I. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN, RECONOCIMIENTO Y PERMANENCIA EN ÉL, ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. II. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN VÍA DE CONSECUENCIA DEBEN INVALIDARSE LOS ARTÍCULOS 1o., 16, FRACCIÓN XII, 16 BIS, FRACCIONES II Y IV, 18, 18 TER, 21 Y 69, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD. III. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LEYES ESPECIALIZADAS EN ESTA MATERIA (INVALIDEZ DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2014. LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN N. SILVA MEZA, EDUARDO MEDINA MORA I., OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de septiembre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal y en representación del presidente de la República, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
Autoridades demandadas:
I. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California;
II. Congreso del Estado de Baja California.
Terceros interesados:
I. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
II. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;
III. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Acto cuya invalidez se demanda:
"El Decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Baja California, y se expide la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California."
SEGUNDO.-Preceptos constitucionales violados. En el presente asunto se estiman violados los artículos 3o., 73, fracción XXV, 124 y 133 de la Constitución Federal.
TERCERO.-Antecedentes. La parte actora narró los siguientes antecedentes del caso (fojas 7 vuelta del expediente):
"a) El 10 de diciembre de 2012, el titular del Ejecutivo Federal presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.
"b) Mediante oficio No. DGPL 62-II-2-174 de fecha 11 de diciembre de 2012, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad y Género.
"c) El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d), párrafo segundo, de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"d) En sus artículos tercero y quinto transitorios del Decreto de reforma constitucional, se dispuso que el Congreso de la Unión, para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Ley Fundamental, deberá expedir las leyes respectivas.
"e) El 11 de septiembre de 2013, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, respectivamente.
"f) Es de señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, se dispuso que los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables, con base en las disposiciones de esta ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
"g) El 13 de marzo de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Baja California, y se expide la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California."
CUARTO.-Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez siguientes: (fojas 50 a 67 del expediente)
"Primero. Se impugna la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California, como un todo legislativo, ya que dicha norma fue emitida en ejercicio de atribuciones jurídicas que pertenecen a la esfera competencial del orden federal.
"Sinopsis: Un Congreso Local carece de competencia para expedir una ley que reglamente directamente una materia concurrente que corresponde legislar al Congreso de la Unión.
"En el artículo 3o., fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prescribe que la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento en el servicio profesional.
"Este mandato supremo se correlaciona con la directiva jurídica contenida en el artículo 73, fracción XXV, de la Ley Fundamental, según la cual, el Congreso de la Unión tiene la facultad de establecer el Servicio Profesional Docente en términos del artículo 3o. de la Constitución.
"Acorde a lo anterior, el Poder Legislativo Federal emitió la Ley General del Servicio Profesional Docente, texto reglamentario del aludido artículo 3o., fracción III, constitucional, cuyo cometido básico es regular el servicio profesional docente en la educación básica y media superior, entendiendo por éste, el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo, así como el impulso a la formación continua del personal docente, y del personal con funciones de dirección y supervisión en los ámbitos de referencia.
"Asimismo, dicha ley distribuye competencias -relativas a los procesos y contenidos necesarios para el funcionamiento del servicio profesional- entre las diversas autoridades y órganos en materia educativa de todos los órdenes de gobierno.
"En congruencia con esta decisión constitucional, el artículo 12, fracción VI, de la Ley General de Educación determina que, corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la atribución de regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros, el cual deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. El precepto en comento, literalmente dispone:
"‘Artículo 12.’ (se transcribe)
"Asimismo, el artículo 2 de la Ley General del Servicio Profesional Docente determina que el objeto de esa ley es la regulación íntegra de los diversos aspectos del servicio profesional docente:
"‘Artículo 2.’ (se transcribe)
"De los conceptos precedentes se estima que, la definición y regulación del servicio profesional docente en su carácter de sistema nacional, es (sic) una competencia reservada a la Federación, misma que fue ejercida en tiempo y forma por el Congreso de la Unión al expedir la Ley General del Servicio Profesional Docente.
"No se debe perder de vista que estamos frente a una concurrencia de carácter operativo para las entidades federativas, en la cual sólo pueden emitir la legislación necesaria para ejercer las competencias que la Federación haya determinado para la operación del servicio profesional docente. De esta forma, queda claro que un Estado no tiene competencia para definir la existencia de un servicio profesional docente a nivel local.
"De lo anterior tenemos que, no existe un servicio profesional docente estatal, sino un sistema regulado a nivel federal en el cual participan las autoridades educativas locales (legislativas o ejecutivas) en los términos de las competencias que les son otorgadas por la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
"Se sigue entonces que, la ley local impugnada es visiblemente invasora de la competencia exclusiva y excluyente asignada al nivel político federal, ya que de la sola lectura de todos y cada uno de sus 89 artículos principales y 16 transitorios, se advierte en forma irrebatible que a través suyo se está regulando el servicio profesional docente y, asimismo, se están normando los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en dicho servicio.
"En suma, la Legislatura del Estado de Baja California carece de competencia para emitir una ley local especializada en materia del servicio profesional docente; ordenamiento que cae en la usurpación de facultades que le competen únicamente al Congreso de la Unión, lo que indiscutiblemente trastoca su validez constitucional.
"Segundo. El artículo 6 de la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California no atiende el régimen laboral previsto en la Ley General. Se violan los artículos 3o., 73, fracción XXV y 124 constitucionales.
"Sinopsis: Se establece un régimen laboral para el personal docente distinto al previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
"El precepto impugnado dispone lo siguiente:
"‘Artículo 6.’ (se transcribe)
"Tenemos que la norma en controversia determina que en las relaciones laborales de los sujetos a que se refiere la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California deberá estarse a los dictados de la Ley del Servicio Civil de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, excepto en lo que se contradiga o limite los alcances del ordenamiento impugnado.
"Esta disposición transgrede la órbita competencial del nivel federal, ya que el Congreso de la Unión es la única instancia facultada para precisar dentro de una ley general la forma y términos en que habrá de ser ejercida la congruencia jurídica en el ámbito del servicio profesional docente.
"En esa virtud, en el artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente claramente se estatuyó que las relaciones de trabajo del personal docente con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo lo dispuesto en la propia Ley General. El precepto en comento señala a la letra:
"‘Artículo 83.’ (se transcribe)
"Por tanto, no es la ley educativa local la que debe regular cuestiones laborales. Al tratarse de un régimen en el que se debe aplicar la norma laboral federal o local que le resulte aplicable, o en su caso, la Ley General del Servicio Profesional Docente.
"Como ya se ha referido anteriormente, compete al Congreso Federal fijar cuáles son las normas que pueden reglamentar el servicio profesional docente.
"En la especie, el legislativo local determina que se deberá aplicar la ley laboral estatal, o en su defecto, la ley local del servicio docente, dejando fuera la reglamentación que al efecto dispone la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que contradice la determinación previa que hizo el Congreso Federal, sobre cuál es la legislación aplicable al servicio profesional docente en cuestiones de índole laboral.
"Así pues, la norma general impugnada debe ser invalidada en virtud de que invade la esfera competencial exclusiva de la Federación para definir los términos de la concurrencia en materia educativa y de servicio profesional docente.
"Tercero. El artículo quinto transitorio de la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California modifica los términos de la readscripción del personal docente que no aprueben evaluaciones para la permanencia. Se violentan los artículo 3o., 73, fracción XXV y 124 constitucionales.
"El artículo que se impugna a la letra dispone lo siguiente:
"‘Quinto.’ (se transcribe)
"a) Extensión indebida del beneficio de readscripción en caso de no aprobar las evaluaciones.
"En el artículo quinto transitorio de la Ley de Educación del Estado de Baja California, se estipula que la obligación de someterse a los procesos de evaluación y regularización derivados del texto puntual de la reforma al artículo 3o., fracción III, constitucional, será exigible a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento legislativo.
"Ello conlleva una transgresión a la órbita competencial atribuida a la Federación de manera exclusiva y excluyente, en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas:
"El orden jurídico federal fue expresamente habilitado para fijar los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional y definir la forma en la cual los diversos niveles de gobierno concurren a reglamentar y operar dicho servicio.
"La competencia constitucional que se ha conferido al orden federal, para que a través de una ley general, se determine la forma efectiva de la participación de las entidades federativas y Municipios en materia educativa y de servicio profesional docente, conlleva la posibilidad de fijar los términos mediante los cuales se dará eficacia y funcionalidad a dicho sistema de concurrencias.
"Ahora bien, se estima que la determinación de la fecha en que habría de entrar en vigor la obligación de sujetarse a los procesos de evaluación y programas de regularización es un componente esencial de servicio profesional docente, pues a partir de ella resulta inexcusable el cumplimiento de este deber, por parte de los docentes que se encuentren en servicio y cuenten con nombramiento definitivo con funciones de docencia, dirección o supervisión en la educación básica o media superior.
"Luego entonces, el acotamiento de esa fecha fundamental constituye una atribución del orden federal cuyo ejercicio quedó proyectado en el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde se dispone que la obligación de las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia surtirá sus efectos jurídicos a partir de la entrada en vigor de esa ley.
"De lo dicho se aduce que la disposición general reclamada es a todas luces violatoria de la competencia de operación del sistema de concurrencia en materia educativa que se reserva exclusivamente al orden federal, ya que en ella se puntualiza que la sujeción del personal docente a los concursos y evaluaciones será exigible a la entrada en vigor de la ley de educación local no al inicio de la vigencia de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
"b) Se modifican los términos de la readscripción de docentes dentro del servicio público, al permitir que las personas sean asignadas a funciones educativas.
"El precepto impugnado va más allá de lo que establece el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, toda vez que hace mención a que el personal que no alcance resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas educativas dentro de dicho servicio.
"Ahora bien, la referida reglamentación federal de la readscripción aplicable a docentes que tuvieron nombramiento antes de la reforma educativa, literalmente dice:
"‘Octavo.’ (se transcribe)
"En efecto, de conformidad al artículo transcrito, el personal con nombramiento definitivo con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado, que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a la entrada en vigor de la mencionada ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa estatal, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
"Existe entonces una directiva expresa para que las autoridades educativas locales lleven a cabo la readscripción dentro de la función pública pero fuera de tareas de carácter educativo.
"De esta forma, la no aprobación de la evaluación por tercera ocasión no genera, para aquellos que hayan tenido nombramiento definitivo al momento de que entró en vigor la ley general, la separación de la función pública sin responsabilidad para la autoridad, sino que se puede verificar su readscripción en otras áreas administrativas no relacionadas con la educación.
"De lo anterior se sigue que, el artículo octavo transitorio es una excepción temporal a la aplicación del artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la separación obligatoria del personal docente que debe llevar a cabo toda autoridad local en caso de que no apruebe las evaluaciones de permanencia correspondientes.
"Ahora bien, la regulación del servicio profesional docente compete llevarla a cabo al orden federal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3o., fracción III, constitucional y los artículos 2, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y 12, fracción VI, de la Ley General de Educación.
"En materia de servicio profesional docente, estamos frente a una concurrencia de carácter operativo para las entidades federativas, en la cual, éstas sólo pueden emitir la legislación necesaria para ejercer las competencias que la Federación les haya fijado para la operación del servicio profesional docente. De esta forma, queda claro que el Estado no tiene competencia para establecer cuestiones sustantivas del servicio profesional docente, tales como formas de ingreso, promoción o permanencia.
"Por tanto, las autoridades y organismos locales educativos están obligados a aplicar las reglas temporales de readscripción de los docentes dentro de la función pública sin que sea posible que el legislador local las module o modifique, toda vez que esto representa una invasión a una determinación que fue tomada por el Congreso de la Unión en uso de su facultad para disponer los términos de la congruencia en materia educativa y de servicio profesional docente.
"En el caso concreto tenemos que el Congreso Local determinó la posibilidad de readscripción del personal docente en funciones educativas, cuestión que claramente contradice lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente y por ende representa una invasión a la competencia del orden federal para fijar los términos de la concurrencia en materia de servicio profesional docente de conformidad con los artículos 3o. y 73, fracción XXV, constitucionales que genera la invalidez del precepto reclamado.
"c) Se modifican los términos de la readscripción de docentes dentro del servicio público, al obligar a que se respeten condiciones laborales adquiridas previamente.
"En la norma transcrita en estudio se dispone que al personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito, respetando sus derechos laborales adquiridos.
"Tal circunstancia, también modifica los términos de la readscripción de docentes fijados por la Federación en el artículo octavo transitorio de la Ley General de Servicio Profesional Docente.
"Por tanto, se debe declarar la invalidez de este precepto, puesto que pretende hacer aplicables a la readscripción de los docentes, aspectos de índole laboral que no fueron contemplados expresa o implícitamente por el legislador federal en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
"Cuarto. Los artículos 1, 16, fracción XII, 16 BIS, fracciones II y IV, 18, 18 TER, 21 y 69, fracción VI de la Ley de Educación del Estado de Baja California son inconstitucionales al hacer referencia directa a la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado. Se violentan los artículos 3o., 73, fracción XXV, y 124 constitucionales.
"Sinopsis: La ley impugnada no resulta aplicable para regular el servicio profesional docente al ser invasora de una competencia federal.
"Los preceptos que se impugnan literalmente disponen:
"‘Artículos 1, 16, 16 BIS, 18, 18 TER y 69.’ (se transcriben)
"A través de las normas generales impugnadas se están ejerciendo atribuciones jurídicas que pertenecen a la esfera competencial exclusiva del nivel federal.
"Tal como se asentó en la parte conducente de la presente demanda de controversia constitucional, la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California carece de validez jurídica, pues es el fruto directo e inmediato del ejercicio de atribuciones legislativas que de ninguna manera competen al órgano estatal, sino que corresponden en exclusiva a la Federación; alegato que a fin de evitar repeticiones deberá tenerse por reproducido al pie de la letra para todos los efectos legales a que haya lugar.
"Por lo que si las normas generales enunciadas en el epígrafe contienen sendos vínculos jurídicos con el contenido sustantivo de la ley impugnada como un todo legislativo, también carece de validez jurídica al remitir para la regulación de la educación y el servicio profesional a una norma inconstitucional.
"Quinto. El artículo 1 de la Ley de Educación del Estado de Baja California permite la aplicación de normas que son ajenas al servicio profesional docente. Se violentan los artículos 3o., fracción XXV y 124 constitucionales.
"Sinopsis: La ley local no puede definir cuáles son las normas que pueden regular al servicio profesional docente al ser una atribución exclusiva del orden federal.
"El artículo que se reclama literalmente dispone:
"‘Artículo 1.’ (se transcribe)
"La norma impugnada estipula que la educación que imparta (sic) el Estado y sus Municipios, los organismos descentralizados de ambos y las personas físicas o morales particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se regirán por la Ley de Servicio Profesional Docente del Estado, los principios de la propia ley local de educación, los reglamentos y demás disposiciones que emanen de éstas, así como los convenios en la materia concertados por el Estado.
"Consideramos que dicha norma es inconstitucional, ya que el legislador local no puede establecer la posibilidad de aplicar tales disposiciones de naturaleza estrictamente local a fin de regular una materia concurrente como es la función social educativa.
"En efecto, corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión determinar en una ley los términos en los cuales se ejercerá la concurrencia en materia educativa de servicio profesional docente, incluyendo cuáles serán las normas específicas que resultan aplicables.
"El artículo 1 de la Ley General del Servicio Profesional Docente señala que es una Ley Reglamentaria de la Fracción II del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el servicio docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción el reconocimiento y la permanencia en el servicio.
"En este sentido, es el Congreso Federal el que define cuáles son las normas que resultarán aplicables para regular el servicio profesional docente, sin que esta circunstancia pueda ser modificada por el legislador local en ejercicio de su competencia concurrente.
"Además de que permitir la aplicación de ordenamientos locales equivaldría a someter a la función social educativa a procedimientos que no resulten aplicables a determinados casos o que incluso podrían ser contradictorios con los objetivos y mandatos previstos a nivel constitucional y legal.
"Por tanto, debe declarar la invalidez de este precepto, puesto que pretende hacer aplicables al servicio educativo estándares jurídicos que no fueron contemplados expresamente por el legislador federal en la Ley General del Servicio Profesional Docente."
QUINTO.-Trámite. Mediante proveído de presidencia de dos de mayo de dos mil catorce (foja 70 del expediente) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 47/2014 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso auto del día seis de mayo siguiente, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, y admitió a trámite la controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California (fojas 72 a 73 del expediente).
Asimismo, se ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación conviniera.
SEXTO.-Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Los diputados Felipe de Jesús Mayoral Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de presidente y secretario, respectivamente, y en representación de la Mesa Directiva de la XXI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, al contestar la demanda (fojas 276 a 303 del expediente principal), manifestaron en esencia lo siguiente:
La autoridad educativa federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 de la Ley General de Educación, debe regular el sistema nacional de actualización, capacitación y superación profesional para maestros, adecuándose a la Ley General del Servicio Profesional Docente; sin embargo, no significa que tenga facultad exclusiva para fomentar y/o crear el servicio profesional docente en todo el país, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley General de Educación, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley corresponde a las autoridades educativas de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en términos de lo que la propia ley establece.
En todo caso, si se cumple con el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación conforme a los aspectos que cada región específica tenga y, por tal virtud, las entidades federativas, pueden aumentar las obligaciones o prohibiciones que contiene una ley general para hacerlas efectivas. Lo anterior, de acuerdo con las facultades concurrentes que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha reconocido.
El acto legislativo reclamado se emitió, respetando las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyo objeto es el de regular el servicio profesional docente, estableciendo los perfiles y parámetros del servicio; los derechos y obligaciones de los docentes, y asegurando la transparencia en la rendición de cuentas; lo cual fue respetado cabalmente.
El Congreso del Estado está facultado para legislar en los ramos que sean competencia del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, 27, fracción I, 28, fracción I y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; asimismo, está facultado para armonizar el marco jurídico en materia educativa (por disposición expresa del artículo transitorio tercero) y para regular las relaciones laborales de los trabajadores del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción III y 123, apartado B), de la Constitución Federal.
El artículo 6 de la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California, no contraviene lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establece la resolución de controversias en materia laboral, ya que no existe motivo para interpretar que la legislación aplicable no puede ser la ley local.
El hecho de que en la Ley de Educación local se establezcan las normas aplicables a la materia, no significa que se estén invadiendo esferas de la federación, puesto que solamente se está precisando la normativa aplicable.
Resulta congruente que al reformar la Ley de Educación local, y haber creado la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado, se haga la remisión de sus disposiciones a otra ley local, cuya creación es constitucional, por apegarse a las disposiciones de la Constitución Federal, a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la Ley General de Educación.
El artículo quinto transitorio de la Ley del Servicio Profesional Docente del Estado de Baja California no invade la esfera competencial de la Federación por (sic) la ley local se refiera al sistema educativo del Estado, al no estar prohibido por la Ley General de Educación, pues el hecho de que exista un sistema educativo nacional no significa que sea un sistema único en el país.
Ni la Ley General de Educación ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíben que exista un sistema educativo local, pues la función pública de educación es una materia concurrente entre la Federación y los Estados Federados.
SÉPTIMO.-Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno del Estado, en su carácter de representante legal del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al contestar la demanda (fojas 305 a 347 del expediente), expuso:
"Las entidades federativas, los Municipios y la Federación pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichas entidades, a través de una ley.
"El sistema constitucional no establece una superioridad de las leyes federales sobre las leyes de los Estados, pues ambas son de igual jerarquía ante nuestra Constitución, como lo ha sostenido ese Máximo Tribunal de Justicia.
"Aun cuando técnicamente están a la par de la Federación y los Estados en cuanto a su orden jurídico, como excepción a esta regla se encuentran las leyes generales, cuyo objeto, es la distribución de competencias en materias concurrentes, por lo que las leyes locales deben sujetarse a aquellas leyes, pues si bien es cierto que, una misma materia queda a cargo de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que el Poder Legislativo Federal es quien tiene la facultad de establecer en qué términos participarán cada una d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26062-9ef4f87d/i-servicio-profesional-docente-la-regulacion-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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