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Modo: Corpus Pro

I. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. II. FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN MATERIA EDUCATIVA. NO INCLUYE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. III. SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO. LA REGULACIÓN DEL INGRESO, PROMOCIÓN, RECONOCIMIENTO Y PERMANENCIA EN AQUÉL ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN [INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 2o., NUMERALES 21 Y 29; 24, 80 BIS 1 (PRIMERA PARTE), 80 BIS 5, 80 BIS 8, PRIMER PÁRRAFO, 80 BIS 21, 80 BIS 27, 80 BIS 28 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA]. IV. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA DETERMINACIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 80 BIS 40 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). V. SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR. SU REGULACIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 80 BIS 2 Y 80 BIS 3 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). VI. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS DE BASE ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 80 BIS 4 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). VII. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR. LA REGULACIÓN PARA PROMOCIONES A CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 80 BIS 8, FRACCIÓN I, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS Y FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). VIII. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA ASIGNACIÓN DE HORAS ADICIONALES PARA LOS DOCENTES QUE NO SEAN DE JORNADA CORRESPONDE EN EXCLUSIVA AL LEGISLADOR FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 80 BIS 22 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). IX. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO SIN GOCE DE SUELDO POR DESEMPEÑO DE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE IMPIDA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN DOCENTE, ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN [INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 80 BIS 1 (SEGUNDA PARTE) DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA]. X. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 80 BIS 9, 80 BIS 14, 80 BIS 16, 80 BIS 25, 80 BIS 39 Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). XI. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LA READSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 80 BIS 33 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). XII. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA DEFINICIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO RELATIVO A LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL PERSONAL CON FUNCIONES DOCENTES, DE DIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). XIII. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN DE LAS SANCIONES APLICABLES ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 80 BIS 7, 80 BIS 15 Y 80 BIS 24 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). XIV. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL SON COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). XV. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS CONVOCATORIAS DE PROMOCIÓN A CARGOS DIRECTIVOS Y DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ COMO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN, ES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA [INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 80 BIS 8, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 80 BIS 34 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA]. XVI. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN A NIVEL ESTATAL ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA). XVII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 19 BIS, 25, 80 BIS, 80 BIS 6, 80 BIS 10, 80 BIS 11, 80 BIS 12, 80 BIS 13, 80 BIS 17, 80 BIS 18, 80 BIS 19, 80 BIS 20, 80 BIS 23, 80 BIS 26, 80 BIS 29, 80 BIS 30, 80 BIS 31, 80 BIS 32, 80 BIS 35, 80 BIS 36, 80 BIS 37, 80 BIS 38, 80 BIS 41, 80 BIS 42, 80 BIS 43, 80 BIS 44 Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014. · Registro digital (IUS): 26225
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-04-01
Promovente: LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Pág. 649.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014. LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO. 22 DE OCTUBRE DE 2015. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintidós de octubre de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Norma impugnada, autoridades emisora y promulgadora. Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil catorce ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, promovió controversia constitucional contra el Estado de Sonora, por conducto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, solicitando la invalidez del siguiente acto.

Norma general:

El Decreto número noventa y ocho, por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad el jueves tres de abril de dos mil catorce; en específico, los artículos 2o., numerales 21 y 29, 24, 76, 80 Bis 2, 80 Bis 3, 80 Bis 5, 80 Bis 6, 80 Bis 8, 80 Bis 9, fracción I, penúltimo y último párrafos y fracción II, último párrafo (sic), 80 Bis 10, 80 Bis 14, 80 Bis 15, 80 Bis 16, 80 Bis 21, 80 Bis 22, 80 Bis 24, 80 Bis 25, 80 Bis 27, 80 Bis 28, 80 Bis 33, 80 Bis 34, 80 Bis 39, 80 Bis 40, tercero, quinto, sexto y séptimo transitorios.

SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora señaló como antecedentes del caso, los siguientes:

"a) El 10 de diciembre de 2012, el titular del Ejecutivo Federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

"b) Mediante oficio No. DGPL 62-II-2-174 de fecha 11 de diciembre de 2012, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad de Género.

"c) El 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En sus artículos tercero y quinto transitorios del Decreto de reforma constitucional, se dispuso que el Congreso de la Unión, para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Ley Fundamental, deberá expedir las leyes respectivas.

"d) El 11 de septiembre de 2013, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, respectivamente.

"Es de señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables, con base en las disposiciones de esta ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor …"

TERCERO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El Ejecutivo Federal estimó violados los artículos 3o., 73, fracción XXV, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además hizo valer como conceptos de invalidez los que a continuación se transcriben:

"X. Conceptos de invalidez.

"Consideración genérica sobre la invasión de esferas competenciales a nivel constitucional por violaciones a leyes que distribuyen competencias concurrentes en materia educativa.

"De conformidad a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte en la controversia constitucional 54/2009, existen diversos tipos de concurrencia que encuentran una diversa regulación a nivel constitucional y legal.

"En el caso concreto de la materia educativa y el servicio profesional docente, estamos frente a una facultad concurrente que permite a la Federación distribuir competencias entre ella misma, las entidades federativas y los Municipios.

"En atención al precedente resuelto en la controversia constitucional 29/2000, el Congreso de la Unión está facultado para distribuir la función social educativa, mediante las leyes que expida, proponiendo así un sistema de legislación coordinada a efecto de que los gobiernos locales, dentro de los lineamientos de carácter general que marquen las leyes expedidas por ese órgano legislativo, dicten las normas destinadas a la materia de educación dentro del territorio nacional. Por tanto, las normas que expidan las entidades federativas, los Municipios o el Distrito Federal sobre educación, deben sujetarse a la ley general que en dicha materia expida el Congreso de la Unión.

"Tomando en cuenta lo antes expuesto, se concluye que, sólo el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para determinar la distribución competencial entre órdenes de gobierno de la función social educativa y el servicio profesional docente, y cada entidad federativa debe regular en su legislación interna a partir de las atribuciones y contenidos específicos que se hayan establecido en las leyes generales aplicables.

"Por tanto, consideramos que el hecho de que un órgano legislativo local desatienda los términos establecidos en una Ley General en la que se distribuyen competencias, produce una violación a la competencia del orden federal para distribuir y operar del sistema concurrente.

"Queda claro que el parámetro de constitucionalidad es la propia ley general, pero sin que sea necesario considerar a la misma como una norma con jerarquía superior que permite hacer un contraste de constitucionalidad.

"En este sentido, el problema de constitucionalidad que se puede verificar no deriva de que el legislador local contradiga o vaya más allá de los contenidos de las leyes generales, sino de que se desatienda la distribución competencial que fue realizada directamente por el Congreso de la Unión, mediante dichas leyes.

"A fin de dar un orden lógico-jurídico a los conceptos de invalidez que se plantean en la presente controversia constitucional, se hace notar a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los mismos se encuentran estructurado de la siguiente manera:

"A. Violaciones al ámbito de atribuciones del Congreso de la Unión.

"B. Violaciones al ámbito de atribuciones del Ejecutivo Federal.

"C. Violaciones al ámbito de atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

"D. Violación al Servicio Profesional Docente consignado en la Constitución General.

En esta tesitura, se hacen valer los siguientes conceptos de invalidez:

"A. Los artículos 2o., numerales 21 y 29, 24, 80 Bis 2, 80 Bis 3, 80 Bis 5, 80 Bis 6, 80 Bis 8, 80 Bis 9, fracción I, penúltimo y último párrafos y fracción II, último párrafo, 80 Bis 10, 80 Bis 14, 80 Bis 15, 80 Bis 16, 80 Bis 21, 80 Bis 22, 80 Bis 24, 80 Bis 25, 80 Bis 27, 80 Bis 28, 80 Bis 39, tercero, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, violan la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, y en consecuencia, transgreden los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Constitución General.

"Tal como quedó previsto en el apartado de 'consideraciones previas' del presente escrito, sólo el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para determinar la distribución competencial de la función social educativa entre órdenes de gobierno, incluyendo el servicio profesional docente, pudiendo cada entidad federativa regular su legislación interna a partir de la emisión normativa por parte del Poder Legislativo Federal.

"Tomando en cuenta lo anterior, se advierte que la Ley de Educación para el Estado de Sonora, se extralimita de las atribuciones que le otorga la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo cual implica una invasión de esferas competenciales al Congreso de la Unión, tal como se observa a continuación:

"1. Los artículos 2o., numerales 21 y 29, 24, 80 Bis 2 (sic), 80 Bis 6 (sic), 80 Bis 9 (sic), 80 Bis 14, 80 Bis 21, 80 Bis 27, 80 Bis 28 y sexto transitorio de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, vulnera la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al establecer como marco normativo para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo, lo consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos.

"El Congreso de la Unión determinó que la Ley General del Servicio Profesional Docente, es reglamentaria del artículo 3o. constitucional y, en consecuencia, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio.

"Dispuso que sus normas sean de orden público e interés social, y de observancia general y obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos, siendo consecuencia que el marco normativo aplicable a las entidades federativas deba ajustarse a las previsiones de la misma.

"Asimismo, tal como lo señaló con antelación, dentro de los objetivos de la ley se encuentra el relativo a regular el Servicio Profesional Docente en la educación básica y media superior; y establecer los perfiles, parámetros e indicadores del citado servicio.

"Bajo este esquema, el artículo 14 del ordenamiento en comento, dispone que, para alcanzar los propósitos del Servicio Profesional Docente deben desarrollarse perfiles, parámetros e indicadores que sirvan de referente para la buena práctica profesional.

"En este escenario, la Ley General del Servicio Profesional Docente, dispone el mecanismo para la constitución de los perfiles, parámetros e indicadores, en los siguientes términos: (se transcribe)

"De lo expresado con antelación, es dable concluir que el Congreso de la Unión fijó claramente cuál es el marco normativo al que deberán ajustarse las entidades federativas para armonizar su legislación a fin de implementar el servicio profesional docente. Esto es, determinó que para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, se aplicarán los perfiles, parámetros e indicadores que al efecto se establezcan por el orden federal.

"Basta recordar que la reforma constitucional en materia educativa, tuvo como objeto eliminar condiciones escalafonarias/administrativas para la planta docente y establecer un servicio profesional docente basado en evaluaciones y concursos para el ingreso, promoción y permanencia en cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

"Este escenario implica necesariamente que el marco normativo aplicable al servicio profesional docente, será el contenido en la ley de la materia, a través de la aplicación de los perfiles, parámetros e indicadores que al efecto se establezcan, con el objeto de comprobarse que efectivamente se cumple con las obligaciones inherentes a la función que realiza el docente y con el fin constitucional de brindar una educación de calidad.

"Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, se advierte que los artículos que a continuación se transcriben de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, pues pretenden incorporar, como marco normativo al servicio profesional docente, lo consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos. (se transcribe)

"De lo transcrito, se advierte que en el Estado de Sonora, sin tomar en consideración lo mandatado en la Ley General del Servicio Profesional Docente, constituye como marco jurídico aplicable al servicio profesional docente los contratos colectivos, acuerdos, reglamentos, decretos y demás disposiciones jurídicas que se han venido aplicando.

"En efecto, la Ley de Educación para el Estado de Sonora contempla:

"• El servicio profesional docente local (promociones, ascensos, cambios, incrementos de horas y otros movimientos) está basado en un esquema de escalafón que se rige por lo consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos.

"• La autoridad educativa local y los organismos descentralizados en lo referente al ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior, están obligados a reconocer los acuerdos alcanzados a través de contratos colectivos, convenios, minutas y acuerdos celebrados por éste a través de las instancias respectivas y su organización sindical, que estipulan beneficios laborales, profesionales, salariales y sociales.

"• Sujeta la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, a los términos y criterios establecidos en el marco jurídico laboral vigente, así como en los contratos colectivos, acuerdos, minutas y reglamentos.

"• Los parámetros escalafonarios están sujetos a contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos.

"• Existencia de reglamentos escalafonarios o de promoción.

"• Se mantendrán vigentes todos los contratos colectivos, acuerdos, reglamentos, decretos y demás disposiciones jurídicas en materia de promoción y cambios de adscripción que se han venido aplicando a la fecha, lo anterior para determinar la selección del personal docente que recibirá la promoción cuando haya más de uno que cumpla con los requisitos establecidos.

"Se debe entender que al servicio profesional docente no le resultan aplicables los parámetros escalafonarios que establece la ley local, ni tampoco los contenidos y mecanismos consignados en contratos colectivos de trabajo, decreto, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos.

"En el título segundo, capítulo IV denominado ‘De la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión’ de la Ley General del Servicio Profesional Docente se establecieron los supuestos y las condiciones que debían reunir aquellas personas que estuvieran interesadas en promoverse a cargo con funciones de dirección y de supervisión. En el capítulo V, se implementó la promoción de la función, dirigida a aquellas personas que destacaran en los procesos de evaluación; y, en el capítulo VI, se especifican otras promociones en el servicio, como la asignación de horas adicionales.

"Asimismo, en el artículo 26 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que para ejercer el derecho a promocionarse a otro cargo: a) el docente debe contar con una antigüedad mínima de dos años; b) se efectuará mediante concursos de oposición que garantizaran la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, y c) cumplir con los términos y condiciones previstas en la ley.

"Además, la Ley General del Servicio Profesional Docente contempló aspectos como la antigüedad, conocimientos y aptitudes del docente, como bases fundamentales para obtener un ascenso, tal como lo establece el artículo 123 constitucional, apartado B, y no así como se prevé en la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

"Lo anterior, invariablemente se traduce en que el Congreso de Sonora fijó parámetros para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente, distintos a los establecidos en la Ley General de la materia, lo cual conculca la atribución del Congreso de la Unión para definir los términos de la concurrencia entre órdenes normativos en materia educativa y de servicio profesional docente de conformidad a los artículos 3o. y 73, fracción XXV, constitucionales.

"2. El artículo 80 bis 2 (sic) de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de separación del servicio sin goce de sueldo.

"El Poder Legislativo Federal estableció en el artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión.

"Al respecto conviene señalar lo manifestado en la discusión del Dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente en el seno de la Cámara de Senadores al respecto: (se transcribe)

"Como se advierte de lo anterior, el espíritu del legislador fue de que en nuestro país dentro del sistema educativo nacional se eliminaran las comisiones con goce de sueldo.

"Ahora bien, el artículo que se tilda de inconstitucional señala: (se transcribe)

"De lo anterior, se advierte que, el legislador local determinó que la separación del encargo sin goce de sueldo no operará cuando se actualice el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 38 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, que a la letra señala: (se transcribe)

"Ahora bien, la posibilidad que tiene una entidad federativa no permite que contradiga directamente hipótesis normativas que fueron definidas por la Federación en uso de competencias propias.

"En esta tesitura, el Congreso Local violenta las atribuciones del Congreso de la Unión para definir la concurrencia en la materia educativa y de servicio profesional, ya que contradice directamente la determinación del orden federal de que toda separación del servicio docente será sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión.

"Luego entonces, ese Alto Tribunal deberá declarar la inconstitucionalidad del precepto combatido.

"3. El artículo 80 bis 3 (sic) de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, vulnera la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al modificar las razones de ingreso al servicio profesional docente.

"De conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente, el ingreso es entendido como el proceso de acceso formal al servicio profesional docente.

"Para tal efecto, el artículo 21 del ordenamiento en cita, señala que el ingreso a la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias.

"El artículo 24 de la ley en comento, señala que en los concursos de oposición para el ingreso que se celebren en los términos de la misma podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente; así como con los requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional. En la educación básica dicho perfil corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afines que corresponda a los niveles educativos, privilegiando el perfil pedagógico docente de los candidatos; también se considerarán perfiles relativos a las disciplinas especializadas de la enseñanza.

"En lo referente al ingreso al servicio en la educación básica, la Ley General fija los siguientes términos y criterios:

"a) Los concursos serán púbicos y objeto de las convocatorias expedidas por las autoridades educativas con base en la información derivada del Sistema de Información y Gestión Educativa.

"b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados; los criterios para la asignación de las plazas, y demás elementos que la Secretaría de Educación Pública estime pertinentes. En su caso, las convocatorias describirán los perfiles complementarios autorizados por la Secretaría de Educación Pública.

"c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Secretaría de Educación Pública, se publicarán conforme al programa anual y de mediano plazo (conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación), y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar. Cuando el caso lo justifique a juicio de la autoridad educativa local y con la anuencia de la Secretaría, podrán expedirse convocatorias extraordinarias.

"d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines de ingreso sean definidos conforme a lo previsto en la ley general.

"En relación con los términos y criterios para el ingreso al servicio en la educación media superior, se precisa:

"a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias formuladas por las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de sus respectivas competencias.

"b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes; las plazas sujetas a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la asignación del número de ingresos, y demás elementos que las autoridades educativas o los organismos descentralizados estimen pertinentes. Las convocatorias deberán contemplar las distintas modalidades de este tipo educativo, así como las especialidades correspondientes.

"c) Las autoridades educativas y organismo descentralizados, en el ámbito de su competencia, emitirán, con anticipación suficiente al inicio del ciclo académico, las convocatorias respectivas conforme a las necesidades del servicio y a los programas anual y de mediano plazo; las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, deberán colaborar en la difusión de estas convocatorias.

"d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines de ingreso sean definidos conforme a lo previsto en la ley general.

"Lo anterior, es corroborado en el artículo 80 Bis 4 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, sin embargo, al señalar en el numeral 80 BIS 3 (sic) que ‘Todo ingreso al servicio de educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, será para cubrir plazas que hayan quedado vacantes una vez agotado el derecho para promocionarse que tienen los trabajadores de base en el servicio, de conformidad con esta ley’, invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al modificar el proceso de ingreso formal al Servicio Profesional Docente.

"En efecto, en primer lugar, establece que, el ingreso al servicio de educación básica y media superior será para cubrir plazas que hayan quedado vacantes, lo cual es contrario al espíritu de la ley general.

"Esto es, la norma impugnada contempla un régimen diferenciado para el ingreso al servicio profesional docente, pues otorga a los trabajadores de base el derecho de participar preferentemente respecto de aquellos que no lo son.

"Lo anterior es así, pues será hasta que se haya agotado el derecho de los trabajadores de base para promocionarse, que los otros podrán participar en el ingreso al servicio.

"Bajo esa temática, la disposición que se combate es contraria a lo establecido en el artículo 24 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que dispone que, en los concursos de oposición para el ingreso que se celebren, podrán participar todas las personas en igualdad de condiciones.

"En concordancia con lo anterior, la norma impugnada, además contraviene lo señalado en el artículo 7, fracción XIV, de la ley general en cita, que establece como atribuciones de las autoridades educativas locales en el ámbito de la educación básica, administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden establecido, con base en los puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes que resultaron idóneos en el concurso.

"Asimismo, transgrede el esquema de ingreso, puesto que el mecanismo que establece la legislación que se impugna, implica romper el esquema de concursos públicos a través de convocatorias, ya que, como se encuentra regulado en el artículo 80 Bis 3 que se tilda de inconstitucional, faculta a la autoridad educativa local a realizar dos concursos, uno para los trabajadores de base, y posteriormente, otro para los que no tengan tal carácter.

"De conformidad a la fracción IX del artículo 3o. constitucional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

"Por su parte, las fracciones I, III, IV y V del artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, otorgan al Instituto Nacional, las atribuciones siguientes:

"• Definir los procesos de evaluación a que se refiere esa ley y demás disposiciones aplicables.

"• Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, así como los organismos descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria.

"• Autorizar los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como las etapas, aspectos y métodos de evaluación obligatorios.

"• Asesorar a las autoridades educativas en la formulación de sus propuestas para mantener actualizados los parámetros e indicadores de desempeño para docentes, directivos y supervisores.

"Por otra parte, de la lectura de los artículos 8 y 9 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que, las entidades federativas sólo tienen competencias para proponer criterios a las autoridades federales y en su caso para operar las evaluaciones correspondientes.

"En este orden de ideas, el artículo 8, fracción V, de la ley general referida señala que, es competencia de las autoridades locales participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el instituto determine. A su vez el artículo 9, fracción IV, de la misma norma legal determina que, compete a las autoridades locales, para la educación media superior, proponer al instituto las etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos de evaluación obligatorios a que se refiere esta ley.

"Queda claro entonces que, las entidades federativas no tienen competencia para definir criterios de ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente.

"En consecuencia, al fijarse en la norma estatal combatida un sistema de ingreso al servicio profesional diversos al previsto en la ley general de la materia, se conculca la atribución del Congreso de la Unión para definir los términos de la concurrencia constitucional en la educación y el servicio profesional docente.

"4. El artículo 80 bis 5 (sic) de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, vulnera la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al regular la forma de otorgar un nombramiento definitivo en la educación básica y media superior.

"En efecto, el artículo 3o., fracción III, de la Constitución General establece que, la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional.

"En ese sentido, y como ya se ha manifestado a lo largo del presente escrito, es facultad del Congreso de la Unión expedir la ley que regule, entre otras cosas, el ingreso al servicio profesional docente.

"Ahora bien, el artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su primer párrafo, establece lo siguiente: (se transcribe)

"De la lectura del artículo antes transcrito, se advierte que el legislador federal estableció en la ley general, que en la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento de base después de 6 meses de servicio, sin que el personal tenga nota desfavorable en términos de la misma ley.

"Por su parte, el artículo 80 BIS 5 (sic) de la Ley de Educación del Estado de Sonora, establece lo siguiente: (se transcribe)

"Del análisis del artículo antes transcrito, de la ley del Estado de Sonora, se aprecia que en la parte final del mismo, establece mayores elementos que los regulados por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

"En primer lugar señala que en la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicios, sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esa ley, siendo que lo correcto debe ser en términos de la ley general y, en segundo lugar, señala que se debe respetar el marco jurídico laboral vigente en el Estado de Sonora, sin embargo, dichos elementos no fueron contemplados por el legislador federal en la ley general, por lo que las autoridades que expidieron la ley estatal invadieron el ámbito de competencias al establecer dichos elementos.

"Lo anterior, se insiste, pues la Ley General del Servicio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26225-0a3f943f/i-servicio-profesional-docente-su-regulacion-es-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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