PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS. CUANDO EL TRABAJADOR SE ACOGIÓ AL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, DEBE ATENDERSE A LA EDAD MÍNIMA REQUERIDA EN ESA NORMATIVA Y NO A LA FIJADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 1 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(1) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados entre el Pleno del Trigésimo Circuito y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, que es de la especialidad de este órgano colegiado.
No pasa inadvertido a esta Segunda Sala que los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, no hacen específicamente referencia a la contradicción de tesis que se produzca entre las sostenidas por un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de distinto circuito, pero el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ya determinó, al fallar la contradicción de tesis 271/2014, en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, que en el supuesto referido se surte la competencia del Alto Tribunal. En la ejecutoria se lee:
"... en el caso, la contradicción de criterios ocurre entre el sustentado por un Pleno de Circuito, respecto del sustentado por un Tribunal Colegiado de un diverso circuito. Sin embargo, tomando en consideración el contenido conducente del punto segundo fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de este Tribunal,(2) resulta claro que en materia de contradicciones de tesis, se reconoció entonces que son del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las contradicciones de tesis sustentadas entre los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de un diverso circuito.
"Tal determinación plenaria encuentra apoyo además, en la normatividad constitucional y legal aplicable, dado que, si bien es cierto el artículo 107 constitucional no prevé de manera específica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de contradicciones de criterios entre un Tribunal Colegiado de un circuito, respecto del sostenido por el Pleno de un diverso circuito; no menos cierto resulta que ese precepto de la Constitución General sí prevé de manera expresa que corresponderá a la ley reglamentaria (Ley de Amparo) desarrollar las bases fijadas en la Constitución.
"En esa tesitura, el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo(3) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece en lo conducente, que corresponde al Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos o entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Lo que permite una interpretación bajo un criterio de mayoría de razón, en el sentido de que, si este Alto Tribunal tiene competencia para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos o entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, sobre la base subyacente de que respecto de esos criterios no existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno sobre el otro; entonces, también tiene competencia para conocer y resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente circuito; dado que no existiría razón jurídica para proponer que este último tipo de contradicciones de criterios deban tratarse de manera diferente a las señaladas en primer término, cuando entre las tesis de jurisprudencia de un Pleno de Circuito respecto de la tesis de un Tribunal Colegiado de diferente Circuito, tampoco existe regla constitucional ni legal sobre la prevalencia de alguno de tales criterios sobre el otro.
"Lo anterior, máxime que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis es generar seguridad jurídica, al terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción.(4)
"Sobre esas premisas, es posible afirmar que ante la existencia de criterios contradictorios emitidos en jurisprudencia por un Pleno de Circuito, respecto del emitido por un Tribunal Colegiado de diverso circuito, se configura un escenario de incertidumbre para los justiciables que quedan expuestos a la posibilidad de que los juicios en los que intervengan, sean resueltos de manera incierta, al existir como jurídicamente válidos dos criterios jurídicos cuyo sentido es contradictorio.(5)
"En consecuencia, con la finalidad de atender el propósito y objetivo fundamental que persigue el procedimiento de contradicción de tesis, consistente en dotar de mayor seguridad jurídica al sistema jurídico nacional, este Tribunal Pleno estima que deben ser interpretados de esta manera extensiva y teleológica los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General 5/2013; en el sentido de que es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre el criterio de un Pleno de Circuito respecto del criterio de un Tribunal Colegiado de distinto circuito."
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que lo hizo uno de los Magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios en contradicción.
TERCERO.-Consideraciones del Pleno del Trigésimo Circuito. Dicho órgano jurisdiccional, al resolver la contradicción de tesis **********, en sesión de seis de marzo de dos mil quince, en la parte que interesa determinó:
"Por tanto, es de concluir que el problema jurídico a resolver, consiste en determinar si debe o no acogerse a lo establecido en el artículo 66 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, si durante su vigencia se actualizó un requisito de los exigidos para adquirir el derecho al otorgamiento de una pensión jubilatoria, o será la ley vigente al momento en que se cumplan todos los requisitos, en el caso, lo establecido en el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la actual ley. ...
"Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Pleno de este Trigésimo Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
"En aras de informar su sentido, en primer lugar, conviene señalar que el sistema de pensiones fue modificado con la entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir del uno de abril de dos mil siete, y entre otros cambios, se dieron lo relativo a la pensión por edad y tiempo de servicios, ya que la edad requerida de cincuenta y cinco años se incrementaría de manera gradual hasta llegar a los sesenta años.
"Precisa destacar que ante la expedición de dicha ley surgió un sinnúmero de juicios de amparo, los que a la postre fueron resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de los amparos en revisión, todos ellos relacionados con el nuevo sistema de pensiones establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, y de ello surgieron diversos criterios contenidos en las jurisprudencias que a continuación se identifican y transcriben:
"... ‘ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007. ...’
"... ‘ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTlVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). ...’
"Ahora, de las ejecutorias que dieron origen a dichas jurisprudencias, es conveniente extraer lo que se resolvió específicamente al analizar lo relativo al aumento de la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada.
"...
"Del análisis de las jurisprudencias, así como parte de la ejecutoria, transcritas, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consideró que las modificaciones al anterior sistema de pensiones no transgrede la garantía de irretroactividad de la ley, principalmente, por lo siguiente:
"1. Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos; además, la pensión es la consecuencia de una serie de supuestos parciales, por tanto, si tales supuestos se realizan con posterioridad a que entró en vigor la ley, es inconcuso que el otorgamiento de la pensión deberá realizarse en los términos previstos por ésta.
"2. El nuevo régimen de seguridad social que prevé la ley vigente, en su integridad, por sí, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro.
"3. El aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley reclamada, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.
"De lo anterior destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, no viola la garantía de irretroactividad de la ley, al considerar que conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión es una expectativa de derecho, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.
"Ahora, al haber destacado lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es importante, porque si bien el análisis realizado está enfocado en la ley en sí misma; sin embargo, este Pleno de Circuito considera que las conclusiones a que arribó nuestro Más Alto Tribunal también sirven de sustento para resolver el supuesto fáctico que se presentó ante los órganos colegiados contendientes.
"En efecto, lo que propició que se arribara a conclusiones divergentes, surge de la particularidad de los asuntos: que durante la vigencia de la ley abrogada se cumplen tres requisitos establecidos en el artículo 66 de la aludida ley, esto es, que el trabajador se separe del servicio; que haya cotizado, cuando menos quince años; y haber dejado la totalidad de sus aportaciones; pero, el requisito concerniente a la edad (cincuenta y cinco años, exigidos en aquel tiempo) se cumplió una vez que ya había entrado en vigor la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual la edad se modificó para que se incrementara de manera gradual.
"Ahora, para discernir el problema jurídico, esto es, cuál es la normatividad aplicable cuando se presente el supuesto fáctico planteado, debe partirse de la premisa de que la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos; de ahí que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya concluido en el sentido de que, mientras éstos no se cumplan, la pensión, cualquiera que sea su naturaleza, constituye una expectativa de derecho; lo cual ya no está a discusión por estar determinado jurisprudencialmente.
"En el caso, el artículo 66 de la Ley del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados, abrogada, respecto del cual se pretende el otorgamiento de la pensión, es del contenido siguiente:
"‘Artículo 66. El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley.’
"Dicho numeral contempla una serie de requisitos, y para obtener la pensión es indispensable que se cumplan todos.
"Pero, en el supuesto fáctico, el requisito relativo a la edad -cincuenta y cinco años- que requería el aludido artículo 66, se cumplió una vez vigente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en esta nueva ley, a partir del uno de enero de dos mil diez, la edad mínima se incrementa cada dos años hasta llegar a 60 años en el dos mil dieciocho. Es decir, cada dos años, se aumenta un año de edad, como se puede leer de la fracción II, inciso b), del artículo décimo transitorio, que dice:
"‘DÉCIMO.-A los Trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:
"‘l. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve:
"‘...
"‘II. A partir del primero de enero de dos mil diez:
"‘...
"‘b) Los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al instituto, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.
"‘El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:
"‘...
"‘La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:
"‘Años Edad para pensión por edad y tiempo de servicios
"‘2010 y 2011 56
"‘2012 y 2013 57
"‘2014 y 2015 58
"‘2016 y 2017 59
"‘2018 en adelante 60 ...’
"Este Pleno de Circuito estima que, el otorgamiento de la pensión solicitada deberá atender a lo dispuesto en el aludido artículo décimo transitorio.
"Lo anterior es así, partiendo del supuesto de que al analizar el Pleno de la Suprema Corte de la Nación lo relativo a la irretroactividad de la ley en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, de acuerdo a la teoría de los componentes de la norma concluyó que no se daba violación alguna a ese derecho humano, puesto que consideró que la pensión es una consecuencia de una serie de supuestos parciales, por tanto, si tales supuestos se realizan con posterioridad a que entró en vigor la ley reclamada, es inconcuso que el otorgamiento de la pensión deberá realizarse en los términos previstos por ésta.
"Bajo esta premisa, el aludido artículo 66 establece los requisitos para tener derecho al otorgamiento de una pensión por edad y tiempo de
"Servicios, a saber:
"1. Que el trabajador se separe del servicio.
"2. Que haya cotizado, cuando menos quince años;
"3. Dejar la totalidad de sus aportaciones; y,
"4. Cumplir con la edad requerida para la pensión, que en el caso es la de cincuenta y cinco años; edad que se obtiene de lo que establecía el diverso numeral 61 de la propia ley abrogada.(6)
"En el caso, se cumplió con lo relativo a la separación del servicio, los años de servicios y no se dispuso de los fondos de aportaciones, con lo que se actualizan parcialmente los supuestos previstos.
"Luego, si el requisito de la edad a que alude ese precepto (cincuenta y cinco años) se cumplió ya estando vigente la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es inconcuso que deberá atenderse a lo dispuesto por ésta, y no a lo que establecía la ley abrogada, porque se trata de un requisito que aún no se había actualizado y, por ende, tampoco se había ubicado totalmente en el supuesto de la norma, en el entendido de que la pensión es una mera expectativa de derecho, y no es sino hasta el momento en que se cumplen todos cuando se puede acceder a ésta.
"Entonces, si una persona, antes de que entrara en vigor la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -uno de abril de dos mil siete- se separó del servicio, cotizó cuando menos quince años y dejó la totalidad de sus aportaciones, pero no cumplía con la edad que previamente se requería, al no ubicarse dentro del supuesto de la norma, todavía no tiene derecho a la pensión, y entonces, se encuentra ante una expectativa de derecho, y al cumplirse la hipótesis relativa a la edad, ésta ya había sido modificada, luego, para tener derecho a la pensión deberá ubicarse en el nuevo supuesto; habida cuenta que no se desconocen los diversos requisitos que ya se encontraban actualizados, como son la separación del servicio, los años de cotización y el haber dejado sus aportaciones.
"Sin que pueda estimarse, como lo consideró uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, de que por el hecho de haber dejado en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social se acogió a la prerrogativa establecida en el artículo 66 de la abrogada ley, esto es, que una vez alcanzada la edad de cincuenta y cinco año tendría derecho a ella, con independencia de su modificación.
"Ello es así, porque dicha prerrogativa no puede tener el alcance de que a partir de haber optado por ella, desde ese momento se le haya concedido la pensión, y se pueda entender como un derecho adquirido, pues como se ha analizado a lo largo de esta ejecutoria, la pensión no se adquiere hasta el momento en que se cumplen todos los requisitos, y entre ellos se encuentra lo relativo a la edad; luego para estimar que se está ante un derecho adquirido deberán cumplirse todos los requisitos, pues mientras tanto, se está ante una mera expectativa de derecho."
El criterio transcrito dio lugar a la tesis PC.XXX. J/12 A (10a.),(7) que señala:
"PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 108/2008 y P./J. 125/2008, determinó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, no viola el principio de irretroactividad de la ley, al considerar que a partir de la teoría de los derechos adquiridos la pensión, al no ser un derecho que adquieran los trabajadores cuando empiezan a laborar y cotizar al instituto, se traduce en una expectativa de derecho. Con base en dicho criterio si un trabajador, no activo, solicitó el otorgamiento de una pensión por edad y tiempo de servicio, por haber dejado de laborar y haber cotizado, cuando menos 15 años, y no disponer de sus fondos, actualizándose parcialmente los supuestos previstos en el artículo 66 de la ley abrogada, pero el requisito de la edad contenido en ese precepto (55 años) se cumplió estando vigente la nueva ley, debe atenderse a lo dispuesto en esta última, que incrementó gradualmente la edad para otorgar la aludida pensión, y no a la abrogada, pues se está ante una mera expectativa de derecho, y se trata de un supuesto que se cumplió con posterioridad a que entró en vigor la ley."
CUARTO.-Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Dicho órgano jurisdiccional, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, al fallar el amparo directo **********, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:
"Ahora, se estima necesario establecer un marco de referencia de la decisión del presente asunto y, por tanto, este tribunal conviene en expresar algunas consideraciones sobre la retroactividad de las leyes al tenor de lo siguiente.
"La Constitución Federal en el artículo 14, primer párrafo, consagra el principio de no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona.
"La aplicación retroactiva de la ley ha sido explicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la teoría de los componentes de la norma, que señala que para determinar si una ley cumple con el principio de irretroactividad previsto en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y con ello los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas.
"La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en cuenta como parámetros para determinar si una ley o su aplicación resulta retroactiva, la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de los componentes de la norma jurídica como son el supuesto y su consecuencia.
"Respecto a la teoría de los derechos adquiridos se puede decir que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el primer párrafo del artículo 14 constitucional en el sentido de que resulta especialmente aplicable cuando se afectan derechos patrimoniales.
"Esta teoría distingue entre dos conceptos, a saber: el concepto de derecho adquirido que se ha definido como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico y el concepto de expectativa de derecho, el cual ha sido entendido como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar, con posterioridad, un derecho.
"Por su parte, el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado; de manera que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, no se viola el principio contenido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis LXXXVIII/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 306, Tomo XIII, junio de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el sumario siguiente:
"‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. ...’
"El criterio transcrito, en esencia, prevé que una ley nueva o su aplicación no pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de la ley derogada, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia.
"En cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.
"Así, conforme a la teoría de los derechos adquiridos, el Más Alto Tribunal del País estableció que, para determinar si un precepto legal viola o no la garantía de irretroactividad de la ley es necesario precisar si el quejoso adquirió un derecho o sólo tiene una expectativa de él.
"Por su parte, respecto de los componentes de la norma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la jurisprudencia 123/2001 publicada en la página 16, Tomo XIV, octubre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con la sinopsis siguiente:
"‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. ...’
"Conforme al criterio transcrito, para resolver sobre la aplicación retroactiva de una norma es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica.
"Esto, porque el supuesto y la consecuencia de una norma jurídica no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, de estar sujeta a ‘plazo’ o ‘condición’; de modo que es relevante determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se actualicen los componentes de la norma jurídica, a efecto de decidir sobre una posible violación al primer párrafo del artículo 14 constitucional.
"Así que atendiendo al momento en que se realiza el supuesto y consecuencia jurídicos, pueden presentarse las hipótesis siguientes:
"1. Cuando durante la vigencia de una ley se actualizan de modo inmediato al supuesto y la consecuencia jurídicos establecidos (sic) por ella; si con posterioridad entra en vigor una nueva disposición legal, ésta no podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto y consecuencia, pues de lo contrario violaría la garantía individual de mérito, atento a que antes de la vigencia de la nueva norma ya se habían realizado los componentes de la ley sustituida.
"2. El caso en el que la norma legal establezca un supuesto y varias consecuencias sucesivas; si dentro de su vigencia se actualiza el supuesto y no todas las consecuencias, sino sólo alguna de ellas, una nueva ley no podrá variar las ya ejecutadas, pues de lo contrario, violaría la garantía de irretroactividad de la ley, como acontece en la hipótesis expuesta en primer término.
"3. Puede acontecer que la norma legal prevea un supuesto integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia; en este evento, si bajo el tiempo de vigencia de la citada norma se actualiza alguno de esos actos parciales o supuestos, la nueva legislación que se expida no podrá variar los ya producidos, so pena de transgredir la garantía de irretroactividad legal; de aquí se deriva, que si alguno o algunos de los actos parciales o supuestos previstos por la disposición anterior, que no se ejecutaron durante su vigencia, son modificados por la nueva disposición, esto tampoco va a entrañar violación a la mencionada garantía, ya que tal acto o supuesto va a generarse bajo el imperio de la nueva ley y, consecuentemente, son a las determinaciones de ésta a las que habrá de supeditarse su relación, así como la consecuencia jurídica que deba producirse.
"De manera que de conformidad con esta teoría se debe analizar la verificación del supuesto y de la consecuencia, previstos en la norma jurídica correspondiente, para así poder determinar cuál es la que debe regir y, en su caso, establecer el carácter retroactivo o no de la ley cuestionada, o de su aplicación.
"En ese tenor, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 2/2013, aprobada en sesión de once de noviembre de dos mil trece, estableció que tratándose de una pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sus incrementos constituyen derechos adquiridos derivados de aquélla, para lo cual explicó qué debe entenderse por ‘derecho adquirido’ y ‘expectativa de derecho’ en relación con el incremento a una pensión jubilatoria, argumentos que a continuación se insertan:
"...
"De acuerdo con la ejecutoria transcrita, se obtienen las siguientes premisas:
"1. Que el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26434-57d0abbc/pension-de-retiro-por-edad-y-tiempo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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