I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN (ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA (ARTÍCULOS 2, FRACCIONES VI, XI Y XIII, 3, FRACCIÓN III, 4 Y 7 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). III. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LEGISLAR EN LA MATERIA RESPECTO DE LOS DELITOS DE SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS (ARTÍCULOS 2, FRACCIONES VI, XI Y XIII, 3, FRACCIÓN III, 4 Y 7 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE ABRIL DE 2016. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de abril de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridades demandadas y norma impugnada. Por oficio presentado el diecinueve de enero de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, planteando la invalidez de los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio de esa entidad federativa, expedida mediante Decreto 238, publicado en el Periódico Oficial Local el diecinueve de diciembre de dos mil catorce.
SEGUNDO.-Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 1o., 14, 16, 22, 27 y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por las siguientes razones:
Los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo, regulan la figura de extinción de dominio, respecto de los delitos de secuestro y trata de personas, a pesar de que dichos delitos deben ser regulados exclusivamente por el Congreso de la Unión.
Dichos preceptos vulneran los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso, de propiedad, los principios pro persona y de legalidad, así como las reglas que rigen el procedimiento de extinción de dominio, previstos en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma Parte.
En efecto, los preceptos impugnados no fueron emitidos por autoridad competente, pues conforme al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General, el Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes generales respecto a las materias de secuestro y trata de personas que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones, así como contemplen la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios. Es decir, por mandato constitucional, los tipos penales y las sanciones que les corresponden deben encontrarse previstos en las propias leyes generales, por lo que se excluye a las entidades federativas de su regulación y se sujeta su actuación a la distribución de competencias y formas de cooperación que se definan en las leyes generales.
En cumplimiento a lo anterior, el Congreso de la Unión emitió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las cuales se establecieron reglas comunes, técnicas de investigación y procedimientos aplicables para dichos delitos.
El artículo 9o. de la Ley General en Materia de Trata de Personas establece que en todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esa ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, lo cual impide al legislador local regular dicha materia.
Al respecto, señala que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013, determinó que las entidades federativas carecen de competencia para regular tal delito, incluyendo lo concerniente a la extinción de dominio, ya que es una materia exclusiva de la Federación.
En este sentido, el Congreso de Quintana Roo vulnera los principios de seguridad jurídica y de legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, al emitir disposiciones respecto de las cuales no es la autoridad competente.
Asimismo, los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen el principio de seguridad jurídica, entendido como el conjunto de modalidades y requisitos a los que deberán sujetarse los actos de autoridad, para que jurídicamente sea válido afectar la esfera jurídica de un particular, previa fundamentación y motivación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en los casos "Ivcher Bornstein Vs. Perú" y "Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador", que se causa un daño a los bienes de los particulares por el hecho de que la afectación no esté apegada al marco constitucional o convencional.
Por otro lado, en la resolución del presente asunto, debe privilegiarse lo dispuesto en el Texto Constitucional, conforme al artículo 1o. constitucional, y estarse a la interpretación más favorable de acuerdo con el principio pro persona, que en el caso de una restricción de derechos, se considera como tal la interpretación más restringida.
Por lo que respecta a la inconstitucionalidad de las normas impugnadas respecto al delito de secuestro, el artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin especificar a cuál legislación se refiere, lo que propicia incertidumbre jurídica sobre si los Congresos Locales tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio, respecto al delito de secuestro o si es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
No obstante, considera que en el caso de la materia de secuestro también es aplicable la Ley Federal de Extinción de Dominio para el procedimiento de extinción de dominio, dado que los delitos de trata de personas y secuestro se regulan de manera idéntica en los artículos 22 y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General, por lo que donde existe la misma razón legal debe existir igual disposición de derecho. En este sentido, los Estados no tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio respecto al delito de secuestro. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013.
Por último, señala que las normas impugnadas transgreden el principio pro persona, que ordena a toda autoridad privilegiar la norma que en mayor medida proteja los derechos fundamentales de las personas, que, en el caso, es la Constitución General por encima de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo, pues la Legislatura Local regula en esta última la figura de extinción de dominio, respecto a los delitos de trata de personas y secuestro, sin que constitucionalmente se le faculte para ello.
TERCERO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 4/2015 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.
Por diverso acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó y admitió la acción respecto de la norma general impugnada, ordenó dar vista a las autoridades demandadas, para que rindieran sus respectivos informes, solicitó al Congreso del Estado de Quintana Roo el envío de copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.
CUARTO.-Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local rindió el informe a cargo del Poder Legislativo, en el que manifestó lo siguiente:
- Se actualizan las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19, fracciones VII y VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Constitución General y los artículos 1o., 60 y 61, fracción II, de la ley reglamentaria citada, ya que el promovente no cumple con el requisito de procedencia de la acción de inconstitucionalidad, consistente en manifestar una contradicción entre la norma impugnada y preceptos de la Constitución General o previstos en tratado internacionales. Por el contrario, únicamente plantea que los preceptos impugnados violentan el artículo 9o. de la Ley General en Materia de Trata de Personas, es decir, una contradicción entre normas de carácter secundario. Además, señala que el promovente pretende establecer una jerarquía normativa entre la Ley de Extinción de Dominio del Estado y la Ley General en Materia de Trata de Personas, lo que, en el caso, no debe acontecer, pues el mandato para expedir ambas está previsto en la Constitución General, máxime que la ley general es reglamentaria del artículo 73 constitucional, mientras la ley local lo es del artículo 22 de la Constitución General. En este sentido, debe declararse improcedente la acción de inconstitucionalidad con fundamento en los artículos 1o. y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria en la materia, en relación con el artículo 105, fracción II, de la Constitución General.
- Asimismo, es improcedente el estudio de los preceptos impugnados, por regular la materia de secuestro, ya que el promovente no señala ningún argumento tendiente a establecer la contradicción de las disposiciones impugnadas de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo con la Constitución General, pues únicamente señala que el artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro genera incertidumbre jurídica, al no precisar si la restitución de derechos y la reparación a cargo de los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio se harán conforme a la legislación federal o local en materia de extinción de dominio. Más bien, el promovente combate el artículo 35 de la ley general y no los preceptos de la Ley de Extinción de Dominio de Quintana Roo, por lo que, al no plantearse argumentos en cuanto a su inconstitucionalidad, su estudio resulta improcedente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1o. y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria en la materia, en relación con el artículo 105, fracción II, primer párrafo, de la Constitución General.
Además, al ser la norma impugnada el artículo 35 de la ley general mencionada, la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente, dado que el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo no es la autoridad que emitió la norma, sino el Congreso de la Unión, por lo que se actualiza el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 61 de la ley reglamentaria en la materia.
En todo caso, la impugnación del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro resulta extemporánea, ya que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diez y se reformó por última vez en junio de dos mil catorce, sin que haya sido modificado el artículo 35, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con los artículos 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución General y 60 de la ley reglamentaria en la materia.
- Son válidos los artículos 2, fracciones VI, XI y XIII, 3, fracción III, 4 y 7 de Ley de Extinción de Dominio de Quintana Roo, ya que el artículo 22, segundo párrafo, de la Constitución General prevé el procedimiento de extinción de dominio como una herramienta que coadyuve a desmembrar a las organizaciones delictivas, limitar sus efectos nocivos, impedir que se reproduzcan y, principalmente, decomisar sus activos, a través de un procedimiento jurisdiccional autónomo al de la materia penal que proceda en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto del delito, o que se hayan utilizado o destinado para ocultar o mezclar bienes producto del delito, entre otros supuestos.
De acuerdo con dicho precepto constitucional, tanto la Federación, como las entidades federativas, tienen facultades para legislar al respecto, pues si bien no define qué autoridad es la facultada para instaurar el procedimiento de extinción de dominio; de su interpretación teleológica y gramatical es claro que al tener como fin el combate a la delincuencia se faculta a las autoridades en el ámbito de su competencia a instaurar dicho procedimiento, aunado a que los Estados están facultados para legislar al respecto, conforme al artículo 124 de la Constitución General. Asimismo, no existe indicio de que el Constituyente pretendiera establecer una facultad exclusiva a la Federación para conocer del procedimiento de extinción de dominio respecto de los delitos que sean del conocimiento del fuero común.
- En este sentido, atento a los postulados constitucionales y a las facultades otorgadas a las entidades federativas, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo estableció una herramienta que tiene por objeto enfrentar a la delincuencia de manera sistemática a través de un procedimiento jurisdiccional, autónomo e independiente de la materia penal, que proceda por los delitos expresamente previstos en el artículo 22 de la Constitución General, respetando en todo momento los principios de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y el derecho de audiencia. En este sentido, la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo es acorde con la finalidad del artículo 22, segundo párrafo, constitucional, consistente en atacar y disminuir la fortaleza económica de la delincuencia tratándose de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
- De conformidad con el artículo 22 constitucional, el procedimiento de extinción de dominio es autónomo de la materia penal. La doctrina y la jurisprudencia lo han catalogado como un procedimiento civil. Lo anterior no implica que no exista vinculación alguna con el procedimiento penal, por el contrario, algunos requisitos habrán de hacerse valer en coadyuvancia de dicha materia. En este sentido, el argumento del promovente respecto a que el legislador local no cuenta con facultades para legislar sobre el procedimiento de extinción de dominio, respecto a los delitos en materia de trata de personas, dado que en las reglas de supletoriedad establecidas en el artículo 9o. de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se señala que en lo previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de dicha ley, las autoridades federales y de las entidades federativas aplicarán supletoriamente la Ley Federal de Extinción de Dominio, es equivocado, pues si bien es cierto que en dicho precepto legal se establecieron las reglas de supletoriedad, ello se circunscribe a la investigación, los procedimientos y las sanciones de los delitos materia de esa ley, la cual es de naturaleza penal y no es aplicable en materia de extinción de dominio.
- Del mismo modo, resulta equivocado el argumento consistente en que el artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro genera incertidumbre jurídica, respecto al régimen supletorio en materia de secuestro y que se le deben aplicar las reglas de supletoriedad en materia de trata de personas, al existir una misma razón legal, dado que la naturaleza autónoma del procedimiento de extinción de dominio no permite su aplicación supletoria a las leyes penales, ya sea en materia de secuestro, como de trata de personas.
- Asimismo, el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General no establece facultades exclusivas del Congreso de la Unión para regular el procedimiento de extinción de dominio respecto de los delitos de trata de personas y secuestro, sino que únicamente dispone la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir las leyes generales de dichas materias en las que se establezcan los tipos penales y las sanciones y se distribuyan las competencias, lo cual, se refiere a la materia penal. En este sentido, la materia de extinción de dominio se entiende reservada a los Estados, conforme al artículo 124 de la Constitución General.
- De igual manera, no resulta aplicable el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 21/2013, dado que dicho asunto se circunscribe a la competencia de las entidades federativas para establecer reglas adjetivas en materia penal.
- El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo respetó la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir las leyes generales de las materias de trata de personas y secuestro, en las que se establezcan los tipos penales y las sanciones y se distribuyan las competencias, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General, ya que en la ley impugnada se observa que ésta se circunscribió a remitir a las disposiciones previstas en las leyes generales, lo cual, no representa una invasión al ámbito competencial federal.
- Asimismo, el Congreso Local estableció el procedimiento de extinción de dominio respecto de los delitos respecto de los cuales tiene conocimiento el fuero común. Las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas establecen supuestos en los que las autoridades locales son competentes para investigar, procesar y sancionar por los delitos en la materia. Por tanto, al contar las entidades federativas con facultades para conocer de dichos delitos, es totalmente fundado que, con apego a esa competencia, instauren el procedimiento de extinción de dominio. Además, independientemente de que las leyes generales fueran inciertas, respecto de la facultad de los Congresos Locales para legislar sobre el procedimiento de extinción de dominio, respecto a los delitos en materia de trata de personas o secuestro, éstos son competentes, al tratarse de delitos de conocimiento del fuero común.
- Las entidades federativas tienen competencia en materia de extinción de dominio desde la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho al artículo 22 constitucional, excepto en el caso del delito de delincuencia organizada. Las reformas constitucionales por las que se otorgó competencia exclusiva del Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas no tuvieron repercusión en las facultades del legislador local, respecto del procedimiento de extinción de dominio en lo relativo a los delitos de robo de vehículos, contra la salud en modalidad de narcomenudeo, secuestro y trata de personas. Cabe señalar que veintiún entidades federativas han instaurado en tales términos dicho procedimiento.
- De manera integral, las disposiciones de las leyes generales en materia de trata de personas y secuestro facultan a los Congresos Locales a legislar en materia de extinción de dominio, a efecto de crear los fondos que serán destinados para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos y, en su caso, para reparar el daño. En efecto, de los artículos 44, 45, 52, 81 y décimo transitorio de la Ley General en Materia de Trata de Personas se advierte la creación de un fondo de protección y asistencia para las víctimas de dichos delitos por los Estados, el cual estará integrado por los "recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta ley" y que los recursos que conformen el fondo podrán servir para el pago de la reparación del daño a la víctima "en los términos de las legislaciones federal y locales en materia de extinción de dominio", por lo que dicha ley general faculta a las entidades federativas para legislar en materia de extinción de dominio respecto de los delitos en materia de trata de personas que sean de su competencia y con los bienes cuya propiedad se extinguió se cree el fondo en las entidades federativas. Asimismo, en el artículo décimo transitorio se prescribe un plazo a efecto de que los Congresos Locales realicen las reformas pertinentes y las leyes específicas para adecuar su ordenamiento local a la Ley General en Materia de Trata de Personas.
- En sentido similar, los artículos 35, 38 y décimo segundo transitorio de la Ley General en Materia de Secuestro prevén la creación de un fondo con los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio y se otorga a las entidades federativas la facultad de instaurar el procedimiento de extinción de dominio respecto de los delitos en materia de secuestro en el ordenamiento local. Además, el artículo décimo segundo transitorio prescribe el plazo para que se lleven a cabo las adecuaciones para que los recursos correspondientes se destinen a dicho fondo en materia de secuestro.
- Además de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los diversos amparos en materia de extinción de dominio, sostuvo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene facultades para legislar en materia de extinción de dominio, respecto de los delitos señalados en el artículo 22 de la Constitución General, excepto el de delincuencia organizada, al tratarse de un delito de competencia federal, por lo que se reafirma que las entidades federativas sí tienen facultades para legislar sobre extinción de dominio respecto de los delitos de trata de personas y secuestro.
- Asimismo, los preceptos señalados de la Ley General en Materia de Trata de Personas no se contraponen a las reglas de supletoriedad, previstas en el artículo 9o. del mismo ordenamiento, pues prevén la potestad de las entidades federativas para crear los fondos para la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas "en los términos de las legislaciones locales en materia de extinción de dominio". En este sentido, delegan de forma clara a las entidades federativas la facultad de regular el procedimiento de extinción de dominio para la integración del fondo, por lo que no cabe supletoriedad en dichas disposiciones, pues para ello habría de existir una omisión o vacío legal.
- El artículo 20, apartado A, fracción I y apartado C, fracción IV, de la Constitución General consagra la reparación del daño como objeto mismo del proceso penal, de lo que se desprende la obligación de todas las autoridades de avocarse para su obtención en el ámbito de sus competencias y de la víctima del delito de exigir dicha reparación. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, apartados A y C, de la Constitución General, el Congreso de la Unión estableció en los artículos 44, 52 y 81 de la Ley General en Materia de Trata de Personas y los artículos 35 y 38 de la Ley General en Materia de Secuestro un mecanismo para garantizar que existan los recursos suficientes para el pago de la reparación del daño de las víctimas, a través de la creación de fondos que tienen como finalidad la protección, asistencia y apoyo a las víctimas de los delitos de trata de personas y secuestro. En este sentido, las autoridades estatales están obligadas a garantizar, en el ámbito de su competencia, la reparación del daño, la protección y asistencia de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas y secuestro, mediante fondos u otros medios.
- Las autoridades estatales, al ser las encargadas de investigar, perseguir y sancionar los delitos en materia de trata de personas y secuestro, tienen la obligación de procurar la reparación del daño a las víctimas, ya sea mediante la sentencia de la autoridad jurisdiccional local competente o subsidiariamente con los recursos que para tal efecto se generen. En este sentido, el Congreso del Estado de Quintana Roo, en apego a lo establecido en el artículo 20 constitucional y los preceptos citados de las Leyes Generales en Materia de Trata de Personas y Secuestro, estableció en el artículo 7 de la Ley de Extinción de Dominio Local que los bienes obtenidos por los delitos de trata de personas y secuestro serán destinados al fondo que corresponda para la protección y asistencia a la víctimas de dichos delitos, teniendo como objetivo primordial garantizar su reparación del daño.
- Es desatinado pensar que si bien se delegaron competencias a los Estados para combatir los delitos de trata de personas y secuestro, no se les haya dotado de facultades, a efecto de obtener los recursos para reparar el daño a las víctimas de estos delitos y brindarles la asistencia y protección que se requiere, lo cual llevaría al absurdo de considerar que únicamente la Federación está facultada para reparar el daño de las víctimas de secuestro y trata de personas. Los Estados o la Federación, en el ámbito de sus competencias, tienen la facultad de instaurar el procedimiento de extinción de dominio, a efecto de obtener los recursos para conformar el fondo destinado a reparar el daño, asistir y proteger a las víctimas.
- Asimismo, el incumplir el mandato constitucional implicaría también transgredir los postulados 12 y 13 de la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, que establecen la indemnización por parte del Estado a las víctimas de los delitos a través del establecimiento, reforzamiento y ampliación de fondos destinados a este fin.
- Finalmente, el Congreso del Estado de Quintana Roo emitió la Ley de Extinción de Dominio Local apegándose a las disposiciones constitucionales y legales, a los decretos dictados por el presidente de la República y a los acuerdos emitidos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, órgano desconcentrado creado por el artículo noveno transitorio del decreto de reforma constitucional, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho.
En efecto, mediante decreto de trece de octubre de dos mil ocho, el presidente de la República creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, previsto en el artículo noveno transitorio de la reforma constitucional mencionada, la cual, consiste en una instancia de coordinación nacional para la implementación de la reforma constitucional, con absoluto respeto a la esfera de competencias de los distintos niveles de gobierno. Para cumplir con sus fines, el Consejo de Coordinación cuenta con una secretaría técnica para el diseño de reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, capacitación para Jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados, y otras acciones que se requieran para la implementación de la reforma constitucional.
El Consejo de Coordinación mediante el Acuerdo COCO/XII/004/14, publicado el seis de agosto de dos mil catorce, aprobó la modificación del método de seguimiento a la armonización legislativa en las entidades federativas. En el punto primero, numeral 3, de dicho acuerdo se prevé el catálogo de "Legislación adicional alineada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al Código Nacional de Procedimientos Penales" que deben expedir los Congresos Locales, específicamente, en el 3.4 se prevé la Ley de Extinción de Dominio. En el punto segundo, se establece que la secretaría técnica deberá realizar el seguimiento oportuno y periódico de cada entidad federativa del avance de armonización legislativa con base en las modificaciones del método de seguimiento aprobado, y en el punto tercero que dicha secretaría deberá adecuar la metodología en caso de que se modifique el marco normativo que impacte en el sistema de justicia penal acusatorio.
En este sentido, el Congreso del Estado de Quintana Roo atendió los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dado que la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Quintana Roo fue emitida tomando en cuenta la ley modelo de extinción de dominio de las entidades.
QUINTO.-Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El Poder Ejecutivo Local reconoce haber promulgado y publicado el decreto impugnado y afirma que las normas impugnadas son válidas, pues fueron emitidas conforme al marco jurídico constitucional y legal del Estado de Quintana Roo.
Por otro lado, sostiene que el promovente pretende impugnar la no conformidad de una norma general de carácter local con las Leyes Generales en Materia de Trata de Personas y de Secuestro; y no con una norma constitucional, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26356-1b0dfe78/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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