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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EXISTENTES EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON). AL SER UN ACTO MERAMENTE DECLARATIVO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 7/2018. · Registro digital (IUS): 27767
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-04-27
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON SEDE EN HERMOSILLO Y EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Pág. 1734.

CONFLICTO COMPETENCIAL 7/2018. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON SEDE EN HERMOSILLO Y EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI. 1 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. SECRETARIA: PATRICIA AURORA RODRÍGUEZ DUARTE.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Estudio.

El análisis de las consideraciones que suscitaron el conflicto competencial conduce a concluir que la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, se surte a favor del Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.

La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica que deriva del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y, por tanto, es una cuestión de orden público; ello, aplicado al derecho procesal, se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados tipos de litigios y circunscripción territorial, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente.

Ahora bien, para la resolución de un conflicto competencial entre Jueces de Distrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se requiere, fundamentalmente, la satisfacción de las siguientes condicionantes:

a) Que un Juzgado de Distrito declare legalmente que no es competente para conocer de un juicio de amparo, de un recurso o de cualquier otro asunto en materia de amparo sometido a su consideración, por razón de materia, grado o territorio y remita los autos al Juez homólogo que, en su concepto, lo sea;

b) Que éste no acepte la competencia declinada a su favor, ordene comunicar dicha determinación al Juzgado de Distrito que se hubiere declarado incompetente; y,

c) Que el juzgador requirente (es decir, quien declinó la competencia) a su vez insista en su postura, y remita los autos al Tribunal Colegiado que corresponda.

En la especie, existe manifestación expresa de cada órgano jurisdiccional contendiente -en ejercicio de su potestad y autonomía- de no aceptar tener la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto sometido a su jurisdicción, por lo que se actualiza el conflicto competencial.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 30/2003,(1) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.-Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."

En efecto, en el caso se cumplen los requisitos de existencia del conflicto competencial, toda vez que el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, determinó carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON), con sede en esta ciudad, y otras autoridades, la cual radicó con el número **********.

Para arribar a la anterior determinación, después de que analizó las diversas hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, el juzgador declinante consideró actualizada la primera de ellas, la cual atribuye competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado.

Lo anterior, al considerar que el acto reclamado por la quejosa de mérito, consiste en la inconstitucionalidad de los artículos 50-C, 50-E, 92, 111-C, fracción II, 113, fracción III y 114 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el oficio de veinticuatro de enero de este año, mediante el cual la vocal ejecutiva del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, le negó la devolución de las aportaciones por concepto de fondo de vivienda.

Actos que se atribuyeron a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON), vocal ejecutiva de dicha comisión, Congreso y gobernadora, todos del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.

Por ello, el Juez de Distrito concluyó que, al tratarse de un amparo contra leyes, la competencia del Juez de Distrito que deberá conocer del mismo, recae en aquel que tenga jurisdicción en el lugar en que se hubiere efectuado el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional.

En apoyo de su determinación, citó la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro: "LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE. COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO."

Añadió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, criterio que estima aplicable al caso, por las razones expuestas en la ejecutoria en comento.

Además, porque el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ligaba cuestiones relativas al pago de la pensión al domicilio de la pensionada, por ser el lugar en el que cobra y disfruta de su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo, ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal), en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de los que goza.

Que, por ende, la negativa de la devolución de las aportaciones realizadas al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con base en los artículos de que se duele la parte quejosa, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de sus derechos pensionarios, el cual se vincula a su domicilio, por lo que tales efectos es ahí donde se materializan.

Por su parte, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en auto de catorce de febrero del año que transcurre, radicó el asunto con el número **********, y no aceptó la competencia planteada, al considerar que los actos reclamados, consistentes en la negativa de devolver los saldos de la subcuenta de vivienda y la omisión legislativa, constituían una negativa simple, carente de ejecución material.

Lo anterior, a pesar de que para fundamentar el sentido de la determinación la autoridad responsable invocara los numerales que la quejosa tildaba de inconstitucionales; sin embargo, esa aplicación o fundamentación no constituía por sí una ejecución material de las normas reclamadas con motivo de la respuesta negativa.

Por ello, estimó que el Juez competente para conocer del juicio de amparo era aquel ante quien se presentó la demanda, determinación que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 68/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA."

Ahora bien, como se adelantó, este órgano jurisdiccional estima que el competente para conocer de la demanda de garantías promovida por **********, es el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.

A fin de establecer lo anterior, es necesario partir de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, por ser el que regula la competencia de los juicios de amparo indirectos tramitados ante un Juez de Distrito, de contenido siguiente:

"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."

Del precepto legal en estudio se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, a saber:

I. La primera consiste en que para determinar la competencia del Juez de Distrito, lo que se debe tomar en consideración es que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que significa que este tipo de actos es de aquellos que después de su emisión requieren de una ejecución posterior por parte de alguna autoridad.

II. La segunda, en que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, donde el quejoso haya presentado la demanda, será el competente para conocer del asunto.

III. La tercera regla se establece para el caso de que la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, supuesto en el que resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

De manera que, para determinar la competencia en un juicio de amparo indirecto, lo primero a tomar en cuenta es la naturaleza de lo combatido, para establecer si requiere de ejecución material o si sólo se trata de actos declarativos que carecen de ella, pues atendiendo a esa característica, se podrá resolver si el juzgado competente es aquel en que deba tener ejecución el acto, o si es donde se presente la demanda de garantías.

En tanto que es en esa circunstancia en la cual difieren los órganos contendientes, pues mientras que el Juez que declinó competencia sostuvo que lo controvertido lleva inmersa una ejecución material, el juzgador que no la aceptó indica que se trata de un acto negativo, eminentemente declarativo, carente de ejecución.

Al respecto, debe decirse que la quejosa señaló como actos reclamados de las autoridades responsables comisión y vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los siguientes:

a) El oficio de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON), con sede en esta ciudad, le negó la devolución de los saldos que durante su vida laboral activa su patrón aportó a su favor al fondo de la vivienda del citado instituto; y,

b) La aplicación de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que regula la operación y funcionamiento del propio instituto de seguridad social, llevada a cabo en el contenido del oficio reclamado en primer orden.

Del Congreso del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad:

c) La aprobación y expedición de dicha ley, en específico los artículos 50-C, 50-E, 92, 111-C, fracción II, 113, fracción III y 114.

d) La omisión legislativa de establecer el mecanismo conforme al cual los trabajadores bajo el régimen de seguridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora, puedan disponer de las aportaciones hechas en su favor por parte de sus patrones en materia de fondo de vivienda y con destino al FOVISSSTESON.

Mientras que de la gobernadora del Estado de Sonora:

e) La promulgación y publicación de las anteriores porciones normativas.

En relación con ello, este Tribunal Colegiado considera que el acto reclamado de forma destacada, lo constituye la negativa a devolver los depósitos existentes en una subcuenta de vivienda, en tanto que la inconstitucionalidad de leyes que se plantea es con motivo de su primer acto de aplicación contenido en el oficio reclamado, lo que, por ende, hace inferir que sólo constituye un acto negativo de índole declarativo, porque no modifica ni altera el estado de las cosas existentes; es decir, no introduce ningún cambio a la realidad, sino que las cosas permanecen en el mismo estado, dada la negativa de la autoridad que mantiene la indisponibilidad de la solicitante, respecto de los recursos que solicitó, misma que no amerita ejecución material.

Se cita como apoyo de la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 68/2012 (10a.),(2) sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que textualmente establece:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA.-La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material."

Por tanto, al estar ante un acto de carácter negativo carente de ejecución, respecto de éste se actualiza la tercera regla de competencia prevista por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; por lo que debe conocer del asunto el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

En esas condiciones, se estima que el competente para conocer de la demanda promovida por **********, de conformidad con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado por la impetrante es un acto negativo carente de ejecución, y dicho Juez es quien conoció primero de la demanda de amparo.

No se soslaya que el Pleno de este Quinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2015, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y este órgano de control constitucional, en sesión de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, emitió la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), de rubro:(3)

"PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de ‘fondo de pensiones’, efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados."

Sin embargo, es inaplicable al caso, porque en los asuntos de los que emanó dicha ejecutoria, se reclamó la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el cual se determinó que sí tiene ejecución, porque afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida, lo cual se materializaba en el domicilio de éste, al ser donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión; por ende, la regla de competencia que se actualizó fue la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Amparo.

En tanto que, en el caso, como se vio, el acto reclamado lo constituye la negativa de la devolución del saldo a favor de la quejosa del fondo de vivienda, el cual carece de ejecución, al ser un acto de carácter negativo eminentemente declarativo, al que le corresponde la diversa regla de competencia prevista en el tercer párrafo del citado numeral; de ahí que la jurisprudencia referida no resulte útil para resolver el presente conflicto competencial.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se declara legalmente competente al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por **********.

SEGUNDO.-Remítase testimonio de esta resolución a las autoridades contendientes y los autos del juicio de amparo al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.

Notifíquese como corresponda; publíquese, anótese en el libro de gobierno y en la estadística de este tribunal, con testimonio de la presente resolución remítanse los autos al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, envíese testimonio de esta ejecutoria al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, residente en Mexicali, para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran este Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Miguel Ángel Betancourt Vázquez y Alba Lorenia Galaviz Ramírez, así como la licenciada Beatriz Munguía Ventura, secretaria en funciones de Magistrada, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/0245/2018, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción V del numeral 40, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia VIII.2o. J/9, de rubro: "LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE. COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO." y 2a./J. 68/2012 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 361 y Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 604, respectivamente.

La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 176/2009 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 1606.

El Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citado en esta ejecutoria, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559.

________________

1. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 46, registro digital: 184186.

2. Décima Época. Registro digital: 2001260. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012. Materia: común. Página: 604.

3. Décima Época. Registro digital: 2012070. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Tomo II, julio de 2016. Materia: común. Página: 1506 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de julio de 2016 a las 10:15 horas».

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27767-f8667d30/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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