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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. · Registro digital (IUS): 25584
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-04-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 1264.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUCILA CASTELÁN RUEDA, ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, CON EJERCICIO DE VOTO DE CALIDAD DE LA PRIMERA DE LOS NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. DISIDENTES: ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN Y SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. PONENTE: LUCILA CASTELÁN RUEDA. SECRETARIA: ROCÍO ITZEL VALDEZ CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 41-Ter, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales que participan en la presente denuncia de contradicción de criterios.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil trece resolvió, por mayoría de votos, el juicio de amparo directo administrativo **********, contra el voto del Magistrado José Luis Rodríguez Santillán, en el sentido siguiente:

"15. En el único concepto de violación, la quejosa aduce:

"• Que en el concepto de impugnación identificado como primero, señaló que, en forma indebida se le aplicó el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, debiendo aplicar el artículo 66 de la abrogada ley; que respecto de dicho planteamiento, la Sala responsable consideró que es aplicable la fracción II, inciso b), del precepto transitorio invocado, por estimar que aun cuando el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, durante la vigencia de la abrogada ley, la actora causó baja y dejó de cotizar, en esa fecha sólo tenía cuarenta y ocho años de edad y no los cincuenta y cinco que se requerían para que adquiriera el derecho a obtener la pensión jubilatoria; que fue hasta el año dos mil diez cuando cumplió esa edad, dentro de la vigencia de la nueva Ley del ISSSTE, conforme a la cual se requiere una edad mínima de cincuenta y seis años para adquirir el derecho al otorgamiento de la pensión jubilatoria.

"• Que con dicha determinación la Sala responsable omitió establecer por qué son aplicables las disposiciones previstas en la ley vigente y no la abrogada Ley del ISSSTE; que además, ignoró el argumento que le hizo valer, en el sentido de que en el momento en que causó baja (treinta y uno de diciembre de dos mil tres), era aplicable el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE que establecía una excepción a la regla genérica para obtener la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, que consistía en que, cuando un trabajador hubiere cotizado cuando menos quince años, pero no tuviera los cincuenta y cinco años de edad, podría dejar en el fondo de pensiones las aportaciones correspondientes hasta que cumpliera la edad requerida para el otorgamiento de la pensión.

"• Que en el caso se actualiza dicha hipótesis normativa, ya que se dio de baja el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, cuando aún no tenía los cincuenta y cinco años de edad, por lo que decidió dejar en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social para que en el momento en que cumpliera la edad requerida (diez de septiembre de dos mil diez) se le otorgara la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.

"• Que por tanto, es incorrecto considerar que el derecho para el otorgamiento de la pensión jubilatoria hubiere nacido cuando cumplió los cincuenta y cinco años de edad, conforme a las disposiciones de la ley vigente, sin observar que el requisito relativo a las cotizaciones y antigüedad acontecieron durante la vigencia de la abrogada ley y que decidió dejar en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social con el fin de que al cumplir la edad requerida se le otorgara la pensión jubilatoria en términos del artículo 66 de esa ley.

"• Que sin embargo, la Sala responsable dejó de observar las disposiciones contenidas en los artículos primero, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley del ISSSTE vigente, en los que se establece el derecho de opción de los trabajadores en activo para elegir el régimen jubilatorio que más les convenga, esto es, el relativo a las cuentas individuales, también llamado bono de pensión o el régimen previsto en el artículo décimo transitorio; que para el uno de abril de dos mil siete, en que entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE, la actora no era trabajadora en activo, por lo que tampoco tuvo derecho a elegir el régimen pensionario y que por lo mismo es incorrecto considerar que hubiere optado por el régimen anterior.

"• Que de los referidos preceptos transitorios de la ley vigente no se infiere qué tratamiento debe darse a los ex trabajadores que se dieron de baja con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la ley actual, y que por lo mismo, no existe razón, ni fundamento para aplicar las disposiciones previstas en el artículo décimo transitorio.

"16. Los reseñados argumentos son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.

"17. En efecto, le asiste razón a la quejosa al señalar que el instituto demandado debió otorgarle la pensión jubilatoria conforme a las disposiciones de la abrogada Ley del ISSSTE y no de la ley vigente, ya que el treinta y uno de diciembre de dos mil tres cumplió con el requisito de haber cotizado por más de quince años, pero como aún no contaba con los cincuenta y cinco años de edad que se requerían para obtener la pensión jubilatoria, decidió acogerse a la prerrogativa establecida en el artículo 66 de la abrogada ley en el sentido de dejar en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social para que una vez que alcanzara la edad requerida se le otorgara la pensión relativa.

"18. En efecto, el artículo 66 de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, establecía:

"‘El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley.’

"19. De esta porción normativa se desprende que el trabajador que se separara del servicio después de haber cotizado por más de quince años, podría dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social con el propósito de que al cumplir los cincuenta y cinco años de edad se le otorgara la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios.

"20. En el caso, la actora, ahora quejosa, causó baja y dejó de cotizar a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil tres, durante la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE, siendo que hasta esa fecha había cotizado por más de quince años, pero sólo contaba con cuarenta y ocho años de edad y no con los cincuenta y cinco años a que se refiere el artículo 66 de esa ley para que se le otorgara la pensión jubilatoria.

"21. Por ese motivo, la actora encuadraba exactamente en lo dispuesto en la norma transcrita y por ello decidió acogerse a la citada prerrogativa en el sentido de dejar en el fondo de pensiones la totalidad de las aportaciones de seguridad social para que al cumplir con la edad requerida se le otorgara la pensión correspondiente.

"22. En efecto, respecto de los años que la actora cotizó para el instituto demandado, sobre lo cual no se suscitó controversia, la Sala responsable consideró que de la hoja de servicios que obra en el juicio de origen se desprende que dicha parte pagó las aportaciones de seguridad social del periodo comprendido del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, esto es, durante dieciséis años, siete meses y veintiocho días; que con dicha documental demostró que cumplió con uno de los requisitos previstos en el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE, previamente transcrito, para el otorgamiento de la pensión jubilatoria.

"23. Por tanto, el hecho de que el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en que la actora dejó de cotizar para el instituto demandado, sólo contara con cuarenta y ocho años de edad y no con los cincuenta y cinco años que exigía el citado precepto legal, le impidió en esa fecha solicitar el otorgamiento de la pensión jubilatoria y, por ello, decidió acogerse a la prerrogativa o beneficio establecido en el citado precepto legal que regulaba la pensión relativa, pues dejó en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social para que cuando adquiriera la edad requerida se le otorgara la pensión jubilatoria.

"24. De esto se sigue que bajo la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE la actora adquirió los derechos para que se le otorgara la pensión jubilatoria por edad y años de servicios, pues aunque aún no tenía la edad requerida de cincuenta y cinco años, el precepto legal establecía que debería otorgársele la pensión una vez que cumpliera esa edad, siempre y cuando no hubiere retirado del fondo de pensiones las cotizaciones de seguridad social, como en el caso ocurrió.

"25. Ahora bien, el hecho de que a partir del uno de abril de dos mil siete se hubiere abrogado la anterior Ley del ISSSTE, conforme a la cual, la actora adquirió los derechos para el otorgamiento de la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios, en los términos descritos, y que en sustitución de ese ordenamiento legal hubiere entrado en vigor la actual Ley del ISSSTE, en cuyo artículo décimo transitorio, facción II, inciso b), se establece que quienes en el año dos mil diez y en el dos mil once hubieren cotizado por más de quince años, deberán contar con cincuenta y seis años de edad para tener derecho al otorgamiento de la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios, no conduce a declarar la inaplicabilidad del artículo 66 de la abrogada ley, porque con ello se modificarían o alterarían esos derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus consecuencias que nacieron bajo la vigencia de la ley anterior, en contravención del derecho fundamental de irretroactividad, previsto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional.

"26. En el caso, la actora, ahora quejosa, señaló que en el año dos mil diez cumplió los cincuenta y cinco años de edad a que se refería el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE para obtener la pensión jubilatoria, siendo a partir de esa fecha y no del dos mil once, en que el instituto demandado deberá otorgarle la pensión relativa, dada la inaplicabilidad del ordenamiento legal vigente.

"27. Es aplicable al caso por analogía, la tesis X.A.T. 63 L que pronunció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, que puede consultarse en el Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2366, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. SI SE APLICA UN REGLAMENTO QUE ENTRÓ EN VIGOR POSTERIORMENTE A LA FECHA EN LA CUAL AQUÉLLA SE HABÍA AUTORIZADO, SE AFECTAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DEL DEMANDANTE Y SE VIOLA SU GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El beneficio de la jubilación debe concederse bajo el reglamento de trabajo vigente cuando la solicitud, autorización y vacaciones prejubilatorias que se autorizaron abarcaron periodos anteriores a la fecha en que entró en vigor un nuevo ordenamiento, razón por la cual los trámites efectuados con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador fue jubilado, ya le generaron un derecho adquirido, dado que la jubilación ya estaba autorizada; de ahí que no se está en presencia de una mera expectativa de derecho, porque ya estaba concretada su jubilación desde la data de la autorización, en la cual estaba vigente el reglamento de trabajo anterior al nuevo de uno de agosto de dos mil, esto es, el beneficio ya había sido autorizado en términos del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente del 1o. de agosto de 1993 al 31 de julio de 2000. Por tanto, los aspectos que deben considerarse para determinar la aplicabilidad de un reglamento en lugar de otro, son: a) que la solicitud de jubilación sea presentada durante la vigencia de ese reglamento, b) que la autorización se otorgue con base en el mismo reglamento y, c) que las vacaciones prejubilatorias, en su caso, también se hayan autorizado con base en ese reglamento. En consecuencia, si el reglamento de trabajo que se aplicó al demandante para otorgarle su jubilación entró en vigor con posterioridad a la fecha en la cual se le había autorizado, afecta sus derechos adquiridos y viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional.’

"28. En consecuencia, la sentencia reclamada que determinó que conforme a las disposiciones de la Ley del ISSSTE vigente y no de la abrogada ley, debería establecerse la fecha a partir de la cual surtiría efectos la pensión jubilatoria, se torna violatoria del artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE y, por ende, del derecho fundamental de irretroactividad previsto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional.

"29. Por tanto, procede conceder a la quejosa el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que el instituto demandado determine que la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios otorgada a la parte actora, empezará a correr a partir del diez de septiembre de dos mil diez y no desde el diez de septiembre de dos mil once, así como para que le pague las diferencias que se hubieren generado."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil catorce, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo directo administrativo **********, en el que determinó:

"SEXTO. En principio, como lo solicita la quejosa dentro del cuarto concepto de violación, en la medida que sea procedente, en razón de que se reclama la sentencia dictada en un juicio de nulidad respecto de un acto en materia administrativa, atinente a cuestiones referentes a la pensión que solicita -seguridad social-, el estudio se hará, en su caso, en suplencia de la queja, acorde con la jurisprudencia que se comparte emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, número de tesis XI.5o.(III Región) J/7 (10a.), registro digital: 2003773, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013, con epígrafe y texto:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja.’

"Aunque previo a analizar los conceptos de violación, es menester destacar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, para así tener un mejor conocimiento del asunto que nos ocupa:

"**********, demandó la nulidad del oficio **********, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, emitido por la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (fojas 1 a 8)

"El oficio en comento, es del tenor siguiente:

"‘... Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE, y por instrucciones del C. Delegado Regional Oriente Lic. Humberto Javier Romero Gudiño atiendo su escrito recibido el día 18 de abril del año en curso en el que solicita «... CONCESIÓN DE PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS, DERIVADO DE LOS 15 AÑOS DE COTIZACIÓN QUE TENGO RECONOCIDOS ANTE ESE INSTITUTO ...»

"‘Al respecto me permito hacer las siguientes precisiones:

"‘Que de un análisis minucioso de la documentación presentada por usted, la cual se acompañó de su escrito de petición, y en virtud de que se encuentra bajo el régimen del artículo décimo transitorio, así como de la información contenida en el sistema institucional denominado Sistema Administrador de Otorgamiento SAO, se observa que usted cotizó al instituto 15 años, 06 meses y 06 días, con fecha de baja 31 de diciembre de 1992 y «55 años de edad»; en lo específico del caso le informo que su trámite podrá llevarse a cabo a partir del día 16 de febrero del año 2017, de conformidad con el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, en vigor debiendo precisarle el contenido, valor y alcance legal de la fracción II, inciso b), del citado ordenamiento, que en lo medular del asunto se reproduce:

"‘II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

"‘Fracción II, inciso b), Los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios ... es de aclarar que tal disposición legal señala: la edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

Ver tabla

"‘Lo esencial de la tabla de referencia, será hasta el 2018 y en adelante la edad será de 60 años ..., (foja 8)

"‘Dentro de su único concepto de nulidad, entre otros aspectos, manifestó:

"‘...

"‘VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, POR LO QUE SOLICITO EL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA CONVENCIONALIDAD. ...

"‘SIENDO QUE SÓLO LA ÚLTIMA PARTE DE LA FRACCIÓN II, INCISO B), DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, ES LA QUE INDICA QUE LA EDAD IRÁ AUMENTANDO GRADUALMENTE DE 56 A 60 AÑOS EN LOS AÑOS 2010 A 2018 Y, POR ELLO, SE COMBATE DE REGRESIVA.

"‘Lo anterior es así, pues esta última parte del inciso b) de la fracción II del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, viola el principio de progresividad, en tanto que constituye un retroceso con respecto al grado de protección de mi derecho humano a la seguridad social y salud, pues me obliga a tener una edad mayor para tener acceso a mi pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, así como al servicio médico y demás prestaciones a ésta inherentes, esto es, a haber cumplido con la última tabla que ahí se indica, cuando la fracción I del propio artículo, y el artículo 61 de la Ley del ISSSTE vigente en la fecha en que causé baja, tan sólo me requerían contar con 55 años de edad cumplidos. ...’

"Seguido el juicio, la autoridad responsable resolvió que la litis se centra, en determinar si la actora tiene derecho a que se le conceda la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, y que sus conceptos están encaminados a tildar de ilegal la negativa a su concesión de pensión por haberse aplicado de forma indebida las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, por contravenir sus derechos humanos.

"Al respecto, consideró que lo alegado resulta infundado e hizo un análisis del asunto atendiendo al nuevo orden constitucional, para lo cual se fundamentó en los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.’; ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’ ‘PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’

"A partir de ahí, hizo un análisis para determinar si la autoridad demandada al negar la pensión que le fue solicitada se dio o no una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la demandante, lo que consideró, constituye implícitamente una parte de su argumento, al señalar que conforme a lo dispuesto por el diverso 61 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a la fecha en que se dio de baja del servicio público (ley abrogada), tan sólo se requería contar con cincuenta y cinco años de edad cumplidos para acceder a una pensión por jubilación en esa modalidad (pensión de retiro por edad y tiempo de servicios), lo que no ocurre con lo preceptuado por el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Al efecto, precisó los antecedentes de la resolución impugnada, como son los años de servicio de la actora, así como la edad que ésta tiene, y para ello destacó el contenido del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de mayo de dos mil siete, del que se desprende que para adquirir el derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, se requiere un periodo mínimo de cotización de quince años o más al instituto y una edad mínima de cincuenta y cinco años, la que a partir del uno de enero de dos mil diez se incrementará cada dos años hasta el año dos mil dieciocho, para llegar a una edad mínima de sesenta años.

"Y, por otro lado, resaltó lo establecido en la ley derogada en los artículos 61 a 66 que regulaba la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, a la que tendrían derecho los trabajadores que reunieran tres requisitos: a) que el trabajador se separara voluntariamente del servicio o quedara privado de un trabajo remunerado; b) que tuviera cincuenta y cinco años de edad (sin incremento gradual en edad); y c) que tuviera quince años de servicio como mínimo e igual tiempo de cotización.

"Después explicó lo relativo a la irretroactividad de la ley, a partir de las teorías de derechos adquiridos y establecer las diferencias con simples expectativas de derecho, y para ello invocó la jurisprudencia de rubro: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.’; para concluir en el sentido de que la actora al momento en que se dio de baja voluntaria de la función pública, no contaba con cincuenta y cinco años de edad cumplidos (en 1992), y al momento en que se modificó la legislación y surge la que actualmente se encuentra vigente, tampoco contaba con la edad mínima requerida, por lo que su caso es un claro ejemplo de la actualización de la teoría de las expectativas de derechos, puesto que al momento en que comienza su vigencia la nueva ley, que es el uno de abril de dos mil siete, la demandante aún no había cumplido los requisitos que preveía la ley que pretende se le aplique y, por ende, le resulta totalmente aplicable la ley que rige actualmente, y debe atender al contenido del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente.

"También invocó las jurisprudencias de rubro: ‘ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’ e ‘ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’, y concluyó:

"‘Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el aumento gradual reflejado para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de cincuenta y seis a sesenta años, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal circunstancia no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo, además de que el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo fija las garantías mínimas de seguridad social a favor de los trabajadores al servicio del Estado, y deja a la ley secundaria su regulación, es decir, impone al legislador reglamentar por medio de una ley los procedimientos, requisitos y modalidades necesarias para hacer efectivos esos derechos sociales, sin que le establezca forma o lineamiento alguno para ejercer dicha facultad, pues resulta evidente que dicho ordenamiento (incluido el artículo transitorio controvertido) no priva al trabajador de gozar en un momento dado del derecho a la pensión por jubilación, como derecho humano a la seguridad social ...’

"Para finalmente considerar que no hubo transgresión al derecho a la seguridad social, materializado en la concesión de una pensión, como derecho humano fundamental, o en su caso, a los derechos económicos, sociales y culturales, establecidos en el artículo 26,(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), a la cual se incorporó el Estado Mexicano a través de la firma del citado instrumento de adhesión el día 3 de febrero de 1981, en atención a que el artículo transitorio controvertido no conculca el derecho humano a la seguridad social, sino que por el contrario, en él se encuentra reglamentada dicha garantía a favor de los trabajadores del Estado, sin que el incremento gradual en la edad mínima para acceder a una pensión bajo la modalidad de retiro en edad y tiempo de servicios, vulnere el derecho a la pensión como tal, que es precisamente lo que persigue el principio de progresividad al prohibir a los Estados parte de dicha convención, suprimir el derecho que tiene toda persona a la seguridad social, mediante la cobertura por jubilación, lo que no acontece en el caso a estudio. E invocó la jurisprudencia: ‘ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’

"Establecido lo anterior, también cabe destacar que el estudio de los conceptos de violación se hará, algunos en forma conjunta, e incluso en orden distinto al propuesto por la parte quejosa, lo cual no irroga agravio alguno a esta última, ya que el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente prevé, entre otras cuestiones, que el órgano jurisdiccional podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; sin embargo, no impone la obligación al juzgador de amparo de seguir el orden propuesto por el quejoso, pues la única condición que estab

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25584-cfba2f54/pension-por-edad-y-anos-de-servicio-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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