VIOLACIÓN FORMAL A LAS NORMAS DEL PROCESO LEGISLATIVO. SE ACTUALIZA Y TRASCIENDE FUNDAMENTALMENTE A LAS DISPOSICIONES APROBADAS, CUANDO SE DISPENSA DE PRIMERA Y SEGUNDA LECTURAS EL DICTAMEN DE COMISIONES BAJO EL ARGUMENTO DE QUE ES DE NOTORIA URGENCIA, SIN QUE SE MOTIVE ESA CIRCUNSTANCIA, Y NO SE LLEVA A CABO UNA SEGUNDA SESIÓN DESPUÉS DE HABERSE PRESENTADO EL DICTAMEN REFERIDO AL PLENO DEL CONGRESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).
AMPARO EN REVISIÓN 59/2014 (CUADERNO AUXILIAR 592/2014) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA Y OTROS. 9 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN MANUEL SERRATOS GARCÍA. SECRETARIA: ANA CECILIA MORALES AHUMADA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente son infundados, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 76 Bis, que permitan suplir la queja deficiente.
En el agravio primero, la autoridad recurrente esencialmente afirma:
• La sentencia que se recurre es contraria a derecho, porque se interpretó de manera aislada e incorrecta el alcance y contenido del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, al inadvertir que prevé tres hipótesis optativas, y basta que se actualice una de ellas para estimar legal la dispensa de la segunda lectura de cualquier dictamen, como aconteció en el caso concreto; que tales opciones son:
1) Urgencia notoria;
2) De obvia resolución; o
3) Cuando esté próximo a terminar un periodo de sesiones.
• En el caso concreto se actualizó la tercera de las hipótesis para dispensar el trámite de la segunda lectura del dictamen de comisiones, porque estaba próximo a terminar el periodo de sesiones, ya que el doce de diciembre de dos mil doce se publicó el decreto de referencia en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Sonora, y la sesión correspondiente se llevó a cabo el trece del mismo mes y año, en tanto que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, el Congreso cada año tiene dos periodos de sesiones ordinarias y dos de extraordinarias; los periodos de sesiones ordinarias comprenden, el primero, del dieciséis de septiembre al quince de diciembre y, el segundo, desde el primero de abril hasta el último día de junio; que dichos periodos pueden ser prorrogados en términos del artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
• Sigue señalando el referido numeral 115, que el primer periodo de sesiones extraordinarias iniciará desde la fecha en que concluya el primer periodo de sesiones ordinarias o su prórroga, o hasta el treinta y uno de marzo de cada año de ejercicio de la Legislatura; a su vez, el segundo periodo de sesiones extraordinarias iniciará desde la fecha en que concluya el segundo periodo de sesiones ordinarias o su prórroga, y hasta el quince de septiembre de cada año de la Legislatura. El Congreso del Estado podrá ser convocado a sesiones extraordinarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 66 de la Constitución Política del indicado Estado, para desahogar únicamente los asuntos para los que fue convocado.
• Conforme a lo anterior, del contenido del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se aprecia que el periodo de sesiones ordinarias en que se analizó la iniciativa de ley de mérito, concluyó el quince de diciembre de dos mil doce, por lo que si la Gaceta Parlamentaria se publicó el doce del mismo mes y año, y la siguiente sesión se realizó el jueves trece de diciembre de dos mil doce, es evidente que se actualizó el tercer supuesto previsto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para la dispensa de la segunda lectura del dictamen de comisiones dada la proximidad de la conclusión del periodo de sesiones ordinarias, situación que se omitió analizar en la sentencia recurrida, en donde únicamente se limitó a establecer que no se actualizó el supuesto referido a la urgencia notoria, por lo que la sentencia adolece del vicio de la indebida fundamentación y motivación, así como del principio de exhaustividad.
No participa de razón.
Se afirma lo anterior, porque contrariamente a lo alegado, este Tribunal Colegiado advierte que es correcta la interpretación y aplicación de los artículos 126, 127 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para determinar que el decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora y del Código Fiscal de dicha entidad, entre las que destacan los preceptos legales reclamados, no se ajustó al proceso legislativo establecido en los mencionados preceptos legales de la ley orgánica aludida, como acertadamente se apreció en la sentencia recurrida.
En efecto, en la minuta de la sesión ordinaria celebrada por la Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, de trece de diciembre de dos mil doce, en que se aprobó el decreto controvertido, y en donde se hizo referencia a la Gaceta Parlamentaria del doce de diciembre del citado año, los diputados integrantes de las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, expusieron:
"... Estas comisiones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que el presente dictamen sea considerado como urgente y de obvia resolución, y se dispensen los trámites de primera y segunda lecturas, respectivamente, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ..."
Asimismo, del acta de sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil doce, se aprecia que el Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó la dispensa solicitada a los trámites de primera y segunda lecturas del dictamen; por ello, sin previa lectura y sin discusión, también aprobó por mayoría de diecisiete votos en contra de quince, el decreto legislativo que contiene las leyes impugnadas.
En efecto, en la parte conducente se indica:
"... El C. Dip. Presidente: A discusión la dispensa a los trámites de primera y segunda lecturas solicitada por las comisiones: No habiendo discusión se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa a los trámites de primera y segunda lecturas del dictamen, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo poniéndose de pie (aprobado por unanimidad). Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, para, de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto: En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie (aprobado por mayoría) (votaron a favor los diputados: Aguilar Lugo Perla Zuzuki, Almada Beltrán Mireya de Lourdes, Armenta Montano Juan Manuel, Flores Durazo Marco Antonio, García Fierro Ignacio, López Córdova José Everardo, Neblina Vega Javier Antonio, Nieves Robinson Bours Luis Ernesto, Real Ramírez Gildardo, Robles Manzanedo Mónica Paola, Serrato Castell José Carlos, Silva Vela Raúl Augusto, Valenzuela Guerra Baltazar, Vázquez Romero Shirley Guadalupe, Valdez López Ismael, Villegas Vázquez José Lorenzo y Chang Valenzuela Hilda Alcira). (votaron en contra los diputados: Carrazco Agramón Luis Alfredo, García Gutiérrez Karina, García Rosas Luis Alejandro, Gómez Cota Carlos Enrique, Gracia Benítez Guadalupe Adela, Ibarra Otero Próspero Manuel, León Perea José Luis Marcos, Mendívil López José Abraham, Montijo Cervantes Abraham, Moreno Terán Carlos Samuel, Murrieta Gutiérrez Abel, Robles Pompa Humberto Jesús, Terán Uribe Vicente, Pérez Rubio Artee Vernon y Navarro López Carlos Ernesto). Por mayoría aprobado el decreto y comuníquese ..."
Conforme a lo expuesto, es evidente que la dispensa de la segunda lectura del dictamen de comisiones del decreto legislativo aludido, no se apoyó en la proximidad de la fecha de conclusión del primer periodo de las sesiones ordinarias del Congreso, sino expresamente en la "urgencia".
En este escenario, al margen de que de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los invocados artículos 126, 127 y 128 se desprende que optativamente se pueden actualizar cualquiera de las tres hipótesis para la dispensa de los trámites de la primera y segunda lecturas a los que alude el recurrente, la a quo no incurrió en indebida fundamentación y motivación en la sentencia recurrida si únicamente se ocupó de analizar la dispensa de la segunda lectura, tomando como referencia solamente uno de los supuestos de dispensa para la segunda lectura del dictamen cuestionado, específicamente el de "urgencia notoria".
Lo anterior, porque la citada urgencia fue el motivo de la solicitud de las comisiones para que se dispensara la segunda lectura del dictamen referido, y no la proximidad de concluir el periodo de sesiones, por ello, se insiste, no fue incorrecto que la secretaria en funciones de Juez de Distrito analizara exclusivamente si en el caso se actualizaba el supuesto de urgencia y no uno diverso como lo pretende evidenciar la parte recurrente.
A mayor abundamiento, adverso a lo referido por la recurrente, tampoco se actualiza el supuesto de dispensa de la segunda lectura del dictamen por la proximidad a terminar el periodo de sesiones.
Se afirma lo anterior, porque de ser indispensable la segunda lectura del controvertido dictamen, entonces existía la posibilidad de que el indicado periodo de sesiones ordinarias se prorrogara por el tiempo que fuera necesario para la segunda lectura de dicho dictamen y su eventual discusión; incluso, en el supuesto de que en la prórroga correspondiente no se hubiera agotado la discusión, entonces procedía la apertura de un periodo extraordinario de sesiones, tal como lo prevén los artículos 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora,(16) en relación con los numerales 41, 43 y 66 de la Constitución Política del Estado de Sonora.(17)
Aunado a lo expuesto, el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora prevé que "los dictámenes que las comisiones emitan sobre asuntos que no llegue a resolver el Pleno del Congreso del Estado y las iniciativas que por cualquier motivo no se llegasen a dictaminar quedarán a disposición de la siguiente Legislatura", de lo que se sigue, en primer término, que el órgano legislativo debió asentar que su solicitud de dispensa en el trámite de la segunda lectura se fundaba en la conclusión próxima del periodo de sesiones y, en su caso, esa petición tendría que haberse analizado a fin de establecer si era suficiente para decretar la dispensa, puesto que el proceso legislativo debe cumplirse en todas sus etapas, por lo que la omisión en la dispensa tiene que atender a la necesidad de obtener dicha reforma y, de no acreditarse ello, es que la propia ley orgánica, en el artículo 96 transcrito, permite que los asuntos que no se resuelvan en la Legislatura que concluye, puedan quedar pendientes para analizarse en la siguiente.
Por tanto, si la dispensa de la segunda lectura y discusión del dictamen se apoyaron en la urgencia notoria, pues así fue solicitado por los diputados de las comisiones que la dictaminaron, no correspondía a la a quo, menos a este Tribunal Colegiado, descubrir y determinar cuáles fueron las verdaderas razones de esa dispensa, como lo pretende la autoridad recurrente, ya que es de explorado derecho que los fundamentos y motivos que originaron el acto reclamado deben constar en el propio acto y no en uno diverso; por ello, si la dispensa se hubiese determinado por la proximidad de la conclusión del periodo de sesiones, debió motivarse y fundamentarse esa circunstancia al aprobarse en la sesión, lo que es necesario ante la existencia de una prórroga del periodo de sesiones y un periodo extraordinario.
En tal virtud, se reitera, no fue incorrecto que la secretaria en funciones de Juez de Distrito analizara únicamente el supuesto de urgencia notoria para determinar la ilegalidad de la dispensa de la segunda lectura, pues ésa fue la razón que se adujo por los diputados integrantes de las comisiones para su solicitud, amén de que, con base en tal motivo, se aprobó esa petición.
En este contexto, es infundado el planteamiento de la parte inconforme.
En el segundo motivo de disentimiento, la autoridad recurrente señala:
• En la sentencia recurrida se hizo una interpretación y aplicación incorrecta de la jurisprudencia 2a./J. 19/2011,(18) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 324/2010, de contenido siguiente:
"DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS POR URGENCIA. LA MOTIVACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 75 BIS B DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA JUSTIFICA SU ACTUALIZACIÓN (REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE AGOSTO DE 2008). De la motivación plasmada en la iniciativa de reforma al indicado precepto se justifica la dispensa de trámites legislativos por caso de urgencia a que se refieren los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, según las condiciones que para esos casos estableció el Pleno de este Alto Tribunal en las jurisprudencias P./J. 33/2007 y P./J. 36/2009, de rubros: ‘PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’ y ‘DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE.’. Lo anterior es así, pues en ella se cumplieron los requisitos para justificar la dispensa referida, a saber: se expusieron razones objetivas orientadas a evidenciar que con motivo de los hechos materiales que imperaban en esa entidad, como la negativa situación financiera y jurídica por el dictado de sentencias que declararon la inconstitucionalidad del artículo 75 Bis B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, en contraste con la prevaleciente demanda de necesidades básicas, se generaba una condición de urgencia para su solución a través de la pronta aprobación de su reforma, concretamente la inmediata necesidad de captar recursos para el Municipio y el sostenimiento de un sistema contributivo legalmente válido, existiendo la relación medio-fin al darse una razonable coincidencia entre la contingencia jurídico-financiera y el remedio legislativo propuesto; sin que ello se tradujera en un acto atentatorio de los principios democráticos.
"Contradicción de tesis 324/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Quinto, todos del Décimo Quinto Circuito. 12 de enero de 2011. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Mayoría de cuatro votos respecto del criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel González García.
"Tesis de jurisprudencia 19/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de enero de dos mil once.
"Nota: Las tesis P./J. 33/2007 y P./J. 36/2009 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXV, mayo de 2007 y XXIX, abril de 2009, páginas 1524 y 1109, respectivamente."
• Lo anterior se estima así, porque del análisis del citado criterio se advierte que para justificar el caso o la hipótesis de urgencia notoria, tiene que atenderse a la exposición de motivos de la iniciativa de reforma de los preceptos legales impugnados, de cuyo contenido se desprenden las razones objetivas orientadas a evidenciar los hechos materiales que imperaban en la realidad, así como la necesidad de capturar los recursos económicos para los gastos de los Municipios y fortalecer el sistema contributivo legalmente válido.
• Con el propósito de acreditar la ilegalidad de la sentencia recurrida, por cuanto hace a la omisión de analizar debidamente la iniciativa de reformas, tal como se prevé en la jurisprudencia que se soslayó, se transcribe la parte expositiva de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo del Estado, en relación con la modificación de las leyes impugnadas de inconstitucionales, en que destaca la parte que dice:
"... Asimismo, es de advertir que actualmente existen grandes rezagos que debemos atender en materia de infraestructura municipal y seguridad pública, por lo cual el Estado debe garantizar la satisfacción de dichos rubros, con el fin de seguir avanzando en la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de nuestro Estado. ... Es así que del desarrollo de la infraestructura municipal a través de la inversión oportuna en materia de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la modernización y, en su caso, la creación de nuevas vialidades, parques y su equipamiento, entre otras, depende en gran medida de que los Municipios cuenten con recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades de manera oportuna y eficiente ..."
• Con lo anterior se advierte, con diáfana claridad, que las autoridades legislativas responsables, de una u otra manera, sí justificaron la actualización de la urgencia en la dispensa de los trámites legislativos correspondientes, razón por la cual solicitaron que se discutiera y decidiera el proyecto en una misma sesión, y ello fue aprobado en la misma sesión por la mayoría de los legisladores, pues, las reformas resultaban vitales para contrarrestar los rezagos en materia de infraestructura municipal y seguridad pública, por lo que hace a la contribución que nos ocupa, por lo cual, la sentencia recurrida se encuentra indebidamente fundada y motivada.
Carece de razón la autoridad inconforme.
Lo anterior, porque su afirmación de que en la exposición de motivos de la ley reclamada se justificó tal dispensa, no concuerda con la transcripción de dicha exposición de motivos incluida en el escrito de agravios, ya que no se evidencia la motivación propia para la dispensa del trámite legislativo, sino que el órgano legislativo únicamente emitió consideraciones para justificar el contenido de las normas de ese dictamen, mas no así la propia dispensa.
Por tanto, adverso a lo pretendido por la parte recurrente, la sentencia recurrida no está indebidamente fundada y motivada, dado que la exposición de motivos no evidencia las razones propias de la dispensa del trámite legislativo y, por ello, no se inobservó la referida jurisprudencia 2a./J. 19/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ésta dispone que debe acudirse a tal exposición de motivos para justificar el caso de urgencia notoria para la dispensa de trámites legislativos.
Por ello, como se adelantó, resultan infundados tales planteamientos.
En el tercer motivo de inconformidad, la autoridad disidente afirma:
• En ningún razonamiento vertido en la sentencia recurrida se aprecia alguna consideración que permita concluir que el trámite legislativo dispensado impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de conocer la iniciativa planteada, y que trascendió de manera fundamental a la norma; asimismo, la rapidez con la que se realizó la discusión y aprobación del dictamen no es motivo suficiente para arribar a esa conclusión, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 48/2012 y su acumulada 52/2012, ya que aun cuando pudiera admitirse una violación al procedimiento legislativo, como es la falta de motivación de la urgencia en la dispensa, no es una situación que trascienda a la invalidez de la norma, si se advierte que se desarrollaron todas las etapas previstas en el procedimiento creador de la norma, por lo que, en su caso, tal violación es intrascendente.
• Que el reclamo de una norma general con vicios legislativos podrá ser materia de concesión del amparo, siempre que impacte en la calidad democrática de las decisiones, como es que no se haya respetado el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad, o en relación con las reglas de integración de quórum del órgano legislativo, así como en la votación, o bien, que la deliberación parlamentaria y votación no hayan sido publicadas, supuestos que no actualizaron en este asunto.
No le asiste la razón.
Para dar respuesta a lo anterior, es menester traer a cuenta la jurisprudencia invocada por la parte recurrente, cuyo contenido es el siguiente:(19)
"VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.
"Acción de inconstitucionalidad 25/2001. Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.
"Dato informativo:
"Similar criterio se sostuvo en las acciones de inconstitucionalidad:
"Acción de inconstitucionalidad 3/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de febrero de 1998. Mayoría de nueve votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
"Acción de inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99. Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. 8 de junio de 1999. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
"Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez.
"El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy siete de agosto en curso, aprobó, con el número 94/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de agosto de dos mil uno."
Del anterior criterio se obtienen las siguientes premisas:
• Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad, y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez.
• El supuesto de una violación de carácter formal que trasciende de manera fundamental a la norma misma, sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley.
• En cambio, cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se remitieron los debates que la hubieran provocado o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente.
• En este último supuesto, los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tienden a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.
Conforme a los anteriores parámetros, en la diversa jurisprudencia 33/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se indica que la dispensa de los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos, prevista en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California, dada su naturaleza extraordinaria, no debe utilizarse de forma que permita a las mayorías parlamentarias aprobar una norma general sin la debida intervención de las minorías, pretextando o apoyándose en una supuesta urgencia.
Lo anterior se indica en el citado precedente, porque eventualmente dicha circunstancia, es decir, la dispensa de determinado trámite con sustento en la urgencia, puede provocar la anulación del debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Estatal, que todo procedimiento legislativo debe respetar en condiciones de libertad e igualdad.
En ese contexto, en la citada jurisprudencia se indica que las condiciones para considerar que, en un determinado caso, se actualiza dicha urgencia, son:
1. La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto.
2. La relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad; y,
3. Que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que esto se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.
Tal jurisprudencia, se considera, resulta de aplicación analógica al caso que nos ocupa, en cuanto a la naturaleza de la dispensa de trámites legislativos, dado que también en el artículo 55 de la Constitución Política de Sonora se prevé la dispensa de los trámites en los procedimientos legislativos, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.
La jurisprudencia P./J. 33/2007 en cita, está visible en la página 1524, Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 172426, que señala:
"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California prevé que en los casos de urgencia notoria, calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos, de lo que se colige que tal disposición es de naturaleza extraordinaria, por lo que no debe utilizarse de forma que permita a las mayorías parlamentarias aprobar una norma general sin la debida intervención de las minorías, pretextando o apoyándose en esa supuesta urgencia pues, eventualmente, dicha circunstancia puede provocar la anulación del debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Estatal que todo procedimiento legislativo debe respetar en condiciones de libertad e igualdad. Por lo que deben existir, cuando menos, las siguientes condiciones para considerar que, en un determinado caso, se actualiza dicha urgencia: 1. La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto. 2. La relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad, y, 3. Que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que esto se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.
"Acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006. Diputados de la Décima Octava Legislatura del Estado de Baja California y Partidos Políticos Revolucionario Institucional y del Trabajo. 4 de enero de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
"El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 33/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete."
Sentado lo anterior, se trae a cuenta la versión estenográfica de la sesión ordinaria celebrada por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, de trece de diciembre de dos mil doce, en la que se aprobó la dispensa de la primera y segunda lecturas del dictamen que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25277-7a8e592e/violacion-formal-a-las-normas-del-proceso-legislativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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