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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD (ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA. III. SECUESTRO. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN LA MATERIA (ARTÍCULOS 5, PÁRRAFO PRIMERO, Y 6, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS). IV. TRATA DE PERSONAS. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN LA MATERIA (ARTÍCULOS 5, PÁRRAFO PRIMERO, Y 6, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS). V. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA REFERIR A LOS DELITOS DE SECUESTRO O TRATA DE PERSONAS COMO SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE AQUÉLLA (ARTÍCULOS 5, PÁRRAFO PRIMERO, Y 6, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS). VI. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES GENERALES DE SECUESTRO Y DE TRATA DE PERSONAS A LAS LOCALES EN LA MATERIA NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS). VII. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BIENES SOBRE LOS QUE SE HAGA LA DECLARACIÓN RESPECTIVA SE APLIQUEN A FAVOR DEL GOBIERNO LOCAL, NO VIOLA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS). VIII. EXTINCIÓN DE DOMINIO. DESTINO DE LOS BIENES RELACIONADOS CON EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 58 A 60 DE LA LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE ESA ENTIDAD, ATENDIENDO A LO SEÑALADO EN EL DIVERSO 44 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2015. · Registro digital (IUS): 26414
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-07-01
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, Pág. 5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE ABRIL DE 2016. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de abril de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el once de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

A. Órgano legislativo: Congreso del Estado de Zacatecas.

B. Órgano ejecutivo: Gobernador del Estado de Zacatecas.

Artículos impugnados: 3, fracción III; 5, párrafo primero y 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, en las porciones normativas que regulan: secuestro y trata de personas, reformados mediante Decreto No. 331, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el once de abril de dos mil quince.

SEGUNDO.-En el único concepto de invalidez que hizo valer, argumenta, en resumen, lo siguiente:

• Señala que los artículos impugnados establecen una regulación de los delitos de secuestro y trata de personas respecto de la figura de extinción de dominio, siendo que estos delitos se encuentran regulados por el Congreso de la Unión mediante leyes generales; por tanto, se configura una transgresión a los artículos 1o., 14, 16, 22, fracción II y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal.

• Asimismo, alega que se apartan de los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, de propiedad, derechos de protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas, y de los principios pro persona y de legalidad, establecidos en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Además, contravienen las reglas que rigen el procedimiento de extinción de dominio y configuran una invasión de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas.

• La Comisión Nacional advierte que, los preceptos referidos son violatorios de lo establecido en los artículos 16 y 73, fracción XXI, inciso a), constitucionales, en relación con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que por su materia de regulación deben estimarse emitidos por una autoridad incompetente.

• Destaca que el Poder Reformador de la Constitución dispuso en el precepto 73, fracción XXI, inciso a), de la Norma Fundamental, que el Congreso de la Unión queda facultado, en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, para establecer en leyes generales, tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios; por tanto, los demás niveles de gobierno deberán ajustarse a la distribución de competencias y formas de coordinación que al efecto establezcan las respectivas leyes generales.

• En ese tenor, el Congreso de la Unión emitió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Federal, en las que estableció, entre otras cuestiones, los tipos y penas, la distribución de competencias y las formas de coordinación en la materia entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, reglas comunes y técnicas de investigación para dichos delitos, así como los procedimientos aplicables.

• Por cuanto hace al artículo 3, fracción III, impugnado, genera una violación al derecho de seguridad jurídica, al establecer como normas supletorias las leyes generales en materia de trata de personas y en materia de secuestro.

• Lo anterior, pues afirma que el legislador del Estado de Zacatecas excedió su facultad para legislar en materia de trata de personas y secuestro, en concreto, en lo referente a la supletoriedad de las leyes generales, pues en el texto constitucional se aduce expresamente que tal atribución corresponderá en exclusiva al Congreso de la Unión, y que éste expediría leyes generales en tales materias, en su materialización la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que son de aplicación obligatoria y rigen en todo el territorio nacional, por ser su observancia general.

• Es por eso que el artículo 3, fracción III, de la ley impugnada, configura una transgresión al principio de jerarquía de normas, previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal, dado que sujeta la aplicación de leyes generales a lo que no se encuentre previsto en la ley local.

• Por otra parte, señala que el artículo 3, fracción III, al hacer un reenvío de supletoriedad para todo lo no previsto en la ley local a las leyes generales en materia de trata de personas y de secuestro, configura una transgresión al principio de jerarquía de normas, dado que sujeta la vigencia de normas supremas a la supletoriedad de una ley local, mientras que tales instrumentos normativos (leyes generales) tienen la calidad de la Ley Suprema de la Unión, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En diverso argumento, destaca que en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al establecer como supletoria la Ley Federal de Extinción de Dominio para el delito de trata de personas, impide para el legislador local regular dicha materia, en virtud de lo cual, los artículos impugnados fueron emitidos por una autoridad incompetente.

• Refiere que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en lo relativo a los procesos para el delito de trata de personas, los legisladores de las entidades federativas y del Distrito Federal, carecen de competencia para regular tal delito, incluyendo desde luego lo concerniente a la extinción de dominio, ya que tal materia es de exclusiva competencia del órgano Legislativo Federal. Así, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2013, este Tribunal sostuvo que los Estados de la Republica carecen de competencia para legislar en materia procesal para el delito de trata de personas, en lo que ya esté previsto en la ley general, expedida por el Congreso de la Unión en uso de las facultades previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En ese sentido, el artículo 44 de la ley general en materia de trata personas, dispone que los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en esa ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, formaran parte del patrimonio de los Fondos de Protección y Asistencia a las Victimas de los Estados y el Distrito Federal; lo que no acontecería, si la ley local en materia de extinción de dominio se aplica para los delitos de trata de personas, puesto que esta ley local en su artículo 5, dispone que los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, pasarán a formar parte de los bienes del Estado de Zacatecas, generando así una transgresión a los derechos de protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas.

• Los artículos cuestionados de la legislación del Estado de Zacatecas, resultan transgresores de la Constitución Federal por carecer de fundamentación, dado que la Legislatura Local no puede legislar para la procedencia de la figura de extinción de dominio para el delito de trata de personas, ya que la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos prevé que la Ley Federal de Extinción de Dominio sea supletoria de las mismas, por lo que el Legislativo Local se encuentra impedido para legislar en la materia.

• Por tanto, si los artículos 5, párrafo primero, y 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, facultan a la autoridad para iniciar dicho procedimiento por el delito de trata de personas, sin estar facultados para ello, los numerales resultan inválidos, pues se traducen en una violación al derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, y de los derechos de protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas, así como a los principios pro persona y de legalidad.

• Finalmente, aduce que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 35, que la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente; sin embargo, no establece en ninguna parte cuál es esa "legislación correspondiente", lo que propicia la incertidumbre jurídica al no determinar si los Congresos Estatales están facultados para legislar en materia de extinción de dominio para el delito de secuestro o si es el Congreso de la Unión el único facultado para ello.

• No obstante, si la Constitución Federal le da la misma regulación a los delitos de trata y secuestro en sus artículos 22 y 73, fracción XXI, inciso a), en ambos casos, la Ley Federal de Extinción de Dominio debe ser la aplicable para el procedimiento de extinción de dominio y, por ende, los Estados deben abstenerse de legislar en esas materias, por ser una facultad reservada para la Federación. Dicho lo cual, los Estados carecerían de competencia para legislar en esas materias por ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión y, por tanto, la regulación que el Congreso Local de Zacatecas hace de la extinción de dominio en materia de secuestro, es inconstitucional.

TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 1o., 14, 16, 22, 27 y 73, fracción XXI, inciso a); así como los diversos 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

CUARTO.-Mediante proveído de doce de mayo de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 30/2015.

En diverso proveído de trece de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que emitiera su opinión.

QUINTO.-En el informe rendido por el Congreso del Estado de Zacatecas se señala, en síntesis, lo siguiente:

• Califica de infundado e inoperante el único concepto de invalidez expresado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que la Legislatura Estatal emitió la Ley de Extinción de Dominio para el Estado en ejercicio de las facultades concurrentes conferidas por el Congreso de la Unión mediante las leyes respectivas, es decir, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos así como por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

• Lo anterior, en razón de que si bien es cierto que el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal señala que, el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones; no menos cierto es que el segundo párrafo de dicho inciso, ordena que esas leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios.

• Al respecto, de la lectura del decreto que contiene la ley combatida, se advierte que, no regula lo relativo a los delitos ni a las sanciones de secuestro o trata de personas, por lo que no contraviene lo establecido por las leyes generales de la materia o la Constitución General.

• Por tanto, la Legislatura Local se limitó a emitir la ley en materia de extinción de dominio en la que reguló las atribuciones que de manera residual otorgó el Congreso de la Unión.

SEXTO.-En el informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas se manifiesta, fundamentalmente, lo siguiente:

• Que la promulgación y la orden de publicación de la Ley de Extinción de Dominio estatal se encuentran debidamente fundadas y motivadas, por lo que no causan perjuicio a la parte actora. Ello, en virtud de que la promulgación de los actos que se reclaman fueron emitidos en cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

• Estima que lo que se combate en la presente acción de inconstitucionalidad es el procedimiento que se establece dentro de la Ley de Extinción de Dominio del Estado, partiendo de que el artículo 22 de la Constitución Federal, en la parte final señala que, el procedimiento de extinción de dominio será jurisdiccional y autónomo de la materia penal, no obstante, la ley general no precisa a qué orden de gobierno le corresponde legislar al respecto, con lo que se genera incertidumbre jurídica para saber si las entidades federativas tienen competencia para legislar lo relativo al procedimiento.

• Que en atención a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución General, al Congreso de la Unión le corresponde expedir la legislación única en materia adjetiva penal, elaborar los mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas que regirán en toda la República Mexicana, en el orden federal y común; por tanto, en cumplimiento a la referida disposición constitucional, se emitió la Ley de Extinción de Dominio del Estado, sin que se haya sobrepasado los límites establecidos en el precepto legal mencionado.

• Señala que la supletoriedad que establece la ley combatida atiende a las disposiciones concurrentes que facultan a las entidades federativas a legislar en la materia y no a las omisiones o vacíos legislativos.

SÉPTIMO.-La Procuraduría General de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO.-Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia.

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea la posible contradicción entre lo dispuesto en diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.-Oportunidad.

Por cuestión de orden, en primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.

El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."

Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita, haya sido publicado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

El Decreto No. 331 por el que se aprueba la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas fue publicado en el Periódico Oficial local el once de abril de dos mil quince, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas cuarenta y cinco a cincuenta y siete de autos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del domingo doce de abril al lunes once de mayo de dos mil quince.

En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la página treinta y siete vuelta del expediente, la demanda se presentó el lunes once de mayo de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.

TERCERO.-Legitimación.

Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República, constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, donde se le comunica que, en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, la citada Cámara lo eligió como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (foja sesenta y uno de autos).

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que, las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal.

Conforme al artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otros:

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ..."

Por su parte, los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(1) y 18 de su reglamento interno,(2) establecen que la representación de la mencionada institución corresponde a su presidente.

Asimismo, de lo previsto por dichos numerales, se desprende que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter estatal y, toda vez que, en el caso, se ejercita la acción en contra de los artículos 3, fracción III; 5, párrafo primero y 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, por estimar que vulnera diversos derechos humanos, se concluye cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

CUARTO.-Improcedencia.

De la lectura integral del escrito de la acción, se desprende la impugnación del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, dicha norma general no ha sufrido reforma alguna desde la fecha en que fue expedida, treinta de noviembre de dos mil diez, por lo que, en términos del citado artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, su impugnación es extemporánea.

Por tanto, debe sobreseerse al respecto, con fundamento en el artículo 65, en relación con los diversos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la misma ley reglamentaria.

En virtud de que no se hizo valer por los órganos Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas, ni por la procuradora general de la República, alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento distinto a la ya analizada, ni este tribunal advierte que se actualice otra, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez del accionante.

QUINTO.-Competencia local para legislar en materia de extinción de dominio.

Como una cuestión previa al análisis del fondo del asunto, es necesario señalar que este Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 33/2013, 20/2014 y su acumulada 21/2014, y 3/2015, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro José Ramón Cossío Díaz y Ministro José Fernando Franco González Salas, respectivamente, determinó que las entidades federativas tienen competencia constitucional para legislar en relación con la figura de extinción de dominio, prevista en el artículo 22 constitucional. Ello partiendo esencialmente de lo siguiente:

• En la acción de inconstitucionalidad 18/2010,(3) se estableció que la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, contemplada en el artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución General, se refiere exclusivamente al delito correspondiente que es de orden federal; sin embargo, la extinción de dominio también procede respecto de otros delitos que son eminentemente locales, como el robo de vehículos, o delitos en la modalidad de delegación operativa local por la ley general respectiva (competencia concurrente), donde el tipo y penas se encuentran federalmente legisladas, pero la persecución, proceso y condena pueden ser federales o locales, como son los de narcomenudeo, trata de personas y secuestro.

• Lo que llevó a concluir en la acción en cita que, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para emitir una Ley de Extinción de Dominio para dicha entidad, siempre y cuando los procesos a los que se refiere se encuentren relacionados con el delito de robo de vehículos, o con aquellos que, si bien su regulación corresponde al Congreso de la Unión, su aplicación u operatividad puede ser llevada a cabo por autoridades locales de manera concurrente, como el caso de narcomenudeo, trata de personas y secuestro.

• También se puntualizó que conforme al artículo 22, segundo párrafo, constitucional, la extinción de dominio se caracteriza por lo siguiente:

° Tiene por objeto privar del derecho de propiedad sobre bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.

° Al ejercitar su acción, el Estado debe aportar al juicio de extinción de dominio elementos suficientes para acreditar, en primer lugar, que en el mundo fáctico se actualizaron los hechos ilícitos que se adecuan a la descripción normativa de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

° Asimismo, debe demostrar que los bienes objeto del juicio fueron instrumento, objeto o producto de alguno de los delitos citados.

° En el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un tercero, el Estado deberá aportar al juicio datos e indicios que razonablemente permitan afirmar que el propietario tiene o tuvo conocimiento de ello.

° La declaración de extinción de dominio debe derivar de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, autónomo del proceso penal, ya que no está encaminada a determinar la culpabilidad de un imputado ni su eventual sanción penal, sino, en esencia, la privación de los bienes de que se sirve para delinquir.

• Además, en lo que refiere al régimen de competencias entre los Estados y la Federación, la regla general es que en nuestro sistema, por disposición expresa del artículo 124 de la Constitución Federal, rige la competencia residual, por virtud de la cual, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Ley Fundamental a la Federación, se entienden reservadas a los Estados.

• De ahí que, si la extinción de dominio no constituye una materia específica, ni puede hablarse de una materia de delincuencia organizada en sentido amplio que englobe a la extinción de dominio y, por tanto, la Constitución Federal no concede al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar al respecto, debe entenderse que en los términos del artículo 124 de la Constitución Federal, es competencia de las entidades federativas legislar en materia de extinción de dominio.

• Lo anterior se reforzó, a partir del hecho de que la extinción de dominio es una figura híbrida que participa de las materias civil, penal y administrativa, respecto de las cuales tienen competencia para legislar las entidades federativas.

• Así como que, a excepción del delito de delincuencia organizada, los Estados tienen competencia operativa, esto es, para perseguir, juzgar y condenar los delitos de trata y secuestro.

• Destaca, además, que en los citados precedentes se puntualizó que la extinción de dominio no es autónoma de la materia penal, sino el procedimiento para llevarla a cabo.

Bajo estas consideraciones, se concluye entonces que, en el caso, la Legislatura del Estado de Zacatecas está facultada para legislar en lo relativo a la figura de extinción de dominio que, si bien, es autónoma de los procesos penales respectivos, guarda relación con los mismos en tanto es su existencia la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción.

SEXTO.-Estudio de fondo.

Una vez determinado que el Estado de Zacatecas sí tiene facultades para legislar en materia de extinción de dominio, con excepción de lo que se refiere al delito de delincuencia organizada, corresponde a este Tribunal Pleno atender a los planteamientos realizados por la parte promovente.

De la lectura integral del escrito presentado por la accionante, se advierte que alega la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción III; 5, párrafo primero y 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, en las porciones normativas que regulan secuestro y trata de personas, reformados mediante Decreto No. 331, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el once de abril de dos mil quince, por estimar que se transgreden los artículos 1o., 14, 16, 22, fracción II y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, a su juicio, sólo el Congreso de la Unión puede legislar lo relativo a dichos tipos penales.

Por tanto, expuso que si la Constitución Federal le da la misma regulación a los delitos de trata y secuestro en sus artículos 22 y 73, fracción XXI, inciso a), en ambos casos, la Ley Federal de Extinción de Dominio debe ser la aplicable para el procedimiento de extinción de dominio y, por ende, los Estados deben abstenerse de legislar en esas materias por ser una facultad reservada para la Federación.

Los artículos impugnados establecen:

"Artículo 3. En los casos no previstos en esta ley, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad:

"I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

"II. En el Procedimiento de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas;

"III. En cuanto a los delitos, a lo previsto en el Código Penal para el Estado de Zacatecas, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Ley General de Salud; y

"IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes, derechos y obligaciones, a lo previsto en el Código Civil para el Estado de Zacatecas."

"Artículo 5. La extinción de dominio es la pérdida total o parcial de los derechos de propiedad sobre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26414-13de27f1/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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