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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, EFECTUADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). II. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL GOBIERNO DE UN ESTADO PUEDE DESCONTAR LAS QUE CORRESPONDAN A UN MUNICIPIO CON MOTIVO DE UN ADEUDO DERIVADO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CUANDO HAN SIDO RECONOCIDOS Y ACEPTADOS POR ESTE ÚLTIMO (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, EFECTUADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2014. · Registro digital (IUS): 26626
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-09-02
Promovente: MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Pág. 523.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2014. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. 27 DE ENERO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Benítez Uriostegui, con el carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de dicha entidad, solicitando la invalidez de los siguientes actos:

a) Las órdenes o instrucciones que ha emitido el Poder Ejecutivo de retener las participaciones federales que le corresponden legalmente al Municipio actor.

b) La retención de las participaciones federales correspondientes del mes de julio de dos mil catorce y los intereses que correspondan.

SEGUNDO.-Antecedentes. La parte actora narra, en síntesis, los siguientes:

1) El funcionario público que suscribe la demanda fue electo para el cargo de síndico municipal de Jiutepec, cuya gestión inició el primero de enero de dos mil trece.

2) El veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto Número 1222 en el cual se aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil catorce. En su artículo vigésimo octavo se determinó asignar a los Municipios de la entidad la cantidad estimada de $1,938'023,000.00 (un mil novecientos treinta y ocho millones veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de participaciones federales.

Asimismo, el diecinueve de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial el "Acuerdo Administrativo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, Porcentajes y Montos Estimados de los Fondos Federales Participables, así como los Montos de Fondos de Aportaciones Estatales que corresponden a los Municipios del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal dos mil catorce." En dicho acuerdo se le asignó al Municipio de Jiutepec la cantidad de $151'287,000.00 (ciento cincuenta y un millones doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de participaciones federales, el cual incluye el fondo de fomento municipal.

3) El quince de julio de dos mil catorce, la Tesorería del Municipio actor, tramitó el pago de anticipo de participaciones, por lo que entregó al Poder Ejecutivo Estatal el recibo de pago número 295 por la cantidad de $3'799,089.28 (tres millones setecientos noventa y nueve mil ochenta y nueve pesos 28/100 M.N.), por concepto del anticipo de participaciones correspondientes a la primera quincena del mes de junio.

4) El diecisiete de julio de dos mil catorce, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó el depósito de las participaciones federales por la cantidad de $646,715.28 (seiscientos cuarenta y seis mil setecientos quince pesos 28/100 M.N.), en lugar de recibir la cantidad de $3'799,089.28 (tres millones setecientos noventa y nueve mil ochenta y nueve pesos 28/100 M.N.) correspondientes al Municipio actor. Por tanto, se retuvo indebidamente la cantidad de $3'149,374.00 (tres millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

5) El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que las participaciones correspondientes a los Municipios no están sujetas a retenciones, salvo para el pago de obligaciones contraídas por éste, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

6) Así, la retención de participaciones federales por parte del Poder Ejecutivo, que pretende prolongarse por el resto del ejercicio constitucional, pone en una situación de crisis financiera al Municipio actor al estar en riesgo la prestación de los servicios públicos municipales.

7) El artículo 115, fracción IV, de la Constitución General establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. Lo anterior, se reitera de forma similar en el artículo 115 de la Constitución del Estado de Morelos.

8) La indebida retención de las participaciones federales, es un acto violatorio del principio de integridad de los recursos públicos municipales, consagrado en el artículo 115 constitucional. Además, se solicita la devolución de las cantidades retenidas y los intereses que se hubiesen generado. Apoya lo anterior, en la tesis P./J. 46/2004, de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."

TERCERO.-Conceptos de invalidez. El Municipio de Jiutepec en su único concepto de invalidez, aduce lo siguiente:

El artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución General garantiza el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las Legislaturas de los Estados.

El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que las participaciones correspondientes a los Municipios son inembargables, y no pueden afectarse a fines específicos o estar sujetas a retención, salvo las correspondientes al fondo general de participaciones, al fondo de fomento municipal y a los recursos previstos en el artículo 4o.-A, fracción I, del referido ordenamiento, los cuales pueden afectarse para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o los Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

En contravención a dichos preceptos legales, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, efectuó la retención al Municipio actor de la cantidad de $3'149,374.00 (tres millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de participaciones federales, lo cual vulnera el principio de integridad de los recursos municipales.

De acuerdo con el referido principio, el Municipio actor no recibió de manera puntual, efectiva y completa los recursos federales, ni del fondo de fomento municipal, lo que impidió disponer oportunamente de los recursos económicos.

CUARTO.-Artículos constitucionales que el actor aduce violados. El precepto constitucional que se indicó como vulnerado es el artículo 115, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución General.

QUINTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 73/2014, admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al que mandó a emplazar para que formulara su contestación y para que enviara copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados. También ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

Asimismo, mediante certificación de cuatro de agosto de dos mil catorce, se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

SEXTO.-Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en síntesis, contestó lo siguiente:

a) En relación con la narrativa de hechos.

1) La narrativa de hechos en los numerales 1, 2 y 3, son ciertos.

2) En cuanto a la narrativa del numeral 4, respecto al hecho narrado en el primer párrafo, es cierto.

Por otra parte, no existe retención indebida, ya que el Municipio de Jiutepec solicitó adelantos de sus participaciones federales por un total de $57'010,909.61 (cincuenta y siete millones diez mil novecientos nueve pesos 61/100 M.N.) desde diciembre de dos mil doce hasta julio de dos mil trece.

La entrega de los recursos económicos al Municipio actor fueron para afrontar el pago de nóminas correspondientes a la segunda quincena de diciembre y primera parte del aguinaldo de dos mil doce, el pago de laudos, adeudos fiscales y la devolución de importes por derecho de alumbrado público. A su vez, el Municipio actor expidió los recibos correspondientes por la cantidad total de $57'010,909.61 (cincuenta y siete millones diez mil novecientos nueve pesos 61/100 M.N.).

Mediante oficio SH/1523-A/2013, recibido el treinta de octubre de dos mil trece, por conducto de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, se dio aviso de que a partir del mes de octubre se descontarían de forma mensual de sus participaciones federales el equivalente al 10% del adeudo hasta la liquidación de la cantidad de $56,410,909.61 (cincuenta y seis millones cuatrocientos diez mil novecientos nueve pesos 61/100 M.N.), pues se había aplicado un abono o descuento anteriormente por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

Así, se aplicarían los descuentos de forma mensual por un monto de $5'641,091.00 (cinco millones seiscientos cuarenta y uno mil noventa y un pesos 00/100 M.N.) a partir del treinta de octubre de dos mil catorce.

Desde ese momento, el Municipio actor se hizo sabedor del monto total de su adeudo, la forma y los montos de los descuentos subsecuentes y del primer descuento realizado, sin que manifestara objeción alguna.

Cabe señalar que por gestión del Municipio de Jiutepec con el gobernador del Estado, éste giró instrucciones para que el cobro del adeudo total iniciara a partir de junio de dos mil catorce.

5) En relación con el numeral 5 no constituye un hecho sino un concepto de anulación.

6) En cuanto a los hechos del numeral 6 en donde se expone que el Poder Ejecutivo pone en situación de crisis financiera al Municipio actor, lo que compromete la prestación de los servicios públicos a su cargo, se niegan pues sólo se descuenta el 10% del total del adeudo. Además, los adelantos fueron aplicados para sanear adeudos que pusieron en riesgo el inicio de la administración municipal, no obstante, el Municipio actor actúa de forma maliciosa al afirmar que la actuación del Poder Ejecutivo es abusiva, con el fin de evadir el pago de sus obligaciones.

7) El Municipio actor, en ejercicio de su libre administración hacendaria, solicitó al Poder Ejecutivo los adelantos de sus participaciones federales para afrontar adeudos que impedían el correcto inicio de su gestión administrativa.

Cabe señalar que el mismo esquema de préstamos en concepto de adelantos de participaciones federales se reprodujo en la mayoría de los Municipios morelenses, al enfrentar escenarios adversos. Así, dichos recursos no constituyen descuentos indebidos, sino de adeudos reconocidos respecto de los cuales se avisó acerca de los montos y las fechas de cobro a cada Municipio, entre ellos, el Municipio de Jiutepec.

Por otra parte, el veintinueve de abril de dos mil trece, durante la cuarta sesión ordinaria del Instituto de Desarrollo y Fomento Municipal (Idefomm), el gobernador estatal invitó a los Municipios de la entidad a la firma de un convenio denominado "pacto hacendario", cuyo objetivo sería sanear las finanzas públicas municipales. Si bien el pacto hacendario y el acta correspondiente de la sesión ordinaria del Idefomm no son el origen de los préstamos a los Municipios de la entidad, sí constituyen prueba de la existencia de los referidos préstamos y la aceptación de una obligación de pago que sustenta el cobro a través de participaciones futuras.

b) Causales de improcedencia.

1) El Poder Ejecutivo Estatal aduce que el Municipio de Jiutepec carece de legitimación ad causam, debido a que no ha realizado acto alguno que invada o afecte la esfera de competencia del Municipio, en particular, a su libertad administrativa de la hacienda municipal; por las mismas razones el Poder Ejecutivo demandado carece de legitimación pasiva, ya que no ha realizado acto alguno que constituya una afectación a la libre administración municipal.

2) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, consistente en la extemporaneidad de la vía.

Lo anterior, puesto que el descuento de la cantidad total por el préstamo o anticipos de participaciones federales fue del conocimiento del Municipio actor el treinta de octubre de dos mil trece, fecha en la cual se recibió el oficio SH/1523-A/2013, que da a conocer al Municipio actor del descuento mensual de sus participaciones federales al equivalente al 10%, de modo que, conoció las fechas y los importes de cada descuento, los cuales empezarían a partir del treinta de octubre de dos mil trece hasta la total liquidación del préstamo.

Además, el Municipio actor en contra del oficio de mérito, no expresó oposición, ni negó la existencia del préstamo o sus conceptos, fechas, números de recibo, ni que el cobro sería al equivalente al 10% del total prestado.

En este sentido, el descuento motivo de la demanda forma parte de un total de cantidades, por lo que, el Municipio actor debió expresar oposición contra el aviso de cobro en cualquier sentido o promover a la fecha que conoció de lo informado (treinta de octubre de dos mil trece) su controversia constitucional, y al no hacerlo, no puede impugnar el inicio del cobro de las parcialidades como actos autónomos, ya que éstos tienen como antecedente directo el aviso de cobro mencionado. Por ende, si los descuentos son consecuencia directa del oficio, y éste no fue impugnado, la presente controversia es notoriamente extemporánea.

c) Contestación de los conceptos de invalidez.

1) El Poder Ejecutivo estima que el concepto de invalidez es fundado, pero inoperante en el presente caso.

Los conceptos de invalidez se basan en los principios de integridad y libre administración hacendaria de los Municipios, respecto de sus participaciones federales, las cuales son inembargables y no sujetas a retención alguna. Sin embargo, en ejercicio de la facultad de libre administración, el Municipio actor solicitó anticipos o adelantos de participaciones federales que tienen la condición de préstamo, por lo que el Poder Ejecutivo le prestó las cantidades solicitadas de sus propias participaciones federales a fin de evitar que el Municipio actor iniciara su administración con problemas financieros. De este modo, es inadmisible que el Municipio actor utilice la controversia constitucional y su medida cautelar para evadir un compromiso asumido.

Ahora bien, el procedimiento de excepción para afectar el fondo de fomento municipal y los recursos referidos en el artículo 4o.-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, requiere de la autorización de la Legislatura Local para su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, y la garantía solidaria de la entidad federativa, a menos que, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Municipios tengan suficientes participaciones federales para responder a sus compromisos.

Cabe señalar que respecto al requisito de la garantía solidaria, el Poder Ejecutivo estimó que sería incongruente que la entidad federativa garantizara el pago de la cantidad que prestó al Municipio actor para inscribir la obligación respectiva.

Asimismo, el Municipio no contaba con las participaciones federales suficientes para afrontar sus compromisos, pues la cantidad prestada fue destinada a pagar los pasivos más urgentes y riesgosos de la administración municipal y, en su caso, de la administración estatal.

Por tales razones, el Poder Ejecutivo determinó apoyar financieramente al Municipio actor, pero no con recursos económicos a fondo perdido, pues el Municipio asumió el compromiso de rembolsarlos en parcialidades a pagar hasta diciembre de dos mil quince, es decir, al terminar el periodo del actual Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec.

De este modo, no se ha infringido la libre administración hacendaria e integridad de las participaciones federales del Municipio actor, puesto que la cantidad faltante en su depósito la recibió en forma adelantada y, además, la propia presidenta municipal autorizó su descuento con cargo a las participaciones futuras. Por lo que, en primer lugar, debe impugnarse la autorización del Municipio actor, y después los descuentos, ya que las peticiones de adelantos de participaciones federales son el origen de lo prestado y la obligación de restituir el importe completo.

SÉPTIMO.-Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

OCTAVO.-Desechamiento de pruebas. Por auto de primero de diciembre de dos mil catorce, el Ministro instructor determinó desechar las pruebas pericial en materia de contabilidad y testimonial a cargo de diferentes personas ofrecidas por el Poder Ejecutivo demandado.

NOVENO.-Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO.-Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Jiutepec y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, en la que no se combaten normas de carácter general.

SEGUNDO.-Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

En su escrito inicial de demanda, el Municipio de Jiutepec, señala como actos impugnados los siguientes:

"a) Demandamos la invalidez de las órdenes e instrucciones giradas por el demandado, a efecto de retener al Municipio actor, sus participaciones federales y fondo de fomento municipal.

"b) La retención ilegal de las participaciones federales y del fondo de fomento municipal, efectuada por el poder demandado y su correspondiente entrega al Municipio actor, con los intereses que corresponda."

Por lo que se refiere al acto identificado en el inciso a), esta Primera Sala, advierte que en autos obra la constancia del oficio SH/1523-A/2013,(2) por el que la Secretaria de Hacienda Estatal le informó al Municipio actor que se le descontarían mensualmente de sus participaciones el equivalente al 10% del adeudo que ahí menciona hasta su total liquidación, ello con motivo de los préstamos y anticipos efectuados por el Poder Ejecutivo Local a cuenta de las participaciones municipales, adeudo que asciende a la cantidad de $57'010,909.61 (cincuenta y siete millones diez mil novecientos nueve pesos 61/100 M.N.).

De dicho oficio, se desprende de forma implícita que, efectivamente se han girado órdenes o instrucciones a fin de retener las participaciones federales y las del fondo de fomento municipal para cubrir diversos adeudos, por lo que está acreditada la existencia del acto reclamado identificado en el inciso a).

Por su parte, respecto a los actos identificados en el inciso b), consistentes en la retención y la consecuente falta de entrega de los fondos respectivos, el Poder Ejecutivo afirmó que no existen ministraciones pendientes de pagar al Municipio, en tanto que éste le solicitó adelantos de las participaciones federales, las cuales constituyen un préstamo. Sin embargo, esta Sala considera que el análisis de la existencia de tal acto debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

TERCERO.-Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

Como ya se dijo, el Municipio actor se duele: (i) de las órdenes o instrucciones emitidas por el Poder Ejecutivo a la Secretaría de Hacienda a fin de retenerle las participaciones federales que le corresponden legalmente, y (ii) de la retención o descuento de una parte de sus participaciones federales del mes de julio de dos mil catorce y, con motivo de dicho acto, solicita el pago de intereses que se hayan generado.

Respecto de las órdenes o instrucciones de retener participaciones federales, esta Primera Sala considera, que si bien es cierto quedó acreditada la existencia de las órdenes o instrucciones emitidas por el Poder Ejecutivo a la Secretaría de Hacienda, a fin de retener al Municipio actor las participaciones federales, resulta evidente que su impugnación es extemporánea, ya que el Municipio tuvo conocimiento de dichas órdenes a través del oficio SH/1523-A/2013 que le fue entregado el treinta de octubre de dos mil trece, según se advierte del sello de recibido que se encuentra a foja 235 del expediente, y la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticuatro de julio de dos mil catorce, tal y como se advierte del sello estampado al reverso de la foja 7 del expediente. Por lo que el plazo de treinta días para promover la presente controversia constitucional, en términos del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, ha transcurrido en exceso.

Consecuentemente, procede el sobreseimiento respecto al acto consistente en las órdenes o instrucciones emitidas por el Poder Ejecutivo a la Secretaría de Hacienda, a fin de retener las participaciones federales del Municipio actor, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(3)

Por otra parte, el Municipio actor controvierte la retención o descuento de una parte de sus participaciones federales del mes de julio de dos mil catorce, lo cual constituye un acto, por lo que para efectos de la oportunidad debe estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(4) el cual establece que el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional, en tal supuesto, será de treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Por lo anterior, esta Primera Sala considera que se actualiza la hipótesis referida en el inciso c) que antecede, puesto que el Municipio actor señala expresamente en su demanda que tuvo conocimiento el día diecisiete de julio de dos mil catorce.(5)

En estas condiciones, el plazo de treinta días señalado en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, inició a partir del siguiente día hábil a que se hizo sabedor de su contenido, esto es, el primero de agosto de dos mil catorce y concluyó el once de septiembre del mismo año,(6) por lo que si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticuatro de julio de dos mil catorce, tal y como se advierte del sello estampado al reverso de la foja 7 del expediente, debe concluirse que la demanda fue promovida oportunamente.

No se desvirtúa la conclusión anterior, lo señalado por el poder demandado, al contestar la demanda en el sentido de que éste se presentó fuera de los plazos previstos para ello, ya que el descuento o anticipos de las participaciones federales que correspondían al Municipio actor fue de su conocimiento al menos desde el treinta de octubre de dos mil trece, fecha en que recibió el oficio SH/1523-A/2013 de veinticinco de octubre de dos mil trece, en el que se le dio aviso de que a partir del treinta de octubre del citado año, se le descontaría mensualmente de sus participaciones federales el equivalente al 10% del adeudo contraído por préstamos o anticipos que le prestó el Poder Ejecutivo del Estado, a fin de atender diferentes necesidades económicas del Ayuntamiento, las cuales ascendían a esa fecha a un monto de $56'410,909.61 (cincuenta y seis millones cuatrocientos diez mil novecientos nueve pesos 61/100 M.N.).

Esta Sala considera que no le asiste la razón a la autoridad demandada porque el acto impugnado por el Municipio actor es la retención o descuento de una parte de sus participaciones federales del mes de julio de dos mil catorce, por un monto de $3'149,374.00 (tres millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro 00/100 M.N.) que supuestamente fue llevada a cabo por la autoridad demandada en el mes indicado y para llegar a considerar, como lo pretende el poder demandado, que el oficio referido contiene un "aviso" sobre los posibles descuentos y que este oficio está relacionado con los actos impugnados en la controversia, resulta necesario llevar a cabo un análisis en el estudio de fondo del asunto.

CUARTO.-Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General,(7) el Municipio de Jiutepec, perteneciente del Estado de Morelos es ente legitimado para promover este medio de control constitucional.

En representación de ese Municipio comparece Carlos Benítez Uriostegui, en su carácter de síndico municipal, cargo que acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría de la elección de Ayuntamiento del Municipio actor, expedida por el Instituto Estatal Electoral de Morelos el cuatro de julio de dos mil doce.(8)

Al respecto, el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos(9) establece que los síndicos serán representantes jurídicos de los Municipios de la entidad y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, y tendrán entre sus atribuciones, procurar, defender y promover los intereses municipales, presentar denuncias y querellas, representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal.

Consecuentemente, de conformidad con la disposición citada, en relación con los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero,(10) procede reconocer la legitimación del síndico del Ayuntamiento de Jiutepec, Estado de Morelos, para promover la presente controversia constitucional.

QUINTO.-Legitimación pasiva. El Poder Ejecutivo Morelense cuenta con legitimación pasiva en la causa para comparecer a juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia y que deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

En representación del poder demandado comparece Octavio Ibarra Ávila, director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, personalidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de catorce de febrero de dos mil trece, otorgado por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo morelense.(11)

El artículo 16, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos,(12) prevé que el titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo le corresponde representar legalmente al Poder Ejecutivo Morelense en todo juicio en que sea parte, por lo que dicho funcionario cuenta con legitimación procesal para comparecer en el presente juicio en representación del Poder Ejecutivo Local.

SEXTO.-Causas de imp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26626-b3dfdb80/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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