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Modo: Corpus Pro

I. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. II. FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN MATERIA EDUCATIVA. NO INCLUYE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. III. EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN PLANTELES EDUCATIVOS. SU REGULACIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). IV. FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR DICHA MATERIA (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). V. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN REGULAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). VI. PROGRAMAS DE GESTIÓN ESCOLAR. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS OTORGAR RECURSOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN (ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA LA ENTIDAD). VII. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN A NIVEL ESTATAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 10 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "Y EVALUACIÓN"- Y 25 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). VIII. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). IX. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LA READSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 440 PUBLICADO EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EXPEDIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2014. · Registro digital (IUS): 26128
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-01-29
Promovente: LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo I , Pág. 688.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2014. LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 13 DE OCTUBRE DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA Y MAKAWI STAINES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de octubre de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal y en representación del presidente de la República, promovió controversia constitucional en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas, y solicitó la invalidez del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas", publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de marzo de dos mil catorce; en específico, los artículos 10, 14, 15, 17, 23, 25, 26 y tercero transitorio.

SEGUNDO.-Antecedentes. En el escrito de demanda, se narraron, en síntesis, los siguientes:

1. El diez de diciembre de dos mil doce, el presidente de la República presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

2. El once de diciembre de dos mil doce, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad y Género.

3. El veintiséis de febrero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o., en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los artículos tercero y quinto transitorios de dicho decreto se dispuso que, el Congreso de la Unión debía expedir las leyes respectivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3o. y 73 constitucionales.

4. El once de septiembre de dos mil trece, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y; se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, respectivamente.

En el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los Gobiernos Estatales debían, dentro de los seis meses siguientes, armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de dicha ley.

5. El doce de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes:

1. El artículo 14 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas invade la esfera de competencias de la Federación, pues le da a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas facultad para emitir lineamientos generales para regular la venta o consumo de alimentos y bebidas en las escuelas, lo cual es una atribución reservada exclusivamente a la autoridad federal de acuerdo con los artículos 24 Bis y 33, fracción XVII, de la Ley General de Educación.

2. El artículo 15 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, al prever que los Ayuntamientos de la entidad podrán promover y prestar los servicios educativos de cualquier tipo, nivel o modalidad en el ámbito de su competencia, previa autorización de la Secretaría de Educación Local, contraviene lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Educación, el cual faculta a los Ayuntamientos para promover y prestar los servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, sin señalar que para ello sea necesaria la autorización de las autoridades federales y estatales, pues la propia Constitución General le otorga a los Municipios la potestad de impartir educación.

3. El artículo 17, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, permite la participación de organizaciones sindicales en la realización de programas de capacitación para los docentes, lo que es contrario al artículo 59 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el cual prevé que corresponde de forma exclusiva a las autoridades educativas locales dar opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural para lo cual ofrecerán programas y cursos, pudiendo suscribir convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica, pero sin que se prevea la intervención de los sindicatos.

Si bien los artículos 33 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y 72 de la Ley General de Educación establecen distintas formas de colaboración de las organizaciones sindicales con las autoridades educativas, en ninguno de éstos se prevé una forma de participación similar a la del precepto impugnado.

4. El artículo 23 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas faculta a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas a otorgar a las escuelas públicas los recursos para implementar los programas de gestión escolar, pero sin precisar que las autoridades educativas de la entidad deberán observar los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública al respecto, como lo prevé el artículo 28 Bis de la Ley General de Educación. De este modo, el legislador local otorga a una dependencia estatal una atribución para otorgar recursos para la implementación de programas de gestión escolar, sin vincularla a los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública, en términos de una facultad que le fue reservada en exclusiva.

5. Los artículos 10 y 25 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas regulan el proceso de evaluación de la educación básica y media superior, atribuyéndole objetivos específicos a partir de los cuales se da forma a una especie de evaluación del sistema educativo estatal. Lo anterior, invade la facultad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para realizar las funciones de evaluación que les correspondan, de conformidad con los artículos 3o., fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 27, fracciones VI y VII, y 28, fracción III, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y, 7, fracciones I y III, de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Se precisa que tales argumentos se hacen valer bajo el entendido de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su carácter de órgano constitucional autónomo del orden Federal no puede promover una controversia en contra de invasiones competenciales de una entidad federativa, de conformidad con lo señalado por el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General.

6. El artículo 26 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas faculta a la Secretaría de Educación del Estado a establecer un comité de transparencia con la función de observar los procesos de evaluación dispuestos por la Ley General del Servicio Profesional Docente, para que se lleven a cabo conforme a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia, así como detectar y recibir inconformidades, lo cual invade la competencia exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de vigilar los procesos de evaluación en términos del artículo 11 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el cual únicamente prevé la coadyuvancia de las autoridades educativas y dispone que en caso de irregularidades, determinará las medidas correctivas pertinentes, las cuales deberán ser ejecutadas por las autoridades educativas y organismos descentralizados.

Además, la norma impugnada crea un órgano con autonomía técnica y le otorga una atribución para intervenir en el diseño de los procesos de evaluación de los docentes, a pesar de ser una atribución exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de conformidad con los artículos 3o., fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I, III, IV y V; 8, fracción V; y, 9, fracción IV, de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Una vez más, el actor precisa que tales argumentos se hacen valer bajo el entendido de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su carácter de órgano constitucional autónomo del orden Federal no puede promover una controversia en contra de invasiones competenciales de una entidad federativa, de conformidad con lo señalado por el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución General.

7. El artículo 26 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, señala que en la evaluación docente se aplicarán Leyes Federales y tratados internacionales, lo cual invade el ámbito de competencias del Congreso de la Unión, pues corresponde a éste en exclusiva determinar los términos en que se ejercerá la concurrencia en materia educativa, incluyendo cuáles serán las normas específicas que resultarán aplicables.

Así, los artículos 1 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, establecen que dicha ley es reglamentaria del artículo 3o. constitucional y que las relaciones del personal docente con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por la legislación aplicable, salvo lo dispuesto por la misma ley. En este sentido, el legislador local no puede establecer la posibilidad de aplicar normas internacionales para regular una materia concurrente como el servicio profesional docente.

Además, permitir la aplicación de ciertas leyes o tratados equivaldría a someter la evaluación a procedimientos que no resultan aplicables al caso o contradictorios con los mecanismos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes ya previstos a nivel constitucional y legal.

8. El artículo tercero transitorio de la reforma publicada el doce de marzo de dos mil catorce a la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, modifica las reglas de readscripción del personal docente al prever la posibilidad de que éste se dé respecto de funciones educativas, cuando el Congreso de la Unión dispuso en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que la no aprobación de la evaluación por parte de quien haya tenido nombramiento definitivo antes de la entrada en vigor de dicha ley en funciones de docencia, dirección y supervisión, tendrá como efecto la readscripción en funciones distintas a las educativas.

El legislador local, al establecer que la readscripción se hará preferentemente en alguno de los programas educativos que la Secretaría de Educación ejecute o al interior de los organismos públicos educativos del Estado, determinó la posibilidad de readscripción dentro de servicios u órganos con funciones educativas, cuestión que claramente contradice lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

CUARTO.-Artículos constitucionales que el actor aduce violados. Los preceptos que se indicaron como vulnerados son los artículos 3o., 73, fracción XXV, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y determinó turnarla conforme a la certificación correspondiente, en la que se indicó que correspondía al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Estado de Chiapas por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, a quienes mandó emplazar para que formularan su contestación; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.-Contestaciones a la demanda. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas contestaron la demanda en términos idénticos, señalando lo siguiente:

1. Si bien el artículo 24 de la Ley General de Educación establece que, la Secretaría de Educación Federal fijará los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirá con los criterios nutrimentales que determine la Secretaría de Salud, la Legislatura Local al armonizar la Ley de Educación Local consideró otros aspectos fundamentales para garantizar la calidad de la educación, como es el fomentar en el educando el consumo de alimentos con alto valor nutricional también dentro del seno familiar y la práctica de ejercicio saludable, por ello, dotó de facultades para controlar, supervisar, vigilar y fomentar dicho consumo responsable.

Si bien de la interpretación aislada del precepto impugnado podría suponerse una invasión de competencias de la Secretaría de Educación Pública, lo cierto es que, de un estudio sistemático de los artículos 14, fracción VI, 18, párrafo tercero, fracción VI y 91, fracción XXII, de la Ley de Educación Local, se advierte que el Poder Legislativo Estatal pretendió con ello garantizar el pleno ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de Educación Local.

Así, el Poder Legislativo Local determinó que el rol de la Secretaría de Educación Local es esencialmente la promoción, coordinación y colaboración activa con la autoridad educativa federal, a fin de que los planes, programas y demás lineamientos que ésta expida se apliquen en la entidad. Así como vigilar el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que determine la Secretaría de Salud. Lo que significa que los lineamientos que pudiera emitir la Secretaría de Educación Estatal necesariamente deben ajustarse a los de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Con ello, no se soslaya la concurrencia de los niveles de gobierno en la materia educativa establecida en la Constitución General, ya que el artículo 33 de la Ley General de Educación, establece que, "Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevaran a cabo las actividades siguientes: ... XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones señaladas que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos."

2. El artículo 15 de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas no fue modificado a través del Decreto No. 440 que se impugna, ya que dicho precepto conservó la redacción del artículo 14 anterior a la reforma, por lo que únicamente se recorrió en cuanto al orden numérico y se adicionó que los Ayuntamientos deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan.

Por otro lado, el Congreso de la Unión no modificó el artículo 3o. de la Constitución General ni el artículo 15 de la Ley General de Educación, en lo relativo a que los Ayuntamientos pueden prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, por lo que, lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Educación Local quedó fuera del alcance del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reformó la Ley General de Educación.

3. El tercer concepto de invalidez, en el que se cuestiona la participación sindical en la formulación de programas de capacitación, es infundado por las siguientes razones:

a) Los programas de especialización, maestría y doctorado previstos en el artículo impugnado son distintos a los que lleva a cabo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente.

b) La formación continua, la actualización de conocimientos y desarrollo profesional de los maestros de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial y de educación física, citados en el artículo impugnado y en el artículo 12, fracción VI, de la Ley General de Educación, se sujetarán, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

c) Los programas de capacitación previstos en el artículo impugnado son de carácter opcional, distintos a los de carácter obligatorio que formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en coordinación con la autoridad educativa estatal. Sin que ello implique que la autoridad educativa no deba o pueda tomar en cuenta los programas y sus contenidos emitidos por el referido instituto, con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

d) La realización de los programas obedecerá a las necesidades y recursos educativos de la entidad, como una posibilidad de elevar la profesionalización de los trabajadores de la educación del Estado y como una alternativa adicional de capacitación.

e) Los programas están orientados a todos los trabajadores de la educación independientemente del nivel educativo al que pertenezcan o a la actividad que desarrollen (docencia, directiva, técnico, pedagógico, administrativa, investigadora o de supervisión). Lo cual es distinto a lo establecido en el artículo 12, fracción VI, de la Ley General de Educación que sólo se refiere a la educación básica.

f) Existen facultades concurrentes respecto a la materia en disputa de acuerdo con los artículos 13, fracción IV, 14, fracción II Bis, 20, fracción III, de la Ley General de Educación. En el último precepto citado no se establece que los programas deban ajustarse necesariamente a lo que establezca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ni a la Ley General del Servicio Profesional Docente, ni que se dirija exclusivamente a los docentes de los niveles educativos básico o medio superior, pues sólo refiere que deberán adecuarse a las necesidades y recursos educativos de la entidad.

g) El legislador federal otorgó a la autoridad local atribuciones para que en el ámbito de la educación básica pueda "ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del personal docente y del personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentra en servicio"; así como "ofrecer al personal docente y personal con funciones de dirección o de supervisión programas de desarrollo de capacidades para la evaluación interna a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente". Asimismo, en el ámbito de la educación media superior estableció que corresponde a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados, respecto de las escuelas a su cargo, "ofrecer programas y cursos para la formación continua del personal docente y del personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentre en servicio" y "ofrecer al personal docente y del personal con funciones de dirección o de supervisión programas de desarrollo de capacidades para la evaluación", lo anterior de acuerdo con los artículos 8, fracciones VIII y IX; y, 9, fracciones XII y XIII, de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

h) La participación de la representación sindical en el diseño y realización de este tipo de programas no es de carácter impositivo o vinculatorio para la autoridad educativa estatal, toda vez que claramente el artículo 17, fracción III, de la Ley de Educación del Estado establece que "podrán implementarse de manera conjunta entre la Secretaría de Educación del Estado y la representación sindical de los trabajadores de la educación."

4. Contrario a lo que se afirma en la demanda, los artículos 21, párrafos segundo y tercero, 23, párrafos tercero y cuarto, y 25, párrafo primero, fracción V, de la Ley de Educación del Estado, establecen que la gestión escolar se efectuará conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública y se regulará por la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

En la legislación estatal, la gestión escolar no solamente sí está vinculada a los lineamientos del orden federal, sino que además, reconoce la competencia de la Secretaría de Educación Pública como la instancia facultada para emitir los lineamientos y formular los programas de gestión escolar en términos de lo previsto en el artículo 12, fracciones V Bis y XII Bis, de la Ley General de Educación.

En efecto, conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Ley de Educación del Estado, tanto el Ejecutivo estatal como los Ayuntamientos al formular sus presupuestos de egresos deberán necesariamente considerar las partidas anuales suficientes para el sostenimiento de la educación pública y el fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar prevista en la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado y demás disposiciones aplicables. Por su parte, el párrafo segundo del mismo artículo, establece que: la autoridad educativa estatal y municipal, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Educación Pública, con lo cual el Congreso del Estado al armonizar la Ley de Educación del Estado fue acorde con el contenido y alcance legal de la reforma educativa federal, pues estableció expresamente que tanto la autoridad estatal como municipal deberán observar y respetar los lineamientos que en materia de gestión escolar dicte la Secretaría de Educación Pública.

Si bien es cierto, el artículo impugnado establece que las escuelas públicas del Estado tendrán autonomía de gestión, también prevé que ello debe hacerse conforme a la legislación aplicable, entendiéndose por ello todas aquellas disposiciones normativas que las autoridades competentes en la materia emitan dentro del ámbito de sus atribuciones y competencia.

Por otra parte, es importante señalar que en esta materia existen facultades concurrentes según se desprende del contenido del artículo 28 Bis de la Ley General de Educación.

5. Es infundado el concepto de invalidez en el que se argumenta que los artículos 10 y 25 impugnados regulan aspectos relacionados con la evaluación de la educación invadiendo con ello la atribución exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, por lo siguiente:

La Constitución General, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, reconocen facultades concurrentes, que son aquellas que pueden desplegarse tanto por la autoridad federal, como por la autoridad estatal.

El artículo 3o. de la Constitución General establece las características, criterios y propósitos fundamentales bajo los cuales se orientará y sujetará la Educación que imparta el Estado, entendiendo como Estado, todos los niveles de gobierno.

Las entidades federativas tienen facultades en materia de evaluación educativa y servicio profesional docente de conformidad con los artículos 13, fracciones I, II, IV, VI Bis, VII y IX, 14, fracciones I Bis, II, II Bis, V, VII, VIII, IX, X, XI, XI Bis, XII Bis, XII Ter, XII Quintus y XIII, 21 y 29 de la Ley General de Educación, y los artículos 8, 9, fracciones I al X, XVII, XX y XXI, 10, fracciones I, II, X, XI, XIII y XIV, de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Por su parte, el artículo 27, fracción VI, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establece que corresponde al instituto formular, en coordinación con las autoridades educativas, una política nacional de evaluación de la educación encauzada a mejorar la calidad del sistema educativo estatal.

Ahora bien, de la interpretación de los artículos 10 y 25 de la Ley de Educación del Estado, se desprende que el legislador local no atribuyó elementos distintos ni discordantes con los criterios, objetivos y características fundamentales, bajo los cuales se orientará y sujetará la educación que imparta el Estado dispuestos en el artículo 3o. de la Constitución General.

Tampoco los elementos previstos en el artículo 25 de la Ley de Educación del Estado se contraponen a lo señalado en la Ley General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, en los que se establece que la evaluación educativa será sistemática, permanente, obligatoria, periódica (calendarizada), integral, así como los elementos endógenos y exógenos que inciden en la educación y, los factores y características particulares y específicas de cada región del país, atendiendo a la pluralidad y a la diversidad cultural de nuestra nación, de ahí que la propia Constitución y las leyes secundarias reconozcan estas características. Por el contrario, la Legislatura Estatal reconoce a la Secretaría de Educación Pública, como el órgano rector en materia de evaluación educativa, pues en dicho artículo se establece que los procesos evaluativos en el Estado se realizarán cumpliendo las formalidades, procedimientos y lineamientos que para tal efecto expida el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en los términos de la ley respectiva.

Aunando a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el siguiente criterio, de rubro: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."

6. Si bien es cierto que el artículo 26, párrafo quinto, de la Ley de Educación del Estado, prevé que la Secretaría de Educación del Estado podrá integrar un Comité de Transparencia que tendrá por objeto observar los procesos de evaluación establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ello no implica que tenga facultades para revisar los mismos, pues dicha comisión no tiene el carácter de autoridad y sus opiniones sólo tienen el carácter de informativas.

Con independencia de lo anterior, de una interpretación funcional de los artículos 8, fracción XIX, 9, fracción XX y 10, fracción XIII, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que la autoridad local tiene facultades para establecer o convenir los mecanismos, mediante los cuales, los representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los procesos de evaluación de educación básica y media superior que al efecto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación determine.

7. El artículo 26 de la legislación local no invade la competencia federal, al establecer que, en el desarrollo de los procesos de evaluación deberán respetarse además de los derechos consagrados en la Constitución General, aquellos establecidos en los tratados internacionales, toda vez que la jerarquía de los tratados internacionales se encuentra establecida en el artículo 133 de la Constitución General.

Por su parte, el artículo 14, fracción XI Bis, de la Ley General de Educación reconoce la aplicación en materia educativa del contenido de los tratados internacionales ratificados por México, como una medida protectora de los derechos inherentes a los educandos y obliga a que la autoridad educativa se rija bajo ese marco protector de derechos humanos.

Asimismo, el artículo 3o., fracción III, de la Constitución General establece como imperativo para el Congreso de la Unión, emitir la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente, y en ella fijar los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, lo que incluye los derechos contenidos en los tratados internacionales. Como se puede apreciar, la Constitución General reconoce a los tratados como parte del sistema jurídico nacional.

8. El artículo tercero transitorio, fracción V, incisos C) y D), de la Ley de Educación del Estado no se contrapone al artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues no modifica las reglas de readscripción de docentes en el sentido de que deban realizar funciones de docencia.

El artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece que la readscripción del trabaj

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26128-ff3b445b/i-servicio-profesional-docente-su-regulacion-es-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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