Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE RECLAME EL DECRETO NÚMERO 154, POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD EL 1 DE ENERO DE 2013. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AUN CUANDO LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRE JUBILADA O PENSIONADA. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS SI EN LA DEMANDA DE AMPARO CONTROVIERTEN LEYES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE REGLAMENTAN LO RELATIVO A LAS GARANTÍAS DERIVADAS DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 718/2013 (CUADERNO AUXILIAR 380/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CE · Registro digital (IUS): 25237
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2046.

AMPARO EN REVISIÓN 718/2013 (CUADERNO AUXILIAR 380/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 12 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO CASTILLO GARRIDO. SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO BELDA RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Competencia. Ante todo, es importante señalar que la competencia legal de este órgano colegiado deriva de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 27/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil ocho, relativo a la denominación, competencia y jurisdicción territorial, en cuyo punto séptimo se estableció la jurisdicción mixta de este tribunal en toda la República Mexicana y que dispone el apoyo en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales federales, en donde existan problemas de cargas de trabajo que propician congestionamiento en la resolución de los asuntos; así como del diverso Acuerdo General 66/2008, emitido por el citado consejo, relativo a la fecha de inicio de funcionamiento de este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, y el oficio STCCNO/371/2014 suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se propuso el apoyo en el dictado de sentencias al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con sede en Puebla, Puebla.

De lo antes expuesto, se advierte que aunque este Tribunal Colegiado Auxiliar cuenta con jurisdicción en toda la República y su competencia es mixta, lo cierto es que su jurisdicción y competencia están limitadas por la que corresponda al órgano de amparo al que presta apoyo en el dictado de sentencias, que en el caso es el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito; por tanto, al resolver este asunto, la competencia de este órgano de control constitucional, por razón de la materia, comprende únicamente la laboral.

Sobre el particular, es orientadora la tesis 2a. XI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA COMPETENCIA POR MATERIA CUANDO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DISPONGA QUE ADOPTAN LA COMPETENCIA DEL AUXILIADO. En aquellos asuntos en los que los órganos jurisdiccionales auxiliares estén brindando apoyo a un determinado órgano colegiado especializado, porque así lo dispuso la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a través del oficio que para tal efecto emitió, los referidos órganos auxiliares se encuentran facultados para analizar la competencia por materia, toda vez que si bien es cierto que la competencia que se les otorga, de inicio, es mixta y que tendrán jurisdicción en toda la República; empero, en el momento en que se les notifica el inicio del apoyo que brindarán a cierto o ciertos Tribunales Colegiados de Circuito especializados, en su función de dictar la sentencia respectiva, se mimetizan o sustituyen en el Tribunal Auxiliado y, en ese momento, su competencia y jurisdicción están limitadas a la que corresponda al tribunal al que están prestando apoyo en el dictado de las sentencias. En ese sentido y dado que el dictado de las sentencias involucra el estudio de la competencia por materia del órgano jurisdiccional que resuelve, porque constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, la facultad para ello no puede separarse de la de emitir el fallo."(7)

En tal tesitura, este órgano de control constitucional no soslaya que acorde con lo expuesto en la demanda de garantías, la parte promovente del amparo se encuentra jubilada o pensionada, lo cual acreditó con la copia fotostática simple de la credencial que le expidió la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, así como con los recibos de pago que le expidió dicho organismo (fojas 12 y 13 del juicio de amparo indirecto); asimismo, no se soslaya que la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal de la República ha sostenido que si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el instituto pensionario respectivo constituye una nueva relación de naturaleza administrativa;(8) pese a lo anterior, en opinión de quienes esto resuelven, la calidad de quien impetró la vía constitucional no constituye un criterio determinante para establecer a qué órgano jurisdiccional de amparo compete conocer del asunto, es decir, no se trata de un elemento jurídicamente relevante para estimar que el caso justiciable encuadra en una materia distinta de la laboral -verbigracia en el ámbito administrativo-.

Se considera así, porque para determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, como es el caso de este órgano jurisdiccional, que al mimetizarse en el tribunal auxiliado, su competencia por materia se acota al rubro de trabajo, únicamente debe atenderse a dos aspectos, a saber: i) la naturaleza de los actos reclamados; y, ii) de las autoridades responsables; tal y como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de epígrafe y contenido siguientes:

"COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado."(9)

Y siendo así, a partir de los dos elementos apuntados -naturaleza tanto de los actos destacados como de las autoridades responsables-, se considera que el presente asunto corresponde a la materia de trabajo.

En atención a que, mediante su demanda de amparo, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de la creación, emisión, promulgación, refrendo, publicación y aplicación del Decreto Número 154, que contiene la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el uno de enero de dos mil trece; por lo que, atendiendo al bien jurídico o interés fundamental controvertido, tales actos son de naturaleza laboral, pues se refieren a una norma que, en el ámbito local, prevé las reglas de contenido sustancial a través de la cuales se regulan los derechos de los trabajadores derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI,(10) constitucional, tales como la jubilación, la pensión por vejez, la pensión por invalidez, la pensión por muerte, los créditos a jubilados, pensionados y servidores públicos, entre otras prestaciones más; todo lo cual torna competente al órgano especializado en materia de trabajo para conocer del presente asunto.

Por las razones que la informan, y ante la similitud que en el ámbito local guarda la norma impugnada, en relación con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado propia del orden federal, es orientadora la jurisprudencia P./J. 184/2008, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz:

"ISSSTE. LA LEY RELATIVA ES REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). El citado precepto constitucional impone al legislador regular por medio de una ley los procedimientos, requisitos y modalidades necesarias para que el Estado haga efectivas las garantías de seguridad social, sin que establezca alguna limitación ni condiciones normativas para ejercer dicha facultad; sin embargo, debe seguir los lineamientos constitucionales, esto es, atender a las garantías individuales y sociales, los aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos que le permitan proporcionar una legislación eficiente y eficaz que alcance los fines del precepto constitucional. Así, de la exposición de motivos presentada el 15 de marzo de 2007, se desprende que la voluntad del legislador fue la de crear un nuevo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a partir de las bases ya existentes, a fin de rescatar esa institución, bajo cuya responsabilidad se encuentra la atención de la salud de los trabajadores y familiares, la tarea de asegurar a los jubilados un ingreso que les permita vivir con dignidad, financiar vivienda accesible, otorgar créditos e impulsar para ese sector programas sociales y culturales. Por tanto, del contenido normativo de la ley se advierte que cumple su finalidad, en la medida que va encaminada a regular las prestaciones de seguridad social, la estructura y atribuciones que confiere al instituto, así como las normas de contenido sustancial a través de las cuales se regulan los derechos de los trabajadores -como son los seguros de salud, riesgos de trabajo, retiro cesantía, edad avanzada y vejez, de invalidez y vida, sistema integral de crédito, servicios sociales y culturales- lo que hace evidente que sí es reglamentaria del artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional."(11)

Y si bien es verdad que la naturaleza jurídica de las autoridades responsables(12) es formalmente legislativa y administrativa, respectivamente, también lo es que materialmente sus actos afectan aspectos de la seguridad social inmersos en el campo del derecho de trabajo y, desde ese ángulo, debe privilegiarse el contenido material de los actos que se les atribuyen para definir la competencia legal, porque así se persigue que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia el que conozca y resuelva el asunto, pues en esa medida se procura proteger las garantías sociales que se alegan violadas.

Por su contenido esencial, resulta ilustrativo el criterio jurídico sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se reproducen enseguida:

"FOVISSSTE. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO PARA CONOCER DE LA ORDEN DEL ISSSTE DE INCREMENTAR LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO. Si bien es cierto que la naturaleza jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es administrativa, porque tiene el carácter de organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública Federal, y por ello sus resoluciones o acuerdos constituyen actos formalmente administrativos, también lo es que cuando en ejercicio de sus atribuciones ordena a las dependencias o entidades incrementar los descuentos por concepto de pago del crédito de vivienda del 30% al 50% del salario de los trabajadores en activo afecta aspectos de la seguridad social inmersos en el campo del derecho de trabajo. En esa virtud, debe privilegiarse el contenido material del acto reclamado para definir la competencia de los Juzgados de Distrito, porque así se persigue que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia el que conozca y resuelva la demanda de garantías en que se impugne la orden indicada y, en esa medida, se procura proteger la garantía social aparentemente violada. En consecuencia, la competencia por materia para conocer del juicio de garantías promovido contra ese acto se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo donde exista esa competencia especial; sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios cuando no exista competencia especializada."(13)

En consecuencia, la competencia por materia para conocer del presente juicio de garantías se surte a favor de este Tribunal Colegiado de Circuito, al cual, ante el auxilio prestado, como ya se indicó, le corresponde la especialización en el rubro de trabajo.

TERCERO. Oportunidad de los recursos. La sentencia recurrida fue notificada por oficio a las autoridades responsables el dos de julio de dos mil trece, surtiendo efectos ese mismo día, en términos del artículo 34, fracción I, de la Ley de Amparo,(14) consecuentemente, como lo establecen las fracciones I y III del diverso numeral 24 del ordenamiento legal citado,(15) el plazo para la interposición del recurso de revisión empezó a correr el día tres y feneció el dieciséis de julio de dos mil trece, mediando entre ambas fechas como inhábiles los días seis, siete, trece y catorce de julio del mismo año, por ser sábados y domingos, en términos del artículo 23 de la legislación en cita.(16)

En esas condiciones, de acuerdo con el numeral 86,(17) de la Ley de la materia, si los recursos de revisión de las autoridades responsables Congreso y gobernador, ambas del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se interpusieron el doce y dieciséis de julio de dos mil trece, respectivamente, esto es, en el antepenúltimo y último día del plazo legal, su presentación resulta oportuna.

Asimismo, respecto a la parte quejosa, la sentencia recurrida se le notificó de manera personal el tres de julio de dos mil trece, surtiendo efectos el cuatro siguiente, en términos del artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo,(18); por tanto, como lo establecen las fracciones I y III del diverso numeral 24 del mismo ordenamiento, el plazo para la interposición del recurso de revisión empezó a correr el cinco y feneció el dieciocho de julio de dos mil trece, mediando como inhábiles entre ambas fechas los mismos días que para el cómputo de las autoridades responsables.

Así las cosas, si el recurso de revisión interpuesto por la quejosa **********, se presentó el dieciséis de julio de dos mil trece, también es oportuno.

CUARTO. Omisión de transcripciones. En atención a que es potestad de los Tribunales Colegiados de Circuito realizar o no la transcripción de la sentencia controvertida y de los conceptos de violación o agravios, en el caso no se transcribirán las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, ni los agravios expresados en su contra; máxime que no existe ninguna disposición legal que obligue a este órgano jurisdiccional a realizar ello y que junto con esta resolución se ha entregado a los integrantes de este cuerpo colegiado, copia certificada de la sentencia y de los agravios correspondientes.

Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido jurídico, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(19)

QUINTO. Determinaciones firmes. Este Tribunal Colegiado estima legales las determinaciones contenidas en los considerandos tercero y sexto, en relación con el resolutivo primero de la sentencia recurrida, en las que con fundamento en las fracciones III y IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, se decretó el sobreseimiento en el juicio:

i) Por lo que concierne a la autoridad responsable denominada Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, debido a que ésta negó la existencia del acto que se le atribuyó, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario;

ii) En lo que ve al Libro B de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, contenida en el Decreto 154, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el uno de enero de dos mil trece, porque la porción normativa en comento no causó perjuicio a quien promovió el amparo, en razón de que a la fecha de la presentación de la demanda aún no había entrado en vigor, condición que al día de hoy prevalece, ya que el ordenamiento reclamado se encuentra abrogado y, por ende, su aplicación no se materializó; y,

iii) En lo que respecta a las autoridades responsables denominadas Secretaría Parlamentaria y Mesa Directiva, ambas del Congreso del Estado de Tlaxcala, porque se surtió la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XVIII del artículo 73 con el diverso 11, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por considerar que no tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo.

Aunado a lo que antecede, la parte solicitante del amparo no hizo valer agravio ni argumento alguno del que se advierta causa de pedir, que de esa forma deba ser motivo de análisis por parte de este órgano de control constitucional, ni se advierte queja alguna que suplir.

Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 62/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."(20)

SEXTO. Precisión de los actos que son materia de la litis constitucional. Como se indicó en el resultando primero de este fallo, la parte quejosa en su demanda de amparo señaló, en el apartado IV, denominado "Ley reclamada", que específicamente controvertía: "... los artículos 1, 7, 14, fracción II, 24, 35, 38 fracción I, 40, 55, fracción III, 69, 70, 71 ..." de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el uno de enero de dos mil trece.

Pese a ello, tal situación es insuficiente para estimar que la litis constitucional quedó constreñida en forma exclusiva a dichos preceptos legales, pues de la interpretación integral del referido escrito, se advierte que aquélla, en realidad, comprendió la totalidad de la legislación de que se trata; tanto es así que, en el primer concepto de violación, la parte que promovió el amparo refirió que la creación del Decreto 154 que contiene la mencionada normatividad violentó en su perjuicio sus derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, ya que desconoció sus prerrogativas como trabajadora jubilada, las cuales no podían verse reducidas ni ser menoscabadas por virtud de un procedimiento legislativo; tal y como se advierte de la reproducción siguiente:

"... Ante el Decreto 154 de ‘creación’ de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala del uno de enero de dos mil trece se violentan en perjuicio de la suscrita quejosa lo que establece nuestra Constitución Federal, por lo que se refiere a los Derechos Humanos que gozarán todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos que reconozca la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en la reforma al artículo 1o. Constitucional en su párrafo tercero establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo que este concepto de violación se pone a consideración de este H. Juzgado constitucional realice un estudio exhaustivo y pormenorizado sobre el principio de progresividad, inclusive debiendo aplicar la suplencia de la queja en virtud de que la suscrita soy jubilada y/o pensionada y estarse violando mis derechos humanos, a que tengo derecho como gobernada que soy. La ‘creación’ de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que se combate en el cuerpo del presente escrito de amparo, es a todas luces inconstitucional toda vez que, desconoce mis derechos pensionarios que contiene el artículo 123 constitucional, pero además, las responsables transgreden la reforma constitucional del once de junio del año dos mil once, que eleva los derechos pensionarios a la condición de derechos humanos, así como el principio de convencionalidad que consiste en reconocer la aplicabilidad de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contradicción a lo antes planteado, la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala que hoy se impugna, frente al artículo 123 constitucional es regresiva pues elimina derechos ya reconocidos, ejercidos y gozados por la aquí quejosa, ya que por un lado las responsables reducen derechos sociales fundamentales, así como mi condición económica e inclusive adquisitiva, derechos que el referido artículo constitucional contiene. Por lo que las modificaciones legislativas no pueden ser arbitrarias sino atender a la justicia social y a la equidad, de tal modo que las autoridades están obligadas a corregir las visibles desigualdades sociales que no permitan facilitar la inclusión y la participación de los ciudadanos, frente a la expedición o creación de normas; esta obligación se hace consistir en que una vez alcanzado cierto nivel de protección, goce y ejercicio de derechos sociales fundamentales en este caso derechos jubilatorios, no pueden ni deben verse reducidos o menoscabados, por virtud de un procedimiento legislativo, del cual ‘crea’ una ley secundaria, como lo es la que ahora se combate, toda vez que es ilegal su retroceso, esto es así, ya que como es bien sabido por su señoría, la potestad del legislador está limitada a ello, frente a las obligaciones previstas en el párrafo tercero del artículo primero (sic) constitucional y responsabilidad internacional del Estado Mexicano de respetar los derechos humanos y armonizar su legislación interna en ese sentido, a efecto de no violentar el principio de no regresividad el cual es un pilar al cual forzosamente los legisladores se deben constreñir, en virtud de tener una prohibición expresa de menoscabarlo, por lo que se concluye que las autoridades responsables violentan mis garantías y derechos humanos que establece nuestra Constitución en mi favor ..."

Por ende, como lo precisó el Juez de Distrito en el fallo que ahora se revisa, en el caso debe entenderse que la parte quejosa reclama integralmente el Decreto Número 154 por el que se expidió la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el uno de enero de dos mil trece.

Más aún, si se tiene en cuenta que el Máximo Tribunal del País ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados.

Las anteriores consideraciones están plasmadas en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."(21)

SÉPTIMO. Análisis de la norma reclamada a pesar de haber sido abrogada. Este órgano colegiado no inadvierte que la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el uno de enero de dos mil trece, fue abrogada mediante el Decreto Número 196, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el veinticinco de octubre de dos mil trece, por el que se emitió una nueva Ley de Pensiones Civiles.

Sin embargo, dado que la ley impugnada tiene el carácter de autoaplicativa y que la parte quejosa, aquí recurrente, la reclamó con motivo del primer acto de aplicación, para lo cual exhibió los recibos de pago de su pensión (consultables a foja 13 del expediente de amparo), de los que se desprende, según lo destacó el a quo, que es destinataria de la norma reclamada, además de que, en su informe justificado (visible a fojas 37 y 38 ídem), la dependencia que cubre la pensión de la parte impetrante aceptó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyeron, consistentes en haberle aplicado la norma reclamada en su perjuicio, pues a partir de su entrada en vigor le han realizado el descuento ordenado por el artículo 38, fracción I,(22) de la ley impugnada; y siendo así, se evidencia que el ordenamiento combatido sí incidió en la esfera jurídica de quien promovió el amparo, afectando su patrimonio, de manera tal que no puede considerarse que los efectos de la multireferida ley hayan cesado o desaparecido con motivo de su abrogación, pues ésta sólo surte efectos hacia el futuro y no libera a quienes se ubicaron en sus hipótesis normativas de las consecuencias que pudieran haber derivado de su cumplimiento por todo el periodo que estuvieron vigentes; de ahí que, a fin de determinar su contravención o no al Pacto Federal y, en su caso, reparar la violación causada, la acción de amparo resulta procedente.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala,(23) publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veinticinco de octubre de dos mil trece, las retenciones efectuadas en términos de la ley de pensiones abrogada deben tenerse por efectuadas al fondo de pensiones; situación que reitera la conclusión alcanzada en el párrafo que precede.

Asimismo, no se debe pasar por alto que los efectos de la norma tildada de inconstitucional se proyectarán hacia el futuro, tal como se deduce de los artículos quinto y sexto transitorios del referido Decreto Número 196,(24) de los que se sigue que aquélla seguirá teniendo aplicación, al disponer que los asuntos iniciados a su amparo se atenderán y tramitarán hasta su conclusión bajo las disposiciones de dicho ordenamiento reclamado; y, que quienes se hayan jubilado o pensionado en sus términos, ejercerán sus derechos conforme a la misma legislación.

Es aplicable al caso, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia 135, publicada en la página 3734 del Tomo II, materias común y administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto siguientes:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Cuando la norma impugnada, en su carácter de autoaplicativa, no entraña una prohibición sino una obligación de actuar en determinado sentido, es decir, una obligación de hacer o permitir que se haga, su derogación no libera a quienes se ubicaron dentro de sus hipótesis normativas, de las consecuencias que pudieren haber derivado de su cumplimiento por todo el periodo en que estuvieron vigentes, ya que los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma, puesto que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma- la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro. Por consiguiente, mientras subsistan los efectos de la ley respecto del periodo durante el cual rigió, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque las disposiciones legales de naturaleza positiva, como son las que establecen los elementos esenciales de un tributo, obligan a los sujetos a actuar de forma determinada, dejando huell

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25237-f85de09c/competencia-para-conocer-de-los-juicios-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.