I. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. II. EDUCACIÓN. SU REGULACIÓN CONSTITUYE UNA FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. III. EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN PLANTELES EDUCATIVOS –FEDERALES Y LOCALES–. SU REGULACIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). IV. PROMOCIÓN A CARGOS DIRECTIVOS Y DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA. SU REGULACIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 22 QUINTUS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). V. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 1297 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). VI. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LA READSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 1297 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA [INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 2, ÚLTIMO PÁRRAFO, 19, 20, INCISOS D) Y J), 22 BIS, 22 TER, 22 QUÁTER, 22 SEXTUS, 22 SEPTIMUS, 22 OCTAVUS, 22 NONUS, 22 DECIMUS, 22 UNDECIMUS, 22 DUODECIMUS, 22 TERTIUS DECIMUS, 82, FRACCIÓN III, 85, 86 Y 87 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2014. LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 13 DE OCTUBRE DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA Y MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de octubre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito presentado el veinte de mayo de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal y en representación del presidente de la República, promovió controversia constitucional en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, y solicitó la invalidez del Decreto Mil Doscientos Noventa y Siete, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil catorce; en específico, los artículos 14 Bis, 22 Quintus, y los artículos transitorios cuarto y sexto.
SEGUNDO.-Antecedentes. En el escrito de demanda, se narraron, en síntesis, los siguientes:
1. El diez de diciembre de dos mil doce, el presidente de la República presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
2. El once de diciembre de dos mil doce, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad y Género.
3. El veintiséis de febrero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 3o., en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los artículos tercero y quinto transitorios de dicho decreto se dispuso que el Congreso de la Unión debía expedir las leyes respectivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3o. y 73 constitucionales.
4. El once de septiembre de dos mil trece, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente; y, se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los Gobiernos Estatales debían, dentro de los seis meses siguientes, armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de dicha ley.
5. El dos de abril de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió en síntesis los siguientes:
1. El artículo 14 Bis de la Ley de Educación del Estado de Morelos viola dichos preceptos constitucionales, pues dota a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos de atribuciones en materia de regulación de alimentos y bebidas en escuelas, en concreto de la facultad de emitir lineamientos respecto, al expendio y distribución de alimentos en las escuelas, que son exclusivas de la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal, de acuerdo con el artículo 24 Bis de la Ley General de Educación.
2. El artículo 22 Quintus de la Ley de Educación del Estado de Morelos violenta los artículos constitucionales mencionados, dado que regula los mecanismos de promoción de docentes a cargos con funciones de dirección y supervisión en la educación básica; sin embargo, omite hacerlo respecto a la educación media superior, lo cual implica una omisión legislativa parcial del Congreso de Morelos, puesto que incumplió con el mandato expreso en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, consistente en armonizar la legislación estatal conforme a lo dispuesto en dicha ley general en un plazo de seis meses. Lo anterior, en razón de que los artículos 3o., fracción III, de la Constitución General y 26 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, disponen textualmente que la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades necesarias. Asimismo, el artículo 32 de la Ley General del Servicio Profesional Docente prohíbe cualquier mecanismo de promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión distinto al establecido en dicha ley.
3. El artículo cuarto transitorio de la Ley de Educación del Estado de Morelos transgrede los preceptos constitucionales mencionados, puesto que el legislador local pretende que se reconozcan y apliquen en los procesos de evaluación de docentes los derechos de índole laboral, prestacional, sindical y asistencial, a pesar de que no fueron establecidos por el Congreso de la Unión en la Ley General del Servicio Profesional Docente, con lo cual el legislador local invade la competencia federal de definir las normas que resultarán aplicables para regular el servicio profesional docente, al intentar incluir tales derechos a dicho servicio en el Estado.
Al respecto, señala que el artículo 3o., fracción III, de la Constitución General establece que los criterios circunstanciales al mecanismo evaluatorio inherente al servicio profesional docente serán fijados en la ley reglamentaria. En este sentido, el Congreso Federal emitió la Ley General del Servicio Profesional Docente para regir el servicio profesional docente y establecer los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio. El artículo 83 de la ley mencionada, dispone que las relaciones de trabajo del personal docente con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esa ley.
4. El artículo sexto transitorio de la Ley de Educación del Estado de Morelos es contrario a los artículos constitucionales aludidos, ya que modifica la fecha de entrada en vigor del sistema profesional docente y las reglas de readscripción previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente para aquellos docentes que no aprueben las evaluaciones de permanencia, específicamente por las razones siguientes:
a) Extensión indebida del beneficio de readscripción en caso de no aprobar las evaluaciones. El artículo impugnado establece que los docentes que se encuentran en activo y con nombramiento definitivo antes de la entrada en vigor de dicha ley que no alcancen un resultado suficiente en la tercera evaluación podrán exigir su readscripción, por lo que sujeta las medidas referentes a los concursos y evaluaciones del personal docente a la entrada en vigor de la Ley de Educación Local. Lo anterior, es contrario a lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que dispone que la obligación de las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia surtirá efectos a partir de dicha ley. En este sentido, el artículo impugnado extiende indebidamente el beneficio de readscripción a los docentes que hayan obtenido el nombramiento definitivo hasta la publicación de la ley local, cuando dicha posibilidad sólo debe aplicar a los docentes que hayan obtenido dicho nombramiento antes de la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
b) Se modifican los términos de readscripción de docentes dentro del servicio público, al permitir que las personas sean reasignadas a funciones educativas. El artículo impugnado va más allá de lo establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, toda vez que prevé que el personal docente que no alcance el resultado aprobatorio en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas educativas dentro del servicio profesional docente. En efecto, el artículo mencionado de la ley general dicta una directiva expresa para que las autoridades educativas locales lleven a cabo la readscripción dentro de la función pública pero fuera de tareas de carácter educativo para quienes tengan nombramiento definitivo antes de la entrada en vigor de la ley, tal cuestión es una excepción al artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que obliga a la separación del personal docente que no apruebe las evaluaciones por tercera vez. En el caso concreto, el Congreso Local determinó la posibilidad de readscripción del personal docente en funciones educativas, cuestión que contradice lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo cual representa una invasión de la esfera federal, al tratarse el Congreso de la Unión del único encargado de regular el servicio profesional docente.
c) La readscripción dentro del servicio público se condiciona al respeto de las condiciones y prestaciones laborales adquiridas previamente. La norma impugnada modifica los términos en que se regula la readscripción de docentes en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, al disponer que el personal docente que no obtenga un resultado aprobatorio en la tercera evaluación no será apartado de su función sino que será readscrito, respetando sus derechos y prestaciones laborales adquiridas.
CUARTO.-Artículos constitucionales que el actor aduce violados. Los preceptos que se indicaron como vulnerados son los artículos 3o., 40, 41, 73, fracción XXV, 120, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y determinó turnarla conforme a la certificación correspondiente, en la que se indicó que correspondía al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Estado de Morelos por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.-Contestaciones a la demanda. En el escrito respectivo, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señaló lo siguiente:
El actor carece de legitimación ad causam, toda vez que el Poder Ejecutivo de Morelos no ha realizado acto alguno que invada o afecte su esfera de competencias, por lo que carece del derecho de demandar la invalidez del acto impugnado efectuado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Al respecto, considera aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.". Asimismo, considera que el Poder Ejecutivo de Morelos carece de legitimación pasiva ad causam, en razón de que éste no ha realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera de competencias del promovente.
El actor únicamente le atribuye al Poder Ejecutivo la promulgación y publicación del decreto impugnado, los cuales se realizaron con estricto apego al artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Además, los actos que le fueron atribuidos no violan los dispositivos constitucionales que señala el actor, únicamente llevó a cabo la promulgación y publicación del decreto impugnado, por lo que estima que se le tiene como autoridad demandada en el caso para cumplir con el requisito formal de tener por demandadas a las autoridades que expidan o promulguen la ley.
De igual forma, solicita que se declaren inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez, toda vez que son ambiguos y superficiales o se trata de descalificaciones aisladas, sin que el actor logre construir una causa de pedir dirigida a evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado y destruir su presunción de legalidad, pues elude referirse al fundamento, argumentos y al porqué de su reclamación.
En lo que respecta al primer concepto de invalidez, considera infundado que se violen los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 constitucionales, pues ni el artículo 14 Bis de la ley local cuestionado, ni el artículo 24 Bis de la Ley General de Educación contra el que se confronta regulan una cuestión directamente educativa, sino un tema de salubridad pública consistente en los alimentos y bebidas que pueden venderse y distribuirse en las escuelas. En todo caso, podría caer en la materia de educación alimentaria que se encuentra fuera de la educación académica. Por tanto, no existe una invasión de esfera de competencias en materia educativa.
En cuanto al segundo concepto de invalidez, señala que el artículo 22 Quintus de la Ley de Educación del Estado de Morelos, interpretado de forma armónica y sistemática con su universo normativo, no es contrario a los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 constitucionales. Con excepción del artículo impugnado, la ley local hace referencia tanto a la educación básica como la media superior, por lo que debe entenderse como una omisión textual que no se opone al régimen competencial, ni a la obligación inexcusable de que los docentes de educación media superior de cumplir con los requisitos del procedimiento para ocupar cargos de dirección y supervisión, regido de forma indivisible por la Ley de Educación Estatal, la Ley General de Educación y los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 de la Constitución General.
Respecto al tercer concepto de invalidez, estima que el artículo cuarto transitorio de la Ley de Educación del Estado de Morelos no contradice los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 de la Constitución General, al reconocer derechos adquiridos laborales, prestacionales, sindicales, asistenciales y profesionales. Lo contrario sí sería inconstitucional al desconocer los derechos adquiridos por los docentes. Es criterio reiterado del Poder Judicial de la Federación que, es deber inexcusable respetar los derechos adquiridos, sin que ello implique que no les sean aplicables a los docentes las normas del servicio profesional de carrera. Si bien el Congreso Federal es el facultado para regular el servicio profesional docente, no puede desconocerse el criterio que rige el respeto a los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de normas que establecen un nuevo sistema.
Por último, señala al respecto del cuarto concepto de invalidez, que el artículo sexto transitorio no infringe los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 de la Constitución General, dado que no modifica las reglas de readscripción previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente para los docentes que no aprueben sus evaluaciones de permanencia. En cuanto al inciso a) advierte que, es claro que el sistema concurrente en materia educativa, en particular la permanencia y promoción de docentes a cargos de dirección o supervisión entró en vigor con la Ley General de Educación y no con la Ley de Educación Estatal, y que rige categóricamente el principio de reserva de ley. Por otra parte, respecto al inciso b), considera que, es incorrecto estimar que los docentes que no aprueben la tercera evaluación podrán continuar en funciones educativas. La opción prevista en el artículo impugnado de readscripción es una actividad administrativa que, es parte del conjunto de actividades del sistema educativo. Finalmente, sobre el inciso c), considera que tampoco asiste la razón al actor, puesto que no puede desconocerse el criterio que rige el respeto a los derechos adquiridos.
Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos señaló lo siguiente:
Las leyes generales son parámetros de validez, que pueden utilizarse como parámetros de contraste cuando se impugne la incompetencia de una autoridad legislativa para normar algún aspecto determinado de una materia concurrente. Sin embargo, no puede considerarse al Congreso del Estado de Morelos de incurrir en omisión legislativa por no adecuar la Ley de Educación del Estado de Morelos con la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que como lo marca en su artículo 1o., dicha ley general es reglamentaria del artículo 3o., fracción III, de la Constitución General, que rige el servicio profesional docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.
Asimismo, los artículos cuarto y sexto transitorios del Decreto 1297 impugnado, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Morelos, no se contraponen a la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues dicha norma general no aborda en absoluto el tema de los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación. Al respecto, para el caso concreto, considera aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."
La norma impugnada contempla derechos de los trabajadores de la educación en el Estado de Morelos; sin embargo, no debe interpretarse aisladamente, sino que la norma está motivada por una finalidad específica de protección de derechos. Con ello no se pretende regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, sino proteger los derechos laborales, prestacionales, sindicales, asistenciales y profesionales de los trabajadores de la educación.
Las leyes generales o marco establecidas por el Congreso de la Unión son bases legislativas que no pretenden agotar en sí mismas la regulación de una materia, sino que buscan ser una plataforma mínima respecto de las cuales las entidades federativas partan para emitir normas acordes con su propia realidad social. Las leyes locales no tendrían razón de ser si no pudieran hacer innovaciones respecto de la ley general, pues únicamente se limitarían a repetir lo establecido en la ley general. En este sentido, las leyes estatales pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que se establecen en la ley general en materia de derechos de los trabajadores, aunque no pueden reducirlas.
De esta forma, el Congreso del Estado de Morelos está facultado para variar las condiciones y para ampliar los derechos de los trabajadores en materia de educación, por lo que no estaba obligado a regularlos en idénticos términos a los de la ley general, y únicamente se limita a otorgar mayores beneficios a los trabajadores de la educación que no aprueben sus evaluaciones de permanencia. No es obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a que los Gobiernos Estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las que establece esa ley, pues no puede entenderse como una obligación de reproducir a nivel local los preceptos de la ley general, sino como el deber de incorporar el mínimo de protección que ésta garantiza.
La interpretación anterior se corrobora con lo dispuesto en el propio artículo sexto transitorio, que señala que, en tanto se tienen debidamente implementados y en operación los concursos y los procesos de evaluación a que se refiere el artículo anterior se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables hasta antes de la publicación del presente decreto, sin perjuicio de que las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de sus competencias realicen todas las acciones que determinen como necesarias para que desde la entrada en vigor de esta ley, trabajen y modifiquen sus disposiciones para que converjan con lo previsto en el título segundo del presente ordenamiento, lo que deja a las entidades federativas en posibilidad de legislar en el ámbito de su competencia, siempre que lo hagan en congruencia con las medidas mínimas que prevé la ley general.
Lo anterior no genera incertidumbre alguna para los destinatarios de la norma, pues el propio artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, prevé que la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en la materia de educación se hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
SÉPTIMO.-Manifestaciones de los terceros interesados y opinión del procurador general de la República. El Senado de la República, a través del presidente de la Mesa Directiva y la Cámara de Diputados, por medio del presidente de la mesa directiva, expresaron manifestaciones. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
OCTAVO.-Solicitud de ampliación de la demanda. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por conducto de la consejera presidenta de la Junta de Gobierno, al presentar sus manifestaciones, solicitó ampliar la demanda respecto del artículo 22 octavus de la Ley de Educación del Estado de Morelos, por considerar que invade su ámbito de competencias. Por auto de ocho de julio de dos mil catorce el instructor desechó la ampliación al no tener el referido instituto carácter de actor en la controversia. Dicho auto fue confirmado por la Primera Sala, al resolverse el recurso de reclamación 38/2014-CA en sesión de once de febrero de dos mil quince.
NOVENO.-Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, el veintitrés de abril de dos mil quince, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre la Federación y el Estado de Morelos, en la que se combaten normas de carácter general. Ver votación 1
SEGUNDO.-Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(1) señala que tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
En el caso, se impugnan varios artículos de la Ley de Educación del Estado de Morelos, reformados y adicionados mediante el Decreto 1297, con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de dos mil catorce, por lo que el plazo de treinta días hábiles para promover la acción transcurrió del tres de abril al veintiuno de mayo de dos mil catorce, debiéndose descontar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de abril y tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de mayo por corresponder a sábados y domingos, y los días dieciséis a dieciocho de abril, uno y cinco de mayo de dos mil catorce de conformidad con el Acuerdo General Plenario Número 18/2013, por lo que al haberse presentado el veinte de mayo de dos mil catorce, la demanda resulta oportuna. Ver votación 2
TERCERO.-Legitimación activa. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(2) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. Asimismo, conforme al tercer párrafo del citado precepto, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de Estado, por el jefe de departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente.
En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, cargo que acreditó con copia certificada de su nombramiento por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos de cuatro de diciembre de dos mil doce,(3) lo que acredita la representación del mismo en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(4) y el punto único del acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan,(5) publicado el nueve de enero de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, la Federación por conducto del Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional, de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución General.(6) Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN."(7) Ver votación 3
CUARTO.-Legitimación pasiva. El Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció por conducto de Juan Ángel Flores Bustamante, ostentándose como presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos, carácter que acreditó con copia certificada del acta de sesión ordinaria de once de julio de dos mil trece de la Quincuagésima Segunda Legislatura de dicho Congreso, en la que consta su designación.(8)
Dicho funcionario se encuentra facultado para representar al Poder Legislativo del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.(9)
Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos compareció por conducto de Ignacio Burgoa Llano, ostentándose como consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, carácter que acreditó con copia certificada de su nombramiento por el gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos de primero de octubre de dos mil doce.(10)
Dicho funcionario se encuentra facultado para acudir a esta vía en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 74, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos(11) y el artículo 38, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(12)
En tal virtud, de conformidad con los preceptos antes citados, debe reconocérsele legitimación pasiva a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Locales. Ver votación 4
QUINTO.-Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos señala como causas de improcedencia la falta de legitimación activa y la falta de legitimación pasiva, lo cual sustenta en el hecho de que el Poder Ejecutivo de Morelos no ha realizado acto alguno que invada o afecte la esfera de competencias de la parte actora. Por tanto, considera que debe sobreseerse en la controversia constitucional, en virtud de que no ha realizado acto alguno que invada o afecte el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo Federal, por lo que éste carece de interés legítimo en el presente asunto. Estima que el acto que se le atribuye, consistente en la promulgación y publicación del decreto impugnado, fue realizado con estricto apego a sus facultades de conformidad con el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y que únicamente fue llamado a juicio para cumplir con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado la ley impugnada, de acuerdo con la tesis «P. XV/2007» de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."
Tales argumentos deben desestimarse, ya que involucran el fondo del asunto, el cual consiste precisamente en determinar si los preceptos impugnados invaden la esfera de competencias de la Federación en materia de educación.(13) Ver votación 5
SEXTO.-Estudio de fondo. Los conceptos de invalidez que la parte actora plantea en esta controversia se encaminan a demostrar que el Estado de Morelos legisló en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26125-16a5c5ac/i-servicio-profesional-docente-su-regulacion-es-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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