I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA (LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN). II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA RESPECTO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN IV –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: " DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, 4, PRIMER PÁRRAFO –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, 5, FRACCIÓN IV E INCISO A) –EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN: "O DE DELINCUENCIA ORGANIZADA" Y " DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, 62, FRACCIÓN IV –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "LA INTERVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, Y 63, SEGUNDO PÁRRAFO –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "LA INTERVENCIÓN DE MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA O"– DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN IV –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, 4, PRIMER PÁRRAFO –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, 5, FRACCIÓN IV E INCISO A) –EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN: "O DE DELINCUENCIA ORGANIZADA" Y "DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, 62, FRACCIÓN IV –EN LA PORCIÓN QUE INDICA: "LA INTERVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA"–, Y 63, SEGUNDO PÁRRAFO –EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "LA INTERVENCIÓN DE MIEMBROS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA O"– DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 20/2014 Y SU ACUMULADA 21/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 12 DE MAYO DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de mayo de dos mil quince, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el procurador general de la República (20/2014 y 21/2014), respectivamente, en contra de diversas normas generales de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de trece de mayo de dos mil catorce.
I. Trámite
1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron, respectivamente, de la siguiente manera:
Ver acciones de inconstitucionalidad
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán.
3. Normas generales cuya invalidez se reclama. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron, coincidentemente, los artículos 2, fracción IV; 4, primer párrafo; 5, fracción IV, inciso a); 62, fracción IV; y 63, segundo párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de trece de mayo de dos mil catorce.
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron, coincidentemente, en síntesis, lo siguiente:
5. Inconstitucionalidad de la regulación emitida por una Legislatura Estatal respecto a la extinción de dominio en materia de delincuencia organizada. Los artículos 2, fracción IV, 4, primer párrafo, 5, fracción IV, inciso a), 62, fracción IV, y 63, segundo párrafo, impugnados, violan los artículos 22, 73, fracción XXI, inciso b), 124 y 133 de la Constitución Federal, 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por considerar que invaden la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, puesto que es el único facultado para expedir la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que, por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada, violando los derechos de seguridad jurídica, debido proceso, propiedad y principios pro persona y legalidad, contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.
Por otra parte, los artículos impugnados son transgresores de la Constitución Federal porque carecen de fundamentación, dado que la facultad para legislar en materia de delincuencia organizada es exclusiva del Congreso de la Unión.
Ahora bien, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no autoriza a las entidades federativas a legislar en relación con la extinción de dominio para los casos de delincuencia organizada, por tanto, se excluye ese ámbito de la esfera competencial de las autoridades de las entidades federativas y se reserva para el Congreso de la Unión.
La Corte Interamericana en la sentencia del Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, se pronunció de la siguiente manera: "... Para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad consagrado en la convención debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos, practicarse según las formas establecidas por la ley ...". Asimismo, el veintiuno de noviembre de dos mil siete la misma Corte dictó sentencia en la que protegió a través del artículo 21 convencional los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas.
Las normas impugnadas violan los artículos 14 y 16 constitucionales, 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al permitir la ejecución de actos privativos por autoridades que carecen de competencia legal para ello.
Son atentatorios del derecho humano a la seguridad jurídica, al autorizar la ejecución de actos privativos del derecho de propiedad, mediante procedimientos instaurados por autoridades que carecerían de facultades para conocer de la extinción de dominio de bienes relacionados con la delincuencia organizada.
Adicionalmente, el procurador general de la República señala que, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013 se determinó que la competencia para legislar en materia de delincuencia organizada es exclusiva de la Federación. Se resolvió que los Congresos Estatales no pueden regular la medida de arraigo, porque ésta sólo procede cuando se trata del delito de delincuencia organizada, y como este último es de la competencia exclusiva de la Federación, entonces cualquier medida o acto ligado con la delincuencia organizada (como la medida cautelar de arraigo), es igualmente de competencia exclusiva de la Federación. En el mismo sentido, el Tribunal Pleno resolvió los amparos en revisión 545/2012 y 546/2012, donde invalidó actos concretos emitidos por autoridades locales en materia de arraigo, al estimarlos provenientes de autoridad incompetente.
La Federación no sólo tiene competencia exclusiva para legislar en materia de delincuencia organizada, sino que, con base en los precedentes indicados, la totalidad del delito de delincuencia organizada es de competencia federal. Es decir, su investigación y persecución también corresponden a las autoridades federales y no a las locales. De ahí que el procedimiento de extinción de dominio que verse sobre bienes relacionados con el delito de delincuencia organizada sólo puede ser regulado y tramitado por las autoridades del ámbito federal. Entonces, el Congreso Local, al regular la extinción de dominio derivada del delito de delincuencia organizada, excede sus facultades constitucionales y viola el artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución Federal.
6. Artículos constitucionales que los promoventes señalan como violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 14, 16, 22, 73, fracción XXI, inciso b), 124 y 133, así como los artículos 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
7. Admisiones y trámite. Mediante proveído de once de junio de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 20/2014,(1) promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de conformidad con la certificación que se acompañó, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
8. Por acuerdo de doce de junio de dos mil catorce,(2) el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad 20/2014 y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes. También solicitó al procurador general de la República su opinión.
9. Por auto de trece de junio siguiente, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 21/2014, promovida por el procurador general de la República,(3) asimismo, ordenó acumularla a la diversa acción de inconstitucionalidad 20/2014.
10. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad 21/2014 y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán para que rindieran sus informes.
11. Informes de los Poderes Legislativo(4) y Ejecutivo(5) de la entidad.
El Poder Legislativo señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Es cierto que aprobó el decreto que contiene la ley impugnada.
b) El ordenamiento jurídico que contiene los numerales impugnados surgió de la necesidad de establecer un instrumento legal que impacte la masa de bienes que los criminales acumulan por haber despojado de éstos a las víctimas de los delitos del fuero común, así como retirar el soporte material que le brinda a la delincuencia el uso, goce y disposición de bienes, cuando éstos se encuentran afectos a lesionar los derechos de los michoacanos. Además de fortalecer las condiciones de seguridad, atención a la ciudadanía y de combate a la delincuencia, procurando desincentivar las conductas ilícitas e impactando a la delincuencia retirándole los instrumentos que utiliza, así como los productos del delito.
c) La Constitución Federal establece un esquema en el que en determinadas materias, como la de seguridad pública, tanto la Federación como los Estados pueden desplegar conjuntamente sus facultades legislativas, puesto que la seguridad pública se encuentra dentro de las facultades concurrentes, en virtud de lo establecido en los artículos 21 y 73, fracciones XXI y XXX, constitucionales, así como de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de esta última se advierte que el objeto de la norma impugnada se encuentra comprendida dentro de la materia de seguridad pública.
Legisló en materia de seguridad pública, en uso de facultades concurrentes, lo que no conculca los principios de libertad de expresión, legalidad, taxatividad, plenitud, hermética y seguridad jurídica, y no es inconvencional. Citó en apoyo a sus argumentaciones, la tesis de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES."(6)
d) Por otra parte, la extinción de dominio no solamente se refiere al ilícito de delincuencia organizada -la cual procede en la vía civil por parte del Estado-, siendo ajena a la materia federal, pues es independiente al delito que pudiese haberse cometido y se enfoca exclusivamente en los derechos que existen sobre los bienes muebles o inmuebles obtenidos a través de actividades ilícitas trascendentales para la seguridad pública, se trata de una acción real, civil y de orden público.
e) No legisló en materia federal sobre delincuencia organizada, sino en materia de derechos sobre bienes muebles o inmuebles de procedencia ilícita.
El Poder Ejecutivo, por su parte manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) Son infundados los conceptos de invalidez de los promoventes, ya que el Congreso Local legisló en materia de extinción de dominio de bienes, como lo establece el artículo 5o. de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo.
b) No se configura la invasión a la competencia en materia de delincuencia organizada, en virtud de que en ningún precepto de la ley impugnada se establece que el Estado perseguirá o castigará delitos que se cometan en materia de delincuencia organizada, más bien se refiere a la extinción de dominio, como consecuencia de cometer diversos delitos, entre los cuales destaca el concerniente a la delincuencia organizada -previsto y sancionado por el artículo 132 del Código Penal de la entidad y que no fue impugnado-.
Esto es, en la Ley de Extinción de Dominio impugnada se hace referencia al delito de delincuencia organizada únicamente para determinar los hechos ilícitos respecto de los cuales resulta procedente aplicar la acción de extinción de dominio -sin haberse legislado en dicha materia ni en arraigo-, lo que no puede considerarse, ni legislativa ni interpretativamente, como un mecanismo de regulación de un tipo penal.
Lo que en realidad se pretende es restarle validez y vigencia al artículo 132 del Código Penal de la entidad que antes de la entrada en vigor del Decreto No. 313, publicado en el Periódico Oficial el treinta de mayo de dos mil catorce, establecía el tipo penal de delincuencia organizada, hoy asociación delictuosa y pandillerismo.
c) Es falso que las normas impugnadas sean violatorias de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos porque los actos privativos del derecho de propiedad se llevarían a cabo por autoridades que carecen de facultades para conocer de la extinción de dominio.
Lo anterior, porque previo a la extinción de bienes se cita a las partes, se valoran las pruebas ofrecidas y admitidas, se dicta resolución fundada y motivada, por autoridad competente. Además dicha resolución puede ser recurrida. Luego entonces, al no contravenirse la Constitución Federal resulta inaplicable cualquier estudio de convencionalidad que pretenda realizarse, siendo que, en el caso, el juzgador debe resolver conforme a la normatividad nacional y no acudir directamente a instrumentos internacionales, porque de hacerlo se provocaría desorden e incertidumbre en la aplicación del derecho en el país.
12. Opinión del procurador general de la República.(7) Este funcionario, en la acción de inconstitucionalidad 20/2014, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó estar de acuerdo con los conceptos de invalidez elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque guardan identidad con los que planteó en la diversa acción de inconstitucionalidad 21/2014. Sin embargo, una de las afirmaciones formuladas en la acción 20/2014 debe matizarse, en el sentido de que las legislaturas de las entidades federativas deben ceñirse a lo establecido en el artículo 22 constitucional, conforme a la cual la extinción de dominio procede respecto de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas. Por ende, las entidades federativas tienen facultades para extinguir bienes procedentes de los delitos enunciados siempre y cuando sean materias concurrentes o del fuero común. Ya que no procede la extinción de dominio respecto de bienes procedentes de cualquier delito, sino que el legislador debe acotar esta posibilidad a los supuestos del mencionado artículo 22 constitucional.
13. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Ver votación 1
II. Competencia
14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos g) y c),(8) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver votación 2
III. Oportunidad
15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados.
16. El Decreto Número 315 por el que se expide la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, de la que derivan las normas impugnadas, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el trece de mayo de dos mil catorce.(10)
17. El primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el catorce de mayo, de lo que resulta que el periodo de treinta días naturales venció el doce de junio de dos mil catorce.
18. Por tanto, si ambas demandas se presentaron dentro del plazo respectivo -once y doce de junio de dos mil catorce-, no cabe duda que son oportunas. Ver votación 3
IV. Legitimación
19. Se procederá a analizar la legitimación de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
20. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Suscribe la demanda, Raúl Plascencia Villanueva, ostentándose como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación por el Senado de la República de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve.(11)
21. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras, y, si en el caso se promovió la acción en contra de diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida por el Congreso Local, esto es, de una ley estatal, y además se plantea vulneración a los derechos humanos relacionados con la facultad para legislar en materia de delincuencia organizada, no cabe duda que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
22. Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(13) dicho funcionario cuenta con la legitimación necesaria.
23. Procurador general de la República. Suscribe la demanda, Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del presidente de la República.(14)
24. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) que dispone que el procurador general de la República, podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras, y, si en el caso, dicho funcionario promovió la acción en contra de diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida por el Congreso Local, esto es, de una ley estatal, es inconcuso que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
25. Apoyan la conclusión anterior, las tesis de jurisprudencia números P./J. 98/2001(16) y P./J. 92/2006,(17) de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL." Ver votación 4
V. Causas de improcedencia
26. En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno, se debe proceder al estudio del concepto de invalidez que hacen valer los accionantes. Ver votación 5
VI. Consideraciones y fundamentos
27. Los accionantes plantean que los artículos 2, fracción IV, 4, primer párrafo, 5, fracción IV, inciso a), 62, fracción IV, y 63, segundo párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, violan los artículos 22, 73, fracción XXI, inciso b), 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que la extinción de dominio que verse sobre bienes relacionados con el delito de delincuencia organizada sólo puede ser regulado por las autoridades del ámbito federal. Esto es, al regularse localmente la extinción de dominio derivada del delito de delincuencia organizada, excede sus facultades constitucionales y, por tanto, se viola el artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución Federal.
28. El texto de los artículos impugnados de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, es el siguiente:
"Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
"...
"IV. Hecho ilícito: Hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención."
"Artículo 4. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos a favor del Estado de Michoacán, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, respecto de los bienes mencionados en el artículo 5 de esta ley, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes; su actuación de buena fe, o que estaba impedido para conocer su utilización ilícita. ..."
"Artículo 5. Se determinará procedente la extinción de dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes:
"...
"III. Aquellos utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y,
"IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.
"El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando:
"a) El agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas o robo de vehículos, y el conocimiento del afectado; y ..."
"Artículo 62. La Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado tendrá, por lo menos, las atribuciones siguientes:
"...
"IV. Proponer al procurador general de Justicia del Estado, la celebración de convenios de colaboración con las instituciones y entidades financieras, empresas, asociaciones, sociedades, corredurías públicas y demás agentes económicos en materia de información sobre operaciones en las que pudiera detectarse la intervención de la delincuencia organizada o que tengan por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes vinculados a actividades delictivas. ..."
"Artículo 63. Las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de Michoacán, así como de los Municipios están obligadas a proporcionar la información que les requiera la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera con motivo del ejercicio de sus funciones. Asimismo, están obligados a proporcionar información los notarios públicos, en los términos que dispone esta ley y la Ley del Notariado del Estado de Michoacán.
"Las operaciones relevantes en las que se detecte la intervención de miembros de la delincuencia organizada o que tengan por objeto actos jurídicos en relación con bienes de procedencia ilícita, que se determinen en los protocolos que emita el procurador, deberán ser informadas a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, en los términos que se establezcan en los mismos y en las demás normas aplicables."
29. Conviene precisar que la impugnación que los promotores de las acciones realizan de los artículos transcritos, consiste medularmente en la referencia que éstos hacen de la delincuencia organizada, sin combatir el procedimiento de extinción de dominio, sino que solamente impugnan la falta de facultades del Congreso Local para regular lo concerniente a la citada delincuencia organizada.
30. En los artículos impugnados se prevé la definición de lo que se entenderá por hecho ilícito, estableciendo que es el hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención (artículo 2, fracción IV).
31. Asimismo, señalan que la figura de la extinción de dominio es la pérdida de los derechos a favor del Estado de Michoacán, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, respecto de los bienes mencionados en el artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio de la entidad, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes; su actuación de buena fe, o que estaba impedido para conocer su utilización ilícita (artículo 4, primer párrafo).
32. También establecen la procedencia de la extinción de dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de, entre otros bienes, aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. Así como aquellos utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, cuando el agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas o robo de vehículos, y el conocimiento del afectado [artículo 5, fracción IV, inciso a)].
33. Así como la atribución de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de proponer al procurador general de Justicia del Estado, la celebración de convenios de colaboración con las instituciones y entidades financieras, empresas, asociaciones, sociedades, corredurías públicas y demás agentes económicos en materia de información sobre operaciones en las que pudiera detectarse la intervención de la delincuencia organizada o que tengan por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes vinculados a actividades delictivas (artículo 62, fracción IV).
34. Finalmente, establecen la obligación a las dependencias, organismos auxiliares del Gobierno del Estado de Michoacán, Municipios y notarios púbicos de proporcionar la información que les requiera la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera con motivo del ejercicio de sus funciones, respecto de las operaciones relevantes en las que se detecte la intervención de miembros de la delincuencia organizada o que tengan por objeto actos jurídicos en relación con bienes de procedencia ilícita, que se determinen en los protocolos que emita el procurador, deberán ser informadas a la citada unidad especializada (artículo 63, segundo párrafo).
35. Pues bien, en estas acciones de inconstitucionalidad se cuestiona, esencialmente, la facultad del legislador local para emitir normas en materia de delincuencia organizada, por considerar que esto es una facultad prevista en el inciso b) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente de manera exclusiva al Congreso de la Unión. Por su parte el Congreso Local señaló que no legisló en materia de delincuencia organizada, sino de extinción de dominio. A efecto de tener una mayor comprensión del asunto, el estudio competencial lo abordaremos de manera temática.
36. Sistema de distribución competencial entre la Federación y las entidades federativas en materia de extinción de dominio. Al respecto, es necesario señalar que este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2010 determinó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia constitucional para legislar en relación con la figura de extinción de dominio, prevista en el artículo 22 constitucional.(18)
37. Para dar sustento a lo anterior, en dicho precedente señaló que:
a) En la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se creó una figura novedosa en México, que permite declarar la pérdida de los derechos sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado, vinculados con la comisión de un hecho ilícito asociado a casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
b) Derivado de ello, se modificó el artículo 22 de la Constitución Federal,(19) y una vez puntualizado el contenido del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal,(20) se afirmó que del contenido del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal se advierte un catálogo que contiene distintos tipos de delitos, a saber, delincuencia organizada que es eminentemente federal tal y como se advierte de la parte final de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; asimismo están previstos algunos delitos en la modalidad de delegación operativa local por la ley general, donde el tipo y penas se encuentran federalmente legisladas, pero la persecución, proceso y condena pueden ser tanto federales como locales, como son los de narcomenudeo, trata de personas y secuestro y, finalmente un delito eminentemente local como es el de robo de vehículos.
c) El catálogo constitucional de delitos contenidos en la fracción II del artículo 22 de la Constitución Federal, respecto de los cuales procede la extinción de dominio (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas), no necesariamente deben estar relacionados con la delincuencia organizada.
d) El artículo 22 constitucional que la crea -extinción de d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25905-dc5c48ee/i-extincion-de-dominio-competencia-de-las-entidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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