Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD (ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LEGISLAR EN LA MATERIA RESPECTO DE LOS DELITOS DE SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS (ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, Y 10 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TABASCO). III. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA DISPONGA DE LOS BIENES SOBRE LOS QUE AQUÉLLA SE DECLARE O DEL PRODUCTO DE SU ENAJENACIÓN, SIN CONTEMPLAR LA EXISTENCIA DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA PARA LAS VÍCTIMAS DE TRATA, TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 62, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TABASCO). IV. EXTINCIÓN DE DOMINIO. IMPOSIBILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DISPONER DE LOS BIENES SOBRE LOS QUE ÉSTA SE DECLARÓ CUANDO POR SUS EFECTOS PROBATORIOS SE HA ORDENADO SU CONSERVACIÓN EN ALGUNA CAUSA PENAL (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 62, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TABASCO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA POR PROVENIR DE UN ÓRGANO SIN FACULTADES PARA EMITIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 62, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TABASCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2015. · Registro digital (IUS): 26824
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-12-02
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Pág. 101.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 23 DE JUNIO DE 2016. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil quince, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los artículos 2, fracción V, 10 y 62 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, así como el diverso 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil diez, del tenor siguiente:

"Artículo 2. Glosario

"Para efectos de esta ley, se entenderá por:

"V. Hecho ilícito: Hecho antijurídico en el que concurran los elementos del tipo penal, ya sea del delito de robo de vehículo, trata de personas, contra la salud o de secuestro, siempre y cuando, en lo que concierne a estos dos últimos, sean competencia de los jueces de la entidad."

"Artículo 10. Procedencia de la extinción de dominio .

"Procede la extinción de dominio, en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el capítulo VII, del título décimo octavo, de la Ley General de Salud; robo de vehículo, trata de personas y secuestro, en los casos en que se sustancien ante las autoridades de la entidad respecto de los bienes que:

"I. Sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;

"II. No sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior;

"III. Estén siendo utilizados para la realización de los hechos ilícitos materia de esta ley por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y

"IV. Estén titulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de los hechos ilícitos contenidos en esta ley y el imputado por éstos se comporte como dueño."

"Artículo 62. Ejecución de sentencia y adjudicación de bienes.

"Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva que es procedente la extinción de dominio, el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, la presente ley y los ordenamientos aplicables a los bienes en propiedad o posesión del Estado.

"Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de su enajenación serán adjudicados y puestos a disposición del Gobierno del Estado. Las acciones, partes sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate no computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales.

"El Gobierno del Estado no podrá disponer de los bienes, aún y cuando haya sido decretada la extinción de dominio, si en alguna causa penal se ha ordenado la conservación de aquéllos por sus efectos probatorios, siempre que dicho auto o resolución le haya sido notificado previamente.

"Cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio, salvo que esta última se pronuncie sobre la inexistencia del hecho ilícito.

"El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante sentencia ejecutoriada, se aplicará en los términos que establece el Código Nacional, en lo que concierne al decomiso."

"Artículo 35. El Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas deberán restituir a las víctimas de las conductas previstas en la presente ley en el goce de sus derechos en cuanto sea posible y solicitará la reparación del daño.

"En su caso, la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin perjuicio de ejercer las acciones que correspondan en contra del sentenciado.

"Dentro de la reparación a las víctimas de las conductas previstas en la presente ley se incluirán los gastos alimentarios y de transporte y hospedaje a cargo de ésta, con motivo del procedimiento penal."

SEGUNDO.-Admisión. Mediante proveído de tres de febrero de dos mil quince, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente y lo turnó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos quien, en su carácter de instructora, por auto de la misma fecha admitió, la acción de inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la referida entidad federativa para que rindieran sus informes respectivos.

TERCERO.-Contestaciones de la demanda. En acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil quince, la Ministra instructora tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tabasco, respectivamente, rindiendo los informes que les fueron solicitados. Además, en dicho proveído puso los autos a la vista de las partes para que formularan los alegatos que a sus intereses conviniesen.

CUARTO.-Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de ocho de abril de dos mil quince, se cerró la instrucción de este asunto, a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.-Oportunidad. La demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente.

El Decreto Número 186 mediante el cual se expidió la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, que contiene los artículos 2, fracción V, 10 y 62, cuya constitucionalidad se controvierte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Siendo así, el plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, para promover la acción de inconstitucionalidad, transcurrió del uno al treinta de enero de dos mil quince, fecha esta última en la que se presentó el escrito mediante el cual se promueve la presente acción de inconstitucionalidad.

TERCERO.-Legitimación. En el caso, suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República.(1) Dicho funcionario ostenta la representación de la referida Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(2) y 18 de su Reglamento Interno.(3)

Dicho funcionario está facultado para promover la acción de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General.

Supuesto normativo que se actualiza, ya que en el caso se plantea la inconstitucionalidad de tres preceptos de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, por considerar que vulneran derechos fundamentales.

CUARTO.-Actos impugnados. De una lectura integral de la demanda inicial, se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción V, 10 y 62 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, así como el diverso 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil diez.

Conceptos de invalidez. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los siguientes conceptos de invalidez:

Expone que la inclusión de los delitos de secuestro y trata de personas en la regulación local sobre extinción de dominio es inconstitucional, toda vez que éstos deben ser regulados exclusivamente por el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Carta Magna, el cual excluye a las entidades federativas de su regulación de esos delitos y sujeta su actuación a la distribución de competencias y formas de cooperación que se definan en las leyes generales.

Señala que, por cuanto hace a los delitos en materia de trata de personas, el artículo 9o. de la ley general respectiva, prevé que en todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esa ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, lo cual impide al legislador local regular dicha materia, y afirma que esta Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013, determinó que las entidades federativas carecen de competencia para regular tal delito, lo que debe incluir lo concerniente a la extinción de dominio.

Por lo que respecta al delito de secuestro, el artículo 35 de la ley general, establece que la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin especificar a cuál legislación se refiere, lo que propicia la incertidumbre jurídica sobre si los Congresos Locales tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio respecto al delito de secuestro o si es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

No obstante, debe entenderse que también es aplicable la Ley Federal de Extinción de Dominio para el procedimiento de extinción de dominio, dado que los delitos de trata de personas y secuestro se regulan de manera idéntica en los artículos 22 y 73, fracción XXI, inciso a), constitucionales, por lo que donde existe la misma razón legal debe existir igual disposición de derecho.

Los Estados no tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio en relación con el delito de secuestro, respecto de lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también se pronunció al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013.

Las normas impugnadas generan una violación al derecho de seguridad pública, al establecer normas supletorias a las adicionales a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, toda vez que en el artículo 44 dispone que, los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán a favor de los Estados y el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), "lo cual no acontecería si la ley local en materia de extinción de dominio se aplica para los delitos de trata, puesto que la ley local impugnada en su artículo 62 dispone que los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, pasarán a formar parte de los bienes del Estado de Tabasco, generando así una transgresión a los derechos de protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas."

QUINTO.-Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. El coordinador general de asuntos jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, manifestó por un lado, la falta de legitimación activa de la parte actora y, por otra, sostuvo la validez constitucional de los artículos impugnados de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, toda vez que se está en presencia de leyes concurrentes.

SEXTO.-Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, al rendir el informe en representación de dicho órgano legislativo, manifestó, esencialmente, que los artículos cuya invalidez se solicita, tienen por objeto regular la extinción de dominio y no la de regular los delitos de secuestro y trata de personas como tal, sino que establecen un procedimiento debidamente explícito para llevar a cabo la extinción de dominio, cuando se cometan los delitos a los que hace referencia.

SÉPTIMO.-Opinión de la procuradora general de la República. Al formular su opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad 12/2015, manifestó la extemporaneidad en la impugnación del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los artículos impugnados son constitucionales, al no transgredir derechos humanos.

OCTAVO.-Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, aduce que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, en términos de los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II, y 64, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación activa, porque para demandar la inconstitucionalidad de normas se requiere que las impugnadas afecten derechos humanos, lo que no sucede en el caso.

La causa de improcedencia invocada es inatendible, en virtud de que para determinar si las normas impugnadas transgreden derechos humanos y de ahí determinar la procedencia de la vía constitucional, es una cuestión que trasciende de manera fundamental al análisis de las normas impugnadas, por ende, sólo puede ser materia de estudio de fondo del asunto y no de su procedencia.

Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 36/2004, del Tribunal Pleno, del tenor siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."(4)

En cambio, es fundada la causal de improcedencia invocada por la procuradora general de la República, en relación con la extemporaneidad en la impugnación del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues señala que dicho precepto "establece que la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin acotar de manera precisa, si se trata de la Ley Federal de Extinción de Dominio o si son las leyes estatales que regulan dicha figura, lo cual trae como consecuencia una violación al derecho a la seguridad jurídica, en detrimento de los derechos humanos." (foja 34 de la demanda)

La impugnación de dicho precepto resulta extemporánea, puesto que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada el treinta de noviembre de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, sin que advierta este Tribunal Pleno que de las reformas posteriores a su publicación, en particular, la enmienda publicada el tres de junio de dos mil catorce, se haya reformado o modificado el contenido de su artículo 35, el cual ha permanecido en su texto original desde la publicación de la ley general.

Por ello, resulta claro que el plazo de impugnación del precepto controvertido transcurrió en exceso, de acuerdo con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, que establece el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

En consecuencia, ha lugar a sobreseer respecto del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento en los artículos 19, fracción VII, 20, fracción II, en relación con los artículos 60 y 65 de la ley reglamentaria de la materia.

Idénticas consideraciones sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad números 4/2015 y 30/2015, por mayoría de diez votos, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciséis.

NOVENO.-Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó los artículos 2, fracción V, y 10 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, que son del tenor siguiente:

"Artículo 2. Glosario

"Para efectos de esta ley, se entenderá por:

"V. Hecho ilícito: Hecho antijurídico en el que concurran los elementos del tipo penal, ya sea del delito de robo de vehículo, trata de personas, contra la salud o de secuestro, siempre y cuando, en lo que concierne a estos dos últimos, sean competencia de los Jueces de la entidad."

"Artículo 10. Procedencia de la extinción de dominio

"Procede la extinción de dominio, en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el capítulo VII, del título décimo octavo, de la Ley General de Salud; robo de vehículo, trata de personas y secuestro, en los casos en que se sustancien ante las autoridades de la entidad respecto de los bienes que:

"I. Sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;

"II. No sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior;

"III. Estén siendo utilizados para la realización de los hechos ilícitos materia de esta ley por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y

"IV. Estén titulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de los hechos ilícitos contenidos en esta ley y el imputado por éstos se comporte como dueño."

De la reproducción de los artículos impugnados, se advierte que, en ellos se definen como hecho ilícito, para efectos de la ley en cuestión, al hecho típico y antijurídico constitutivo, entre otros, de los delitos de secuestro y trata de personas; y se establece los supuestos jurídicos en que procede la extinción de dominio.

En la demanda, la parte actora expone que la inclusión de los delitos de secuestro y trata de personas en la regulación local sobre extinción de dominio es inconstitucional, toda vez que éstos deben ser regulados exclusivamente por el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Carta Magna, el cual excluye a las entidades federativas de su regulación de esos delitos, y sujeta su actuación a la distribución de competencias y formas de cooperación que se definan en las leyes generales.

Señala que por cuanto hace a los delitos en materia de trata de personas, el artículo 9o. de la ley general respectiva, prevé que en todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esa ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, lo cual impide al legislador local regular dicha materia, y afirma que esta Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013, determinó que las entidades federativas carecen de competencia para regular tal delito, lo que debe incluir lo concerniente a la extinción de dominio.

Por lo que respecta al delito de secuestro, el artículo 35 de la ley general establece que la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin especificar a cual legislación se refiere, lo cual propicia la incertidumbre jurídica sobre si los Congresos Locales tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio respecto al delito de secuestro o si es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

No obstante, debe entenderse que también es aplicable la Ley Federal de Extinción de Dominio para el procedimiento de extinción de dominio, dado que los delitos de trata de personas y secuestro se regulan de manera idéntica en los artículos 22 y 73, fracción XXI, inciso a), constitucionales, por lo que, donde existe la misma razón legal debe existir igual disposición de derecho.

Los Estados no tienen facultades para legislar en materia de extinción de dominio, en relación con el delito de secuestro, respecto de lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también se pronunció al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013.

En relación con los conceptos de invalidez planteados, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2015, por mayoría de votos,(5) en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, determinó lo siguiente:

"Si bien el promovente plantea la cuestión como una invasión a la esfera de competencia federal por regularse los delitos de secuestro y trata de personas, cuya tipificación, establecimiento de sanciones y distribución de competencias respectivas corresponde al Congreso de la Unión, de la lectura de los preceptos impugnados se advierte que en ellos no se regulan dichos delitos: no se tipifican, no se establecen sanciones, ni se regula ningún aspecto relacionado con su investigación. Lo que hacen los preceptos impugnados es incluir a dichos delitos entre los que dan origen a la instauración del procedimiento tendiente a la extinción de dominio de bienes.

"Por tanto, la cuestión a resolver consiste en determinar si las entidades federativas pueden legislar en materia de extinción de dominio con motivo de los delitos en materia de secuestro y trata de personas, lo que necesariamente se debe analizar a la luz de la regla competencial del artículo 124 constitucional, conforme al cual las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación, se entienden reservadas a los Estados, por lo que es necesario determinar si la extinción de dominio para los casos de secuestro y trata de personas está expresamente concedida a la Federación.

"La figura de la extinción de dominio está prevista en el artículo 22 constitucional, que señala:

"‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

"‘No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

"‘En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

"‘I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

"‘II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

"‘a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

"‘b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

"‘c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

"‘d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

"‘III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.’

"El citado precepto prevé la posibilidad de extinguir el dominio respecto de bienes relacionados con la comisión de ciertos delitos -entre ellos secuestro y trata de personas-, cuando se surtan los supuestos que allí se detallan. Dicho artículo no atribuye expresamente a la Federación la facultad de legislar en materia de extinción de dominio, lo que ha llevado a este Tribunal Pleno a sostener en las acciones de inconstitucionalidad 18/2010,(6) 33/2013,(7) 20/2014 y su acumulada 21/2014,(8) así como 3/2015,(9) que las entidades federativas tienen competencia constitucional para legislar en relación con la figura de extinción de dominio, pero condicionando dicha competencia a los delitos que son de competencia local y aquellos respecto de los cuales las entidades federativas cuentan con facultades de investigación, persecución y sanción.(10) En tal sentido en la acción 20/2014 y su acumulada se invalidaron diversos preceptos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, en tanto contemplaban a los delitos de delincuencia organizada entre aquellos que originaban los procedimientos respectivos, lo que se estimó invadía la competencia federal exclusiva para regular los delitos de delincuencia organizada.

"Ahora bien, tratándose de los delitos de secuestro y trata de personas, la Constitución prevé una competencia federal exclusiva respecto del señalamiento de los tipos y sanciones, y deja al Congreso de la Unión la facultad de distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en todos los demás aspectos relacionados con dichos delitos, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI constitucional, que señala:

"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"‘XXI.- Para expedir:

"‘(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de julio de 2015)

"‘a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

"‘Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

"‘b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

"‘(Reformado, D.O.F. 2 de julio de 2015)

"‘c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

"‘Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

"‘En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.’

"La manera como opera l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26824-661264ec/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.