ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, RESPECTO DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 154 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 1 DE ENERO DE 2013, EN TANTO QUE POR DECRETO No. 196 PUBLICADO EN EL CITADO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 25 DE OCTUBRE DE ESE AÑO, SE ABROGÓ DICHO ORDENAMIENTO Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y presidente Juan N. Silva Meza)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2013. DIVERSOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 29 DE OCTUBRE DE 2013. MAYORÍA DE SIETE VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintinueve de octubre de dos mil trece.
VISTOS Y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, así como normas impugnadas. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil trece,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge García Luna, Víctor Morales Acoltzi, Gelacio Montiel Fuentes, Bernardino Palacios Montiel, Fortunato Macías Lima, José Alejandro Aguilar López, Lilia Caritina Olvera Coronel, Justo Lozano Tovar, Juan Fulgencio Torres Tizatl, Vicente Morales Pérez, Miguel Meléndez Meléndez, Adolfo Escobar Jardinez,(2) en su calidad de integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
Norma impugnada:
• Decreto Número 154 relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad el primero de enero de dos mil trece.
Autoridad emisora de las normas impugnadas:
• El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.
Autoridad promulgadora de las normas impugnadas:
• El Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; adicionalmente los promoventes señalan al secretario general de Gobierno y al director de Publicaciones Oficiales, ambos de dicha entidad.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados por los accionantes en su escrito, en síntesis, son los siguientes:
1. El catorce de enero de dos mil once, inició sus trabajos la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala.
2. El primero de agosto de dos mil doce inició el segundo año legislativo de la LX Legislatura, mismo que concluyó el quince de diciembre de ese año.
3. El nueve de diciembre de dos mil doce,(3) el gobernador del Estado de Tlaxcala envió al Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.
4. El dieciséis de diciembre de dos mil doce entró en funciones la Comisión Permanente.
5. El presidente de la Comisión Permanente convocó a una sesión que se verificaría el treinta de diciembre de dos mil doce, con el objeto de elegir a los diputados que integrarían la nueva mesa directiva para el periodo que iniciaría el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Sin embargo, según manifiestan los promoventes, en lugar de elegirse la mesa directiva, se dio lectura al dictamen de la ley que se impugna sin que estuviera contemplado en el orden del día.
6. Por lo anterior, diversos diputados manifestaron su inconformidad y señalaron también que se suscitaron actos de violencia que hicieron necesaria la intervención de la fuerza pública y, por ello, el presidente de la Comisión Permanente decretó la suspensión de la sesión.
7. Una vez restablecido el orden y verificado que no se contaba con el quórum suficiente, pues únicamente habían 13 legisladores para continuar con la sesión, el presidente de la Comisión Permanente la dio por terminada.
8. El primero de enero de dos mil trece, los diputados accionantes tuvieron conocimiento de la publicación del Decreto Número 154 relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, así como del cambio de sede del Congreso del Estado para la aprobación de dicha ley; circunstancias que a decir de la minoría parlamentaria disidente no fueron discutidas ni aprobadas en términos de la legislación correspondiente.
9. Finalmente, manifiestan los legisladores promoventes que fue hasta el once de enero de dos mil trece que quedó instalada la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, correspondiente al tercer año legislativo.
TERCERO. Artículos constitucionales que los accionantes destacan como violados. Los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo primero, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 31, párrafo cuarto, 42, 45, 47 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala.
CUARTO. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez(4) aducen violaciones formales al procedimiento legislativo que culminó con la aprobación del Decreto Número 154, atinente a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Dichos argumentos se agrupan en cuatro grandes temas, en los que en esencia destacan:
1. Primer concepto de invalidez. Indebida integración de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala.(5)
Afirma la minoría parlamentaria disidente que el Decreto Número 154 relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el primero de enero de dos mil trece, es contrario a la Constitución Federal, en virtud de que el procedimiento legislativo desarrollado para su creación, no se ajustó a la Constitución Local y a la legislación respectiva, en cuanto que dicha ley fue firmada por diputados que no tenían el carácter de integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y, en consecuencia, no gozaban de la representación legal ni de la facultad para firmar las leyes que en su caso aprobara el órgano legislativo local.
Del mismo modo, no podían convocar y presidir las sesiones del mismo, incumpliendo con ello en esencia con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, párrafo cuarto, 32, 41, 42, 45, 47, 48, 54, 55 y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como 4, 11, 12, 26, 42, 44, 45, fracciones II y IV, 47, 48, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Estos artículos de la legislación local medularmente señalan que en sesión previa al inicio de los periodos de sesiones, salvo al comienzo de la legislatura, los diputados elegirán la mesa directiva que funcionará durante cada periodo y la elección se hará por el voto de las dos terceras partes de la legislatura en votación por cédula. De igual forma, señalan que habrá dos periodos de sesiones ordinarias, el primero iniciará el treinta y uno de diciembre y concluirá el quince de mayo, y el segundo comenzará el primero de agosto y terminará el quince de diciembre. Por ello, el artículo 18 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala contempla que la Comisión Permanente entrará en funciones a partir del dieciséis de diciembre dos mil doce.
En ese tenor, los accionantes exhiben copia certificada de la convocatoria emitida por el presidente de la Comisión Permanente por la que se convoca a una sesión a realizarse el treinta de diciembre de dos mil doce a las diez horas, cuyo único punto del orden del día es la elección de los diputados que integrarían la nueva mesa directiva y que entraría en funciones el treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sin embargo, según manifiestan los promoventes, tal elección no se efectuó en virtud de que en lugar de elegirse la mesa directiva, se dio lectura a la iniciativa que ahora se impugna, lo que generó inconformidad entre los legisladores presentes y se suscitaron hechos de violencia, que hicieron necesario que se decretara la suspensión y posterior conclusión de la sesión. Asimismo, manifiestan que no obstante lo anterior, el primero de enero de dos mil trece, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la ley que ahora se impugna y la cual aparece firmada por los diputados que integraron la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones, no obstante que al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, carecían ya de ese carácter.
En consecuencia, sostienen que si al treinta y uno de diciembre de dos mil doce no entró en funciones la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado correspondiente al tercer año legislativo, resulta inconstitucional que los diputados antes mencionados, hayan firmado la aprobación de la ley impugnada y más aún, convocado y dirigido la sesión en la que se aprobó la Ley de Pensiones Civiles, en virtud de que en esa fecha no gozaban de tal carácter y, en consecuencia, carecían de las facultades que la ley otorga a los diputados que integran la mesa directiva pues el ejercicio de tal facultad concluyó el quince de diciembre de dos mil doce.
2. Segundo concepto de invalidez. Violaciones durante el proceso legislativo que impactan en los principios de democracia deliberativa e igualdad de las minorías, legalidad, certeza jurídica y debido proceso legislativo.(6)
La minoría parlamentaria accionante aduce que la ley impugnada debe ser declarada inválida por ser contraria a la Constitución Federal, en virtud de que el procedimiento desarrollado para su creación no se ajustó al proceso legislativo previsto en la Constitución Local, vulnerando con ello las garantías de certeza jurídica, legalidad y del debido procedimiento, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental, lo que genera su invalidez, máxime que por la forma en que se emitió la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, se infringió el principio de democracia deliberativa.
En este sentido, los accionantes apoyan sus argumentos para sostener la violación en relación con el principio de democracia deliberativa e igualdad de las minorías en la discusión de una disposición de observancia general, en la acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, fallada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, el cuatro de enero de dos mil siete.
De igual forma, manifiestan que el contenido de la Ley de Pensiones Civiles no se hizo de su conocimiento por ningún medio, además de que al momento de recibirla no se procedió a su primera lectura, ni medió votación para omitir la lectura de dicho proyecto de decreto, y de manera económica se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como a la Comisión del Trabajo y Previsión Social; lo que se traduce en una infracción al principio de legalidad en razón de que no se cumplió con lo establecido en el artículo 114, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Todo lo anterior, generó que el Pleno del Congreso no conociera el proyecto de decreto, contraviniendo con ello los principios de legalidad, certeza jurídica y de debido proceso.
En este sentido, los accionantes consideran que la ley impugnada debe ser declarada inválida, en virtud de que el procedimiento desarrollado para su creación no se ajustó al procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, violándose las garantías de certeza jurídica, legalidad y de debido procedimiento consagradas en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, lo que genera su invalidez; infringiendo el principio de democracia deliberativa. Esto es así porque el Decreto Número 154 es producto de un proceso ilegal que transgredió el derecho sustantivo de los diputados accionantes para deliberar y discutir el contenido de la ley que se impugna, máxime que el órgano legislativo no sólo debe ser un órgano decisorio sino también deliberante en donde encuentren cauce de expresión las opiniones de los grupos no sólo mayoritarios, sino también minoritarios, asegurando que las decisiones sean resultado de una genuina voluntad popular.
La Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso todas del Estado de Tlaxcala, establecen una serie de reglas respecto al trámite que debe darse a las iniciativas de leyes, reformas o adiciones. Esto asegura que el trabajo de las comisiones se conozca con oportunidad, a efecto de estar en condiciones de preparar argumentos en pro o en contra del dictamen. En este sentido, consideran los impugnantes que el hecho de que la Ley de Pensiones Civiles no se haya listado en el orden del día para su lectura, discusión y en su caso aprobación infringió los artículos 42 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, 53 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en relación con los artículos 63, 75, 79, 85, 92, 98, 101 y 114, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso de la entidad.
3. Tercer concepto de invalidez. Cambio de sede del Congreso Local en la aprobación de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala a un recinto privado, distinto al oficial, sin notificación ni aprobación previa por parte del Pleno del Congreso.(7)
Sostienen los accionantes debe invalidarse la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por violación al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que prevé que el Congreso del Estado residirá permanentemente en la capital de dicha entidad federativa, en la que se establecerá el recinto oficial y sólo podrá trasladarse a otra parte del Estado para actos de carácter conmemorativo o por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que medie acuerdo de la mayoría de los diputados y a iniciativa de los mismos, ya que conforme al artículo 14 de dicha ley, al Pleno le corresponde acordar el traslado del recinto oficial del Congreso y su instalación en otro lugar en los casos que refiere la ley orgánica. Y en el presente caso según lo expresan los accionantes, el Pleno no autorizó el cambio de sede del Congreso para aprobar la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, menos aún un recinto privado como lo es el Hotel Misión, salón "Las Tapas", sin convocar o notificar a los accionantes, privándolos, en consecuencia, del derecho a deliberar y a emitir su opinión.
En ese sentido, dicho ordenamiento legal en su parte final señala: "Dado en el Salón Las Tapas del Hotel Misión, Atlihuetzia, Municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, declarado recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los treinta y un días del mes de diciembre de dos mil doce."(8)
4. Cuarto concepto de invalidez. Indebida intervención de la fuerza pública (secretario de Seguridad Pública) en el recinto legislativo oficial, sin que se hayan seguido las instrucciones del presidente de la Comisión Permanente, lo que se traduce en una violación a la Soberanía del Congreso Local y al principio de división de poderes.(9)
Los impugnantes afirman que en el proceso de creación de la norma impugnada, intervino la fuerza pública en el recinto legislativo de Tlaxcala encabezada por el secretario de Seguridad Pública del Estado quien no cumplió con el protocolo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que establece que el recinto oficial es inviolable y que la fuerza pública tendrá acceso al mismo, sólo con autorización del presidente de la Mesa Directiva o en su caso de la Comisión Permanente, quien asumirá el mando inmediato de la misma. Ante esta situación, sostienen los promoventes, el presidente de la Comisión Permanente solicitó el retiro inmediato de la fuerza pública, sin que dicha instrucción fuera atendida sino por el contrario, el secretario de Seguridad Pública golpeó a los diputados y al público que se encontraba al interior del Congreso. En razón de lo anterior, sostienen los promoventes que la soberanía del Poder Legislativo del Estado fue interrumpida y lacerada, infringiendo con ello los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 de la Constitución Local.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil trece,(10) el Ministro presidente de esta Suprema Corte, ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad promovida por los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, la cual fue identificada con el número 2/2013, asimismo se remitió el expediente al Ministro que correspondiera conforme al turno respectivo.
En ese tenor, conoció del asunto el Ministro Alberto Pérez Dayán, instructor en la presente acción de inconstitucionalidad, el que mediante auto de veintiocho de enero del mismo año,(11) admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada, así como al titular del Poder Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran los informes correspondientes.
SEXTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil trece,(12) el Ministro instructor tuvo por presentados al presidente de la Mesa Directiva del Congreso y al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala, con la personalidad que ostentan y por recibidos los informes que les habían sido solicitados.
En esa virtud, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado adujeron en esencia en sus respectivos informes:
A. Informe del Congreso Estatal(13)
1. Carecen de sustento las afirmaciones de los promoventes, en virtud de que sí se respetaron las formalidades del procedimiento y la mesa directiva se integró conforme a las reglas correspondientes. Se respetaron los principios democráticos de publicidad, participación y representatividad de todas las fuerzas políticas ya que la iniciativa fue presentada por el gobernador de dicho Estado el trece de diciembre de dos mil doce,(14) hubo un proceso deliberativo amplio en las comisiones y en la sesión extraordinaria de treinta de diciembre de dos mil doce.
2. Son infundados los conceptos de violación expuestos por los accionantes en razón de que en el supuesto de que del análisis constitucional se adviertan violaciones de carácter formal en el procedimiento legislativo de creación de la norma impugnada; éstas son del tipo que no trascienden de manera fundamental al contenido de la norma, por lo que esto no provoca su invalidez o inconstitucionalidad.
3. La sesión pública celebrada el treinta de diciembre de dos mil doce se inició con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto y por causa de fuerza mayor, se declaró un receso y con posterioridad se tomó un acuerdo de la mayoría de los diputados para proceder en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso y cambiar la sede del Congreso.
4. En relación con la intervención de la fuerza pública el Congreso del Estado es inexacto, ya que el veintiocho de diciembre de dos mil doce, el presidente de la Comisión Permanente envió un oficio al secretario de Seguridad Pública pidiendo su intervención, debido a una serie de actos que se habían suscitado con algunas asociaciones sindicales, por lo que se considera justificada la intervención de la fuerza pública para el resguardo de las instalaciones del recinto legislativo, lo cual no tuvo incidencia respecto al desarrollo del procedimiento legislativo y no puede considerarse como una vulneración a la soberanía y a la división de poderes.
B. Informe del Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala.(15 )
1. Son ciertos los actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala relativos a la presentación ante el Congreso del Estado de la iniciativa con proyecto de Decreto de la Ley de Pensiones Civiles, así como la promulgación y publicación del mismo.
2. La iniciativa que ahora se impugna fue presentada ante el Congreso Local por el secretario de Gobierno por instrucciones del gobernador el trece de diciembre de dos mil doce.
3. La iniciativa con proyecto de Decreto de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, obedeció a la necesidad de asumir una pronta y urgente solución a la grave situación financiera del organismo público de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, pues de no haberlo realizado, los recursos públicos serían insuficientes en un futuro, para hacer frente a las obligaciones de pago de pensiones como se expone en la exposición de motivos. Del mismo modo, se recibió un exhorto de la Cámara de Senadores para atender a la brevedad la aprobación de dicha ley.
4. El treinta y uno de diciembre de dos mil doce el secretario de Gobierno del Estado recibió el oficio sin número suscrito por los presidente y secretarios de la mesa directiva, que fue designada para presidir la sesión extraordinaria de la LX Legislatura que inició el treinta de diciembre de dos mil doce y por el cual solicitan la publicación de la ley referida en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Por ello, el titular del Ejecutivo Estatal sancionó y ordenó su publicación en el Periódico Oficial del gobierno el primero de enero de dos mil trece publicándose también una fe de erratas el dos de enero de dos mil trece.
5. El Ejecutivo sólo participó en el ámbito de sus atribuciones en dicho proceso legislativo en la sanción, promulgación y publicación de la misma, no así en el procedimiento de aprobación, pues corresponde al Legislativo defender su validez.
6. Respecto a la intervención de la fuerza pública, el 28 de diciembre de dos mil doce, el presidente de la Comisión Permanente solicitó al secretario de Seguridad Pública el resguardo de las instalaciones del recinto legislativo para proteger también la seguridad de los diputados debido a los acontecimientos sucedidos por manifestantes que se oponían a la aprobación de la ley. Posteriormente, el treinta de diciembre la legislatura tuvo que suspender la sesión extraordinaria.
7. La integración de la mesa directiva sí estuvo apegada a la norma.
8. Se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, ya que se tiene conocimiento de que en las sesiones en las que se deliberó y aprobó la norma impugnada, intervinieron representantes de todas las corrientes partidistas o sino intervinieron, existe constancia documental de que la totalidad de dichos legisladores fueron convocados a las sesiones que se programaron para tal proyecto.
9. El cambio de recinto no afecta la validez de la norma impugnada, no repercute ni menos incide en la naturaleza del contenido de la norma.
SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de primero de abril de dos mil trece,(16) se cerró la instrucción de este asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) toda vez que dicha acción fue promovida por diversos integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y, en ella se planteó la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Pensiones Civiles, contenida en el Decreto Número 154, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el primero de enero de dos mil trece.
SEGUNDO. Oportunidad. En primer término se analiza la oportunidad de la presentación del escrito inicial de la presente acción de inconstitucionalidad 2/2013.
En ese tenor, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(18) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales, y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada.
En el caso, el escrito por el que se promovió la acción de inconstitucionalidad, se advierte que los accionantes señalan como norma general impugnada el Decreto Número 154 relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el primero de enero de dos mil trece.
Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción, inició el miércoles dos de enero y venció el jueves treinta y uno de enero de dos mil trece.
Ver calendario
De esta manera, la acción de inconstitucionalidad 2/2013, se presentó directamente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día veinticuatro de enero de dos mil trece, por lo que su presentación resulta oportuna.
TERCERO. Legitimación. Acto continuo, se analiza la legitimación de los legisladores accionantes.
El artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(19) establece que para que prospere la acción de inconstitucionalidad deben satisfacerse los siguientes requisitos: 1) Los promoventes deberán ser integrantes del órgano legislativo estatal; 2) Dichos accionantes representen cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes del órgano legislativo estatal al que pertenecen; y, 3) La acción sea planteada respecto de leyes expedidas por el propio órgano legislativo estatal; aspectos que en el caso concreto, se colman, como se advierte de lo siguiente:
En la especie, doce diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de Tlaxcala suscriben el escrito inicial, en el que se promueve la presente acción de inconstitucionalidad;(20) carácter que acreditan con el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la entidad, del quince de enero de dos mil once.(21)
En esta publicación se señala la integración de dicha legislatura para el periodo comprendido entre el catorce de enero de dos mil once y treinta de diciembre de dos mil trece, en la que aparecen como integrantes los firmantes del escrito inicial, de manera que sí se actualiza este primer presupuesto.
Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 32, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso Estatal se integra con treinta y dos diputados: diecinueve, según el principio de mayoría relativa y trece, según el principio de representación proporcional.(22)
En el caso concreto, del Periódico Oficial y de las constancias respectivas (fojas 45, 46 y 50 del expediente principal), se advierte que la Legislatura Local quedó integrada con treinta y dos diputados, de manera que si doce de ellos promovieron y firmaron la presente acción de inconstitucionalidad, ello equivale a contar con un treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) de la totalidad de sus integrantes; porcentaje que es superior al mínimo requerido (treinta y tres por ciento, 33%) para promover la presente acción de inconstitucionalidad. En ese orden, se aprecia que efectivamente se actualizan los dos supuestos restantes, dado que se plantea por un porcentaje superior al requerido constitucionalmente y derivado del hecho de que el escrito de acción, lo presenta la minoría parlamentaria calificada en contra de la aprobación del Decreto Número 154 relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, el cual fue expedido por el Congreso de dicho Estado.
CUARTO. Causas de improcedencia. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada,(23) no adujeron causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento.
No obstante ello, el día viernes veinticinco de octubre del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el Decreto Número 196, que contiene la nueva Ley de Pensiones Civiles de la entidad, en cuyos artículos primero y segundo transitorios, se prevé:
"Transitorios
"Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, excepto las disposiciones del libro B que entrarán en vigor a partir del día 1 de enero de 2014."
"Artículo segundo. A partir de la entrada en vigor de esta ley, se abroga el Decreto Número 154, que contiene la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo XCII, segunda época, número extraordinario, el día 1 de enero de 2013."
En mérito de lo anterior, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; dicho precepto señala:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
De la lectura del artículo reproducido se desprende que este tipo de asuntos son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general impugnada, lo cual implica que ésta deje de surtir sus efectos jurídicos. Por tanto, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, dicha causa de improcedencia se actualiza cuando deje de producir efectos la norma general impugnada, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en dicho medio de control constitucional y la resolución que llegue a dictarse no puede tener efectos retroactivos, conforme lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 8/2004, cuyos rubro, texto y datos de identificación, señalan:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 10
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24790-2a2fe9af/accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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