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Modo: Corpus Pro

PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. · Registro digital (IUS): 26424
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-07-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Pág. 1447.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 27 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO CASTAÑEDA BONFIL, EVARISTO CORIA MARTÍNEZ, MARIO PEDROZA CARBAJAL, MARIO TORAYA, FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS Y ALBA LORENIA GALAVIZ RAMÍREZ. PONENTE: ARTURO CASTAÑEDA BONFIL. SECRETARIA: ESTHELA CAROLINA MORENO BÁEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, Raúl Martínez Martínez.

TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas:

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo ********** (cuya ejecutoria integró la jurisprudencia por reiteración que dio origen a la presente contradicción de tesis), en sesión de veinticinco de mayo de dos mil quince, en lo que interesa al asunto, determinó:

"CUARTO.-Análisis oficioso de la competencia del resolutor. No habrán de transcribirse la sentencia recurrida ni los agravios planteados en el presente recurso, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que el juzgador emitente de la resolución impugnada carece de competencia por territorio; por tanto, la emisión del fallo en tales circunstancias, al ser la competencia un presupuesto procesal, implica una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos de lo establecido en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, lo que determina su reposición.

"Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2007, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente.

"Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, párrafo primero, y fracción VII, y 94, párrafos quinto y sexto, constitucionales, se infiere que la competencia por razón de territorio de los Juzgados de Distrito, está elevada a rango constitucional, de ahí que la misma es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales, al resolver un juicio de amparo sin tener competencia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla.

"El Pleno del Alto Tribunal estableció que ello ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas, lo que indiscutiblemente trasciende al resultado del fallo.

"Se considera que el fallo impugnado fue emitido por un juzgador que no resultaba competente, considerando al efecto el criterio asumido por este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, en sesión correspondiente al veinte de abril de dos mil quince, el conflicto competencial administrativo **********, suscitado entre el secretario en funciones de Juez del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali.

"Cabe destacar que, al igual que en el referido conflicto negativo de competencia, en este caso la parte quejosa presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad -en este expediente, el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, de donde fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en la misma fecha-, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal.

"En su reclamo de amparo, la quejosa adujo la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley 38 reformada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el cual impugnó en vía de amparo indirecto, con motivo de su aplicación concreta, atribuida al director de dicho instituto, consistente en el descuento a su pensión bajo el concepto 83 (fondo de pensiones).

"Ahora bien, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"‘...

'‘VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.’

"Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, de lo cual, se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto reclamado.

"Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer:

"‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"‘Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"‘Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’

"Así, en el precepto antes reproducido, se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber:

"1. Será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado;

"2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y,

"3. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo.

"En la nueva regulación de la Ley de Amparo, subyace de manera más clara e indiscutible el principio de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador: con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto; y con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito.

"Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal en principio no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y, ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expeditez en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas.

"Así, en principio, para aplicar alguna regla de competencia, debe ponderarse si con ello se provocaría al quejoso un perjuicio mayor en el juicio de amparo, que el que le genera el propio acto reclamado, al obligarlo a litigar su asunto ante un juzgado federal situado fuera del lugar en donde éste se ejecutó o pretende ejecutarse, lo que dificultaría o retardaría el trámite y las comunicaciones generadas durante el juicio y el incidente de suspensión, en su caso. Y si el acto es de tracto sucesivo o carece de ejecución material, al fincar competencia al Juez ante quien se presente la demanda, entonces, claramente se está privilegiando que el quejoso siga el juicio en el lugar que más resulte conveniente a sus intereses y le facilite el seguimiento del trámite.

"De lo anterior se colige que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; ello se debía a la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por los quejosos, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal.

"El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera, que atribuye competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo.

"En el caso en estudio, como se dijo, se reclama el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el descuento realizado a la pensión de la quejosa, manifestado en el recibo correspondiente al mes de **********, y este tribunal estima que es el primer supuesto antes referido, el que fija la competencia del Juez de Distrito para conocer el asunto que se atiende, por las razones expuestas al resolver el conflicto competencial ********** antes citado, que a continuación, en lo esencial, se reiteran.

"En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso; criterio que este tribunal estimó y estima aplicable al caso concreto, por las propias razones que expuso el Máximo Tribunal en el aludido precedente.

"Lo anterior es así, merced a que el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora -cuyo texto es similar al numeral 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a nivel federal a partir del uno de abril de dos mil siete)-, liga el pago de la pensión al domicilio del pensionado, por ser el lugar en el que cobra y disfruta su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal), en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza.

"Por tanto, es claro que el descuento que realiza el instituto responsable a la pensión del quejoso, con base en el artículo 60 Bis B de la Ley 38 reformada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual, se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad, es decir, en su domicilio.

"En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Sonora establece lo siguiente:

"‘Artículo 124. El domicilio de una persona jurídica individual es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle.’

"‘Artículo 125. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarara dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero.’

"‘Artículo 126. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente.’

"‘Artículo 127. Se reputa domicilio legal:

"‘I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto;

"‘II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor;

"‘III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados;

"‘IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar en donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; y

"‘V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido.’

"De los artículos 124 y 125, se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito, por disposición de la ley, cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; a falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia de estos dos, el lugar donde se halle la persona.

"Los artículos 126 y 127 definen, el primero, lo que debe entenderse por domicilio legal; y, el segundo, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que, si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que no tengan esa calidad, caso en el cual, por razón lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 124, es decir, su domicilio convencional.

"En relación con el domicilio de las personas jurídicas individuales, se advierte que los artículos 124 y 125 del Código Civil para el Estado de Sonora establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente, presumiéndose que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio aquel en el que se encontrare la persona.

"Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente, salvo prueba en contrario; lo anterior, significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa como legal.

"De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, el descuento del diez por ciento de la pensión por concepto de fondo de pensiones, en aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, por representar un pago disminuido, puede afirmarse, entonces, que esas consecuencias materiales repercuten en el pago de la pensión, que se vincula al domicilio del pensionado, por ser éste el lugar en el que se cobra y disfruta su pensión y, en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su domicilio.

"Por tanto, considerando que la voluntad del legislador, como quedó visto, al atribuir competencia a los Jueces de amparo atiende, en primer lugar, a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al órgano jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, debe estimarse competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubica el domicilio del quejoso.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la contradicción de tesis 176/2009, antes referida, de los rubros y textos siguientes:

"‘PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.-Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.’

"De igual modo, con esta forma de resolver se atiende al principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considerar competente al Juez de Distrito del lugar donde reside la autoridad encargada de realizar el descuento a las pensiones, cuyo domicilio es en la ciudad de Hermosillo, Sonora, llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en esta ciudad todos los juicios de amparo promovidos contra el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, lo que implicaría retardo en la impartición de justicia.

"En el anterior orden de ideas, y partiendo de la premisa anteriormente establecida, de la copia certificada de la credencial expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a favor de **********, aquí quejosa, exhibida por la propia interesada junto con su demanda de amparo, se advierte que ésta tiene su domicilio en la calle **********, número **********, entre ********** y **********, colonia **********, en el Municipio de Cananea, Sonora, debe estimarse competente al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, pues es quien tiene jurisdicción en dicha ciudad, al ser éste el lugar en que debe entenderse tuvo y tiene ejecución la norma general controvertida, reclamada, precisamente, con motivo de su aplicación o ejecución.

"Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, fracción V, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

"Debe destacarse que, al resolver el conflicto competencial **********, citado en la presente ejecutoria, este tribunal consideró que la copia certificada de la credencial de pensionada de la parte quejosa resulta apta para determinar el domicilio de la misma para efectos del cobro de su pensión, lo que en este caso, se reitera, tomando en cuenta que dicha credencial se encuentra vigente, que fue exhibida por la propia quejosa, y que es apta, salvo prueba en contrario, para legitimarla para efectuar el cobro de sus pensiones, por todo lo cual, deben presumirse ciertos los datos en ella contenidos, vinculados, precisamente, con el derecho involucrado.

"En el contexto anterior, al estimar este tribunal que el juzgador que resolvió el juicio de amparo carecía de competencia por territorio, procede revocar la sentencia recurrida y disponer la reposición del procedimiento, para el solo efecto de que el Juez competente proceda a dictar, con plenitud de jurisdicción, la sentencia constitucional que en derecho corresponda, quedando, por tanto, a salvo las etapas previas de la audiencia constitucional, a fin de salvaguardar el principio constitucional de justicia pronta y expedita que permea en esta resolución; lo anterior, con apoyo en las jurisprudencias que a continuación se insertan:

"‘COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.-Tomando en consideración que de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional, y siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P./J. 8/2001, de rubro: «COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.», se concluye que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta que el Juez de Distrito que conoció del juicio de garantías y dictó la sentencia respectiva, era incompetente por razón de materia para resolverlo, con independencia de la responsabilidad en la que este último pudo haber incurrido, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez especializado que considere competente, con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, por haber violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento respectivo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, puesto que atendiendo a una interpretación armónica de los preceptos que regulan la competencia por materia de dichos órganos jurisdiccionales, acorde con el principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que dicho principio es dominante respecto de la declaración de invalidez total, aunado a que la nulidad general de lo actuado por un Juez incompetente no es una regla estricta, sino que admite salvedades según se disponga en la ley, como las contenidas en los artículos 53 y 54 de la Ley de Amparo, relativas a que son válidas las decisiones del Juez incompetente que atañen al incidente de suspensión. Lo anterior, sin menoscabo de la facultad que tiene el Juez competente para regularizar el procedimiento y, en su caso, en alcance de la resolución del Tribunal Colegiado, dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el Juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución.’

"‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE.-Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un Juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26424-f8dbb81e/pensiones-del-instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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