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Modo: Corpus Pro

I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA. II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ESTABLECER SU PROCEDENCIA RESPECTO DE DELITOS DIVERSOS A LOS DE SECUESTRO, CONTRA LA SALUD, ROBO DE VEHÍCULOS Y TRATA DE PERSONAS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/2015. · Registro digital (IUS): 25968
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-11-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , Pág. 556.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE AGOSTO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de agosto de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el doce de enero de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

"A. Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Colima.

"B. Órgano Ejecutivo: Gobernador del Estado de Colima."

SEGUNDO.-En el único concepto de invalidez que hizo valer, respecto al artículo 5, fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, la comisión argumenta, en resumen, lo siguiente:

Destaca que el artículo referido establece que será procedente la extinción de dominio para los delitos de desaparición forzada de personas, fraude, delitos cometidos por fraccionadores, extorsión, encubrimiento por receptación y por favorecimiento, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa; delitos que no se encuentran previstos en el Texto Constitucional, por tanto, considera que se configura una transgresión a los artículos 1o., 14, 16 y 22, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Añade que el artículo que se impugna transgrede los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso y de propiedad, así como los principios pro persona y de legalidad, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Señala que se contravienen las reglas que rigen el procedimiento de extinción de dominio establecidas en la Constitución Federal. Esto, pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 constitucional, la extinción de dominio puede definirse como la pérdida de los derechos sobre bienes relacionados con los delitos de:

a) Delincuencia organizada;

b) Contra la salud;

c) Secuestro;

d) Robo de vehículos; y,

e) Trata de personas.

Es decir, la afectación al derecho de propiedad respecto de bienes que se encuentren relacionados con determinados hechos ilícitos, se encuentra enunciada de manera limitada, bajo el principio de numerus clausus.

En ese sentido, sostiene que la ley que cada Estado expida para reglamentar lo dispuesto en el artículo 22 constitucional, debe establecer un procedimiento que se tramite ante una autoridad jurisdiccional en la que, previo al acto privativo -como es la declaración de extinción de dominio-, se cumplan los presupuestos procesales, como son la procedencia únicamente por la probable comisión de los delitos enunciados en la Norma Fundamental, sin que ésta les otorgue facultades para ampliar dicho catálogo.

Precisa que no pasa inadvertido, que el inciso d) de la fracción II del artículo 22 constitucional dispone que es procedente la extinción de dominio respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros, pero que existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada; sin embargo, alega que ello no significa que al utilizar el concepto "delitos patrimoniales", se pueda ampliar el catálogo de los hechos ilícitos señalados en la fracción en comento, pues, a su parecer, la fracción de manera limitativa y precisa establece que es procedente la declaración de extinción de dominio exclusivamente en los casos ahí establecidos, sin que se permita la inclusión de otros supuestos y, en todo caso, lo prescrito en el inciso d), son modalidades que el Juez habrá de considerar al momento de decretar la extinción de dominio, pero respecto de los delitos expresamente señalados.

En contra de lo anterior, la norma local impugnada incluye los delitos de desaparición forzada de personas, fraude, delitos cometidos por fraccionadores, extorsión, encubrimiento por receptación y por favorecimiento, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, todos previstos en el Código Penal de Colima.

Aduce que, por tanto, se lesiona la garantía de audiencia, ya que, para su eficacia, se tiene como presupuesto la competencia legal de la autoridad que desarrolla el proceso por el que pretende ejecutarse el acto privativo, lo cual no ocurriría en los casos de aplicación de la norma impugnada, pues la autoridad jurisdiccional de la entidad federativa instauraría procedimientos de extinción de dominio sobre bienes que sobrepasan el ámbito constitucional establecido y respecto de los cuales carecería de competencia material.

Por otra parte, sostiene que se transgrede el artículo 16 constitucional, debido a que la norma impugnada no fue emitida por un órgano facultado para ello, es decir, la Norma Fundamental no faculta a los Congresos Locales para ampliar los delitos por los cuales procede instaurar un procedimiento de extinción de dominio.

Finalmente, la comisión señala que el artículo impugnado viola el principio pro persona, establecido en el artículo 1o. constitucional, al imponer al gobernado la carga de diversos supuestos normativos que la Constitución Federal no prevé.

TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 1o., 14, 16, 22 y 27, así como los diversos 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

CUARTO.-Mediante proveído de trece de enero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 3/2015.

En diverso proveído de catorce de enero de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que emitiera su opinión.

QUINTO.-En el informe rendido por el Congreso del Estado de Colima se señala, en síntesis, lo siguiente:

• Considera que los argumentos y el concepto único de invalidez esgrimido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son doctrinariamente fundados pero inoperantes para que se declaren inconstitucionales las fracciones del artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio local.

• Sostiene que el artículo 22, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hacer la delimitación de los casos en los que procedería la extinción de dominio, en su fracción II, es enunciativa pero no limitativa y contrariamente a lo aducido por la comisión, la ilativa Y no significa que no pueda aplicarse a otros delitos del orden patrimonial, como expresamente lo define el inciso d) de la fracción en cita, cuando dice textualmente "aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero que existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño."

• Por otra parte, destaca que este Tribunal Constitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2010, reconoció que asiste a los Estados el derecho de legislar en materia de extinción de dominio y, por tanto, al tomar en consideración la incidencia delictiva que presenta el Estado de Colima, y los tipos más frecuentes de ilícitos que afectan a la sociedad en sus bienes, estima necesario que además de las causas enunciadas en la Constitución Federal, se deben incluir otras que tienen repercusiones patrimoniales y que, en ocasiones, es muy difícil lograr el resarcimiento del daño causado. Por ello, se incluyeron, entre otros, el fraude, los delitos cometidos por fraccionadores, la extorsión, el encubrimiento por receptación y por favorecimiento, así como el peculado, ya que, contrariamente a lo expuesto por la promovente, la redacción de la fracción II del artículo 22 constitucional, no limitó exclusivamente a ciertos delitos de forma intencionada, sino que implícitamente dejó abierta la posibilidad de que al expedirse las leyes ordinarias en los tres niveles de gobierno, se pudiera considerar la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación a otros actos u omisiones punibles y que en su momento pudieran ser materia también de la extinción de dominio.

• Agrega que, si se analiza el artículo y las fracciones impugnadas en forma aislada, parecería darle la razón a la comisión actora en cuanto se refiere a la violación de los derechos fundamentales que estima transgredidos; sin embargo, considera evidente que en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley de Extinción de Dominio para la entidad, se contiene, en esencia, una definición clara y precisa de algunos aspectos que la actora utiliza como argumentos para soportar la presunta inconstitucionalidad e inconvencionalidad del dispositivo legal que controvierte.

• Concluye que, contrario a las manifestaciones de la promovente, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la exposición de motivos de su iniciativa de ley, aborda y resuelve en forma amplia y detallada todas las cuestiones que tienen que ver con la defensa y protección de los derechos humanos previstos en los tratados de los que México es parte y contiene el tratamiento puntual de los derechos fundamentales a que hace alusión la Comisión Nacional.

SEXTO.-En el informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima se manifiesta, fundamentalmente, lo siguiente:

• Que en atención a lo previsto en los artículos 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que los Estados de la República Mexicana no se encuentran impedidos para legislar en materia de extinción de dominio, pues no es una facultad reservada a la Federación, ni tampoco se encuentra expresamente prohibido a los Estados legislar al respecto.

• Sostiene que no se contraviene lo dispuesto en la Constitución Federal, por el hecho de que ésta sólo mencione algunos delitos y el legislador local haya decidido ampliar el catálogo de delitos, toda vez que, al hacerlo, atiende los lineamientos del artículo 22 constitucional.

• Por otra parte, precisa que el artículo que se impugna tiene como principios rectores y garantías fundamentales el derecho a la propiedad, garantías e integración, debido proceso, principio de objetividad, presunción de buena fe, contradicción, autonomía e independencia judicial, publicidad, doble instancia y cosa juzgada.

• Asimismo, señala que, en concordancia con lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 121 de la Constitución Local, se conserva la naturaleza de la acción bajo los lineamientos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se prevé que el procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de carácter real, de contenido patrimonial, autónomo de la materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente del que se haya desprendido, o en el que tuviera origen y procederá sobre cualquier bien, independientemente de toda declaratoria de responsabilidad y de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.

SÉPTIMO.-Al formular su opinión, la procuradora general de la República manifestó, sustancialmente, lo siguiente:

• Señala que no comparte el argumento de la autoridad emisora, en cuanto a la libertad legislativa de aumentar delitos a los expresamente previstos en la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Al respecto, sostiene que la finalidad del Constituyente Permanente, al reformar el artículo 22 constitucional, el dieciocho de junio de dos mil ocho, fue la de combatir de manera eficaz los delitos cometidos por el crimen organizado, instrumentando para tal efecto mecanismos novedosos, como lo es la acción de extinción de dominio, la cual procederá exclusivamente para los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

• Considera que el artículo 22, fracción II, de la Constitución Federal regula los ilícitos numerus clausus, respecto de los cuales procede la extinción de dominio, detallando en sus subsecuentes apartados -incisos a) a d)- las características que deben tener los bienes que se pretendan afectar, sin que ello otorgue a los Congresos Locales la libre configuración en la materia.

• Por lo anterior, concluye que mediante el artículo impugnado, el Congreso de Colima se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al emitir el artículo 5, fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, de la Ley de Extinción de Dominio para la entidad, ya que amplió el catálogo de delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución General para la procedencia del juicio de extinción de dominio, sin contar con la atribución constitucional que le permita extender las conductas delictivas a las ya previstas constitucionalmente, por lo que su actuar resulta contrario a los artículos 16 y 22 constitucionales.

• En ese sentido, señala que si bien el inciso d) del artículo 22 constitucional impone como características de los bienes que se pretenden afectar, que éstos sean producto de delitos patrimoniales, esto no se debe interpretar de manera aislada; esto es, tal circunstancia no implica que el citado procedimiento pueda ser instaurado respecto de cualquier ilícito patrimonial, sino que atiende al deber del Ministerio Público de contar con elementos suficientes para sustentar la procedencia de la acción, relacionando tal supuesto a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

• Resalta que en el caso de los tipos penales de desaparición forzada de personas y asociación delictuosa, ambos previstos en el Código Penal de la entidad, no se da el menoscabo o ataque al bien jurídico tutelado, consistente en el patrimonio de las personas, por lo que menos aún procede la extinción de dominio.

• Finalmente, considera fundado lo argumentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de que el precepto combatido transgrede el principio pro persona, al imponer al gobernado la carga de diversos supuestos normativos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé, en tanto que, la norma emitida por el Congreso de la entidad, al no sujetarse a los estándares constitucionalmente previstos para la procedencia de la extinción de dominio, transgrede el derecho fundamental a la no confiscación de bienes, pues, si bien dicha acción implica una excepción al derecho a la no confiscación, su regulación e interpretación debe atender estrictamente a las bases constitucionales que regulan la multicitada figura jurídica.

OCTAVO.-Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el puntos segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea la posible contradicción entre lo dispuesto en diversas fracciones del artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver votación 1

SEGUNDO.-Por cuestión de orden, en primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.

El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."

Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita, haya sido publicado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

El Decreto Número 452 por el que se aprueba la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, fue publicado en el Periódico Oficial local el trece de diciembre de dos mil catorce, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas treinta y nueve a setenta y uno de autos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del domingo catorce de diciembre de dos mil catorce al lunes doce de enero de dos mil quince.

En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la página treinta y siete vuelta del expediente, la demanda se presentó el lunes doce de enero de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna. Ver votación 2

TERCERO.-Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República, constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, donde se le comunica que, en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, la citada Cámara lo eligió como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (foja treinta y tres de autos).

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal.

Conforme al artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otros:

"Artículo 105. ... g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."

Por su parte, los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(1) y 18 de su reglamento interno,(2) establecen que la representación de la mencionada institución corresponde a su presidente.

Asimismo, de lo previsto por dichos numerales, se desprende que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter estatal y, toda vez que, en el caso, se ejercita la acción en contra del artículo 5, fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, por estimar que vulnera diversos derechos humanos, se concluye cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo. Ver votación 3

CUARTO.-En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este tribunal advierte que se actualice alguno, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez hechos valer por el accionante. Ver votación 4

QUINTO.-Como una cuestión previa al análisis del fondo del asunto, este Tribunal Pleno estima que, en primer lugar, debe determinarse si la Legislatura del Estado de Colima tiene facultades para legislar en relación con la figura de extinción de dominio.

Cabe destacar que, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2010, en la sesión de este Tribunal Pleno celebrada el dieciocho de febrero de dos mil catorce, se determinó, por mayoría de votos, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia constitucional para legislar en relación con la figura de extinción de dominio.

En lo que interesa, dicho aserto se sustentó en que las facultades que otorga el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, al Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, se refieren exclusivamente al delito de delincuencia organizada que es eminentemente federal; sin embargo, la extinción de dominio también procede respecto de otros delitos que son eminentemente locales, como el robo de vehículos, o delitos en la modalidad de delegación operativa local por la ley general (competencia concurrente), donde el tipo y penas se encuentran federalmente legisladas, pero la persecución, proceso y condena pueden ser tanto federales como locales, como son los de narcomenudeo, trata de personas y secuestro.

Lo que llevó a concluir que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para emitir una Ley de Extinción de Dominio en dicha entidad federativa, siempre y cuando los procesos a los que se refiere se encuentren relacionados con el delito de robo de vehículos, o bien, aquellos que si bien su regulación corresponde al Congreso de la Unión, su aplicación u operatividad puede ser llevada a cabo por autoridades locales de manera concurrente, tal como en el caso del narcomenudeo, trata de personas y secuestro.

A partir de dicho criterio, que fue aprobado por una mayoría de los integrantes de este Tribunal Pleno, se hace el estudio de la competencia de la Legislatura del Estado de Colima, para emitir una ley de extinción de dominio.

El artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal establece:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada."

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, en el cual, el Constituyente Permanente introdujo la figura de extinción de dominio, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece lo siguiente:

"Artículo 22. ... No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

"I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

"b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

"d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

"III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes."

De dicho artículo se desprende que la extinción de dominio tiene por objeto privar del derecho de propiedad sobre bienes que son instrumento,(3) objeto(4) o producto(5) de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.

Asimismo, el precepto establece que al ejercitar su acción, el Estado debe aportar al juicio de extinción de dominio "elementos suficientes" para acreditar, en primer lugar, que en el mundo fáctico se actualizaron los hechos ilícitos que se adecúan a la descripción normativa de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; en segundo lugar, que los bienes objeto del juicio fueron instrumento, objeto o producto de alguno de los delitos citados; y, en tercer lugar, en el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un tercero, deberá aportar al juicio datos e indicios que razonablemente permitan afirmar que el propietario tiene o tuvo conocimiento de ello.

Del precepto citado, también se desprende que la declaración de extinción de dominio debe derivar de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, que debe ser autónomo del proceso penal. La extinción de dominio procede, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, siempre que existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito contenido en el tipo penal de que se trate sucedió.

Esto es, la acción de extinción de dominio no está encaminada a determinar la culpabilidad de un imputado ni su eventual sanción penal, sino, en esencia, la privación de los bienes de que se sirve para delinquir.

Así, en el proceso penal se juzga, si el sujeto a quien se le atribuye la comisión de una determinada conducta o hecho catalogado como delito por la ley, es culpable de haberlo cometido con un contenido de intencionalidad, inclusive existe la posibilidad de graduar el injusto de acuerdo con la gravedad del daño causado, pues ello es parte del juicio de reproche que se le realiza al autor del delito; sin embargo, en la acción de extinción de dominio importa tan sólo demostrar la existencia del hecho ilícito descrito en la ley penal.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) nuestro país se encuentra constituido como una República representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, empero, unidos en una Federación, los cuales se asocian delegando algunas facultades a la Federación, acorde con los postulados previstos en la propia Ley Fundamental.(7)

En lo que refiere al régimen de competencias entre los Estados y la Federación, la regla general es que en nuestro sistema, por disposición expresa del artículo 124 de la Constitución Federal, rige la competencia residual, en virtud de la cual, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Ley Fundamental a la Federación, se entienden reservadas a los Estados.

En efecto, el artículo 124 de la Constitución Federal establece:

"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

Por tanto, las reglas de competencia en materia legislativa funcionan de la siguiente manera:

a) El Congreso de la Unión solamente tiene las facultades que la Constitución le ha encomendado; y,

b) Las Legislaturas de los Estados de la Federación gozan de aquellas competencias que no le han sido encomendadas expresamente al Congreso de la Unión.

Ahora b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25968-5fa82c6b/i-extincion-de-dominio-competencia-de-las-entidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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