I. EDUCACIÓN. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ FACULTADO PARA EXPEDIR LAS LEYES NECESARIAS, CON EL FIN DE UNIFICARLA Y COORDINARLA EN TODA LA REPÚBLICA (DECRETO NÚMERO 2157, POR EL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). II. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (DECRETO NÚMERO 2157, POR EL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). III. FACULTAD CONCURRENTE ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN MATERIA EDUCATIVA. NO INCLUYE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, POR LO QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN ARMONIZAR SU ORDEN JURÍDICO CON LA LEY GENERAL RESPECTIVA (DECRETO NÚMERO 2157, POR EL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). IV. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. LA REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD QUE LE DAN FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). V. EDUCACIÓN PREESCOLAR. EL ESTABLECIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE LIBROS DE TEXTO Y LA FIJACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL USO ADECUADO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN AQUÉLLA, SON FACULTAD EXCLUSIVA DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL (INVALIDEZ DE LAS FRACCIONES IV Y VII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LAS PARTES QUE DICEN: "Y ESTABLECER EL CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR"; ASÍ COMO "Y CONFORME A LOS CRITERIOS QUE SE FIJEN EN LA ENTIDAD, EL RELATIVO A PREESCOLAR."; RESPECTIVAMENTE). VI. SISTEMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. SU REGULACIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL (INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA PARTE QUE DICE: "QUE DETERMINE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL."). VII. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA. ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN REGULAR Y VIGILAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN RELATIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 60, PÁRRAFO TERCERO, Y 66, PÁRRAFO TERCERO, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). VIII. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA FACULTAD DE REGULAR EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES PREVIAMENTE ADQUIRIDOS ES EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). IX. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA FACULTAD DE REGULAR LAS CONDICIONES DE INGRESO, LA PROMOCIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA PERMANENCIA EN CARGOS DE DIRECCIÓN, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN, ES EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). X. SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA FACULTAD DE REGULAR LAS CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS PARA DOCENTES ES EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN IV, 12, FRACCIONES IV Y VII (EN LAS PARTES QUE DICEN: "Y ESTABLECER EL CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR"; ASÍ COMO "Y CONFORME A LOS CRITERIOS QUE SE FIJEN EN LA ENTIDAD, EL RELATIVO A PREESCOLAR;", RESPECTIVAMENTE); 32, FRACCIÓN III (EN LA PARTE QUE ESTABLECE: "QUE DETERMINE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL."); 60, PÁRRAFO TERCERO, Y 66, PÁRRAFO TERCERO, ASÍ COMO LOS TRANSITORIOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2014. LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 13 DE FEBRERO DE 2017. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de febrero de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional 62/2014, promovida por el titular del Poder Ejecutivo Federal en representación de la Federación; y,
RESULTANDO:
1. Presentación de la demanda. El veinte de mayo de dos mil catorce, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, quien se ostentó como consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California Sur, para solicitar la declaración de invalidez del "Decreto Número 2157, mediante el cual se expidió la Ley de Educación para el Estado Baja California Sur". Como terceros interesados en la controversia constitucional señaló al Senado de la República, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
2. Registro, turno y admisión de la demanda. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y registrarla con el número 62/2014; asimismo, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
3. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda en contra del Estado de Baja California Sur y, consecuentemente, ordenó emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa para que formulasen su contestación; le reconoció el carácter de tercero interesado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Senado de la República y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a quienes ordenó dar vista para que manifestasen lo que a su derecho conviniera. Finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que también manifestase lo que correspondiera a su representación.
4. Manifestaciones de los terceros interesados. El cuatro de julio de dos mil catorce, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, quien se ostentó como consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en representación de dicho organismo constitucional autónomo, rindió su informe.
5. El siete de julio de dos mil catorce, Raúl Cervantes Andrade, quien se ostentó como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en representación de dicho órgano legislativo, rindió su informe.
6. El ocho de julio de dos mil catorce, José González Morfín, quien se ostentó como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en representación de dicho órgano legislativo, rindió su informe.
7. Contestaciones de la demanda. El diez de julio de dos mil catorce, Rodrigo Serrano Castro, quien se ostentó como subsecretario de la Consejería Jurídica dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
8. El dieciséis de julio de dos mil catorce, Marcos Emiliano Pérez Beltrán, quien se ostentó como oficial mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa.
9. Opinión de la Procuraduría General de la República. En el presente asunto no formuló pedimento.
10. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el diez de septiembre de dos mil catorce, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.
11. Returno. El cinco de enero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el expediente de la presente controversia constitucional al Ministro Juan N. Silva Meza, porque se determinó su adscripción a la Segunda Sala (sesión de dos de enero de dos mil quince).
12. El cinco de enero de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar al Ministro Javier Laynez Potisek el expediente de la presente controversia constitucional, por haber asumido los asuntos que correspondían al Ministro Juan N. Silva Meza al término de su periodo constitucional.
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el artículo 1o. de su ley reglamentaria,(2) la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y la fracción I del punto segundo del Acuerdo General del Tribunal Pleno 5/2013,(4) aprobado el trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre la Federación y el Estado de Baja California Sur, en el cual se impugnan normas de carácter general.
14. SEGUNDO.-Certeza y precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria,(5) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
15. La parte actora señala el "Decreto Número 2157, mediante el cual se expidió la Ley de Educación para el Estado Baja California Sur", como norma general impugnada, especificando que de dicha ley sólo impugna la fracción IV del artículo 8, las fracciones IV y VII del artículo 12, la fracción III del artículo 32, el párrafo tercero del artículo 60, los párrafos tercero, sexto y séptimo del artículo 66, y los artículos transitorios cuarto, quinto y sexto.
16. Por consiguiente, la materia de impugnación en la presente controversia constitucional se constriñe únicamente a las disposiciones referidas, cuya expedición y publicación se atribuyó, respectivamente, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, quienes reconocieron las mismas y cuya existencia se hace constar mediante copia simple del Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur, publicado el veintidós de abril de dos mil catorce.(6)
17. TERCERO.-Oportunidad. Conforme a la precisión realizada en el apartado anterior, se impugnan diversos preceptos de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur, con motivo de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur el veintidós de abril de dos mil catorce, consecuentemente, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Reglamentaria,(7) el plazo de treinta días para presentar la demanda se debe computar a partir del día siguiente de su fecha de publicación.
18. Para estos efectos, hay que tomar en cuenta que por disposición del artículo 2o. y la fracción II del artículo 3o. de la Ley Reglamentaria,(8) sólo se deben computar los días hábiles que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
19. De tal manera que si la publicación se realizó el veintidós de abril de dos mil catorce, el plazo transcurrió del veintitrés del mismo mes y año al cinco de junio siguiente, ya que se deben descontar del cómputo respectivo los días veintiséis y veintisiete de abril; tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de mayo; y primero de junio por corresponder a sábados y domingos, así como el primero de mayo, de conformidad con la ley orgánica que, en su artículo 163(9) señala como días inhábiles, entre otros, los sábados y domingos, así como el cinco de mayo, esto último, en congruencia con los incisos a), b), g) y h) del punto primero del Acuerdo General 18/2013,(10) emitido por el Tribunal Pleno el diecinueve de noviembre de dos mil trece. Por consiguiente, si la demanda se recibió el veinte de mayo de dos mil catorce, su presentación fue oportuna.
20. CUARTO.-Legitimación activa. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(11) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
21. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, con el carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento que le fue expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos el cuatro de diciembre de dos mil doce.(12)
22. Dicho funcionario cuenta con facultades para representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(13) en relación con la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(14) y el punto único del acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.(15) Resulta aplicable al caso el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la tesis jurisprudencial P./J. 99/2009, de rubro siguiente: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO, ASÍ COMO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN RELATIVA EN ESTOS JUICIOS."(16)
23. Por tanto, el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos del artículo 80 constitucional,(17) cuenta con facultades para promover el presente medio de control constitucional en nombre de la Federación, de conformidad con el inciso a) de la fracción I del artículo 105 constitucional.(18) Al efecto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Tribunal Pleno, al fallar las controversias constitucionales 37/2014, 38/2014, 39/2014, 40/2014, 47/2014, 48/2014 y 63/2014, en las cuales se retomó el criterio de la Segunda Sala plasmado en la tesis aislada 2a. XLVII/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN."(19)
24. QUINTO.-Legitimación pasiva. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria,(20) se les reconoció el carácter de parte demandada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales, al atribuírseles la expedición y publicación de las disposiciones generales impugnadas.
25. a). Poder Legislativo de Baja California Sur. En su representación compareció Marcos Emiliano Pérez Beltrán, con el carácter de oficial mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política le expidió el diez de abril de dos mil catorce.(21)
26. De conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política Local, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Congreso Estatal,(22) y en términos del inciso b) de la fracción XXII del artículo 76 de la ley reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,(23) la representación del Congreso Local recae en dicho funcionario.
27. Por consiguiente, como representante del Congreso Estatal, el referido funcionario cuenta con legitimación para contestar la demanda en nombre del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.
28. b). Poder Ejecutivo de Baja California Sur. En su representación compareció Rodrigo Serrano Castro, con el carácter de subsecretario de la Consejería Jurídica, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento que el gobernador y el secretario general de Gobierno de dicha entidad federativa le expidieron el once de junio de dos mil trece.(24)
29. En términos de la fracción VII del artículo 17(25) del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, se desprende que el subsecretario de la Consejería Jurídica cuenta con la representación legal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; por tanto, dicho funcionario se encuentra facultado para contestar la demanda planteada en contra del Ejecutivo Local.
30. SEXTO.-Legitimación de los terceros interesados. De conformidad con la fracción III del artículo 10 de la Ley Reglamentaria,(26) se les reconoció el carácter de terceros interesados al Senado de la República, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.
31. a). Senado de la República. En su representación compareció Raúl Cervantes Andrade, con el carácter de presidente de la mesa directiva de dicho órgano legislativo, personalidad que acreditó con la copia certificada del acta de la Junta Previa de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión celebrada el treinta de agosto de dos mil trece, en la que se llevó a cabo la elección de la mesa directiva para el segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.
32. Dicho funcionario cuenta con facultades para representar al órgano legislativo de referencia, conforme al párrafo primero del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.(27)
33. b). Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En su representación compareció José González Morfín, con el carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, personalidad que acreditó con la copia certificada del Diario de los Debates de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados de seis de marzo de dos mil catorce.
34. Dicho funcionario cuenta con facultades para representar al órgano legislativo, de conformidad con el inciso l) del artículo 23.1. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.(28)
35. c). Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En su representación compareció Sylvia Irene Schmelkes del Valle, con el carácter de consejera presidenta de la junta de gobierno del instituto, personalidad que acreditó con copia certificada del Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de veinticinco de abril de dos mil trece, donde consta la sesión en la que fue electa como integrante de la junta de gobierno del instituto, y con copia certificada del acta emitida por la junta de gobierno del instituto de treinta de abril del mismo año, en la que consta la elección de la suscrita como presidenta.
36. Por tanto, dicha funcionaria cuenta con la representación del instituto, en términos de la fracción II del artículo 44(29) de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
37. SÉPTIMO.-Estudio de fondo. Al no existir alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, sea que las partes lo hubieren hecho valer o que de oficio se adviertan, se procede a analizar el fondo del asunto.
38. Los conceptos de invalidez que se formulan en la presente controversia constitucional coinciden en plantear una invasión de competencias, por parte del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sobre aspectos cuya regulación compete de forma exclusiva a la Federación en materia de educación.
39. Para llevar a cabo el análisis constitucional de los preceptos impugnados, a continuación se precisa el marco jurídico derivado de la reforma constitucional de los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de veintiséis de febrero de dos mil trece.
40. La reforma de referencia tuvo como ejes principales:
a. La garantía de la calidad en la educación obligatoria por parte del Estado, calidad que se establece como uno de los criterios que orientarán a la misma (artículo 3o., tercer párrafo,(30) y fracción II, inciso d).(31)
b. La inserción de mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los docentes, como son los concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el ingreso al servicio docente y para la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior, así como para la permanencia y el reconocimiento en el servicio profesional (artículo 3o., fracción III).(32)
c. La creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo público autónomo, así como sus principales funciones y conformación (artículo 3o., fracción IX).(33)
d. La facultad del Congreso de la Unión para establecer el servicio profesional docente (artículo 73, fracción XXV).(34)
41. La reforma a dichos preceptos constitucionales se acompañó de un régimen transitorio, cuyas notas esenciales fueron las siguientes:
a. El Congreso de la Unión contaba con un plazo de seis meses a partir de la publicación del decreto de reforma, para expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y para reformar la Ley General de Educación (artículo tercero transitorio).(35)
b. El Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberían prever (artículo quinto transitorio):(36)
i. La creación de un sistema de información y gestión educativa.
ii. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros.
iii. Adecuaciones al marco jurídico en los siguientes rubros:
1. Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas.
2. Establecimiento de escuelas de tiempo completo.
3. Prohibición de alimentos que no favorezcan la salud.
42. Para el cumplimiento de estos propósitos se previó la concurrencia de facultades en la materia educativa, lo cual implica que cada uno de los distintos ámbitos de gobierno puede legislar sobre la materia, siendo el Congreso de la Unión quien debía fijar el reparto de competencias para ello, así como la forma y las condiciones de participación.(37)
43. Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo previsto por el artículo 3o. constitucional, el Congreso de la Unión estaba a cargo de la expedición de las leyes que distribuirían la función educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios; de igual manera, se otorgó al Congreso la facultad de expedir la ley reglamentaria que regulase las condiciones para la evaluación que sería obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores de la educación.
44. En cumplimiento a dicho mandato constitucional, el once de septiembre de dos mil trece, se publicaron la Ley General del Servicio Profesional Docente y las reformas a la Ley General de Educación.(38)
45. La Ley General de Educación, en su capítulo 2, sección I, previó la distribución de la función social educativa, señalando las facultades que, en exclusiva, corresponden a la Federación y a las autoridades educativas locales y, finalmente, aquellas que se ejercen de forma concurrente entre la Federación y los Estados. Asimismo, en su régimen transitorio otorgó un plazo de seis meses a las entidades federativas para adecuar sus ordenamientos a lo previsto por la propia ley general.
46. De lo anterior se advierte que, a diferencia de lo que ocurre tratándose del servicio profesional docente, en donde el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar, en el caso de la función social educativa, sí se ordena a las Legislaturas Locales adecuar su normatividad a la Ley General de Educación, pues, como se ha establecido, tal función es concurrente entre los distintos ámbitos de gobierno.
47. Finalmente, es preciso resaltar que, si bien la materia educativa sigue siendo concurrente en el nuevo marco constitucional, lo cierto es que ello no implica una concurrencia en lo relativo al servicio profesional docente, ya que, como se expuso anteriormente y se ha sostenido en las controversias constitucionales 37/2014,(39) 38/2014,(40) 39/2014,(41) 40/2014,(42) 47/2014,(43) 48/2014(44) y 63/2014,(45) resueltas por este Tribunal Pleno, esta materia se federalizó en su totalidad, dejando a los Estados una intervención operativa en los términos de la normatividad federal, lo cual se desprende del propio texto del artículo 3o. constitucional, así como de la normatividad transitoria a que se ha hecho referencia.
48. De esta manera, los Estados no tienen facultad para regular el servicio profesional docente, sino únicamente para armonizar su orden jurídico a la ley general, lo que incluye la posibilidad de legislar en los aspectos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones operativas en la materia.
49. Por consiguiente, conforme a estas premisas se analizarán los conceptos de invalidez formulados, a efecto de dilucidar si la legislación del Estado de Baja California Sur, se arrogó facultades que son de competencia exclusiva de la Federación.
50. Primer concepto de invalidez. Se plantea la invalidez de la fracción IV del artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur, por modificar los criterios de "calidad educativa", previstos en la Ley General de Educación, porque la define como "la cualidad de un sistema educativo que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y suficiencia". Por este motivo, afirma que se invadió la competencia exclusiva del orden federal para definir los términos de la concurrencia en materia educativa, conforme a lo previsto en el artículo 3o., así como en la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
51. Señala que la norma impugnada "no se aviene al paradigma constitucional de la calidad educativa", porque:
i. "Omite hacer referencia a la congruencia que debe imperar entre objetivos, procesos y resultados del sistema educativo"; y,
ii. Se "introducen elementos normativos que no están contemplados dentro de la Ley General de Educación, tales como la relevancia, el impacto y la suficiencia, cuyo significado asimismo tampoco está acotado, lo que podría prestarse para la conformación de un sistema educativo distinto al sistema educativo de calidad preconizado por el legislador federal".
52. Adicionalmente, señala que ya existen criterios de calidad educativa previstos en una ley general, mismos que deben regir la educación que imparte el Estado en todos los niveles de gobierno, conforme a los parámetros de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
53. A la letra, el precepto impugnado señala lo siguiente:
"Artículo 8. El criterio que orientará la educación que el Estado y sus organismos descentralizados, así como los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en todos los órdenes de gobierno, además:
"I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, económico, social y cultural del pueblo;
"II. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
"III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, aportando elementos para robustecer en los educandos el aprecio a la dignidad de la persona, la integridad de los diversos tipos de familia, la solución no violenta de conflictos, la convicción del interés general de la sociedad, sustentando los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las personas, evitando los privilegios de raza, religión, grupo, sexo o de orientación sexual e identidad de género; y
"IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta, a la cualidad de un sistema educativo que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y suficiencia."
54. El criterio de calidad en la educación se encuentra previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 3o. constitucional; dicho inciso señala que la educación será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.
55. Por su parte, la Ley General de Educación, en su artículo 8o., hace referencia al criterio de calidad que debe regir la educación y establece, en su fracción IV, qué se entenderá por calidad en la educación. El texto de dicho precepto es el siguiente:
"Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
"...
"IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad."
56. Al comparar el texto del artículo impugnado con el de la ley general, se arriba a la siguiente conclusión: la ley estatal incorpora las dimensiones de relevancia, impacto y suficiencia, a la vez que desconoce la congruencia que deben guardar los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo. Esto es, amplía las dimensiones previstas en la ley general, pero deja de contemplar un aspecto primordial para garantizar la calidad en la educación, como lo es la congruencia entre los diferentes elementos del sistema educativo.
57. Por tanto, no obstante la concurrencia que existe para legislar sobre la materia educativa, este tribunal considera que la Legislatura Local no se encuentra facultada para modificar los criterios que guían el sistema educativo nacional, ya que las previsiones de la ley general son las que deben guiar a todas las entidades federativas en la configuración de los sistemas educativos locales, puesto que la facultad de expedir leyes para unificar y coordinar la educación en toda la República corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión.
58. En consecuencia, si el legislador local reguló los principios constitucionales previstos por el legislador federal para la materia educativa, modificándolos de forma sustantiva y desconociendo sus elementos fundamentales, ello redunda en una invasión a las facultades de dicho ámbito de gobierno para legislar sobre la materia. En este sentido, se estima que la modificación de los criterios enunciados por las Legislaturas Locales, no sólo rompe la unidad del sistema educativo nacional, sino también crea un escenario de incertidumbre sobre los principios que deben regir a la educación a nivel nacional.
59. Por lo anterior, se concluye que las Legislaturas Locales no pueden regular de forma distinta aspectos que dan fundamento y estructura al sistema educativo nacional, consecuentemente, el concepto de invalidez resulta fundado al configurarse una invasión de competencias, por parte del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sobre aspectos cuya regulación compete de forma exclusiva a la Federación en materia de educación y, por ende, lo procedente es declarar la invalidez de la fracción IV del artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur.
60. Segundo concepto de invalidez. En segundo lugar, se plantea la invalidez de las fracciones IV y VII del artículo 12 de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur, por violar las fracciones III y IX del artículo 3o., la fracción XXV del artículo 73, así como el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque contempla atribuciones en materia de educación preescolar cuya regulación se encuentra reservada a la Federación.
61. En específico, sostiene que las fracciones impugnadas "dotan de atribuciones a la Secretaría de Educación Pública Estatal para establecer el calendario correspondiente a la educación preescolar, así como para autorizar el uso adecuado de material educativo para el mismo ámbito escolar, conforme a los criterios que se fijen en la entidad", lo cual resulta violatorio de las atribuciones que corresponden en exclusiva al orden federal, de conformidad con las fracciones II, IV y V del artículo 12 de la Ley General de Educación, consistentes en el establecimiento del calendario es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27191-e6467a39/i-educacion-el-congreso-de-la-union-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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