I. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. II. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN DEL INGRESO, PROMOCIÓN, RECONOCIMIENTO Y PERMANENCIA EN AQUÉL, ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN III, 12, 13 Y 67 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN III; 9, FRACCIÓN XLII -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "DISEÑAR Y"-; 11, FRACCIÓN III -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "EN EL PRESENTE ORDENAMIENTO"-; 14, FRACCIÓN II -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE LA SECRETARÍA DETERMINE"-; 43, FRACCIÓN IV -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE LA SECRETARÍA DETERMINE Y"-; ASÍ COMO DE LAS SECCIONES CUARTA Y QUINTA DEL CAPÍTULO SEGUNDO Y LAS SECCIONES PRIMERA A OCTAVA DEL CAPÍTULO TERCERO, MÁS EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 48/2014. LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de septiembre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio recibido el treinta de abril de dos mil catorce, Alfonso Humberto Castillejos Fernández, quien se ostentó como consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en representación de dicho poder, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas.
El Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Actos impugnados:
El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el dos de abril de dos mil catorce, en específico, los artículos 9o., fracción III, 12, 13 y 67, fracciones II y III.
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso, narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes:
1. El diez de diciembre de dos mil doce, el Ejecutivo Federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de educación.
2. Mediante oficio DGPL 62-II-2-174 de once de diciembre de dos mil doce, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad y Género.
3. El veintiséis de febrero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Ley Fundamental.
En los artículos tercero y quinto transitorios del citado decreto de reforma constitucional, se dispuso que el Congreso de la Unión, para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Ley Fundamental, deberá expedir las leyes respectivas.
4. El once de septiembre de dos mil trece, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos mediante los cuales se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y se expiden la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, respectivamente.
Señala que en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los Gobiernos Estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
5. El dos de abril de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas.
TERCERO.-El Poder Ejecutivo Federal, en su escrito inicial adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
De manera previa, el actor señala los principios y reglas que operan en materia educativa en nuestro sistema jurídico, a saber:
1. Concurrencia en la materia educativa a nivel constitucional.
Las facultades concurrentes son entendidas como aquellas que son ejercidas, tanto por la Federación, como por las entidades federativas, ya sea porque así lo disponga la propia Ley Fundamental o porque constituyan una manifestación directa de calidad soberana.
En ese sentido, puntualizó, que el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución General, confiere al Congreso de la Unión, entre otras cosas, la facultad para establecer el servicio profesional docente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3o. constitucional, así como para legislar en todo lo relativo a instituciones educativas, y para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios, el ejercicio de la función educativa, por lo que la propia Ley Fundamental establece un régimen de concurrencia que otorga al Congreso de la Unión un título competencial sustantivo, por medio del cual la Federación ejerce un poder de dirección que le permite definir e imponer a las entidades federativas y Municipios, un marco normativo obligatorio dentro del cual están facultados para actuar en materia de educación.
2. Servicio profesional docente.
Argumentó que dentro del marco de la reforma al artículo 3o., fracción III, de la Constitución General, el Poder Reformador introdujo el servicio docente en los siguientes términos: "Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción de cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo."
También refiere que del proceso legislativo que dio origen a la inclusión del servicio profesional docente, se desprende que la finalidad de su inclusión en la Constitución Federal, fue sentar las bases de creación de un servicio integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado en sus tres niveles de gobierno.
De igual forma, señala que el cumplimiento a la obligación de ofrecer una educación de calidad, requiere que el acceso de los maestros al sistema público y su promoción y permanencia se realice a través de procedimientos idóneos en relación con los fines de la educación, por lo que, se modificó el contenido del artículo 3o. constitucional para establecer, a nivel nacional, las bases de creación de un servicio profesional docente, que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión de la educación básica y media superior que imparta el Estado, para lo cual, se propuso que la ley reglamentaria del artículo 3o. constitucional, fijaría los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio, siendo dicha norma la Ley General del Servicio Profesional Docente.
En esa reforma se propuso también que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tuviera las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación pre escolar, primaria, secundaria y media superior, para lo cual se debía dotar al instituto de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema; emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad.
De la exposición de motivos, también se desprende que era necesario regular la función magisterial con una ley que fije los criterios, términos y condiciones de evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional "con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación"; y, además, que en la legislación secundaria se establecieran reglas y procedimientos obligatorios, de carácter nacional, confiables y de validez general para el ingreso, la promoción, la permanencia y la evaluación.
En esa medida, el Congreso de la Unión, emitió la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene como objeto:
- Regular el servicio profesional docente en la educación básica y media superior;
- Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente; y,
- Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el servicio profesional docente.
Señala que el servicio profesional docente es "el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados."
Así pues, el actor añade, que el servicio profesional docente, tiene como propósitos:
- Mejorar, en un marco de inclusión y diversidad, la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el progreso del país;
- Mejorar la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, el intercambio de experiencias y los apoyos que sean necesarios;
- Asegurar, con base en la evaluación, la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente y del personal con funciones de dirección y supervisión;
- Estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de desarrollo profesional;
- Asegurar un nivel suficiente de desempeño en quienes realizan funciones de docencia, de dirección y de supervisión;
- Otorgar los apoyos necesarios para que el personal del servicio profesional docente pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades;
- Garantizar la formación, capacitación y actualización continua del personal del servicio profesional docente a través de políticas, programas y acciones específicas; y,
- Desarrollar un programa de estímulos e incentivos que favorezca el desempeño eficiente del servicio educativo y contribuya al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial.
De lo anterior, según el actor, se desprende que la Constitución Federal establece como base del sistema educativo nacional, al servicio profesional docente, que es único e indivisible, que rige a la Federación en su conjunto, y que obliga a todas las autoridades educativas, en términos de los objetivos, fines, lineamientos y competencias que el Congreso de la Unión estableció en la ley general de la materia.
3. Distribución de competencias en la Ley General de Educación y en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia de este último.
En el marco de la citada reforma constitucional en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, el legislador federal reformó el once de septiembre de dos mil trece la Ley General de Educación, como norma rectora del sistema educativo que imparte el Estado.
Estableció como parámetro para el desarrollo de la actividad educativa, la participación activa de todos los involucrados en ese proceso, siendo consecuencia que los servicios educativos deban prestarse en el marco del federalismo y la consecuencia que prevé la Constitución General, y acorde con la distribución de la función social educativa que la propia ley dispone. Así, el Congreso de la Unión, en la Ley General de Educación, otorgó de manera exclusiva a la autoridad local, la facultad de prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría de Educación Pública determine, conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Por su parte, facultó a la autoridad educativa federal para actualizar y formular los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, los cuales deberán estar acordes al marco de educación de calidad contemplado en el servicio profesional docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional, así como para regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica, el cual deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Ahora bien, la Ley General de Educación, en su artículo 14 específicamente, menciona las atribuciones concurrentes que podrán ejercer tanto la autoridad educativa federal, como la local, en materia del servicio profesional docente, las cuales deberán ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como en los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Asimismo, la Ley General del Servicio Profesional Docente, dispuso que el marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustara a las previsiones de esta ley, estableciendo en consecuencia, el ámbito de atribuciones de las autoridades educativas federales y locales.
Por su parte, el artículo 9o. de la misma ley general prevé las atribuciones concurrentes que podrán ejercer las autoridades educativas en lo tocante a la educación media superior.
Por lo que, en las dos leyes normativas en materia de educación, se establecen facultades concurrentes que deben desplegarse tanto por la autoridad federal, como por la autoridad estatal; sin embargo, el actuar de las locales debe sujetarse invariablemente a lo previsto en ellas, pues, de lo contrario, violarían el marco concurrente que, por mandato constitucional establece la materia.
Por esa razón, en el decreto por el cual se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente se estableció, en su artículo tercero transitorio, que los Gobiernos Estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de dicha ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
4. Atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, previstas en la Ley General de Educación, en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley General de Educación, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, le corresponde:
a) Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa;
b) Evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación básica y media superior; y,
c) Las demás atribuciones que establezcan la Constitución General, su propia Ley General del Servicio Profesional Docente y demás disposiciones aplicables.
Al respecto, en su numeral 29, la Ley General de Educación establece como atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación las siguientes:
a) La evaluación del sistema educativo nacional en la educación pre escolar, primaria, secundaria y media superior, sin perjuicio de la participación que las autoridades educativas federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho instituto, y con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
b) Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades federal y locales para realizar las evaluaciones que les corresponden en el marco de sus atribuciones.
c) Emitir directrices con base en los resultados de la evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendentes a mejorar la calidad de la educación y su equidad.
Tanto la evaluación que corresponde realizar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como las evaluaciones que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa se realizan, son permanentes, sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.
Por otra parte, señaló que la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su numeral 25, apunta que el instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios; diseñar y realizar mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y autoridades escolares, así como de las características de instituciones, políticas y programas educativos.
La ley en comento, en su artículo 27, dispone que para el cumplimiento de los objetivos fijados, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cuenta con una serie de atribuciones encaminadas a hacerlas efectivas.
Asimismo, en materia de servicio profesional docente, para la educación básica y media superior que imparta el Estado, corresponden al instituto, en términos de los artículos 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 7o. de la Ley General del Servicio Profesional Docente las atribuciones siguientes:
- Definir los procesos de evaluación a que se refieren ambos ordenamientos y demás disposiciones aplicables;
- Definir, en coordinación con las autoridades educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refieren las leyes respectivas; y,
- Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, así como los organismos descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente en la educación obligatoria.
Finalmente, señala que las autoridades educativas deberán:
- Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el instituto;
- Proveer al instituto la información necesaria para el ejercicio de sus funciones;
- Cumplir los lineamientos y atender las directrices que emita el instituto e informar sobre los resultados de la evaluación;
- Recopilar, sistematizar y difundir la información derivada de las evaluaciones que lleven a cabo;
- Proponer al instituto criterios de contextualización que orienten el diseño y la interpretación de las evaluaciones;
- Hacer recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus resultados;
- Opinar sobre los informes anuales que rinda el presidente, aportando elementos para valorar el nivel de logro de los objetivos establecidos; y,
- Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El actor advierte que, en atención a lo anterior, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, establecen facultades concurrentes, a las cuales deben sujetarse las autoridades locales invariablemente, pues, de lo contrario, violarían el marco concurrente que, por mandato constitucional se establece en la materia.
5. Diversas consideraciones.
El actor señala que si bien es cierto que existe criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que las leyes locales en materias concurrentes pueden aumentar las prohibiciones y los deberes impuestos por las leyes generales, el mismo no resulta aplicable en este asunto, pues, en el caso en el que se determinó dicha cuestión (ley de fumadores) se señaló que una entidad federativa puede generar una protección de derechos mucho más expansiva que la prevista a nivel federal, pero es siempre dentro del ejercicio competencial que le fue directamente conferido por el orden federal en la ley general correspondiente.
En el caso, el sistema educativo nacional, del cual es parte el servicio profesional docente, se encuentra regulado a través de una ley marco, en la que el legislador federal establece principios y reglas a los que deben adecuarse los tres niveles de gobierno, fijando para ello un esquema de competencias exclusivas y concurrentes.
En ese sentido, estima que en la concurrencia de órdenes normativos el legislador federal define las competencias y cuestiones materiales que los órdenes estatales podrán reglamentar u operar de forma autónoma.
Con base en los anteriores razonamientos, considera que, de conformidad con lo resuelto por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 54/2009, existen dos tipos diversos de concurrencia que encuentran una diversa regulación a nivel constitucional y legal.
En el caso concreto de la materia educativa y el servicio profesional docente, estamos frente a una facultad concurrente que permite a la Federación distribuir competencias entre ella misma, las entidades federativas y los Municipios.
En atención, al precedente resuelto en la controversia constitucional 29/2000, el Congreso de la Unión está facultado para distribuir la función social educativa mediante las leyes que expida, proponiendo así un sistema de legislación coordinada a efecto de que los gobiernos locales, dentro de los lineamientos de carácter general que marquen las leyes expedidas por ese órgano legislativo, dicten las normas destinadas a la materia de educación dentro del territorio nacional. Por tanto, las normas que expidan las entidades federativas, los Municipios o el Distrito Federal sobre educación, deben sujetarse a la ley general que en dicha materia expida el Congreso de la Unión.
Tomando en cuenta lo expuesto, concluye que sólo el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para determinar la distribución competencial entre órdenes de gobierno de la función social educativa y el servicio profesional docente, por lo que cada entidad federativa debe regular en su legislación interna, a partir de las atribuciones y contenidos específicos que se hayan establecido en las leyes generales aplicables, por tanto, el hecho de que un órgano legislativo local desatienda los términos establecidos en una ley general en la que se distribuyen competencias, produce una violación a la competencia del orden federal para distribuir y operar el sistema concurrente.
Ahora bien, con base en las anteriores consideraciones, el actor expuso los conceptos de invalidez que, en esencia, señalan lo siguiente:
En su primer concepto de invalidez sostiene que el artículo 9o., fracción III, de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas reconoce derechos laborales que no son aplicables al servicio profesional docente, circunstancia que viola los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 constitucionales.
Estima que a través de la norma impugnada se otorgan atribuciones a la autoridad educativa local para reconocer las prestaciones laborales adquiridas en los acuerdos celebrados con la representación de la organización sindical.
En esa medida, el reconocimiento de derechos de carácter laboral provenientes de los convenios, acuerdos, minutas y negociaciones es, según este instrumento legislativo, un componente del servicio profesional docente en el orden estatal.
Tal circunstancia, acusa una contradicción con el texto literal del artículo 3o., fracción III, de la Constitución General de la República, que establece que los criterios consustanciales al mecanismo evaluatorio inherente al servicio profesional docente serán fijados por la ley reglamentaria.
Corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión determinar en una ley los términos en los cuales se ejercerá la concurrencia en materia educativa y de servicio profesional docente, incluyendo cuáles serán las normas que resultarán aplicables para su regulación específica.
La regulación del servicio profesional docente compete llevarla a cabo al orden federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o., fracción III, constitucional y los artículos 2o. de la Ley General del Servicio Profesional Docente y 12, fracción VI, de la Ley General de Educación.
El artículo 1o. de la Ley General del Servicio Profesional Docente señala que es una ley reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el servicio profesional docente y establece los criterios, los términos y las condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.
Así, por ejemplo, el artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente dispone que las relaciones de trabajo del personal docente con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esa ley.
En ese sentido, es el Congreso Federal el que define cuáles son las normas que resultarán aplicables para regular el servicio profesional docente, sin que esta circunstancia pueda ser modificada por el legislador local en ejercicio de su competencia concurrente.
Lo anterior evidencia sin lugar a dudas que estamos en presencia de una atribución reservada de manera exclusiva y excluyente a favor de la Federación, la cual ya fue ejercida por el Congreso de la Unión a través de la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, sin que en su articulado se hubiese hecho alusión alguna a las figuras contractuales de derecho laboral estatuidas en el artículo en estudio.
Consecuentemente, al plasmar derechos y prestaciones laborales dentro del texto de la Ley de Educación, la Legislatura Estatal demandada hizo uso de una potestad jurídica que no le corresponde y, por ende, invadió manifiestamente la esfera de competencia radicada en el nivel político-jurídico federal.
Además, permitir la aplicación de derechos o beneficios contemplados en acuerdos celebrados con la organización sindical sometería al servicio profesional docente a reglas -anteriores o posteriores a la reforma educativa- que resulten ser inaplicables o abiertamente contradictorias con los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes, ya previstos a nivel constitucional y legal.
Por tanto, se debe declarar la invalidez de este precepto al violentar la atribución federal para definir los términos de la concurrencia de órdenes normativos en la materia educativa y servicio profesional docente.
En su segundo concepto de invalidez, señala que el artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, modifica los términos de la readscripción de los docentes, con lo cual, se violan los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 constitucionales.
Estima que el precepto impugnado es inconstitucional por tres razones:
a) Extensión indebida del beneficio de readscripción en caso de no aprobar las evaluaciones a personal que no tuvo nombramiento definitivo a la entrada en vigor de la ley general.
A través de la norma general impugnada se están ejercitando atribuciones jurídicas que pertenecen a la esfera competencial exclusiva del nivel federal.
En el transitorio en estudio se estipula que la obligación de someterse a los procesos de evaluación y regularización derivados del texto puntual de la reforma al artículo 3o., fracción III, constitucional, será exigible a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento legislativo.
Ello conlleva una transgresión a la órbita competencial atribuida a la Federación de manera exclusiva y excluyente, en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas:
El orden jurídico federal fue expresamente habilitado para fijar los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional y definir la forma en la cual los diversos niveles de gobierno concurren a reglamentar y operar dicho servicio.
La competencia constitucional que se ha conferido al orden federal para que a través de una ley general se determine la forma efectiva de la participación de las entidades federativas y Municipios en materia educativa y de servicio profesional docente, conlleva la posibilidad de definir los términos mediante los cuales se dará eficacia y funcionalidad al sistema de concurrencias.
Ahora bien, se estima que la determinación de la fecha en que habría de entrar en vigor la obligación de sujetarse a los procesos de evaluación y programas de regularización es un componente esencial de servicio profesional docente, pues, a partir de aquélla, resulta inexcusable el cumplimiento de este deber por parte de los docentes que se encuentren en servicio y cuenten con nombramiento definitivo con funciones de docencia, dirección o supervisión en la educación básica o media superior.
Luego, el establecimiento de esa fecha fundamental constituye una atribución del orden federal, cuyo ejercicio quedó proyectado en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde se dispone que la obligación de las evaluaciones para el ingreso, promoc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26652-9a57afc2/i-servicio-profesional-docente-su-regulacion-es-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. II. FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN MATERIA EDUCATIVA. NO INCLU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN, RECONOCIMIENTO Y PERMANENCIA EN ÉL, ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA SEPARACIÓN DEL PERSONAL QUE INCURRA EN LA CONDUCTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA, ES UN ACTO DE ÍNDOLE LABORAL Y, POR CON (I.1o.A.115 A (10a.))
- SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE TENGAN POR EFE (PC.XXI. J/11 A (10a.))
- SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA CITACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN DERIVADA DE LA ORDEN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA QUE EL PLA (PC.IX.C.A. J/2 A (10a.))
- SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. LAS MEDIDAS DE ESTABILIDAD PREVISTAS EN LA LEY RELATIVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PERTEN (III.3o.T.21 L (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis