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Modo: Corpus Pro

I. EDUCACIÓN. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ FACULTADO PARA EXPEDIR LAS LEYES NECESARIAS, CON EL FIN DE UNIFICARLA Y COORDINARLA EN TODA LA REPÚBLICA (DECRETO NÚMERO 292, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). II. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (DECRETO NÚMERO 292, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN MATERIA EDUCATIVA. NO INCLUYE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, POR LO QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN ARMONIZAR SU ORDEN JURÍDICO CON LA LEY RESPECTIVA (DECRETO NÚMERO 292, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IV. SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. SU IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LOS ARTÍCULOS 27, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "EVALUAR", 28, FRACCIÓN V, 65, 68, FRACCIONES II Y XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "DISEÑAR Y", 84, 85, 86, 87, 88, 101, 102, 135, 136, 137 Y 138 DEL MISMO ORDENAMIENTO). V. EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN PLANTELES EDUCATIVOS. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN XXIV, DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. EVALUACIÓN EN EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LOS ARTÍCULOS 27, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "EVALUAR", 28, FRACCIÓN V, 65, 68, FRACCIONES II Y XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "DISEÑAR Y", 84, 85, 86, 87, 88, 101, 102, 135, 136, 137 Y 138 DEL MISMO ORDENAMIENTO). VII. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. LAS LEYES GENERALES EN LA MATERIA SON REFERENTE INDEFECTIBLE AL QUE DEBEN SUJETARSE LOS ESTADOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 292, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LOS ARTÍCULOS 27, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "EVALUAR", 28, FRACCIÓN V, 65, 68, FRACCIONES II Y XIV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "DISEÑAR Y", 84, 85, 86, 87, 88, 101, 102, 135, 136, 137 Y 138 DEL MISMO ORDENAMIENTO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2014. · Registro digital (IUS): 26725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-10-14
Promovente: LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Pág. 220.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2014. LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 1 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN N. SILVA MEZA, EDUARDO MEDINA MORA I., OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al uno de octubre de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio recibido el catorce de abril de dos mil catorce, Alfonso Humberto Castillejos Fernández, quien se ostentó como consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional en representación de dicho poder, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

Autoridades demandadas:

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán.

Actos impugnados:

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veintiocho de febrero de dos mil catorce, en específico, los artículos 34, fracción VII, 67, fracción XXIV, 139 y noveno transitorio.

SEGUNDO.-Los antecedentes del caso, narrados en la demanda son, en resumen, los siguientes:

1. El diez de diciembre de dos mil doce, el Ejecutivo Federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de educación.

2. Mediante oficio DGPL 62-II-2-174, de once de diciembre de dos mil doce, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad y Género.

3. El veintiséis de febrero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o., en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II, y una fracción IX al artículo 3o. de la Ley Fundamental.

En los artículos tercero y quinto transitorios del citado decreto de reforma constitucional, se dispuso que el Congreso de la Unión, para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Ley Fundamental, debería expedir las leyes reglamentarias respectivas.

4. El once de septiembre de dos mil trece, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos mediante los cuales se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y se expiden la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, respectivamente.

Señala que en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los Gobiernos Estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.

5. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo.

TERCERO.-Del escrito de demanda, se desprende que el Poder Ejecutivo Federal, de manera previa, señala los principios y reglas que operan en materia educativa en nuestro sistema jurídico para, posteriormente, plantear en concreto los siguientes argumentos de invalidez:

• En su primer concepto de invalidez señala que el artículo 34 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto otorga a la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y la Capacitación para el Trabajo, una atribución que corresponde ejercer al Instituto Nacional para la Evaluación, vulnera los artículos 3o., fracción IX, 73, fracción XXV, y 124 de la Constitución Federal. Esto, porque según el actor, se le faculta para definir estándares e indicadores educativos para la supervisión, evaluación y acreditación de las instituciones de educación media superior en el Estado, siendo que, es al mencionado Instituto Nacional al que compete expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, esto es, es el facultado en exclusiva para expedir lineamientos en materia de evaluación que serán aplicados por las autoridades educativas federales y locales.

Añade que, conforme al artículo 25 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, este órgano tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del propio sistema, en lo que se refiere a la educación básica y a la media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Asimismo, el instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema educativo nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y autoridades escolares, así como de las características de instituciones políticas y programas educativos.

Además, en el artículo 27, fracciones VII y IX, de la misma ley, se le confiere al instituto en mención, la competencia para expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, así como para diseñar e implementar las evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los educandos.

Luego, la definición de estándares para la evaluación de instituciones de educación es una atribución exclusiva del órgano constitucional autónomo que no es susceptible de ser ejercida por los Estados.

Por lo que el artículo impugnado vulnera los citados preceptos constitucionales, dado que se trata de facultades que el Congreso de la Unión reservó en exclusiva al orden federal, para ser desarrolladas por el citado Instituto Nacional.

• Como segundo concepto de invalidez, plantea que el artículo 67, fracción XXIV, de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, otorga a la Secretaría de Educación local atribuciones en materia de alimentos y bebidas en escuelas que competen en exclusiva a la Secretaría de Educación Pública (orden federal), como se advierte del artículo 24 Bis de la Ley General de Educación que establece que a aquélla le compete expedir las normas generales que regulan el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de los planteles escolares.

Lo que, por tanto, vulnera la atribución federal para definir los términos de la concurrencia en materia educativa, de conformidad con los artículos 3o. y 73, fracción XXV, constitucionales, al desconocer la distribución competencial realizada por el Congreso de la Unión para que sea la Secretaría de Educación Pública la encargada de la reglamentación de alimentos y bebidas en los centros escolares, por lo que la Secretaría de Educación local no puede ejercer atribuciones en esa materia.

• Por otra parte, en su tercer concepto de invalidez, aduce que el artículo 139 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, al prever que en la evaluación docente se aplicarán leyes federales y tratados internacionales, cuando el servicio profesional docente se rige por el artículo 3o. de la Constitución Federal y la ley general que rige dicho servicio.

Esto, porque corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión determinar en una ley los términos en los cuales se ejercerá la concurrencia en materia educativa y de servicio profesional docente, incluyendo cuáles serán las normas específicas aplicables.

Conforme al artículo 1o. de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se desprende que se trata de la ley reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. constitucional, así como que rige al propio servicio y establece los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.

Así, por ejemplo, el artículo 83 de la citada ley general indica que las relaciones de trabajo del personal docente con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo lo dispuesto en la propia ley general.

En ese sentido, añade que es el Congreso de la Unión el que define cuáles son las normas que resultarán aplicables para regular el servicio profesional docente, sin que ello pueda ser modificado por el legislador local en ejercicio de su competencia concurrente.

Además, permitir la aplicación de ciertas leyes o tratados, equivaldría a someter la evaluación del personal docente a procedimientos que no son aplicables a determinados casos e, incluso, podrían ser contradictorios con los mecanismos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de los docentes, ya previstos a nivel constitucional y legal.

• Por último, como cuarto concepto de invalidez, el actor hace valer la inconstitucionalidad del artículo noveno transitorio de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, dado que establece la aplicación supletoria de las leyes generales en materia educativa, por lo que se violan los artículos 3o., 73, fracción XXV, y 124 constitucionales.

Lo anterior, pues, el artículo impugnado establece que, en lo no previsto en la ley estatal, se deberá estar a lo dispuesto en la legislación general. En este sentido, la norma transitoria señala que la ley general es supletoria de la estatal, lo cual invade la competencia federal, ya que, la concurrencia en materia de educación y servicio profesional docente permite que sea el orden federal el que determine los términos en los cuales se ejercerán las competencias por cada orden de gobierno, así como los contenidos sustantivos que serán susceptibles de ser desarrollados.

Por otra parte, la supletoriedad de las normas opera cuando, a pesar de que exista una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se regula de forma clara y, por tanto, se requiere acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Por ello, la referencia a leyes superiores es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.

En este orden de ideas, se sigue que un orden estatal no puede determinar la posible aplicación supletoria de una ley general, toda vez que esto implica que es dicho orden local el que defina la aplicación de una ley general emitida por la Federación en facultades concurrentes, lo que vulnera la atribución federal de distribución de competencias educativas, en términos de los artículos 3o. y 73, fracción XXV, constitucionales.

Está claro que el marco normativo que expidan las entidades federativas y la actuación de las autoridades administrativas se debe ajustar a las Leyes Generales de Educación y del Servicio Profesional Docente, por lo que, reitera, éstas no pueden ser de aplicación supletoria a una ley local, al ser las que definen los contenidos y alcances del orden estatal.

CUARTO.-El actor argumenta que se violan en su perjuicio los artículos 3o., 73, fracción XXV, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Por acuerdo de catorce de abril de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 39/2014, y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

SEXTO.-Mediante proveído de veintiuno de abril del mismo año, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Estado de Michoacán, por conducto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a los que ordenó emplazar para que formularan sus respectivas contestaciones; asimismo, tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a los cuales ordenó dar vista con copia del oficio de demanda; y, también ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SÉPTIMO.-El Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, al formular su contestación, medularmente, señaló lo siguiente:

Respecto del primer concepto de invalidez, en el que el Ejecutivo Federal considera que se invade la esfera competencial correspondiente al ámbito federal, habida cuenta que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el único facultado para definir estándares e indicadores educativos para la evaluación de las instituciones de educación media superior en el Estado, lo califica de inexacto e inoperante, al resultar de una interpretación equívoca.

Ello es así, pues, la fracción VII del artículo 34 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo,(1) no establece en modo alguno la expedición de lineamientos, sino únicamente una definición de estándares e indicadores educativos; por tanto, la facultad de expedir lineamientos en materia de evaluación queda intocada a favor del instituto referido.

Aunado a lo anterior, el artículo 15, fracción V, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación(2) faculta a las autoridades educativas para proponer al instituto criterios de contextualización que orienten el diseño y la interpretación de las evaluaciones educativas.

En ese sentido, la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán no pretende ir más allá de lo que establece la Constitución Federal, ya que debe entenderse como concurrente dicha facultad, pues el tema de la educación no es una facultad única de la Federación, sino que atañe a los tres órdenes de gobierno.

En lo referente a la invalidez del artículo 67, fracción XXIV, de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo,(3) pues, según el actor, el hecho de que la Secretaría de Educación en el Estado vigile el cumplimiento de los lineamientos a los que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas que se vendan dentro de las escuelas en el Estado, invade la esfera competencial de la Secretaría de Educación Pública, en virtud de que la Ley General de Educación, en el artículo 24 Bis(4) prevé que los lineamientos a que deberán sujetarse en el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela se establecerán exclusivamente por la Secretaría de Educación Pública.

No obstante, el actor pasa por alto que la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 67, fracción XXIV, en ninguna parte señala que la Secretaría de Educación en el Estado establecerá lineamientos en el rubro de alimentos y bebidas dentro de los planteles escolares, sino que se limitará a vigilar el cumplimiento de los lineamientos que autoriza en esa materia, de manera exclusiva la Secretaría de Educación Pública.

Por lo que hace al tercer concepto de invalidez, en el que se impugna el artículo 139 de la Ley de Educación en el Estado,(5) en virtud de que, a decir de la parte actora, en la evaluación docente se aplicarán leyes federales y tratados internacionales; el Ejecutivo Local afirma que, de ningún motivo, ninguna facultad concurrente puede dar lugar a desatender los tratados internacionales en los que México sea parte, por lo que en los procesos de evaluación es insoslayable que existan derechos tan amplios como en la Constitución Federal se prevea.

En ese sentido, al practicar un proceso de evaluación al margen de tales principios, sería flagrante de derechos y garantías, los cuales ha ratificado el Estado Mexicano.

Respecto de la impugnación del artículo noveno transitorio de la Ley de Educación estatal,(6) por estimar el actor que viola los artículos 3o., 73, fracción XXV, y 124 de la Constitución Federal, por el hecho de determinar que la ley general es supletoria de la ley estatal; el Ejecutivo Local señala que no debe desatenderse que dicha supletoriedad operará únicamente cuando no se contravengan la Ley General de Educación ni la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Por tanto, desestima el agravio invocado por el actor, pues, el Estado de Michoacán no pretende invadir esferas de competencia, aunado al hecho de que la Ley General de Educación tampoco aduce cuál será la ley a aplicar de manera supletoria, a falta de disposición expresa.

OCTAVO.-La Legislatura del Estado de Michoacán, al formular su contestación, hizo valer, esencialmente, lo siguiente:

I. Falta de legitimación de la parte actora

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o. y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, sólo las entidades, poderes u órganos que se refiere el artículo 105 constitucional, podrán promover la acción de controversia constitucional; sin embargo, la parte promovente no tiene ese carácter, por lo que no puede ejercer la acción constitucional de mérito.

Asimismo, señala que en el caso de la Federación o del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República es el titular exclusivo de la acción de controversia constitucional, y es quien puede hacerla valer u oponerse a ella. Por ende, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal carece de legitimación para promover e intervenir dentro de una controversia constitucional; y, si la pretensión fuera deducida en defensa de los intereses de la Federación, resultaría ineficaz, pues, la representación de ese ente corresponde sólo a la o las personas legalmente facultadas para ello conforme a la ley.

Señala que de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no autoriza, de manera expresa, para que el representante legal de la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional delegue dicha representación, sino que su artículo 11 establece que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y que no se admitirá ninguna forma diversa de representación.

Por lo anterior, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los artículos 1o. y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que dispone que dicha improcedencia puede derivar de alguna disposición de la propia ley, por lo que debe decretarse el sobreseimiento, con base en lo dispuesto por la fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria mencionada.

II. Improcedencia de la acción

Afirma que la demanda es improcedente, habida cuenta de que no se precisa cuál es el ámbito o esfera competencial del promovente que considera se ve afectado o limitado por los preceptos de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo que reclama y, cuya aplicación implique una contravención a la Ley Fundamental.

Como podrá observarse de una simple lectura de la demanda de controversia constitucional, en ningún momento se señala cuál es el ámbito competencial de la parte actora que supuestamente se afecta con los actos que se reclaman del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo con violación a la Constitución Federal, lo cual es suficiente para declarar improcedente, por infundada, la misma.

III. Improcedencia de la acción

Por otro lado, plantea que la acción de controversia constitucional también resulta improcedente desde el momento en que el actor aduce que, conforme a la interpretación que hace de los numerales impugnados, éstos resultan inconstitucionales porque transgreden los artículos 3o., 73, fracción XXV, 116, 124 y 133 de la Constitución Federal.

Al respecto, menciona que en el artículo tercero transitorio del decreto en virtud del cual, se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los Gobiernos Estatales debían armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables, con base en los artículos de dicho ordenamiento jurídico, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.

Luego, al ser una facultad concurrente, el Congreso de la Unión se encuentra facultado para legislar en materia educativa, en el momento en el que se aprobaron los numerales impugnados, y, además, su actuar fue ajustado al ámbito específico de las competencias establecidas en el artículo 21, penúltimo párrafo (sic), en relación con el diverso 3o., ambos de la Constitución Federal; por lo cual, el Congreso del Estado de Michoacán no invadió la competencia otorgada a la Federación.

De lo anteriormente expuesto se concluye que, con los numerales reclamados, contrariamente a lo expresado por la parte actora, se legisló en materia educativa en uso de facultades concurrentes y, por ende, no se conculcaron atribuciones o facultades de la Federación, por lo que no se transgredieron los principios de seguridad jurídica, de legalidad, de taxatividad, de plenitud y de hermética (sic) y, menos aún, resulta ser inconvencional.

Por lo anterior, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de los conceptos de invalidez de la demanda, el Poder Legislativo Estatal señala:

En relación con el primer concepto de invalidez, manifiesta que lo que en éste se narra, en parte se niega en la forma y los términos en que se encuentra redactado.

En primer término, se destaca que conforme a lo establecido en el artículo 44, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, el Congreso del Estado, es competente para legislar en materia educativa.

Ahora bien, no puede considerarse inconstitucional que en la Ley de Educación del Estado, se dote a la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y la Capacitación para el Trabajo, de atribuciones que sean exclusivas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, habida cuenta de que corresponde al Congreso de la Unión determinar la forma y términos de la participación de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios a través de una ley general, en las materias de educación, salubridad, asentamientos humanos, seguridad pública, ambiental, protección civil y la deportiva y, en el presente caso, no se señala que las facultades otorgadas a la comisión mencionada se le confieran al instituto citado en una ley general y, en su caso, cuál sería ésta.

Por lo anterior, queda acreditado que el numeral 34 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo impugnado, no contradice los preceptos constitucionales 3o., fracción IX, 73, fracción XXV, y 124 constitucionales a que se refiere la parte actora en su demanda de controversia constitucional, por lo que deviene improcedente el concepto de invalidez que se contesta.

En relación con el concepto de invalidez segundo, manifiesta que no son correctos la forma y los términos de lo que se narra, por lo que se niega.

Ello, pues, como se advierte del contenido de la fracción XXIV del numeral 67 impugnado dispone como atribución de la secretaría "vigilar" el cumplimiento de los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, mediante las disposiciones de carácter general que se publiquen para tal efecto en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables.

Como se aprecia, a la Secretaría de Educación del Estado solamente se le confieren facultades de "vigilancia" de la aplicación de las normas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones aplicables, es decir, se refiere a la vigilancia que habrá de realizar la "secretaría", de normas y disposiciones federales no estatales.

En cuanto al tercer concepto de invalidez, indica que no son correctos la forma y los términos de lo que en el mismo se narra, por lo que se niega.

Conforme a los tratados internacionales, no se conculcan garantías ni se invaden competencias por la circunstancia de que se haya establecido que en los procesos de evaluación del personal docente deberán observarse los principios y derechos que les confieren a los trabajadores de la educación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales.

Por tanto, no le asiste la razón a la parte actora cuando afirma que el legislador local no puede establecer la posibilidad de aplicar normas internacionales o federales para regular una materia concurrente como el servicio profesional docente, en virtud de que el Estado Mexicano tiene un sistema jurídico propio y, asimismo, forma parte de la comunidad internacional.

Respecto del cuarto concepto de invalidez, expone que igualmente no son correctos la forma y términos de lo que se narra, por lo que se niega.

No es cierto que el contenido del artículo noveno transitorio impugnado vulnere la atribución federal para determinar el régimen normativo aplicable al servicio profesional docente.

Ciertamente, no vulnera atribución alguna de la Federación la circunstancia de que en el artículo transitorio impugnado, se establezca la supletoriedad de la legislación general o federal, pues es precisamente ésta, la fuente de la que emanan los principios generales del derecho, en este caso, la materia procesal, para resolver los asuntos que se encuentren en trámite, lo que además es congruente con la naturaleza de los procedimientos y los sujetos que intervienen en éstos.

NOVENO.-Las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su calidad de terceros interesados realizaron manifestaciones, las que obran agregadas en el expediente (fojas 661, 723 y 635, respectivamente).

El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

DÉCIMO.-Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre la Federación, por conducto del Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Michoacán, con motivo de normas generales.

SEGUNDO.-Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Del escrito inicial de demanda se advierte que se impugna la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, concretamente sus artículos 34, fracción VII, 67, fracción XIV, 139 y noveno transitorio, con motivo de su publicación.

Por tanto, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, que dispone lo siguiente:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

Como puede advertirse, el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de la impugnación de leyes a partir de su publicación, es de treinta días contados a partir del día siguiente a dicha publicación.

En el caso, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial de Estado de Michoacán el veintiocho de febrero dos mil catorce.

Por tanto, debe considerarse que el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional, inició el día lunes tres de marzo y concluyó el quince de abril siguiente, descontando de ese lapso los días inhábiles: primero, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, y cinco, seis, doce y trece de abril, de la misma anualidad, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 2o. y 3o., fracciones II y III, de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26725-9c68dd6c/i-educacion-el-congreso-de-la-union-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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