DEMOCRACIA DELIBERATIVA. CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE UNA LEY GENERAL, EL ÓRGANO LEGISLATIVO COMETE VIOLACIONES QUE TRANSGREDEN DICHO PRINCIPIO, ÉSTAS PUEDEN REPARARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL VULNERAR LA APLICACIÓN DE ESA NORMA LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD. LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL GOBERNADO PARA RECLAMAR POR ESTA VÍA VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL.
DEMOCRACIA DELIBERATIVA. CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE UNA LEY GENERAL, EL ÓRGANO LEGISLATIVO COMETE VIOLACIONES QUE TRANSGREDEN DICHO PRINCIPIO, ÉSTAS PUEDEN REPARARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL VULNERAR LA APLICACIÓN DE ESA NORMA LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 707/2013 (EXPEDIENTE AUXILIAR 369/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ. 29 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON EL VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO ADRIÁN AVENDAÑO CONSTANTINO. PONENTE: MARÍA ELENA SUÁREZ PRÉSTAMO. SECRETARIO: ANTONIO ERAZO BERNAL.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Agravios de la parte quejosa. Es fundado lo aducido en el primer agravio de su recurso de revisión, debidamente suplido en su deficiencia con apoyo en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con las violaciones al proceso legislativo que diera origen a la ley reclamada.
El recurrente aduce que, contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito, con las documentales públicas que obran en el sumario se acredita que el procedimiento legislativo para la creación de la norma impugnada no se ajustó a lo previsto en la Constitución Local, vulnerando con ello las garantías de certeza jurídica, legalidad y del debido procedimiento, consagradas en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que genera su inconstitucionalidad, máxime que, por la forma en que fue emitida, se infringió el principio de la democracia liberal representativa previsto en los artículos 39, 40 y 41 de la propia Carta Magna; en particular, porque se impidió a diversos diputados deliberar y discutir el contenido de la ley reclamada.
En ese sentido, el inconforme quejoso aduce que, adversamente a lo señalado por el Juez Federal, no se cumplió con lo establecido por el artículo 53, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en virtud de que en la convocatoria para la sesión extraordinaria de treinta de diciembre de dos mil doce, emitida por el presidente de la Comisión Permanente, no se listaron como orden del día la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; y que, aun en el caso de que se hubiere previsto, lo cierto es que dicha convocatoria no se hizo del conocimiento de todos los diputados, ya sea por escrito o por correo electrónico y con veinticuatro horas de anticipación, por lo que, a su parecer, se transgredió el principio de legalidad.
Agrega que el trece de diciembre de dos mil doce, el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala remitió al Congreso de la misma entidad federativa la iniciativa con proyecto de decreto del ordenamiento legal reclamado y, sin embargo, no se procedió a su primera lectura, sino que de manera económica, sin mediar votación y sin fundar la dispensa del trámite, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Trabajo y Previsión Social, en lugar de incluirla en el orden del día de la sesión que correspondía para darle la aludida primera lectura, lo que es contrario a lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, propiciando que el Pleno del Congreso no conociera el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo.
De ese modo, reitera el ahora recurrente, el decreto tildado de inconstitucional fue emitido sin cumplir las formalidades esenciales del proceso legislativo porque, previamente al inicio de dicho proceso, no se expidió la convocatoria correspondiente en la que se incluyera a todos y cada uno de los legisladores, con lo que, a su parecer, se contravinieron los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, afectando, a su vez, las reglas que garantizan la participación efectiva de todos y cada uno de los diputados para tener conocimiento en la conformación del orden del día, de las convocatorias a las sesiones, las reglas de integración de la Cámara y su mesa directiva, así como la estructura del proceso de discusión; reglas que permiten la participación de las minorías, con el objeto de que el Poder Legislativo no se constituya sólo en un órgano decisorio, sino también deliberativo.
Continúa afirmando el revisionista que, con independencia de que no haya existido razón o motivo debidamente fundado y motivado o causa de urgencia notoria, caso fortuito o de fuerza mayor para trasladar el Poder Legislativo fuera del recinto oficial, la propuesta para realizar dicho cambio no se sometió a consideración ni a votación del Pleno, de suerte que los diputados que aprobaron la ley se trasladaron al salón "Las Tapas" del Hotel Misión, en Atlihuetzia, Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, sin convocar o notificar a los demás diputados, privándolos de la oportunidad de deliberar y emitir opiniones en relación al decreto.
Asimismo, aduce el inconforme que si bien, como lo señaló el Juez de Distrito, aritméticamente puede considerarse que la ley combatida fue aprobada por la mayoría de los diputados, lo cierto es que si el simple respeto a las reglas de votación por mayoría pudiera convalidar cualquier desconocimiento de las reglas que rigen el procedimiento legislativo, la dimensión deliberante de la democracia carecería de sentido.
Como se adelantó, los argumentos precedentes son esencialmente fundados.
Antes, debe precisarse que para el estudio del presente asunto, se tomará en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 9/2005 y 32/2005, ha establecido que la violación de las formalidades dentro de un procedimiento legislativo debe abordarse desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, y que es precisamente el adoptado en nuestro país por disposición expresa de la Constitución Federal en sus artículos 39, 40 y 41.(7)
Así, la evaluación del potencial invalidatorio o, como en el presente caso, de inconstitucionalidad de dichas irregularidades procedimentales, debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, el denominado de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto; y, por otro lado, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria,(8) que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respete las previsiones legales al respecto.(9)
En efecto, como lo señaló el Juez de Distrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas resoluciones, ha sostenido que uno de los elementos esenciales de la democracia en nuestro sistema de gobierno es la deliberación pública, esto es, los ciudadanos, a través de sus representantes, sólo pueden tomar decisiones colectivas después de haber tenido la oportunidad de participar en un debate abierto a todos, durante el cual hayan podido equilibrarse las razones a favor y en contra de las diversas propuestas pues únicamente de esta manera puede tener lugar la democracia, en tanto esta forma de gobierno se basa en el principio de igual consideración y respeto a todas las opiniones, corrientes e ideas cuya expresión culminatoria se da en la regla del acatamiento a la mayoría.
De ahí que, afirma el Alto Tribunal, en un Estado democrático es necesario que la Constitución imponga ciertos requisitos de publicidad y participación para la creación, reforma, modificación o supresión de las normas, sin los cuales no pueden éstas considerarse válidas.
De ese modo, para lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste importancia el contenido de las leyes, sino, además, la forma en que son creadas o reformadas, en virtud de que las formalidades esenciales del procedimiento legislativo resguardan o aseguran el cumplimiento de los principios democráticos.
Asimismo, afirma el Máximo Intérprete de la Constitución, la democracia representativa es un sistema político valioso, no solamente porque, en su contexto, las decisiones se toman por una mayoría determinada de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de las minorías políticas. Es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública, lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo.
En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la adopción de decisiones por mayoría, regla básica que permite resolver, en última instancia, las diferencias de opinión, es una condición necesaria de la democracia, pero no suficiente. No todo sistema que adopta la regla de la mayoría es necesariamente democrático. Junto a la regla de la mayoría, hay que tomar en consideración el valor de la representación política, material y efectiva de los ciudadanos, que tienen todos y cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria, así sean los minoritarios, como viene a subrayar el artículo 41 constitucional, y el modo en que la aportación de información y puntos de vista por parte de todos los legisladores contribuye a la calidad de aquello que finalmente se somete a votación.
Luego, si el simple respeto a las reglas de votación por mayoría pudiera convalidar cualquier desconocimiento de las reglas que rigen el procedimiento legislativo previo, la dimensión deliberativa de la democracia carecería de sentido, precisamente porque las minorías, por su propia naturaleza, están predestinadas a no imponerse en la votación final, a menos que su opinión coincida con un número suficiente de integrantes de otras fuerzas políticas; por tanto, es aquí donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías.
Así, concluyó el Alto Tribunal, el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante, donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior es así, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear, en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos.
Acorde con lo anterior, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que, para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la inobservancia de las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Federal, y provocan en ese caso la inconstitucionalidad de la norma emitida, o si, por el contrario, las mismas no tienen relevancia que lleve a declarar la inconstitucionalidad de esta última, por no trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares:
1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario, que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates.
2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.
3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.
El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales puntuales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, porque su función es precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo.
Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, por ejemplo, son circunstancias que se presentan habitualmente y ante las cuales la evaluación del cumplimiento de los criterios expresados debe hacerse cargo de las particularidades del caso concreto.
En este punto, previamente al estudio de los agravios, se destaca que la inobservancia de las formalidades del proceso legislativo afecta los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad de la aquí quejosa, en la medida en que, como gobernado, la legislación que le resulte aplicable debe provenir precisamente de un proceso que respete la normatividad y los principios que lo regulan y que justifican su razón de ser, como es el de la democracia deliberativa, pues como máxima de seguridad jurídica, todo individuo debe tener certeza de que el ordenamiento legal que rige sus relaciones y que, por ende, trasciende a su esfera jurídica, proviene precisamente de un proceso de formación válido, pues no debe perderse de vista que dichos principios tienen como fin último legitimar la autoridad del Estado democrático, conformada por las decisiones colectivas de los miembros del grupo, frente a posibles actos que, como forma degradada o corrupta de gobierno, sujeten a la población a decisiones y leyes arbitrarias emanadas de un solo grupo carente de representación popular, en la medida en que impide se escuchen todas las voces que pueden y deben tener injerencia en la formación de leyes, que precisamente garantizan la participación ciudadana total.
En ese aspecto, conviene aclarar que las razones que llevan a calificar como inválida a una norma, parten de su confrontación con la Norma Fundamental, que concluye con la constatación de ser contraria a ésta, en otras palabras, inconstitucional.
Lo anterior, con independencia del derecho que todo ciudadano mexicano tiene de participar en la vida democrática del país, el cual, por regla general, no se puede garantizar a través del juicio de amparo.
Igualmente, se debe resaltar que en el presente caso no es el derecho de los legisladores a participar en el proceso legislativo, el que se tutela en esta vía, ni su posible inaudición es el acto reclamado, sino la legislación que, producto de un procedimiento viciado y, por ende, inconstitucional, se aplicó a la parte peticionaria del amparo, en razón de haberse impedido que todos los legisladores participaran en el debate de la normativa resultante.
En esa guisa, es oportuno precisar que este Tribunal Colegiado no inadvierte que el recurrente expresa en parte de sus agravios que solicita la declaración de invalidez general de la norma, sin embargo, con base en una interpretación integral de su escrito de revisión, atendiendo a la causa de pedir, se concluye que en realidad su pretensión es la modificación de la sentencia recurrida para que se declare la inconstitucionalidad del decreto reclamado, con efectos únicamente para quien promovió el juicio de amparo.
Asimismo, debe considerarse que en el caso a estudio, la parte recurrente no aduce violaciones a la parte orgánica de la Constitución, sino a las garantías de legalidad y seguridad jurídica reconocidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en lo que atañe al proceso legislativo de la norma controvertida en el juicio constitucional, la cual fue aplicada al quejoso, aquí recurrente, pues, con base en aquélla se le efectuaron diversos descuentos, con lo que se afectó su esfera jurídica.(10)
Además, si bien el recurrente hace valer criterios jurisprudenciales derivados de acciones de inconstitucionalidad, ello no implica que su pretensión sea la declaración de invalidez general de la norma impugnada, lo que es objeto de diversa vía de control constitucional, sino que solicita su aplicación en la medida en que sea posible dada la acción ejercitada; aunado a que, en diversas ejecutorias el más Alto Tribunal del País ha estudiado el proceso legislativo en el juicio de amparo, sin que de las mismas se advierta la consideración de impedimento alguno para ello, al contrario, su violación ha sido motivo de la concesión del amparo.(11)
Finalmente, debe señalarse que la legitimación del peticionario del amparo para impugnar las violaciones al proceso legislativo resulta de la aplicación de los preceptos que, como resultado de aquél, afectan su situación jurídica, los cuales también reclamó en forma particular; en otras palabras, al dolerse de la aplicación de diversos preceptos de la norma reclamada, al quejoso le resulta interés para también reclamar en esta vía constitucional el procedimiento legislativo del que aquéllos emanaron, incluido el respeto a los principios de la democracia deliberativa, en la medida en que éstos legitiman los actos del órgano legislativo que generó las normas cuya inconstitucionalidad se propugna.
Lo antes expuesto tiene apoyo, por las ideas que la informan, en la tesis 2a. CX/2004,(12) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:
"CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. NO PUEDE PLANTEARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES RESPECTO DE ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE NO AFECTAN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. La constitucionalidad formal de un ordenamiento legal implica la exposición de vicios en el proceso legislativo que lo originó, a diferencia de la constitucionalidad material que significa la atribución de los vicios propios de los preceptos legales que afectan desde su sola vigencia o por virtud de un acto concreto de aplicación a los particulares. En ese tenor, si el gobernado impugna conjuntamente diversas disposiciones legales, por la estrecha relación que guardan entre sí, puede combatir su constitucionalidad formal en los aspectos generales que involucran a toda la ley y, por ende, a los artículos reclamados, así como los aspectos particulares del proceso legislativo en cuanto a estos últimos, pero no otros tópicos específicos del mismo proceso que atañen a diferentes preceptos no señalados como actos destacados en la demanda de garantías, pues al no formar parte de la impugnación sistemática ni haberse individualizado en su perjuicio, carecería de legitimación para solicitar su inconstitucionalidad. Lo anterior obedece a que no debe confundirse la impugnación total de una ley con su constitucionalidad formal en aspectos generales, que incluyen a los preceptos que contiene, porque en el primer supuesto el quejoso sólo puede controvertir las porciones normativas aplicadas en su perjuicio o en las cuales se ubica, pero no todo el ordenamiento legal, mientras que en el segundo, un solo precepto de aquél, o varios, dan lugar a cuestionar el proceso legislativo en sus generalidades o particularidades relacionadas con estos preceptos, sin que pueda impugnar aspectos específicos de ese proceso vinculados a otros preceptos."
Dicho lo anterior, adversamente a lo que concluyó el Juez de Distrito, este órgano de control constitucional estima que el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada el uno de enero de dos mil trece, no cumplió con el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad y de igualdad, por lo que la aplicación de dicho ordenamiento legal conculca, en agravio de la parte quejosa, los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y legalidad previstos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal.
Para sustentar lo anterior, resulta necesario hacer referencia a las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida.
En ese sentido, se precisa que el a quo determinó, en primer lugar, que en el caso en estudio se respetaron las reglas del quórum, porque a la sesión de treinta de diciembre de dos mil doce, en la que se aprobó la norma impugnada, asistieron dieciocho diputados, los cuales constituyen más de la mitad de los integrantes del Congreso del Estado de Tlaxcala, aunado a que durante el transcurso de la misma sesión, se incorporaron seis diputados más, para hacer un total de veinticuatro, sin dejar de advertir que, a pesar de que la sesión se suspendió para reanudarse en un lugar distinto, a éste acudieron diecisiete legisladores, que equivalen a más de la mitad del total.
En segundo lugar, expuso que en la convocatoria a la referida sesión, a efectuarse a las veintidós horas con cuarenta minutos del treinta de diciembre de dos mil doce, sí se precisó como orden del día la lectura, discusión, votación y, en su caso, la aprobación del dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.
Respecto al mismo tópico, sostuvo que resultaba irrelevante el argumento consistente en que la convocatoria de mérito no se hubiere hecho del conocimiento de la totalidad de los diputados, ya sea por escrito o por correo electrónico, con veinticuatro horas de anticipación, porque de ser así, esas circunstancias quedaron subsanadas por la comparecencia de veinticuatro diputados a la sesión; y si bien ésta se suspendió, posteriormente se continuó con la asistencia de diecisiete legisladores, con lo que, a su juicio, se respetó el principio de participación y de mayorías.
En tercer término, el Juez de amparo consideró que la legislatura se integró de manera plural, puesto que los diputados que aprobaron la norma reclamada pertenecen a diversos partidos políticos, a saber: Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia; de ahí que, concluyó, en la especie no se violó el derecho a la participación, ya que los legisladores presentes pudieron intervenir en la sesión, en todo momento y en condiciones de libertad e igualdad.
Ahora bien, este tribunal resuelve que es objetivamente correcto lo expuesto por el Juez de Distrito en el sentido de que se acataron las reglas del quórum, dado que es verdad que a la sesión iniciada a las veintidós horas con treinta y cinco minutos del treinta de diciembre asistieron dieciocho diputados, los que constituyen más de la mitad del total (treinta y dos) a que se refiere el artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala;(13) requisito que igualmente se preservó a la reanudación de la sesión en una diversa sede, a la que comparecieron diecisiete legisladores.
También fue acertado el Juez Federal por lo que ve a lo infundado del concepto de violación, en el que se adujo que no se emitió convocatoria para la sesión de treinta de diciembre de dos mil doce para la discusión del proyecto de decreto de la ley reclamada, ello, porque en autos consta que el veintinueve de diciembre de la mencionada anualidad, la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, expidió dos convocatorias para sendas sesiones que se llevarían a cabo el día siguiente: una para las diez horas (veintidós horas), en la que se elegiría a los integrantes de la mesa directiva para el siguiente periodo ordinario de sesiones; y una segunda, para las veintidós horas con cuarenta minutos, en la que se abordaría precisamente la lectura, discusión, votación y, en su caso, aprobación del dictamen de proyecto de decreto relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.
No obstante, como ya se adelantó, el procedimiento legislativo no cumplió con el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad y de igualdad; situación que resulta contraria al principio de la democracia deliberativa en el que se sustenta nuestro Estado de Derecho, previsto en los artículos 39, 40 y 41 de la Carta Magna y que, como se expuso, constituye un presupuesto de validez y constitucionalidad de los ordenamientos legales, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la propia Ley Suprema.
En relación con lo expuesto, conviene mencionar que la emisión de una norma jurídica se ajusta a la fundamentación y motivación exigida por los preceptos constitucionales referidos, cuando el órgano legislativo que expide la ley está facultado para ese efecto y cuando dicha norma se refiere a situaciones jurídicas que requieren ser reguladas.
Lo que antecede se apoya en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y nueve, Volúmenes 181-186, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que se cita a continuación:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica."
Dicho lo anterior, para una mejor comprensión del problema planteado es necesaria la cita del artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece:
"Artículo 48. Todo proyecto de decreto, así como los asuntos en que deba recaer resolución del Congreso, se tramitarán conforme a lo establecido en su ley orgánica y disposiciones reglamentarias."
Atendiendo al precepto de la Constitución Local citado, el proceso legislativo en cuestión debió en principio sujetarse a lo dispuesto por los artículos 114, 117, 120, 125, 126, 129 y 131, fracción IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, pues si bien el Alto Tribunal también ha señalado que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, lo que implica que los formalismos, en atención a las vicisitudes o avatares que se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, puedan no seguirse al pie de la letra, siempre que se respeten los derechos de las minorías a participar en el proceso deliberativo; no obstante, el análisis de las particularidades del caso concreto debe partir de la regulación previamente establecida. Los preceptos referidos a la letra disponen:
"Artículo 114. Todas las iniciativas de ley o decreto que se presenten al Congreso se sujetarán a las reglas siguientes:
"I. Se presentarán por escrito dirigido al presidente del Congreso, con el nombre y firma de su autor o autores;
"II. Se incluirá en el orden del día de la sesión que corresponda para darle primera lectura, una vez llevado a cabo su registro por los secretarios;
"III. Al término de la primera lectura se turnará a la comisión que corresponda de no haber inconveniente por el Pleno, y
"IV. En su oportunidad, el dictamen que emita la comisión pasará a segunda lectura para su discusión y aprobación en su caso."
"Artículo 117. En los casos de urgencia, cuando se evidencie que se encuentra en riesgo la estabilidad política, económica y social del Estado y sean de obvia y urgente resolución o que esté por concluir algún periodo de sesiones, calificado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, podrá el Pleno dar curso a las iniciativas y ponerlas a discusión inmediatamente después de su lectura.
"Sólo en estos casos podrá ser dispensado el requisito de turno a comisión para dictamen."
"Artículo 120. En caso de urgencia notoria calificada por el voto de la mayoría de los diputados presentes, puede el Pleno dispensar los trámites que señalan los artículos anteriores."
"Artículo 125. Cuando los dictámenes se refieran a la proposición de una iniciativa de ley, decreto o acuerdo, contendrá una exposición clara y precisa de los motivos de la misma y el texto íntegro de los artículos propuestos y en su caso de los que se pretenda reformar o derogar."
"Artículo 126. Los dictámenes se entregarán a la Junta de Coordinación y Concertación Política para que ésta ordene a la Secretaría Parlamentaria la remisión por correo electrónico o en su caso la impresión de las copias necesarias que serán entregadas a los diputados,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25238-7138ea7b/democracia-deliberativa-cuando-en-el-procedimiento-para-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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