I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA RESPECTO DEL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. EXTINCIÓN DE DOMINIO. ÚNICAMENTE PROCEDE EN RELACIÓN CON LOS TIPOS PENALES DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITOS CONTRA LA SALUD, SECUESTRO, ROBO DE VEHÍCULOS Y TRATA DE PERSONAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2013. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 12 DE MAYO DE 2015. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIOS: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS Y JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de mayo de dos mil quince.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2013, promovida por el procurador general de la República, y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la acción. Por medio del oficio presentado el cuatro de noviembre de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades emisora y promulgadora:
a) Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Norma general cuya invalidez se reclama:
• El artículo 9, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de octubre de dos mil trece, cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 9. Procedencia de la acción.
"Procede la extinción de dominio respecto de los bienes a que se refiere esta ley, cuando existan elementos suficientes para determinar que sucedieron los hechos ilícitos en los casos de:
"I. Secuestro;
"II. Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo;
"III. Robo de vehículos; y (sic)
"IV. Trata de personas.
"V. Facilitación delictiva.
"Para los efectos de esta ley, se entiende que existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, cuando se reúnan indicios respecto de los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de los delitos a que se refieren las fracciones anteriores, aun cuando no se haya determinado quiénes intervinieron en él o el carácter de su participación.
"La muerte del o los probables responsables no anula la acción de extinción de dominio."
SEGUNDO.-Artículos constitucionales señalados como violados. El artículo 22, fracción II, de la Constitución Federal.
TERCERO.-Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, la promovente adujo, en síntesis, lo siguiente:
• Que el artículo 9, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza vulnera el artículo 22, fracción II, de la Constitución Federal, debido a que el Poder Legislativo de la entidad excede a su ámbito de competencia, al determinar que la acción de extinción de dominio procede en contra del delito de "facilitación delictiva", previsto en el artículo 280 Bis del Código Penal de la entidad.
• Lo anterior, debido a que la extinción de dominio puede definirse como la pérdida de los derechos sobre bienes relacionados con un hecho ilícito de la delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, mediante un procedimiento jurisdiccional y autónomo del proceso penal.
• El texto vigente del artículo 22 de la Constitución Federal proviene de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, cuyo origen lo constituye, entre otras, la iniciativa presentada por el diputado César Camacho Quiroz. A continuación, transcribe parcialmente la iniciativa.
• Posteriormente, transcribe también parcialmente el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en relación con la iniciativa mencionada, del que se desprende que: "... con la extinción de dominio se buscó crear una figura más novedosa y menos complicada en su aplicación, que permita al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existan datos para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, o que están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos. Dicha modificación tiene como objetivo el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo", criterio que afirma, fue compartido por la colegisladora en el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
• El procurador agrega que, tal como lo consideró el Constituyente Permanente, la extinción de dominio se implementó en nuestro orden jurídico, toda vez que las figuras existentes, o bien, eran insuficientes para alcanzar el objetivo de combatir eficazmente la delincuencia organizada (como el aseguramiento o el decomiso), o bien, no eran adecuadas o correctas para lograrlo (como la expropiación).
• A continuación, relaciona las características que le atribuye a la acción de extinción de dominio. Señala que se trata de una acción de carácter público, pues faculta al Estado a solicitar a un Juez que aplique en su favor bienes, cuyo dominio se declare extinto en sentencia; una acción real, ya que busca declarar la extinción de un derecho real; una acción de contenido patrimonial, porque versa sólo sobre derechos que integran el patrimonio de las personas; y una acción autónoma del procedimiento penal, que se explica en virtud de que la acción de extinción de dominio no implica la pretensión de aplicar una pena o sanción con motivo de la comisión de un delito, sino que procede con independencia de la culpabilidad de quien haya cometido el hecho ilícito, por lo que el ejercicio de la acción de extinción de dominio y su resolución son autónomos del resultado de cualquier proceso penal.
• Añade que, mediante la acción de extinción de dominio, el Estado no investiga, ni prosigue la acción en contra de una persona por ser el autor o partícipe de la comisión de un delito, no investiga ni persigue el delito, sino que, a través de la autoridad facultada actúa, sobre los bienes relacionados con la comisión de hechos ilícitos, con la pretensión de que el Juez Civil, previa sustanciación del procedimiento respectivo, declare la extinción del dominio sobre esos bienes, al quedar plenamente acreditada la ilegitimidad de su origen o utilización.
• De igual forma, el Constituyente Permanente, sin dejar margen de regulación legislativa, fue claro en establecer los delitos por los cuales procedería la extinción de dominio, procediendo, exclusivamente, para los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
• Con base en lo anterior, considera que, al establecerse en la fracción V del artículo 9 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza, un diverso delito de los previstos por el Constituyente para que opere la extinción de dominio, se viola el artículo 22, fracción II, de la Constitución Federal.
CUARTO.-Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 33/2013, mediante acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil trece; asimismo, ordenó turnar el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de conformidad con la certificación de turno que al efecto se acompañó.
Por su parte, el Ministro Instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de quince días hábiles que marca la ley, que se cuentan a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, mediante un acuerdo emitido el seis de noviembre de dos mil trece.
QUINTO.-Informe del Poder Legislativo del Estado. El diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y representante legal del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 220, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe, señaló que los conceptos de invalidez de la actora son infundados, por las razones que a continuación se sintetizan:
• En primer lugar, manifestó que la aprobación del Decreto No. 290, relativo a la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza, siguió los trámites previstos en la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, según se puede apreciar de la iniciativa de decreto, del dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, del Diario de Debates, y del propio decreto.
• En segundo lugar, señaló que, a juicio del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, no se comete la infracción inconstitucional de que se duele el procurador general de la República, por los motivos siguientes:
• Se considera que la Constitución Federal no establece una reserva legislativa, puesto que, de haberlo hecho, hubiera establecido una prohibición expresa para que los Estados no legislaran en la materia.
Señala que, contrario a lo que sucede con las leyes secundarias, las reservas o prohibiciones deben ser expresas en la Constitución y no tácitas, máxime cuando se refieran a la limitación de la soberanía estatal.
Así, de la lectura de la demanda del procurador general de la República, no se advierte que exista una prohibición expresa a las Legislaturas Estatales para ampliar la esfera de aplicación de la extinción de dominio, lo que se entiende en el sentido de que la soberanía estatal puede ampliar a otros conceptos la extinción de dominio que, en el caso de facilitación delictiva, forma parte habitual de las actividades de la delincuencia organizada.
• El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza legisla atendiendo al mandato soberano que le ha sido conferido y, con base en ello, aprueba las leyes y procede a su reforma, por lo que la actuación del Poder Legislativo, al momento de aprobar la reforma impugnada, atendió a los principios legales enumerados.
Agrega que la nueva ley y su dispositivo impugnado tienen su fundamento en la exigencia ciudadana, ante un delito que lastima seriamente a toda la comunidad, por lo que una sentencia que declarara la expulsión de la fracción V del artículo en comento, traería una consecuencia de mayor daño a la sociedad y enviaría un mensaje equivocado hacia quienes realizan la denominada "facilitación delictiva".
SEXTO.-Informe del Poder Ejecutivo del Estado. El consejero jurídico del Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, Raúl Fernando Alvarado Castro, en uso de las facultades que le confiere la fracción XIX del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, al rendir el informe del Poder Ejecutivo, señaló que los conceptos de invalidez de la actora son infundados, por las razones que a continuación se sintetizan:
1) Señaló que en la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa no se atribuye de manera directa algún acto violatorio o concepto de invalidez por vicios atribuibles a ese Poder, en cuanto a la promulgación de la norma impugnada, por lo que se sostiene la validez de la misma en lo que hace al Ejecutivo del Estado.
2) Agregó que el Poder Ejecutivo del Estado no tuvo injerencia en la irregularidad que se señala en el concepto de invalidez, dado que no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma, y si bien es cierto que la promulgó y publicó, lo hizo por ser un deber del Ejecutivo, previsto en los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción II, de la propia Constitución del Estado.
3) Señaló que la orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a un decreto remitido por el Congreso Local no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo Estatal da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial del Estado, y que lo anterior son requisitos indispensables de fundamentación y motivación de dichos actos; de forma que sólo se requiere que provengan de una autoridad competente para ordenarlos y que se cumplan las formalidades exigidas por la ley para ello, a fin de que la nueva ley o sus reformas puedan ser conocidas, requisitos que en el presente caso se cumplieron, razones por las que se reitera lo infundado de la acción de inconstitucionalidad.
4) Finalmente, consideró importante destacar el argumento que utilizó el legislador coahuilense para la creación de la figura típica de facilitación delictiva y, a continuación, transcribe los siguientes párrafos de la exposición de motivos:
"... 2) Figura típica del (sic) facilitación delictiva
"La actividad del crimen organizado ha revestido diversas formas de exteriorización; ahora no sólo se comete un delito por parte de sus integrantes, sino que se han allegado de personas que se dedican al acecho de las actividades de los cuerpos policiacos, a fin de proporcionar la información a los grupos delictivos, facilitándoles así la comisión de diversos delitos.
"Tal conducta sin duda debe ser sancionada, pues la actividad desplegada por personas a quienes el común de la población ha denominado ‘halcones’, no sólo propicia ejecución de más delitos, sino que pone en riesgo la integridad física de quienes conforman los cuerpos de seguridad pública, de cualquier orden de gobierno, tanto municipal como estatal. ..."
Señaló que el bien jurídico que protege el legislador contra el delito de facilitación delictiva es la seguridad pública, misma que -conforme a la transcrita exposición de motivos- ha de verse afectada no sólo porque la conducta descrita tenga el fin de proporcionar información a grupos delictivos, sobre la ubicación, actividades, operativos o, en general, las labores de seguridad pública, de investigación o persecución del delito o la ejecución de penas, sino también porque esa información facilite la comisión de más delitos que tutelan otros bienes jurídicos valiosos y, asimismo, coloque en riesgo la seguridad personal de los elementos de seguridad pública municipales y/o estatales.
Agregó que lo anterior es una demanda de la sociedad para contar con instrumentos actualizados que permitan incluir nuevos delitos y modificar los existentes para combatir al crimen organizado, a raíz de la actual situación de violencia en el país y, especialmente, en la entidad, por el incremento en tasas de delitos cometidos y el aumento de violencia en las agresiones por parte de los delincuentes.
SÉPTIMO.-Plazo para alegatos. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil trece, el Ministro instructor tuvo al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y al consejero jurídico del Ejecutivo de la misma entidad, rindiendo los informes que les fueron solicitados; tuvo como domicilios para oír y recibir notificaciones los que fueron mencionados en los respectivos escritos y, en el mismo proveído, puso los autos a la vista de las partes por un plazo de cinco días hábiles para que formularan por escrito sus alegatos.
OCTAVO.-Cierre de instrucción. El Ministro instructor, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil trece, tuvo por formulados los alegatos y ordenó el cierre de la instrucción para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
Cabe precisar que sólo formularon alegatos el delegado del Congreso de Coahuila de Zaragoza y el procurador general de la República. El primero, insistió en que, al no existir una prohibición expresa a las entidades federativas en la Constitución Federal para agregar hipótesis delictivas adicionales para la procedencia de la extinción de dominio, ello está permitido, máxime que existen consideraciones que motivan claramente la adición de la fracción impugnada.
Por su parte, el procurador general de la República manifestó que, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Federal, la figura de la extinción de dominio únicamente procede para los tipos penales de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, ya que se trata de una enumeración limitativa, de tipo numerus clausus, por lo que el legislador estatal no puede ampliar la figura de extinción de dominio a otras conductas delictivas que no estén contempladas en el texto de la Constitución Federal, ya que se trata de una norma que prevé una situación excepcional. Por tanto, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza se extralimitó en sus facultades.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 9 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Constitución Federal.
SEGUNDO.-Oportunidad. La acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente.
El Decreto Número 290, que contiene la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el viernes cuatro de octubre de dos mil trece. Así, el plazo de treinta días naturales, previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) transcurrió del cinco de octubre al tres noviembre de dos mil trece. Sin embargo, dado que el día tres de noviembre fue domingo y, por lo tanto, inhábil, de conformidad con el artículo 2o. del citado ordenamiento, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el plazo se extendió hasta el lunes cuatro siguiente. Por tanto, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el cuatro de noviembre de dos mil trece, según se desprende de la foja 11 vuelta del expediente, se concluye que fue presentada de forma oportuna.
TERCERO.-Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
La acción de inconstitucionalidad la promovió Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República,(2) quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) dado que se promovió en contra de una ley de carácter estatal, emitida por la Legislatura de una entidad federativa.
CUARTO.-Causas de improcedencia. Dado que no se hicieron valer causas de improcedencia ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que pueda actualizarse alguna, lo que procede es abordar los planteamientos de fondo.
QUINTO.-Competencia de la Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza para legislar sobre extinción de dominio. Como una cuestión previa al análisis del fondo del asunto, este Tribunal Pleno estima que, en primer lugar, debe determinarse si la Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza tiene facultades para legislar en relación con la figura de extinción de dominio. Ver votación 1
Cabe destacar que, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2010, en la sesión de este Tribunal Pleno celebrada el dieciocho de febrero de dos mil catorce, se determinó, por mayoría de votos, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia constitucional para legislar en relación con la figura de extinción de dominio.
En lo que interesa, dicho aserto se sustentó en que las facultades que otorga el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, al Congreso de la Unión, para legislar en materia de delincuencia organizada, se refieren exclusivamente al delito de delincuencia organizada, que es eminentemente federal. Sin embargo, la extinción de dominio también procede respecto de otros delitos que son eminentemente locales, como el robo de vehículos, o delitos en la modalidad de delegación operativa local por la ley general (competencia concurrente), donde el tipo y penas se encuentran federalmente legisladas, pero la persecución, proceso y condena pueden ser tanto federales como locales, como son los de narcomenudeo, trata de personas y secuestro.
Lo que llevó a concluir que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para emitir una Ley de Extinción de Dominio en dicha entidad federativa, siempre y cuando los procesos a los que se refiere se encuentren relacionados con el delito de robo de vehículos, o bien, aquellos que si bien su regulación corresponde al Congreso de la Unión, su aplicación u operatividad puede ser llevada a cabo por autoridades locales de manera concurrente, tal como en el caso del narcomenudeo, trata de personas y secuestro.
A partir de dicho criterio, que fue aprobado por una mayoría de los integrantes de este Tribunal Pleno, se hace el estudio de la competencia de la Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, para emitir una Ley de Extinción de Dominio.
El artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal establece:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada."
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, en el cual el Constituyente Permanente introdujo la figura de extinción de dominio, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece lo siguiente:
"Artículo 22. ... No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
"I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
"a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
"b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
"d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.
"III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes."
De dicho artículo se desprende que la extinción de dominio tiene por objeto privar del derecho de propiedad sobre bienes que son instrumento,(4) objeto(5) o producto(6) de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.
Asimismo, el precepto establece que, al ejercitar su acción, el Estado debe aportar al juicio de extinción de dominio "elementos suficientes" para acreditar, en primer lugar, que en el mundo fáctico se actualizaron los hechos ilícitos que se adecúan a la descripción normativa de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; en segundo lugar, que los bienes objeto del juicio fueron instrumento, objeto o producto de alguno de los delitos citados; y, en tercer lugar, en el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un tercero, deberá aportar al juicio datos e indicios que razonablemente permitan afirmar que el propietario tiene o tuvo conocimiento de ello.
Del precepto citado también se desprende que la declaración de extinción de dominio debe derivar de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, que debe ser autónomo del proceso penal. La extinción de dominio procede, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, siempre que existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito, contenido en el tipo penal de que se trate, sucedió.
Esto es, la acción de extinción de dominio no está encaminada a determinar la culpabilidad de un imputado ni su eventual sanción penal sino, en esencia, la privación de los bienes de que se sirve para delinquir.
Así, en el proceso penal se juzga si el sujeto a quien se le atribuye la comisión de una determinada conducta o hecho catalogado como delito por la ley, es culpable de haberlo cometido con un contenido de intencionalidad, inclusive, existe la posibilidad de graduar el injusto de acuerdo con la gravedad del daño causado, pues ello es parte del juicio de reproche que se le realiza al autor del delito. Sin embargo, en la acción de extinción de dominio importa tan sólo demostrar la existencia del hecho ilícito descrito en la ley penal.
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) nuestro país se encuentra constituido como una República representativa, democrática y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, empero, unidos en una Federación, los cuales se asocian delegando algunas facultades a la Federación, acorde con los postulados previstos en la propia Ley Fundamental.(8)
En lo que refiere al régimen de competencias entre los Estados y la Federación, la regla general es que en nuestro sistema, por disposición expresa del artículo 124 de la Constitución Federal, rige la competencia residual, por virtud de la cual, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Ley Fundamental a la Federación, se entienden reservadas a los Estados.
En efecto, el artículo 124 de la Constitución Federal establece:
"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."
Por tanto, las reglas de competencia en materia legislativa funcionan de la siguiente manera:
• El Congreso de la Unión solamente tiene las facultades que la Constitución le ha encomendado; y
• Las Legislaturas de los Estados de la Federación gozan de aquellas competencias que no le han sido encomendadas expresamente al Congreso de la Unión.
Ahora bien, ni el artículo 22, arriba transcrito, ni el artículo 73 constitucionales otorgan al Congreso de la Unión una facultad expresa para legislar en materia de extinción de dominio, y si bien es cierto que el artículo 73, fracción XXI, sí le confiere al Congreso de la Unión una facultad expresa para legislar en "materia de delincuencia organizada", este Tribunal Pleno ya sostuvo que dicha facultad debe entenderse restringida al delito de delincuencia organizada, y no a una materia de delincuencia organizada en sentido amplio, que incluya a la extinción de dominio.
De ahí que si la extinción de dominio no constituye una materia específica, ni puede hablarse de una materia de delincuencia organizada en sentido amplio que englobe a la extinción de dominio y, por lo tanto, la Constitución Federal no concede al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar en materia de extinción de dominio, debe entenderse que en los términos del artículo 124 de la Constitución Federal, es competencia de las entidades federativas legislar en materia de extinción de dominio, excepto en relación con el delito de delincuencia organizada, que es de competencia federal exclusiva, en los términos de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, arriba transcrito.
La conclusión anterior se refuerza si se toma en cuenta que la extinción de dominio constituye una figura jurídica híbrida que participa de las materias civil, penal y administrativa, sobre las cuales el Congreso de la Unión tampoco tiene facultad expresa para legislar, por lo cual, son materias respecto de las cuales pueden legislar las entidades feder
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25907-ce91d767/i-extincion-de-dominio-competencia-de-las-entidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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