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Modo: Corpus Pro

PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TLAXCALA. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚMERO 154 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 25 DE OCTUBRE DE 2013, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA E IGUALDAD DE LAS MINORÍAS, PUBLICIDAD, LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2341/2013 (CUADERNO AUXILIAR 416/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL C · Registro digital (IUS): 25213
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2248.

AMPARO EN REVISIÓN 2341/2013 (CUADERNO AUXILIAR 416/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 12 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO DE JESÚS BALTAZAR ROBLES. SECRETARIO: MARCO ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO TERCERO. En suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte la existencia de violaciones al procedimiento legislativo que ameritan la concesión de la protección constitucional en mayor amplitud que la otorgada por el Juez de Distrito.

De la lectura a la sentencia recurrida se advierte que en ésta se determinó que algunos conceptos de violación eran ineficaces y otros fundados -aunque suplidos en su deficiencia-; derivado de tal situación fue que se concedió el amparo solamente por algunos artículos de la norma impugnada; ello, porque, en términos generales, se hizo una confrontación de éstos con la Constitución Federal y se determinó su inconstitucionalidad, es decir, se advirtió la existencia de vicios materiales en cada precepto, razón por la que se otorgó el amparo.

Ahora, es cierto que tal resolución inicialmente le beneficia al quejoso; sin embargo, ello sólo es de manera parcial, pues, conforme al análisis efectuado por el Juez de Distrito subsistirán diversos artículos de la norma controvertida que le serán aplicables, al no contraponerse directamente con la Carta Magna.

En ese sentido, se realizará el estudio constitucional bajo un enfoque que le pudiera generar un mayor beneficio a la quejosa, partiendo del supuesto que, como se tiene visto, procede la suplencia de la deficiencia de la queja; de ahí que el análisis se realiza sobre la existencia de infracciones que podrían redundar en la totalidad de la norma impugnada.

En ese contexto, se destaca que las violaciones ocurridas durante el procedimiento legislativo, por regla general, inciden en la totalidad de la norma; por ende, si se actualiza alguna de ellas, en cuyo caso, se reitera, no sería necesario estudiar si existían violaciones materiales en cuanto al contenido particular de cada precepto, máxime que, como se ha dicho, la ley reclamada es autoaplicativa al conformar un sistema, lo que implica que los artículos de la norma causan perjuicios a la parte quejosa.

Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la tesis aislada 2a. CX/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los siguientes rubro y texto:

"CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. NO PUEDE PLANTEARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES RESPECTO DE ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE NO AFECTAN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. La constitucionalidad formal de un ordenamiento legal implica la exposición de vicios en el proceso legislativo que lo originó, a diferencia de la constitucionalidad material que significa la atribución de los vicios propios de los preceptos legales que afectan desde su sola vigencia o por virtud de un acto concreto de aplicación a los particulares. En ese tenor, si el gobernado impugna conjuntamente diversas disposiciones legales, por la estrecha relación que guardan entre sí, puede combatir su constitucionalidad formal en los aspectos generales que involucran a toda la ley y, por ende, a los artículos reclamados, así como los aspectos particulares del proceso legislativo en cuanto a estos últimos, pero no otros tópicos específicos del mismo proceso que atañen a diferentes preceptos no señalados como actos destacados en la demanda de garantías, pues al no formar parte de la impugnación sistemática ni haberse individualizado en su perjuicio, carecería de legitimación para solicitar su inconstitucionalidad. Lo anterior obedece a que no debe confundirse la impugnación total de una ley con su constitucionalidad formal en aspectos generales, que incluyen a los preceptos que contiene, porque en el primer supuesto el quejoso sólo puede controvertir las porciones normativas aplicadas en su perjuicio o en las cuales se ubica, pero no todo el ordenamiento legal, mientras que en el segundo, un solo precepto de aquél, o varios, dan lugar a cuestionar el proceso legislativo en sus generalidades o particularidades relacionadas con estos preceptos, sin que pueda impugnar aspectos específicos de ese proceso vinculados a otros preceptos."(60)

Cabe aclarar que partiendo de las premisas de que el juzgador federal determinó en la primera parte del considerando séptimo que procedía la suplencia de la queja -consideración que es confirmada en esta ejecutoria- y de que en relación con el procedimiento legislativo no hizo pronunciamiento alguno, dada la carencia de concepto de violación sobre el particular, es que se concluye que el resolutor decidió que no existía ninguna violación de esa naturaleza.

Sin embargo, como se dijo, este órgano revisor advierte la existencia de vicios en el proceso legislativo que no advirtió el Juez de Distrito, por lo que tal omisión debe ser reparada por este tribunal conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, en virtud de que dada la naturaleza de la violación referida, el efecto será que los diversos artículos de la norma controvertida sean inaplicables, lo que provocará que la quejosa obtenga una protección más amplia que la otorgada en la sentencia recurrida, porque la inconstitucionalidad de los diversos preceptos que integran la norma no derivará de su contraposición directa con la Carta Magna, sino de que son fruto de un proceso legislativo viciado.

Violaciones al proceso legislativo de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, vigente a partir del uno de enero de dos mil trece (Decreto 154).

Se toma en consideración, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad,(61) ha establecido que en un Estado democrático, la Constitución impone ciertos requisitos de publicidad y participación, para la creación, reforma, modificación o supresión de las normas, sin los cuales no pueden éstas considerarse válidas, de modo que, para lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste importancia el contenido de las leyes sino, además, la forma en que son creadas o reformadas, en virtud de que las formalidades esenciales del procedimiento legislativo resguardan o aseguran el cumplimiento de los principios democráticos.

De este modo, se ha sostenido que la violación a las formalidades del procedimiento legislativo deben abordarse desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa, elegida como modelo de Estado, de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, por lo que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio que se podría llamar de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales, cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto y, por otro, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta, por el contrario, a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto.

Así, el Más Alto Tribunal del País determinó que este último principio está estrechamente vinculado con la esencia y valor de la democracia, como sistema de adopción de decisiones públicas en contextos caracterizados por el pluralismo político, como es el caso de México y de la mayor parte de las democracias contemporáneas, ya que la democracia representativa es un sistema político valioso, no solamente porque, en su contexto, las decisiones se toman por una mayoría determinada de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de las minorías políticas.

Por tanto, es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública, los que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo y a la necesidad de imponer su respeto.

En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante, donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear, en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos.

Acorde con lo anterior, nuestro Máximo Tribunal ha considerado que para determinar si, en un caso concreto, las violaciones al procedimiento legislativo redundan en violación a las garantías de debido proceso y legalidad, consagradas en el artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, y provocan la invalidez de la norma emitida o si, por el contrario, no tienen relevancia invalidatoria, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares:

1. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias, expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.

2. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.

3. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

El cumplimiento de los anteriores criterios, siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que, de lo que se trata, es precisamente determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse, por su propia naturaleza, sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su función es precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones, a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo.

Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse, sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender las vicisitudes o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La entrada en receso de la legislatura o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, por ejemplo, son circunstancias que se presentan habitualmente y ante las cuales la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados, debe hacerse cargo de las particularidades del caso concreto, sin que ello pueda desembocar, en cualquier caso, en su final desatención.

Así, precisó el Máximo Tribunal de la República, dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma, de forma tal que provocan su invalidez o inconstitucionalidad; asimismo, pueden existir violaciones de esa misma naturaleza que por su entidad no afecten su validez, siempre que se haya cumplido con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente.

Ese criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 94/2001,(62) de rubro y texto siguientes:

"VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario."

Asimismo, es aplicable al caso, por las razones que la informan, la tesis P. L/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 717, Tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención."

Hechos acontecidos en la aprobación del decreto reclamado.

La integración de la LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para el periodo constitucional comprendido del catorce de enero de dos mil once al treinta de diciembre de dos mil trece, era la siguiente (fojas 47 a 49 del tomo grande de pruebas).

Ver integración de la LX Legislatura

Una vez acotado lo anterior, se precisa:

• El secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, en representación del Gobernador de esa entidad, el trece de diciembre de dos mil doce presentó ante el Congreso del Estado de Tlaxcala, para su análisis y aprobación correspondientes, la iniciativa de Ley de Pensiones Civiles.(64)

• Por oficio ********** de la misma fecha, el presidente de la mesa directiva, diputado **********, remitió copia de la iniciativa referida al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, **********, para su estudio, análisis y dictamen.(65)

• El dieciocho de diciembre de dos mil doce, a las catorce horas con treinta minutos, se celebró la primera reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Trabajo y Previsión Social,(66) relativa al análisis del dictamen con proyecto de la Ley de Pensiones Civiles.

• El veintiuno de diciembre de dos mil doce, a las doce horas con treinta minutos, se llevó a cabo la segunda reunión privada de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Trabajo y Previsión Social (folios 465 a 490 del tomo grande de pruebas).

• Mediante oficio de veintiséis de diciembre de dos mil doce, los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como la de Trabajo y Previsión Social, remitieron al presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, expediente parlamentario **********, a fin de que se desarrollara el trámite legislativo correspondiente (folio 488 del tomo grande de pruebas).

• El veintiocho de diciembre de dos mil doce, los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como la de Trabajo y Previsión Social (diputados ********** y **********), solicitaron al presidente de la Comisión Permanente (diputado **********) convocara a los integrantes de esa comisión a sesión extraordinaria a fin de que se desarrollara el trámite legislativo relativo al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, así como al Pleno con el mismo fin.

Lo que antecede al considerar, que se trataba de un asunto urgente y de interés general para el Estado de Tlaxcala, ya que incide de manera directa en el contenido del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año dos mil trece.

• Por oficios de veintiocho de diciembre de la citada anualidad, el presidente de la Comisión Permanente convocó a los integrantes de esa comisión (diputados **********, ********** y **********) a celebrar una sesión extraordinaria el día siguiente, a fin de acordar la emisión de la convocatoria a sesión pública extraordinaria del Pleno del Congreso (folios 577 a 580 del tomo grande de pruebas).

• El veintinueve de diciembre de dos mil doce, se levantó el acta de sesión privada de la Comisión Permanente en la que se aprobó, por unanimidad, la propuesta de convocar a sesión extraordinaria pública al Pleno del Congreso del Estado, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, el treinta de diciembre de dos mil doce, a las veintidós horas con treinta minutos, con el único fin de dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, someterlo a discusión, votación y en su caso aprobación, y se ordenó a la secretaría elaborara la convocatoria correspondiente y se entregara a los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala (folios 583 a 587 del tomo grande de pruebas).

• En esa misma fecha, la Comisión Permanente, convocó a los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala, a una sesión extraordinaria pública, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, el treinta de diciembre de dos mil doce a las veintidós horas con cuarenta minutos para desahogar el único punto consistente en la lectura, discusión, votación y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

A continuación se reproduce el contenido de la mencionada convocatoria.

Ver contenido de la convocatoria

La citada convocatoria fue enviada a los treinta y dos diputados que integran el Congreso del Estado de Tlaxcala, sin que de las constancias se advierta el acuse de recibo por cuanto hace a los diputados **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, esto es, un total de quince diputados.

• En esa misma fecha (veintinueve de diciembre de dos mil doce), se emitió una diversa convocatoria signada por los cuatro integrantes de la Comisión Permanente, en la cual se comunica la celebración de una sesión extraordinaria pública a realizarse el treinta de diciembre de dos mil doce, a las diez horas, cuyo único punto del orden del día era la elección de los diputados que integrarían la nueva mesa directiva, la cual se inserta a continuación (foja 288 del tomo pequeño de pruebas).

Ver inserción

• La sesión a que se refiere la convocatoria que antecede inició el treinta de diciembre de dos mil doce a las veintidós horas con dos minutos, y no se llevó a cabo por falta de quórum, ya que se informó que sólo se encontraban presentes trece de los treinta y dos diputados; posteriormente, se da cuenta que a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de enero de dos mil trece únicamente había trece diputados, por lo que también se suspendió dicha sesión; por último, en el acta de mérito se hace referencia que a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del ocho de enero de dos mil trece, al estar presentes trece diputados, también se suspendió la sesión respectiva (folios 290 y 291 del tomo pequeño de pruebas). La mencionada acta se reproduce a continuación:

Ver acta

• Posteriormente, en esa misma fecha, -treinta de diciembre de dos mil doce- a las veintidós horas con treinta y cinco minutos, inició la sesión extraordinaria (a que se refería la primer convocatoria inserta en este estudio), en la cual, se suscitaron los hechos relevantes siguientes:

• La sesión inició con la presencia de los diputados, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, y ********** (en total fueron dieciocho diputados los presentes).

• Posteriormente, durante la lectura del dictamen se incorporaron **********, **********, **********, **********, ********** y ********** (folios 634 a 642 del tomo grande de pruebas).

• Asimismo, durante la celebración de la mencionada asamblea se hizo constar que debido a la irrupción violenta al interior del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, de presuntos integrantes y simpatizantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y sus Municipios "**********", y de la sección cincuenta y cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes desde el espacio destinado al público gritaban consignas, palabras altisonantes y amenazas contra los legisladores, el presidente de la mesa directiva decretó un receso.

• Por tanto, en esa misma fecha, los integrantes de la mesa directiva convocaron a los diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado a reanudar la sesión referida en el párrafo anterior, en el salón "**********" del hotel **********, a las veintitrés horas con cuarenta minutos de ese día, con el objeto de desahogar el único punto de la convocatoria de veintinueve de diciembre pasado emitida por la Comisión Permanente, para lo cual se emitieron oficios dirigidos a los legisladores presentes al inicio de la sesión, con excepción de **********.

• En la segunda parte de la sesión extraordinaria referida, que inició a las veintitrés horas con cincuenta minutos del treinta de diciembre de dos mil doce, en el salón "**********" del hotel **********, estuvieron presentes los diputados: **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, quienes con excepción del ********** ,(67) que no se presentó en la sede alterna, fueron los mismos que comparecieron desde el inicio de la sesión.

• El diputado ********** sometió a consideración de la asamblea el acuerdo para que se declarara al salón "**********" del hotel **********, recinto oficial del Congreso por única vez, con el objeto de dar continuidad a la sesión extraordinaria pública de mérito, por estar en riesgo la integridad física de los legisladores; lo cual fue aprobado por unanimidad.

• Posteriormente, se concedió la palabra al diputado ********** para que reanudara la lectura del Dictamen de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, apoyando en la lectura los diputados **********, ********** y **********, acto seguido el diputado presidente dijo que quedaba de primera lectura el dictamen referido;

• El diputado **********, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso, solicitó que se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen, propuesta que fue aprobada por unanimidad;

• Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen de mérito, haciendo uso de la palabra los diputados ********** y **********, y dado que ningún diputado se refirió en pro o en contra del mismo, se sometió a votación;

• El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general;

• El presidente de la mesa directiva sometió a discusión el dictamen, en lo particular, por lo que en uso de la voz, los diputados **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, solicitaron que se separaran del proyecto de decreto los siguientes artículos: 1, 4 fracción XIV, 24 párrafo primero, 38, 43, primero transitorio, cuarto transitorio, fracción I, inciso c), décimo primer transitorio, décimo segundo transitorio, último párrafo, décimo tercer transitorio, fracción II, y décimo cuarto transitorio, segundo párrafo, para ser discutidos de manera separada;

• El presidente sometió a votación los artículos no reservados del dictamen, los cuales fueron aprobados por unanimidad;

• Enseguida, se sometieron a discusión los artículos reservados, con base en las propuestas de los diputados **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, las cuales fueron aprobadas por unanimidad al momento en que se sometieron a votación;

• Finalmente, previa la lectura y aprobación del acta respectiva, el diputado presidente de la mesa directiva declaró clausurada la sesión extraordinaria a las tres horas con veinte minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil doce.

Lo sucedido en la asamblea a que se hace referencia en los párrafos precedentes se observa de las constancias que obran en el tomo grande de pruebas que a continuación se reproducen:

Ver constancias

Violaciones trascendentales que se observan en el procedimiento legislativo.

De lo expuesto con antelación, se aprecian diversas violaciones trascendentales suscitadas en la tramitación del procedimiento legislativo que dio origen a la aprobación de la Ley de Pensiones del Estado de Tlaxcala, entre las cuales se encuentran: 1) la falta de convocatoria a un porcentaje importante de los diputados integrantes del Congreso del Estado de Tlaxcala para la discusión y aprobación del ordenamiento legal reclamado; 2) un cambio de sede injustificado; así como, 3) inconsistencias en las actas de treinta de diciembre de dos mil doce.

1. Falta de convocatoria

Esta violación consistente en la falta de convocatoria a un porcentaje importante de los diputados para la discusión y aprobación de la Ley de Pensiones Civil

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25213-1a4a1424/pensiones-de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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