenido de dichos dictámenes.
"‘Lo anterior, porque aun cuando se dé la insuficiente motivación de la dispensa, si los diputados tuvieron oportunidad de analizar los dictámenes mencionados, el proceso legislativo se apega a los principios democráticos que lo rigen; ya que tal violación formal no implica, invariablemente, que los integrantes del Congreso Local carecieran de oportunidad para su revisión, o que no estuvieran en condiciones de conocer y comprender su contenido y alcance para intervenir en el debate, porque tal cuestión, como ya se dijo, solamente puede ser planteada por ellos, precisamente por tratarse de hechos propios; de ahí que no lo pueda alegar válidamente la parte quejosa, al no constarle que así hubiera sido, pues solamente presume que así fue.
"‘Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente y por la información que ministra, la jurisprudencia P./J. 1/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: «PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES.» ...
"‘No escapa al análisis que realiza este Tribunal Colegiado, el contenido de las jurisprudencias P./J. 36/2009 y P./J. 37/2009, de rubros: «DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE.» y «DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.»; sin embargo, se considera que no resultan aplicables al caso, porque éstas derivaron de la acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008, promovida por los diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional; de lo cual, se observa que los promoventes, conforme a lo determinado por este tribunal, sí contaban con legitimación para controvertir tal aspecto, precisamente por tener el carácter de legisladores.
"‘Además, se destaca que no resultan aplicables dichos criterios al caso particular, porque las normas ahí analizadas se refieren a la materia electoral y a la penal, que por su naturaleza justifican el criterio ahí fijado, mientras que las normas aquí reclamadas son de naturaleza tributaria; de ahí que no se den los supuestos para que sean aplicados en beneficio de la parte quejosa, por no trascender a sus derechos; de modo tal que la aprobación de las normas, en cuanto a su constitucionalidad, depende de lo que en su contra se diga, que como se vio, fue infundado y no evidenció su inconstitucionalidad.’
"Con ello, como se dijo, se da respuesta a los agravios, puesto que, como se mostró, se formularon en similares términos e, incluso, se da respuesta a los criterios en que se apoyaron los agravios. ..."
II. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), dictó la ejecutoria de cuatro de febrero de dos mil dieciséis que, en lo que interesa, establece:
"... De las anteriores consideraciones derivó la jurisprudencia PC.XV. J/5 A (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, de datos, rubro y texto siguientes:
"‘DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS POR URGENCIA. LA INDEBIDA MOTIVACIÓN DE LA APROBADA EN LA SESIÓN QUE ORIGINÓ AL DECRETO No. 169 DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO ESTATAL A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, PRODUCE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE PROVOCA SU INVALIDEZ, AL TRASTOCAR LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS.’ (se transcribe)
"Ahora bien, con base en las consideraciones sustentadas por el Pleno del Decimoquinto Circuito en la ejecutoria reseñada, se estima que, en el caso particular, en el proceso legislativo del que derivan la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, el decreto en el que se establecen las tablas de valores catastrales base del impuesto predial, y el Decreto para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales para el Municipio de Tijuana, Baja California, todos para el ejercicio fiscal dos mil quince, no se justificó la dispensa de los trámites reglamentarios para la aprobación de leyes y decretos y esa violación trascendió a las normas de que se trata, sin que pueda considerarse justificada por el hecho de que fue aprobada por los diputados en Pleno, así como los dictámenes relativos.
"Para justificar tal aserto, es conveniente traer a contexto la parte conducente de la versión estenográfica de la sesión de veintitrés de diciembre de dos mil catorce, en la que se expuso: (se reproduce)
"De lo anterior se advierte que la dispensa del trámite reglamentario no se encuentra sustentada en algún hecho o circunstancia específica, pues sin mayores argumentos fue solicitada y, en la misma forma, se sometió a votación económica y se aprobó por mayoría de los diputados.
"Ahora bien, la dispensa así solicitada y aprobada no cumple con los requisitos establecidos en la jurisprudencia P./J. 33/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’ (se transcribe)
"Tal aserto se sostiene, pues es evidente que ningún argumento se hizo valer para determinar si existían hechos que requirieran un tratamiento urgente en cuanto a la discusión y aprobación de las normas sometidas a consideración; de manera tal, que la urgencia en la aprobación de la iniciativa evidenciara la necesidad de omitir trámites parlamentarios.
"En ese sentido, si no fueron justificados esos aspectos, ni se expuso razón alguna tendente a demostrar la necesidad de la medida adoptada en el procedimiento legislativo con la finalidad de dispensar la entrega previa de los dictámenes, como lo establece el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tal circunstancia transgrede lo dispuesto por los artículos 31 y 119 de la Constitución Estatal, pues no se demuestra la necesidad de omitir ese trámite.
"Lo anterior trascendió de manera fundamental a las normas combatidas, pues como lo sostuvo el Pleno del Decimoquinto Circuito en las consideraciones precedentes, el trámite dispensado afecta la formación de la voluntad parlamentaria, ya que impide el debido curso de las etapas del dictamen y su discusión a que hacen referencia los artículos 29, fracciones I y II, de la Constitución Local y sus correlativos del 116 al 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
"Es así, en tanto que no se puede tener certeza de que los diputados estuvieron en condiciones de discutir una norma de la que no tenían conocimiento con la anticipación requerida, al ser entregados el mismo día de su discusión y votación, sin contar con la oportunidad de asimilar su contenido y alcance, lo que, en la especie, se desprende de la versión estenográfica parcialmente transcrita, en la que se asentó la petición realizada por la diputada Rosalba López Regalado en el sentido de que se dispensara el trámite reglamentario de la distribución de los dictámenes, así como la dispensa de su lectura, y únicamente fueran leídos el proemio y los resolutivos.
"De modo que la falta de entrega de los dictámenes relativos imposibilitó el conocimiento previo que deben tener los legisladores.
"Las razones anteriores conllevan a determinar que el proceso legislativo del que derivan la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para el ejercicio fiscal dos mil quince, el decreto en el que se establecen las tablas de valores catastrales base del impuesto predial y el Decreto para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales para el Municipio de Tijuana, Baja California, del mismo ejercicio fiscal, no se ajustó a las normas que lo regulan, por lo que su creación resulta inconstitucional.
"Sin que pueda considerarse convalidada la falta de motivación de la dispensa de trámite legislativo por la circunstancia de que fue aprobada por mayoría de los legisladores estatales, pues como lo sostuvo el Pleno del Decimoquinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis aquí invocada, tal circunstancia no purga el vicio del procedimiento, pues la violación incurrida incidió negativamente en los principios democráticos.
"Por las razones que la sustentan, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor:
"‘DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.’ (se transcribe) ..."
III. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), dictó la sentencia de seis de mayo de dos mil catorce:
"... En este punto, previamente al estudio de los agravios, se destaca que la inobservancia de las formalidades del proceso legislativo afecta los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad de la aquí quejosa, en la medida en que, como gobernado, la legislación que le resulte aplicable debe provenir precisamente de un proceso que respete la normatividad y los principios que lo regulan y que justifican su razón de ser, como es el de la democracia deliberativa, pues como máxima de seguridad jurídica, todo individuo debe tener certeza de que el ordenamiento legal que rige sus relaciones y que, por ende, trasciende a su esfera jurídica, proviene precisamente de un proceso de formación válido, pues no debe perderse de vista que dichos principios tienen como fin último legitimar la autoridad del Estado democrático, conformada por las decisiones colectivas de los miembros del grupo, frente a posibles actos que, como forma degradada o corrupta de gobierno, sujeten a la población a decisiones y leyes arbitrarias emanadas de un solo grupo carente de representación popular, en la medida en que impide que se escuchen todas las voces que pueden y deben tener injerencia en la formación de leyes, que precisamente garantizan la participación ciudadana total.
"En ese aspecto, conviene aclarar que las razones que llevan a calificar como inválida a una norma, parten de su confrontación con la Norma Fundamental que concluye con la constatación de ser contraria a ésta, en otras palabras, inconstitucional.
"Lo anterior, con independencia del derecho que todo ciudadano mexicano tiene de participar en la vida democrática del país, el cual, por regla general, no se puede garantizar a través del juicio de amparo.
"Igualmente, se debe resaltar que en el presente caso no es el derecho de los legisladores a participar en el proceso legislativo el que se tutela en esta vía, ni su posible inaudición es el acto reclamado, sino la legislación que, producto de un procedimiento viciado y, por ende, inconstitucional, se aplicó a la parte peticionaria del amparo, en razón de haberse impedido que todos los legisladores participaran en el debate de la normativa resultante. ...
"Finalmente, debe señalarse que la legitimación del peticionario del amparo para impugnar las violaciones al proceso legislativo resulta de la aplicación de los preceptos que, como resultado de aquél, afectan su situación jurídica, los cuales también reclamó en forma particular; en otras palabras, al dolerse de la aplicación de diversos preceptos de la norma reclamada, al quejoso le resulta interés para también reclamar en esta vía constitucional el procedimiento legislativo del que aquéllos emanaron, incluido el respeto a los principios de la democracia deliberativa, en la medida en que éstos legitiman los actos del órgano legislativo que generó las normas, cuya inconstitucionalidad se propugna. Lo antes expuesto tiene apoyo, por las ideas que la informan, en la tesis 2a. CX/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: ‘CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. NO PUEDE PLANTEARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES RESPECTO DE ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE NO AFECTAN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO.’ (se transcribe)
"Dicho lo anterior, adversamente a lo que concluyó el Juez de Distrito, este órgano de control constitucional estima que el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada el uno de enero de dos mil trece, no cumplió con el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad y de igualdad, por lo que la aplicación de dicho ordenamiento legal conculca, en agravio de la parte quejosa, los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y legalidad, previstos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal. ...
"Además, a este respecto y a mayor abundamiento, de las constancias del proceso legislativo analizado también se advierte que se omitió remitir a los diputados el dictamen que dio origen a la norma reclamada por correo electrónico o, en su caso, que se les hubieran entregado las copias correspondientes por conducto de la Junta de Coordinación y Concertación Política, en la forma dispuesta por el artículo 126 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a fin de que los legisladores tuvieran conocimiento pleno del proyecto de ley antes de la sesión extraordinaria y así estar en aptitud de participar eficazmente en su discusión, garantizando un procedimiento de creación legislativa democrático.
"En el aspecto comentado, no se pierde de vista que, dada la necesidad de emitir la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, la discusión del dictamen se llevó a cabo en sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente, con apoyo en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la referida entidad federativa; sin embargo, ello no significa, como lo consideró el Juez de Distrito, que al procedimiento legislativo se le haya dado el trámite urgente a que alude el ordinal 117 del reglamento interior del propio Congreso, sobre todo si se tiene en cuenta que la iniciativa fue presentada por el titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro del periodo ordinario de sesiones y, además, fue turnada a comisiones para la elaboración del dictamen respectivo, lo que más bien se ajusta al trámite ordinario, con independencia de que a aquélla no se le haya dado la primera lectura ante el Pleno, circunstancia que sólo constituye una irregularidad más dentro del mismo procedimiento parlamentario.
"Consecuentemente, a pesar de que la lectura y discusión del dictamen se haya llevado a cabo en una sesión extraordinaria convocada de manera urgente, ello no justifica la omisión de remitirlo para su conocimiento previamente a los legisladores, pues si bien esa fase del procedimiento se desahogó encontrándose la Legislatura en receso, tampoco debe perderse de vista que dicho proceso legislativo, se insiste, inició dentro de un periodo ordinario, sin que el Pleno del Congreso, por el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados presentes, haya autorizado el trámite urgente de la iniciativa en los términos previstos en el citado artículo 117 reglamentario, caso en el que, como ya se explicó, se dispensa su remisión a comisiones para, en su lugar, discutirlo de inmediato una vez leído por primera ocasión ante la asamblea.
"En esas condiciones, ni siquiera consta fehacientemente que los diecisiete diputados que votaron el proyecto, con excepción de quienes intervinieron en la elaboración del dictamen en comisiones, hayan tenido conocimiento suficiente de éste que los posibilitara para participar en la etapa deliberativa.
"De todo lo expuesto, se concluye que, en el caso en cuestión, las violaciones al procedimiento legislativo sí trascendieron de manera fundamental a la norma, provocando su inconstitucionalidad. ..."
CUARTO.-Existencia. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes, a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia 72/2010, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27394-b2e5eaaa/procedimiento-legislativo-de-urgente-resolucion-los-vicios-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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