EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL TIENE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESA MATERIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, con precisiones en cuanto a la necesidad de analizar las particularidades de cada delito, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando González Salas, con precisiones en cuanto a la necesidad de analizar los casos particulares, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión del once de febrero de dos mil catorce) EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 25, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 19 DE JULIO DE 2010, AL PREVER QUE EL JUEZ DURANTE EL PROCEDIMIENTO GARANTIZARÁ QUE LOS TERCEROS OFREZCAN PRUEBAS CONDUCENTES PARA QUE SE RECONOZCAN SUS DERECHOS SOBRE LOS BIENES MATERIA DE LA ACCIÓN; Y LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS ÚNICAMENTE EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO COMPAREZCAN PARA TALES EFECTOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes) EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 19 DE JULIO DE 2010, AL ESTABLECER QUE CUANDO EL AFECTADO LO SOLICITE POR CUALQUIER MEDIO, EL JUEZ LE DESIGNARÁ UN DEFENSOR DE OFICIO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Luis María Aguilar Morales se apartó de algunas consideraciones. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes) EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 19 DE JULIO DE 2010, NO PREVEA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS TERCEROS, VÍCTIMAS U OFENDIDOS RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Luis María Aguilar Morales se apartó de algunas consideraciones. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes) EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 25, ÚLTIMO PÁRRAFO, 26 Y 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 19 DE JULIO DE 2010, NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD PROCESAL Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández estuvieron ausentes)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2010. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. 18 DE FEBRERO DE 2014. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: RODRIGO DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA, HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA, ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS, ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ, JAIME SANTANA TURRAL, MIREYA MELÉNDEZ ALMARÁZ Y EVERARDO MAYA ARIAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día dieciocho de febrero de dos mil catorce.
VISTOS; Y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diez, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Armando González Placencia, en su carácter de presidente y representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del decreto que reformaba los artículos 25, párrafo segundo, 26 y 34, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial capitalina el diecinueve de julio de dos mil diez.(1)
Señaló como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, respectivamente, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno del Distrito Federal.
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hizo valer el promovente refieren:
"V. Conceptos de invalidez:
"V.I Antecedentes y consideraciones previas:
"Previo a la exposición de los conceptos de invalidez y para un mejor entendimiento de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, se estima pertinente establecer los hechos que dan origen a la presente acción de inconstitucionalidad:
"• El 18 de junio de 2008 se reformó el artículo 22 constitucional para incorporar el procedimiento de extinción de dominio, estableciendo lo siguiente: (se transcribe).
"• La reforma constitucional institucionaliza el carácter autónomo del procedimiento de extinción de dominio y lo dota, principalmente, de autonomía procedimental, respecto de la materia penal, además de garantizar el derecho de interponer los recursos respectivos cuando cause una afectación incompatible con los demás preceptos constitucionales.
"• De forma posterior, el 8 de diciembre de 2008 se expidió en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; en ella, se estableció su naturaleza reglamentaria del artículo 22 constitucional, lo cual se señala en el artículo 1 de citada la ley (sic); asimismo, establece, en su artículo 27, quiénes son las partes en el procedimiento de extinción de dominio, a saber:
"i. El afectado;
"ii. La víctima;
"iii. El ofendido;
"iv. El tercero; y,
"v. El agente del Ministerio Público.
"• El texto de la Ley de Extinción de Dominio anterior a las reformas que se impugnan, establecía una serie de obligaciones para los juzgadores, las cuales generaban derechos propios de toda parte en un procedimiento y, en consecuencia, generaban certeza jurídica para éstas:
"A. En el artículo 34 de la ley, antes de la reforma, se establecía el deber de garantía por parte de los juzgadores para notificar personalmente a las partes del procedimiento.
"B. En el artículo 37 de la actual ley, aún se establece la aplicación supletoria de las normas civiles procedimentales para el Distrito Federal para respetar la formalidad de las notificaciones. El artículo 25 de la ley establecía el deber de garantía del juzgador de que las partes comparecieran y ofrecieran pruebas en el procedimiento.
"C. Además, el artículo 26 del ordenamiento jurídico de referencia antes de la reforma consagraba el deber del Juez de garantizar el derecho a la defensa adecuada de las víctimas y los terceros.
"• De manera posterior, se plantea la primera reforma a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, ocurrida el 18 de agosto de 2009. El decreto también reformó el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ambos ordenamientos fueron modificados para armonizar el procedimiento civil para el recurso de apelación con efecto devolutivo de tramitación inmediata a lo regulado en los artículos 39 y 59 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. Estas reformas hacen evidente la estrecha relación que existe entre la ley instrumental en materia civil y el procedimiento de extinción de dominio.
"• Fue hasta el 11 de marzo de 2010 cuando se turnó el proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, al Código Penal para el Distrito Federal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal, para su análisis y dictamen, a las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el dictamen aprobó las siguientes reformas:
"A. Adecuar el concepto previsto en el artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de cumplir las garantías de exacta aplicación de la ley en materia penal y de seguridad jurídica. Lo que significa incorporar en el catálogo de ese artículo los delitos de encubrimiento por favorecimiento, contemplado en el artículo 320, y encubrimiento por receptación, establecido en el artículo 243 del mismo ordenamiento.
"B. Modificar la fracción V (sic) de la Ley de Extinción de Dominio para precisar la carga de la prueba hacia el Ministerio Público, cuando el supuesto pretende extinguir los derechos de propiedad de aquellos bienes que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, cuando el dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
"C. Derogar el párrafo segundo del artículo 59, relativo al recurso de apelación, admitido en efecto devolutivo, contra el acuerdo que rehace medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma.
"D. Reforma del artículo 25 que adiciona ‘cuando comparezca para tales efectos’ que tiene relación con las víctimas u ofendidos y que afecta el deber del Juez de garantizar y proteger que dichas partes del procedimiento puedan comparecer a deducir sus derechos mediante el ofrecimiento de pruebas.
"E. Reforma al artículo 26, cuyo contenido establece que se precise que el Juez no tendrá la obligación de designar al afectado un defensor de oficio cuando no comparezca.
"F. El contenido del actual artículo 34 de la ley no contempla la notificación personal a los terceros, las víctimas u ofendidos. Es necesario señalar que el artículo 37 de la ley establece que las notificaciones deberán seguir las formalidades establecidas en el capítulo V del título segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
"G. Se reformó el concepto de víctima y ofendido en el artículo 2, fracción XIX, de la Ley de Extinción de Dominio.
"El proceso legislativo concluyó el 19 de julio de 2010 con la publicación de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hecho que motiva la presente acción de inconstitucionalidad.
"V.5. (sic) Conceptos de invalidez:
"Esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que los artículos 25, segundo párrafo, 26 y 34 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, son violatorios de derechos humanos y contravienen lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: (se transcribe).
"En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que ‘el derecho de audiencia consagrado en el artículo constitucional referido exige que ningún acto privativo pueda surtir efectos legales sin que previamente se dé oportunidad de defensa a la parte afectada y se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que consisten en que se realice la notificación del inicio del procedimiento; que se otorgue la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas para la defensa; que se conceda la oportunidad de alegar y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas.’
"En ese orden de ideas, el Tribunal Pleno, al interpretar el artículo 14 de la Constitución Federal, ha señalado que ‘es necesario ubicar a la norma jurídica analizada en su contexto legal y emprender un análisis de forma sistemática y armónica con el resto de los artículos que regulan la materia.’
"En el presente caso, tras la reforma a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal del 19 de julio de 2010, los artículos 25, segundo párrafo (sic), 26 y 34, en una interpretación conexa, vulneran los derechos procesales de las víctimas, ofendidos y terceros, en relación con su intervención como partes en el procedimiento, así también se vulnera su derecho a la defensa adecuada, el derecho a la garantía de audiencia, en consecuencia, las garantías de debido proceso y, lógicamente, el artículo 14 constitucional ya señalado.
"Para una comprensión gráfica, se exponen los siguientes cuadros comparativos, con el texto anterior a la reforma y el vigente:
Ver cuadros comparativos
"De la modificación de este artículo, se colige que la reforma de julio de 2010 de la ley que se analiza, contraviene el equilibrio procesal entre las partes y vulnera el derecho a la defensa adecuada, el derecho a ser oído y vencido en juicio, pues la ausencia de notificación personal en el caso de la admisión del ejercicio de la acción a tercero, víctimas y ofendidos, les impide enterarse del inicio de un procedimiento que puede afectar su esfera jurídica e incorporarse en igualdad de condiciones con las otras partes al procedimiento de extinción de dominio, lo que lógicamente vulnera los derechos al debido proceso consagrados en el artículo 14 constitucional.
"La consecuencia de reformar los derechos procesales de las partes, al cancelar la obligación del Juez de notificar personalmente a la víctima, al ofendido y al tercero es violatorio del derecho a la defensa adecuada, pues genera una falta de cumplimiento de las formalidades esenciales en el procedimiento, lo que también afecta los derechos adquiridos por las partes en el procedimiento de extinción de dominio y, como consecuencia, afecta la garantía de audiencia y su capacidad de defensa, vulnerando el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contrario a las disposiciones de distintos instrumentos internacionales.
"En igual sentido, el artículo 25 reformado vulnera también el artículo 14 constitucional, al disponer lo siguiente:
Ver artículo 25 (antes y después de la reforma)
"Como puede observarse, el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, antes de la reforma, garantizaba el derecho de las víctimas y ofendidos para ofrecer pruebas en lo relativo a la reparación del daño, ya que su intervención estaba asegurada por lo dispuesto en el artículo 34, que establecía la obligación de la autoridad de notificar personalmente a víctimas u ofendidos respecto de la admisión del ejercicio de la acción en el procedimiento, situación que ya no acontece, como ya quedó acotado en la argumentación referente al artículo 34 reformado, situación que evidentemente impide que víctimas y ofendidos tengan noticia de que existe un procedimiento cuya determinación puede afectar sus derechos.
"Aunado a lo anterior, el artículo 25 reformado indica que las víctimas u ofendidos sólo ofrecerán pruebas en lo relativo a la reparación del daño siempre y cuando comparezcan al proceso, como lo dispone la última parte de dicho artículo, que indica que ese derecho (ofrecimiento de pruebas) lo tendrán las víctimas u ofendidos cuando comparezcan para tales efectos, lo cual deviene imposible, dado que no existe siquiera una obligación de notificación que les haga saber del inicio de la admisión del ejercicio de la acción en el procedimiento, por tanto, no estarán en posibilidad material y jurídica de acudir a deducir sus derechos en cuanto a la reparación del daño, dejándolos en estado de indefensión.
"Lo que contraviene de forma por demás evidente los derechos consagrados en el artículo 14 constitucional.
"Por cuanto hace al artículo 26 de la ley que se analiza, se tiene que:
Ver artículo 26 (antes y después de la reforma)
"Antes de la reforma objeto de esta acción de inconstitucionalidad, el artículo 26 garantizaba el derecho del afectado a un defensor de oficio, aun cuando no compareciera al juicio; sin embargo, tras la reforma de julio de 2010, el defensor de oficio se designa a solicitud expresa del agraviado, lo que implica que sólo en caso de comparecer al procedimiento se le designará un defensor de oficio, en consecuencia, el afectado que no comparezca al procedimiento no tendrá oportunidad de que se respeten sus garantías de audiencia y debido proceso, lo que quebranta el alcance del derecho a una defensa adecuada contenido en el artículo 14 constitucional.
"El artículo 26 reformado implica un retroceso en el respeto de los derechos fundamentales y al cumplimiento de lo dispuesto por nuestro Máximo Ordenamiento Jurídico, lo que implica una vulneración evidente a los derechos humanos de los afectados.
"Es necesario realizar un análisis íntegro de las demás normas relativas a las formalidades esenciales del procedimiento, para establecer que con la primera Ley de Extinción de Dominio de 2008 se generaba un marco normativo formal para la actuación de las partes en el procedimiento de extinción de dominio y se establecía una serie de derechos procesales y de responsabilidades correlativas para garantizar esos derechos; sin embargo, a raíz de la reforma a dicha ley publicada el 19 de julio de 2010, esta situación ya no subsiste, debido a las disposiciones jurídicas modificadas que se impugnan, puesto que se limitan los derechos adquiridos por las partes en dicho procedimiento.
"Si bien el dictamen del proyecto de reforma de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal establece que la modificación al artículo 34 atiende a dos razones, la primera, porque sería imposible para el Juez conocer la identidad de todas las personas que tienen la calidad de tercero, ya que esa circunstancia depende de que una persona considere tener una pretensión ajustada a la norma para reclamar un derecho respecto a un bien relacionado con la extinción de dominio, la norma actual obliga al Juez a tener un dato que nadie conoce y, la segunda, porque al igual que con la víctima, constriñe a una persona a comparecer a un procedimiento cuando lo apegado a la legislación es que ésta pueda tener la libertad de elegir en qué vía hace valer sus derechos.
"Esta comisión considera que es indispensable que prime el criterio para la salvaguarda de la garantía contenida en el artículo 14 constitucional, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que ‘cuando en el procedimiento el sujeto activo ofrece pruebas, cuyo desahogo está pendiente, se imposibilita el dictado de la sentencia en el plazo que señalan aquellos dispositivos, por lo que no es dable dictarla en aras de privilegiar la celeridad del procedimiento, pues la garantía de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses del oferente, siendo menester desahogar las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los plazos legales señalados en la norma adjetiva.’
"Asimismo, existe una afectación a los derechos humanos, concretamente al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y al equilibrio procesal, en razón de que las reformas implican la pérdida del derecho procesal probatorio de las víctimas, ofendidos y terceros como partes en el procedimiento de extinción de dominio, como a continuación se describe:
"A. Violación del principio de equilibrio procesal
"La Suprema Corte de Justicia ha establecido que el principio de igualdad entre las partes es un principio que rige en el procedimiento civil, además de señalar que ‘un adecuado equilibrio procesal, debe estar basado en el respeto a la garantía de administración de justicia expedita y a los principios procesales de economía y celeridad’ y que el hecho de que ‘se niegue al actor el derecho de ser oído con toda amplitud, puede romper con el equilibrio procesal entre las partes’.
"En el presente caso, la reforma conlleva la pérdida del derecho procesal probatorio de las víctimas, ofendidos y terceros en tanto partes del procedimiento, sin que a éstas se les pueda adjudicar la omisión en la preparación y el desahogo de las pruebas, toda vez que ni siquiera se les brinda la oportunidad de comparecer al procedimiento, lo que ocasiona la afectación de su derecho procesal probatorio y genera violaciones al equilibrio procesal entre las partes, al derecho de audiencia y a la defensa adecuada, por tanto, vulnera el artículo 17 constitucional, que consagra la garantía de acceso a la justicia, dicha violación obedece a que las reformas a los artículos multicitados anulan la posibilidad de las víctimas, ofendidos y terceros a acceder a la justicia.
"En conclusión, se viola el principio de equilibrio procesal, al afectarse el derecho de audiencia y de defensa adecuada de las partes del procedimiento de extinción de dominio y, como consecuencia, la vulneración del artículo 14, en relación al 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"B. Violación de los derechos adquiridos por las partes.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en diversas oportunidades, que ‘la garantía de irretroactividad de la ley tutelada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... en materia de facultades legales ... contempla la teoría de los derechos adquiridos o iura quaesita’.
"Esta teoría de los derechos adquiridos tiene referentes internacionales de cumplimiento obligatorio para el Estado Mexicano, como lo es el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la regresividad de los derechos adquiridos.
"En el presente caso, los derechos adquiridos por las partes, relativos al derecho que tienen para el que Juez garantice su comparecencia y desahogo de pruebas en el procedimiento de extinción de dominio, se ven afectados con la actual redacción de los artículos 25, párrafo segundo (sic), 26 y 34 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, porque antes de las reformas impugnadas existía la obligación de notificar personalmente a las partes, en condiciones de igualdad procesal, en tanto que, con las reformas, las víctimas, los ofendidos y los terceros en el procedimiento se ven vulnerados en cuanto a sus derechos procesales ya adquiridos y su capacidad de intervenir en el mismo en tanto su derecho al acceso a la justicia.
"En consecuencia, la reforma a los artículos 25, segundo párrafo, 26 y 34 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal violan las garantías de los artículos 14 y 17 constitucionales, debido a que:
"A. Existen violaciones al derecho a un debido proceso legal, porque no se garantizan las formalidades esenciales del procedimiento, al afectar el equilibrio procesal y por suspender las garantías de acceso a la justicia, audiencia y defensa adecuada para las víctimas, ofendidos y terceros, en tanto partes del procedimiento de extinción de dominio.
"B. Se vulneran el principio de progresividad de los derechos y de los derechos adquiridos que implica violaciones a la prohibición de retroactividad, garantía consagrada por el artículo 14 constitucional."
TERCERO. La parte promovente señaló como violados los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil diez, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 18/2010; lo turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas quien, en su carácter de instructor, por auto del día siguiente mandó dar vista a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, para que rindieran sus informes respectivos y tuvo por ofrecidas las pruebas de la parte actora.(2)
QUINTO. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil diez, el Ministro Instructor tuvo a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, respectivamente, rindiendo los informes que les fueron solicitados; tuvo por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; en el mismo proveído, puso los autos a la vista de las partes para que formularan por escrito sus alegatos.(3)
Los informes respectivos dicen:
De la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
"En efecto, de conformidad con la interpretación sistemática o armónica de la ley, la cual ‘consiste en determinar cuál es el sentido y el alcance de un precepto cuando éste es relacionado con los otros preceptos de la ley a la que pertenecen’, se desprende que los derechos de las víctimas, ofendidos y terceros no se han eliminado en el proceso para la extinción de dominio, toda vez que de acuerdo con el artículo 24, en relación con los artículos 25, 32, fracción II y 40, fracción III, de dicha ley, se garantiza la notificación personal a todas y cada una de las partes contenidas en el artículo 27, así como también el derecho a ofrecer pruebas en el momento procesal oportuno, a efecto de defender sus intereses, y a tener una defensa adecuada dentro del proceso.
"...
"De lo anterior se concluye que si bien se eliminó la obligación del Juez de buscar a las víctimas y terceros, a fin de no retrasar o entorpecer el proceso de extinción de dominio, por su propia y especial naturaleza, y así cumplir con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional, los cuales obligan a suministrar justicia de manera pronta y expedita, no se eliminó la obligación del Juez de garantizar sus derechos, en caso de que éstos aparezcan por sí o por denuncia de alguna de las partes.
"Más aún: El artículo 35 de la ley en cuestión no deja lugar a duda respecto de las garantías de los afectados, terceros, víctimas u ofendidos, al establecer categóricamente que: (se transcribe).
"En el artículo transcrito, el legislador adicionó un fin específico para estas publicaciones en beneficio directo de la protección de los derechos de afectados, terceros, víctimas u ofendidos. La reforma impugnada viene a zanjar así un aspecto que hacía retardatario el procedimiento de extinción de dominio, al colocar al juzgador en una posición de adivinador, al imponerle la obligación de llamar a juicio a los afectados, víctimas y terceros, lo que daría como resultado la obstrucción de la justicia y la falta de celeridad en el proceso.
"Pero, además, es importante señalar que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es la norma supletoria en todo lo relativo al procedimiento de extinción de dominio, de acuerdo con el artículo 3 de la ley de la materia. En este sentido, de acuerdo con dicho ordenamiento adjetivo, el tercero sólo será llamado a juicio a petición o denuncia del demandado, pudiendo incorporarse al juicio para que pueda defender sus derechos si éste aparece, pero en ningún artículo del Código de Procedimientos Civiles se contempla que el Juez deba o tenga la obligación de llamar ‘motu proprio’ a los terceros a juicio.
"Lo dicho en el párrafo anterior se fundamenta en los artículos del Código de Procedimientos Civiles que en seguida se transcriben: (se transcriben).
"Más aún. El artículo 22 del mismo ordenamiento, corrobora el hecho de que el demandado sea el que denuncie la existencia de un tercero, precepto que se transcribe: (se transcribe).
"Cabe mencionar que en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se encuentran regulados los casos en los que procede la notificación por edictos.
"...
"Por lo que se concluye que no deberían ser llamados oficiosamente la víctima, el ofendido, y mucho menos el tercero, pues como ya se demostró, las partes formalmente son el actor y el demandado; no obstante el legislador, en un afán de defensa de los derechos de todos los posibles involucrados, incluyó dentro de la Ley de Extinción de Dominio la notificación personal al afectado, al ofendido, a la víctima y a los terceros, si bien no se encuentran comprendidos en un mismo artículo. Incluso, impone obligaciones al respecto tanto al Ministerio Público como al Juez.
"...
"A este respecto, tampoco debemos olvidar que dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal tenemos el recurso de apelación contra la resolución definitiva del Juez y, en su caso, el tercero llamado a juicio tiene expedita la acción de amparo, como tercero extraño a juicio o tercero extraño por equiparación; sin embargo, la Ley de Extinción de Dominio sí prevé la obligación de notificar personalmente a las partes, también existen otros instrumentos jurídicos con los cuales, en caso de omisión a la ley por parte del juzgador, se podría combatir la falta o indebida notificación personal.
"...
"De acuerdo con la letra del precepto transcrito, se considera inatendible el argumento del promovente, en el sentido de que ello implica que cuando no comparezca el afectado se violan sus garantías, porque el Juez no le designe defensor de oficio; y digo que es inatendible por la sencilla razón de que de conformidad con la reforma no significa que el Juez no tiene la obligación de asignar un defensor de oficio, en el caso de que alguna de las partes lo requiera y así lo haga valer ante el Juez que conoce del proceso, sino que se condiciona la asignación de un defensor de oficio a la comparecencia del afectado al proceso, y esto es lógico, pues de lo contrario el Juez asignaría defensor de oficio a una persona incierta.
"...
"Por otra parte, es importante resaltar que si alguna persona ve afectada su esfera jurídica y por alguna circunstancia no comparece a juicio y, por tanto, en el mismo no puede hacer valer sus derechos, puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal a través del juicio de amparo, como tercero extraño o como tercero extraño por equiparación; lo anterior, de conformidad con la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (se transcribe).
"Asimismo, de conformidad con el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, normatividad supletoria en el proceso, de acuerdo con la Ley de Extinción de Dominio, las personas que tengan interés jurídico y que sean perjudicados por la resolución judicial, podrán recurrir a la apelación, artículo que se transcribe en seguida: (se transcribe).
"...
"Los incisos A) y B) contenidos dentro de la demanda promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, contienen una serie de afirmaciones subjetivas y son reiterativos de los argumentos antes expresados, por lo que se niega su contenido, en particular, en lo referente a que los preceptos impugnados violan el artículo 17 constitucional o el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que la interpretación extrema de este último llevaría a hacer nugatoria toda reforma a una norma procesal; lo cierto es que la reforma de los artículos 25, 26 y 34 de la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, no trastocan derechos procesales de las partes, ni sus garantías de defensa y audiencia, ya que estos derechos de las víctimas, ofendido y terceros se encuentran garantizados por los artículos 24, 32, fracciones II y VIII, 35 y 40 del mismo ordenamiento y por lo que hace al afectado, sus derechos de defensa son reconocidos expresamente desde el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego entonces, la reforma aplicada tiende a aclarar los preceptos para ubicar con mayor idoneidad aspectos de temporalidad y ejercicio de derechos, acordes a la realidad y a las situaciones procesales, básicamente relacionados con los momentos de comparecencia de cada una de estas partes al juicio.
"...
"Y si de la lectura de los artículos 25, 32, fracciones II y VIII, y 40, fracción III, de la ley de la materia, se desprende la obligación en todo momento de notificar personalmente a las partes en el proceso, considerando como tales las enlistadas en el artículo 27 de la misma ley y, en su caso, comparecer. Sin perder de vista que de conformidad con la norma supletoria en el proceso, que es el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no contempla la notificación a los terceros, aunque sí su incorporación en caso de aparecer por sí o por denuncia de alguna de las partes.
"...
"En lo respectivo al principio de igualdad entre las partes, efectivamente, como el mismo actor lo menciona en su escrito de demanda, es un principio que rige en el procedimiento, y no fuera de éste, así todas las partes serán notificadas personalmente por el Juez, pero sin obligarlo a ser una especie de adivinador, y una vez que todas las partes conocidas o que comparezcan por sí, se encuentren debidamente notificadas del inicio del proceso, tienen asegurados sus derechos respecto del ofrecimiento de pruebas, con el fin de comprobar sus pretensiones; asimismo, tendrán derecho a nombrar un defensor particular y, en su caso, a falta de éste, a que se les asigne un defensor público y, como resultado de lo mencionado, a que se suministre justicia de manera equitativa, pronta y expedita.
"...
"La afirmación contenida como inciso B) de la demanda de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, respecto de que con la reforma realizada a los artículos 25, segundo párrafo, 26 y 34, se ven afectados los derechos que tienen las partes para que el Juez garantice su comparecencia y desahogo de pruebas en el procedimiento de extinción de dominio, pues con esto se llega a una regresión de los derechos adquiridos, no pasa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25243-5133ad03/extincion-de-dominio-la-asamblea-legislativa-del-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA (LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN). II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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