I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. EL CONGRESO LOCAL CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO, YA QUE REALIZÓ DOS MESAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE PRESENTÓ LA INICIATIVA IMPUGNADA Y SE RECABARON LAS OPINIONES DE DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE AUTORIDADES DE LA ENTIDAD (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. EL PLANTEAMIENTO DE QUE DEBE ADICIONARSE UNA CONSULTA PREVIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS SIMILAR A LA QUE SE REALIZA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, RESULTA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE REPRESENTATIVIDAD DEMOCRÁTICA, YA QUE CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO CON REGISTRO TENDRÍA LA CAPACIDAD DE AFECTAR O IMPEDIR EL PROCESO DE CREACIÓN DE NORMAS, SIN IMPORTAR EL RESPALDO CIUDADANO CON EL QUE CUENTE (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO). VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE SER PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA, INFORMADA Y DE BUENA FE, ESTABLECIENDO METODOLOGÍAS, PROTOCOLOS O PLANES BASADOS EN ELLOS (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO). IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS LOCALES, QUE REGULAN LA CONCURRENCIA OBLIGATORIA DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CON LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA DURACIÓN EN EL CARGO DE LA PERSONA QUE RESULTE ELECTA PARA OCUPAR DICHA GUBERNATURA EN LOS COMICIOS ELECTORALES DE DOS MIL VEINTISIETE, NO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR DIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS O AFROMEXICANOS, POR LO QUE NO DEBIERON CONTAR CON UNA CONSULTA PREVIA EN LA MATERIA (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (LEY NÚMERO 93 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. AUSENCIA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 77/2023 Y SUS ACUMULADAS 82/2023, 87/2023 Y 95/2023. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 16 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: BRUNO ALEJANDRO ACEVEDO NUEVO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 77/2023, promovida por Partido Revolucionario Institucional; y sus acumuladas 82/2023 promovida por el Partido Acción Nacional; 87/2023 promovida por Movimiento Ciudadano, y 95/2023 promovida por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Decreto número 93 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial de la entidad el dos de marzo de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de los escritos iniciales de demandas. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal de la siguiente manera:
Ver presentación de las acciones de inconstitucionalidad
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora.
3. Conceptos de invalidez. Los promoventes formularon diversos conceptos de invalidez que, de manera ilustrativa, se agrupan en orden temático.
Tema 1. Vicios en el procedimiento legislativo
3.1. Parlamento abierto. El PRI, PAN y PRD argumentaron que el Congreso local no actuó como parlamento abierto en virtud de que no generó espacios de participación con la ciudadanía. De igual modo, sostuvieron que el Congreso del Estado de Sonora está obligado a realizar todas sus actividades legislativas por medio de un parlamento abierto. Por tanto, los accionantes argumentaron que se vulneró el artículo 29(2) de la Constitución local.
3.2. Falta de consulta indígena. El PAN argumentó que el Congreso local debió consultar a los pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido, sostuvo que los pueblos indígenas son agentes que se encuentran íntimamente estrechos con el proceso de elección de Gobernador en tanto que también participan en su proceso electoral y, por lo tanto, debería de habérseles consultado.
3.3. Dispensa de segunda lectura. El PRI y el PRD señalaron que se dispensó el trámite de segunda lectura del Dictamen impugnado, de manera que se discutió y votó en la misma sesión ordinaria.
3.4. Falta de evaluación de impacto presupuestario. El PAN y MC sostuvieron que el Congreso local omitió incluir la evaluación de impacto presupuestario en el dictamen que dio origen al Decreto impugnado. Al respecto, argumentaron que el Congreso local estaba obligado a incluir los costos de implementación de los decretos aprobados de conformidad con la fracción XXII(3) del artículo 64 de la Constitución local.
3.5. Además, el PAN argumentó que la medida legislativa no estaba contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo local no tenía facultades para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución local, ni el Congreso local para tramitar la iniciativa. Por ello, el partido accionante argumenta que existe una violación al principio de legalidad y al proceso legislativo.
3.6. Falta de consulta a los partidos políticos. El PAN argumentó que la consulta a partidos políticos debe considerarse un requisito procedimental siempre que se modifique la Constitución local en materia de elección del titular del Poder Ejecutivo local. Por tanto, el accionante argumentó que, al no consultarse a los partidos se vulneró el proceso legislativo.
Tema 2. Violación al artículo 116, base IV, inciso n), de la Constitución Federal
3.7. Concurrencia con elecciones federales. El PRI, PRD y MC argumentaron que el Estado de Sonora ya cumplía con el requisito previsto en el artículo 116 base IV, inciso n), de la Constitución Federal que establece que las leyes electorales en las entidades federativas deberán garantizar que al menos una elección local concurra con alguna elección federal, pues las elecciones para el cargo de Gobernador ya concurrían con las elecciones de Cámara de Diputados. Del mismo modo, también señalaron que los cargos municipales y del Congreso local ya concurrían con las elecciones federales presidenciales y del Congreso de la Unión. Por lo tanto, no estaban obligados a adecuar su calendario electoral y, en ese sentido, se viola la citada disposición constitucional.
3.8. Cumplimiento extemporáneo del artículo tercero transitorio de la Ley General de Partidos Políticos. El PRI, PRD y MC argumentaron que el Congreso local tenía hasta el treinta de junio del año dos mil catorce para ajustar su marco jurídico-electoral. Luego, si la reforma impugnada se publicó el dos de marzo de dos mil veintitrés con el objetivo de dar cumplimiento al artículo tercero transitorio en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso n), entonces la reforma impugnada es extemporánea y, por tanto, inconstitucional.
3.9. Motivación y fundamentación. En la misma línea, el PRI y el PRD señalaron que el Congreso local erró en la motivación de la reforma impugnada. Señalan que el Congreso local justificó la reforma impugnada sobre la base de que un mayor número de sonorenses participarían en la elección de Gobernador si ésta se empataba en la elección presidencial, pues históricamente más personas participan en la elección presidencial. Los partidos accionantes argumentan que no existe una conexión necesaria entre la participación ciudadana en las elecciones locales y la elección federal. Por ello, estiman que la justificación del Congreso local es falaz y, por tanto, la reforma es inconstitucional en tanto que vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal.
Tema 3. Violación a diversos derechos político-electorales
3.10. Violación al derecho de voto activo de la ciudadanía. El partido MC argumentó que la disminución del periodo del cargo a gobernador por una sola ocasión desincentiva la participación ciudadana para el proceso electoral de 2027, por lo tanto, vulnera indirectamente el derecho a votar.
3.11. Violación al derecho a ser votado. De manera similar, MC argumentó que la reducción del plazo a tres años para ocupar el cargo de la gubernatura desincentiva la participación de la ciudadanía para postularse a ese cargo. Asimismo, advierte que es posible que una mujer aspire a ocupar la gubernatura de la entidad, por lo que la medida afecta de manera negativa la participación efectiva de las mujeres.
3.12. En la misma línea, el PAN argumentó que la reducción del plazo para una sola elección resulta discriminatoria para la persona que sea electa para ocupar el cargo. Por lo tanto, estima que es necesario someter la norma impugnada a un test de proporcionalidad.
3.13. Violación a los principios que rigen la materia electoral. Los partidos accionantes argumentaron, de manera genérica, que el artículo segundo transitorio del Decreto impugnado viola los principios de certeza, legalidad, equidad e imparcialidad previstos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal. De la misma manera, sostienen que la reforma viola la regla de periodicidad de las elecciones.
Tema 4. Violación al artículo 134 de la Constitución Federal
3.14. Violación a la ejecución racional y eficiente del gasto. El PRI, MC y PRD argumentaron que la reducción de la duración del cargo de la gubernatura provoca la celebración anticipada de elecciones lo que, a su vez, genera un dispendio de recursos públicos. Asimismo, argumentan que la homologación de las elecciones federales con las locales tuvo como objetivo disminuir costos, mientras que la celebración de dos elecciones en ese mismo tiempo tendrá el efecto contrario. Por esa razón, se incumple la obligación de ejecutar el gasto público de manera racional y eficiente.
3.15. Violación al principio del gasto público eficaz. El PRI, MC y PRD también argumentaron que un periodo de gubernatura que solamente dure tres años hace imposible el cumplimiento de la responsabilidad de gobernar con eficacia. Asimismo, señalan que el periodo de seis años existente es un plazo mínimo necesario para implementar políticas públicas y de gobierno, por lo que un plazo menor tendrá un impacto negativo en la gobernabilidad de la entidad federativa.
4. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Mediante escritos presentados los días veintiuno y veintiocho de abril y, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora sostuvo la validez de las normas impugnadas. En síntesis, argumentó lo siguiente en el orden temático expuesto.
Tema 1. Vicios en el procedimiento legislativo
4.1. Parlamento abierto. La autoridad demandada argumentó que las reformas impugnadas no requerían de la actuación del Congreso local como un parlamento abierto, e incluso sostiene que falta de un parlamento abierto no es una violación al procedimiento legislativo.
4.2. Falta de consulta indígena. La autoridad demandada argumentó que las normas impugnadas no afectan directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido, argumentó que dichos pueblos únicamente tienen un interés simple respecto de las elecciones para el cargo de Gobernador. Además, sostiene que no cualquier medida legislativa que esté vinculada con los pueblos y comunidades indígenas exige la consulta previa, sino sólo aquellas que sean susceptibles de afectarles en sus intereses y/o derechos.(4)
4.3. Dispensa de segunda lectura. La autoridad demandada argumentó que la dispensa de trámite para la segunda lectura del dictamen se solicitó siguiendo lo establecido en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Al respecto, la autoridad señala que la dispensa fue aprobada por las dos terceras partes de los diputados presente y, por tanto, no se vulneró el proceso legislativo.
4.4. Falta de evaluación de impacto presupuestario. La autoridad demandada argumentó que la falta de una evaluación de impacto presupuestario no es un vicio al procedimiento legislativo con el potencial invalidante. Además, la autoridad sostiene que las normas impugnadas contienen un mandato genérico respecto de la concurrencia de las elecciones locales con las federales y, que sin la legislación secundaria que implemente dicha obligación la reforma impugnada carece de un impacto presupuestario.
4.5. Además, la autoridad demandada argumentó que el Plan Estatal de Desarrollo no es un parámetro para declarar la inconstitucionalidad. Al respecto, argumenta que el Plan Estatal de Desarrollo sujeta a los programas de la Administración Pública Estatal y no al Poder Legislativo ni al poder reformador de la Constitución local.
4.6. Falta de consulta a los partidos políticos. La autoridad demandada argumentó que no existe una obligación de consulta a los partidos políticos de las normas impugnadas. A pesar de lo anterior, la autoridad señaló que los partidos políticos formaron parte de la discusión y aprobación de las reformas impugnadas por medio de sus representantes en el Congreso local.
Tema 2. Violación al artículo 116, base IV, inciso n), de la Constitución Federal
4.7. Concurrencia con elecciones federales. La autoridad demandada argumentó que el inciso n) del artículo 116 constitucional establece que los Estados podrán tener "al menos" una elección local concurrente con alguna de las elecciones federales. En ese sentido, la autoridad sostiene que la disposición no contempla una prohibición a la libertad configurativa, ni limita a las entidades federativa para tener más de una elección concurrente con las elecciones federales.
4.8. Cumplimiento extemporáneo del artículo tercero transitorio de la Ley General de Partidos Políticos. La autoridad demandada argumentó que la Constitución Federal no establece un plazo máximo para realizar cambios al proceso electoral; únicamente, la Constitución Federal establece en el artículo 105 un plazo mínimo de antelación de noventa días previos para reformar las normas aplicables a los procesos electorales.
4.9. Motivación y fundamentación. La autoridad demandada argumentó que este Alto Tribunal carece de competencia para evaluar las razones que fundamentan el Decreto impugnado.(5) Además, argumentó que el Congreso local es competente en tanto que el artículo 116 de la Constitución Federal otorga a las entidades federativas la facultad para "determinar el tiempo de duración en los ejercicios de los cargos públicos, con las únicas limitaciones que expresamente prevé la Constitución Federal de seis años de duración en el cargo de Gobernador del Estado".
Tema 3. Violación a diversos derechos político-electorales
4.10. Violación al derecho a ser votado. La autoridad demandada argumentó que la Constitución Federal no establece un derecho a Gobernar por seis años. En ese sentido, sostiene que el artículo 116 constitucional establece un máximo de seis años para ocupar el cargo de Gobernador y, por el contrario, no establece un plazo mínimo para ocupar dicho cargo. Por tanto, argumenta que la reducción excepcional del plazo para gobernar durante tres años no vulnera la Constitución Federal.
Tema 4. Violación al artículo 134 de la Constitución Federal
4.11. Violación a la ejecución racional del gasto. La autoridad demandada argumentó que el supuesto incremento en el gasto de celebrar dos elecciones en un periodo más corto no es un parámetro para declarar la inconstitucionalidad.(6) En ese sentido, la autoridad sostiene que este Alto Tribunal no es competente para examinar si la duración del cargo decidida por el legislador es la más conveniente en relación con la optimización de los recursos económicos.
4.12. Violación al principio del gasto público eficaz. La autoridad demandada argumentó que iguales consideraciones a las sostenidas por los partidos accionantes se desestimaron en las acciones de inconstitucionalidad 3/2002, 80/2009 y sus acumuladas 81/2009 y 82/2009, 13/2015 y 112/2019 y sus acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 y 120/2019.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Mediante escritos presentados el veinticuatro y treinta de abril, y veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, Alejandra López Noriega en su carácter de presidenta del Congreso del Estado de Sonora sostuvo la validez del proceso legislativo, así como de las normas impugnadas. El Congreso local en su informe argumentó razones similares a las sostenidas por el Ejecutivo local en sus informes.
6. Adicionalmente, el Congreso local argumentó la causal de improcedencia de todas las demandas establecida en la fracción II(7) del artículo 19, en relación con el diverso 65(8) de la Ley Reglamentaria en la materia.
7. Opinión de la Sala Superior. Mediante escritos presentados los días veinticuatro y treinta y uno de abril y, veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por formulada la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los números SUP-OP-5/2023, SUP-OP-6/2023 y SUP-OP-8/2023.
8. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión.
9. Informe del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Por escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana informó que el siguiente proceso electoral local dará inicio en el mes de septiembre de dos mil veintitrés.(9) Respecto de la fecha exacta informa que será definida por el Consejo General del Instituto durante la primera sesión que habrá de celebrarse la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección.
10. Alegatos En la presente acción de inconstitucionalidad únicamente los delegados del PAN formularon los alegatos que estimaron pertinentes.
11. Cierre de la instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, en acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f),(10) de la Constitución General y 10, fracción I,(11) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se planteó la posible contradicción entre diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Sonora y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
13. De conformidad con los artículos 41, fracción I, y 71 de la Ley Reglamentaria de la materia,(12) por un lado, se deberá precisar las normas generales objeto del presente medio de control; por otro, este Alto Tribunal debe corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos impugnados en la demanda.
14. Este Tribunal Pleno concluye, derivado de un análisis integral de los escritos de demandas presentados por los partidos políticos promoventes, que las normas efectivamente impugnadas son las que a continuación se relacionan.
Ver normas impugnadas
15. En suma, se impugna la totalidad del Decreto 93 por vicios al procedimiento legislativo.
16. Por lo que hace a la materia de las normas, de la lectura integral de la demanda se advierte que los accionantes encaminan todos sus argumentos a impugnar la porción normativa del artículo 22, párrafo segundo que dispone: "La elección de Gobernador será concurrente con la elección de Presidente de la República"; la porción normativa del artículo 69 que dispone "y se realizará de manera concurrente con la elección de Presidente de la República"; y la totalidad del artículo segundo transitorio del Decreto impugnado que dispone: "Para efectos de llevar a cabo las elecciones locales y federales de manera concurrente, por única ocasión, quien resulte ser Gobernador electo del Estado de Sonora en los comicios electorales que para esos efectos se celebren el año 2027 (sic), será electo por un periodo de tres años, para que ejerza sus funciones a partir del día 13 de septiembre del año 2027 y hasta el día 12 de septiembre del año 2030".
III. OPORTUNIDAD
17. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia(13) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, considerando para el cómputo cuando se trate de materia electoral, todos los días como hábiles.
18. En este caso, el Decreto 93 que contiene las normas impugnadas de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sonora fue publicado en el Boletín Oficial de la citada entidad el dos de marzo de dos mil veintitrés, por lo que el plazo transcurrió del tres de marzo al primero de abril de dos mil veintitrés.
19. Si las demandas fueron presentadas el catorce (PRI), veintisiete (PAN) y veintinueve (MC) de marzo de dos mil veintitrés se concluye que se presentaron oportunamente.
20. Por otra parte, el PRD envió su demanda por Correos de México el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés y dicha demanda se recibió en la Oficina de Certificación y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha de catorce de abril de dos mil veintitrés. En estos casos, se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos de conformidad con el artículo 8o. de la Ley Reglamentaria en la materia.(14) 21. Adicionalmente, resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial de este Alto Tribunal 35/2003 de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, PROMOCIONES POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO. FECHA EN QUE DEBERÁN TENERSE POR PRESENTADAS CUANDO LA SEDE DE UN MUNICIPIO ESTÁ CONURBADA CON LA POBLACIÓN DE OTRO."(15)
22. Consecuentemente, si la demanda de la acción de inconstitucionalidad 95/2023 se depositó en la Oficina de Correos de México el día treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, resulta claro que se promovió de manera oportuna.(16)
IV. LEGITIMACIÓN
23. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su Ley Reglamentaria,(17) disponen que los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad para lo cual deben satisfacer lo siguiente:
a) El partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.
b) Que promueva por conducta de su dirigencia (nacional o local según sea el caso).
c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.
d) Las normas deben ser de naturaleza electoral.
24. Ahora procederemos al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los promoventes de las acciones acreditan su legitimación.
25. Partido Revolucionario Institucional. El Partido Revolucionario Institución es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral.(18) La acción de inconstitucionalidad 77/2023 fue promovida por Rafael Alejandro Morena Cárdenas en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, personalidad que quedó acreditada con las copias certificadas remitidas por el Instituto Nacional Electoral con oficio número INE/DJ/5461/2023.(19)
26. De conformidad con la fracción XVI(20) del artículo 89 de los Estatutos del PRI, se desprende que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional está legitimado para representar a dicho partido ante toda clase de tribunales.
27. Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral.(21) La acción de inconstitucionalidad 82/2023 fue promovida por Marko Antonio Cortés Mendoza en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, personalidad que quedó acreditada con las copias certificadas remitidas por el Instituto Nacional Electoral, con oficio número INE/DJ/5745/2023.(22)
28. Conforme al inciso a)(23) del artículo 53 y, el inciso a)(24) del diverso 57 de los Estatutos Generales del referido partido se desprende que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional está legitimado para representar a dicho partido ante toda clase de tribunales.
29. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral.(25) La acción de inconstitucionalidad 87/2023 fue promovida por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Benjamín Alamillo González, Ana Lucía Baduy Valles, Rubén Isaac Barrios Ochoa, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Martha Patricia Herrera González, Tabita Ortíz Hernández, Lucía Alejandra Puente García y Juan Zavala Gutiérrez, en su calidad de integrantes de la Comisión Operativa Nacional, personalidad que quedó acreditada con las copias certificadas remitidas por el Instituto Nacional Electoral con oficio número INE/DJ/5745/2023.(26)
30. Conforme al inciso a),(27) párrafo 2 del artículo 20 de los Estatutos de dicho partido, la Comisión Operativa es el órgano que ostenta la representación política y legal de la dirección nacional de dicho instituto político.
31. Partido de la Revolución Democrática. La acción de inconstitucionalidad 95/2023 fue promovida por el Partido Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática del Estado de Sonora es un partido político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral y acreditado ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.(28) La acción de inconstitucionalidad 95/2023 fue promovida por Joel Francisco Ramírez Bobadilla en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Sonora, personalidad que se acreditada en virtud de la constancia emitida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con oficio número IEEyPC/PRESI-0795/2023.(29)
32. Conforme a la fracción IV(30) del apartado B del artículo 48 del Estatuto de dicho partido, el Presidente Estatal tiene la atribución de representar al Partido Nacional cuando así lo determine la Dirección Nacional Ejecutiva. En ese sentido, Joel Francisco Ramírez Bobadilla acredita su personalidad como apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración en las hojas cincuenta y dos a cincuenta y siete de la demanda.
33. Ahora bien, este Alto Tribunal considera que se tiene por acreditado el requisito material de impugnación de todas las demandas presentadas por los partidos políticos en tanto que las normas que se cuestionan son materia electoral.
34. Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido(31) que para determinar si una norma es electoral no es necesario atender a un criterio nominal ni a su pertenencia a un código electoral, sino que dicha categorización dependerá en parte de su contenido material. Es decir, la calificación de que una norma sea electoral para efectos de que los partidos políticos se encuentren legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad depende de las cuestiones o supuesto que la propia norma regula.
35. Para ese efecto, se ha considerado como parte de la materia electoral no sólo a las normas que establecen directa o indirectamente el régimen de los procesos electorales, sino también a las que "deban influir en ellos de una manera o de otra"(32) o regulen aspectos vinculados con derechos políticos-electorales.(33)
36. En el caso las reformas impugnadas a la Constitución local tienen por objeto establecer la concurrencia de las elecciones del Gobernador con las del Ejecutivo Federal, por lo que están estrechamente vinculadas con la materia electoral en tanto que establecen un aspecto fundamental de la organización de las elecciones, como lo es la fecha de su celebración.
37. En suma, las demandas presentadas fueron hechas por partes legitimadas, toda vez que se trata de diversos partidos con registro acreditado ante autoridades electorales correspondientes y fueron suscritas por quienes cuentan con la facultad para presentarlos. Por último, se tiene por acreditado el requisito material relativo a que las normas señaladas son materia electoral.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
38. La procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia y sobreseimiento planteadas por el Poder Legislativo local.
39. Al respecto, el Congreso local solicitó el sobreseimiento de todas las demandas de acción de inconstitucionalidad en tanto que se actualiza las causas de improcedencia previstas en los artículos 19 en su fracción II(34) en relación con el 65(35) de la Ley Reglamentaria en la materia.
40. En otras palabras, la autoridad demandada argumentó que resultan aplicables las causales de improcedencia de la controversia constitucional a las acciones de inconstitucionalidad. En ese sentido, sostiene que resulta aplicable la causal de improcedencia establecida en la fracción II del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, según la cual la controversia constitucional es improcedente cuando se impugnan normas generales o actos en materia electoral y solicita que se sobresean las acciones interpuestas por los partidos aplicando ese precepto.
41. Este Alto Tribunal considera infundado el argumento en tanto que la causal de improcedencia específica que invoca el Congreso local no resulta aplicable a las acciones de inconstitucionalidad.
42. Al respecto, la Constitución Federal legitima a los partidos políticos para impugnar mediante acciones de inconstitucionalidad leyes en materia electoral que se contrapongan con la Constitución Federal. En ese sentido, el inciso f)(36) de la fracción II del artículo 105 constitucional establece que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral podrán impugnar leyes electorales federales o locales; mientras que los partidos políticos con registro en una entidad federativa podrán reclamar exclusivamente leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad.
43. Por otro lado, si bien el artículo 19 de la Ley Reglamentaria es, en lo general, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, lo cierto, es que en la propia Ley Reglamentaria prevé de manera expresa que la causal de improcedencia señalada por el Congreso local no será aplicable a las acciones de inconstitucionalidad.
44. Así, el artículo 65(37) prevé que en las acciones de inconstitucionalidad se podrán aplicar las causales de improcedencia establecidas en el diverso 19, con excepción de su fracción II. Por lo tanto, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por el Congreso local dado que no resulta aplicable a las acciones de inconstitucionalidad por disposición expresa de la Ley Reglamentaria.
45. Idénticas consideraciones se aprobaron por unanimidad de diez votos(38) en la acción de inconstitucionalidad 132/2020 resuelta el veintiuno de septiembre de dos mil veinte.
VI. ESTUDIO DE FONDO
46. El estudio de los conceptos de invalidez planteados por los partidos accionantes se llevará a cabo por temas, en el orden en el que se sintetizaron en el apartado correspondiente.
VI.1. Tema 1. Vicios al proceso legislativo
47. De manera previa al estudio de los argumentos sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, este Alto Tribunal debe estudiar de manera preferente los conceptos de invalidez relacionados con las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32384-641f1cfa/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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