PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA CARGA PROBATORIA DEL DERECHO AL INCREMENTO DE LA CUOTA RELATIVA CORRESPONDE AL ACTOR, A PESAR DE LA PRESUNCIÓN DE HABER COTIZADO POR CONCEPTOS DISTINTOS A LOS QUE DEBEN CONFORMARLA, DERIVADA DE LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS DOCUMENTALES RELATIVAS POR AQUEL ORGANISMO O POR LA DEPENDENCIA PARA LA QUE LABORÓ.
AMPARO DIRECTO 404/2016. 11 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: PATRICIA HERNÁNDEZ DE ANDA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.
37. Análisis de los conceptos de violación y sentido de la resolución. Previo al examen de los motivos de disenso expresados por el quejoso, conviene señalar que éstos se analizarán atendiendo a los hechos y puntos debatidos, extrayendo de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en el que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos, consagrados en el artículo 17 constitucional, dado que éstos se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional.(6)
38. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso.
39. En el único concepto de violación señala, en esencia, que contrariamente a lo sostenido por la Sala, con independencia de que los conceptos cuya inclusión solicitó formen o no parte del sueldo tabular, ofreció como prueba para acreditar las cotizaciones de dichos conceptos, el historial de cotizaciones, el cual fue requerido a la autoridad; sin embargo, no fue exhibido por ésta, sino que sólo manifestó en su contestación de demanda que le era imposible exhibir dicha prueba; la Sala requirió tal documento a la dependencia para la que laboró.
40. Alega que es incorrecto que la ahora tercero interesada no tenga el historial de cotización, toda vez que aquél forma parte de un expediente electrónico, tal como lo indica el artículo 10 de la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
41. Asimismo, el quejoso indica que la dependencia para la que laboró exhibió el tabulador y, pese a ello, se le tuvo por cumplido el requerimiento, sin mencionar nada respecto del historial de cotizaciones, lo que trascendió al sentido de la sentencia, al indicar la Sala que el peticionario no acreditó haber cotizado por los conceptos solicitados, cuando para ello ofreció como prueba un historial de cotizaciones que no fue exhibido.
42. Señala que al no haber exhibido el historial de cotizaciones, se deben tener por ciertos los hechos que el quejoso pretende probar, de acuerdo con lo que establece el artículo 45, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
43. Que al ofrecer como prueba de su parte el historial de cotizaciones, el peticionario de amparo cumplió con la carga de la prueba de que cotizó por los conceptos que reclamó ante la Sala del conocimiento, cumpliendo así con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, de rubro: "ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."
44. Ahora bien, el quejoso pretende justificar que cotizó respecto del concepto "135 Compensación por turno completo", con un elemento de convicción que fue ofrecido desde el escrito inicial de demanda (historial de cotizaciones) y que no fue exhibido por la autoridad responsable y respecto del cual la responsable fue omisa en acordar lo relativo al cumplimiento o no de la exhibición del historial de cotizaciones.
45. Al respecto debe precisarse que, por auto de cinco de noviembre de dos mil quince, la Magistrada instructora del juicio de origen dejó sin efectos el requerimiento formulado a la autoridad demandada, mediante el diverso proveído de doce de agosto del mismo año, al exhibir la contestación al escrito formulado por el quejoso en el cual éste le solicitó a dicha autoridad copia certificada de su historial de cotizaciones, oficio del que se desprende que la demandada indicó la imposibilidad de exhibir la documental solicitada, toda vez que la facultada para ello era la dependencia para la cual laboró el actor.
46. Al efecto, en auto de seis de enero de dos mil dieciséis, la Magistrada instructora en el juicio de nulidad, tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado a la dependencia para la que laboró el quejoso, mediante diverso proveído de cinco de noviembre de dos mil quince, al exhibir copias simples de los tabuladores de sueldos y salarios correspondientes a los ejercicios mil novecientos noventa y nueve y dos mil.
47. Aun cuando, conforme a lo expuesto, es fundado lo manifestado por el quejoso, dado que de la revisión que este órgano colegiado hace a las constancias exhibidas(7) de las que se desprende que efectivamente no hace referencia al historial de cotizaciones, pues únicamente se advierte la existencia de copias simples de los tabuladores de sueldos y salarios correspondientes a los ejercicios mil novecientos noventa y nueve y dos mil, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que efectivamente puede implicar una violación procesal, tal como lo hace valer en su concepto de violación el peticionario de amparo.
48. No obstante ello, si bien lo manifestado por el quejoso se traduce en la omisión de allegarse al juicio el historial de cotizaciones; sin embargo, este órgano colegiado estima que se trata de un error que no le depara perjuicio al peticionario de amparo, en la medida en que resulta irrelevante, al no tratarse de una prueba que tenga el alcance de demostrar el extremo que le pretende adjudicar.
49. Para evidenciar lo anterior, es necesario tener en cuenta, primeramente, que si bien el pensionado trabajó para la administración pública (Servicio Postal Mexicano), no es factible considerar procedente el incremento de su base salarial con algún concepto diferente al sueldo tabular, los quinquenios y/o la prima de antigüedad, pues así lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2010.
50. En la sentencia en que dirimió la contradicción de criterios indicada, el Alto Tribunal determinó, entre otros aspectos, que conforme a los artículos 1o., 2o., 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las controversias que se susciten entre un pensionado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de las resoluciones que se emitan en materia de pensiones, son acciones de naturaleza administrativa, por lo que en este tipo de procedimientos rige, entre otras, la regla de que el actor que pretenda el reconocimiento de un derecho subjetivo debe probar los hechos de los que deriva y su violación, tratándose de hechos positivos.
51. Asimismo, que los pensionados podrán reclamar los errores consignados en la hoja única de servicios, respecto de las cantidades que se precisan, relativas a los conceptos de salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, pero sin que implique la inclusión de otros rubros, y que los errores que se logren advertir en la hoja única de servicios podrán ser:
I. Cantidades en los conceptos de sueldo tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios.
II. La omisión de alguno de esos rubros, cuando no aparezcan en la hoja.
III. Datos incorrectos respecto a los años de servicio.
IV. Conceptos distintos a aquéllos, únicamente cuando se esté en el supuesto de excepción, es decir, que el trabajador hubiera prestado sus servicios a los Poderes Legislativo o Judicial, o bien, a entes autónomos.
52. Explicado lo anterior, si se toma en cuenta que el quejoso prestó sus servicios para una dependencia de la administración pública federal, como es el Servicio Postal Mexicano, dependencia perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es claro que no se ubica en un supuesto de excepción.
53. A mayor abundamiento, se precisa que, si bien en términos del artículo 10(8) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece que el instituto definirá los medios para integrar un expediente electrónico único para cada derechohabiente, en el cual se integrará todo lo relativo a vigencia de derechos, historial de cotización, situación jurídica, historia clínica, historia crediticia institucional, así como otros conceptos que se definan en el reglamento, lo cierto es que esa argumentación se torna ineficaz, pues como ya se dijo, el quejoso no se encuentra en algún supuesto de excepción para que se incluyan en su cuota de pensión diversos conceptos al sueldo tabular, quinquenio y prima de antigüedad.
54. De ahí que, de acuerdo con el criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatorio para este órgano colegiado y para la Sala responsable, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, debe estimarse que aun cuando la Sala omitió procurar hasta las últimas consecuencias allegarse de la prueba de cuya omisión de estudio se inconforma el quejoso, el que hubiera actuado en modo distinto en nada le beneficiaría, pues ciertamente, aunque se recabara el medio de convicción, no tendría el alcance de establecer si se realizaron cotizaciones en relación con la prestación solicitada; en tanto que, al tratarse de un servidor que no se ubicó en alguna de las hipótesis de excepción, no es viable considerar que estuvo en aptitud de acreditar el extremo pretendido.
55. Por ende, aun cuando la Sala no se allegó y, por tanto, no se pronunció respecto del historial de cotizaciones, lo cierto es que se trata de una violación que no trascendió al sentido del fallo y, por consiguiente, resulta inoperante el concepto de violación relativo, pues a ningún fin práctico conduciría la concesión del amparo por la omisión mencionada.
56. Por otro lado, resulta infundado el argumento en el que sostiene que, al no haber exhibido el historial de cotizaciones la autoridad demandada, debieron haberse presumido ciertos los hechos que con tal prueba pretendía acreditar, pues es preciso señalar que la presunción de certeza es aquella que admite prueba en contrario, como lo es la cotización obligatoria de los conceptos para el cálculo de la cuota pensionaria, por lo que no lleva a otorgarle valor probatorio pleno para que al demandante le sean concedidos para dicho cálculo, conceptos distintos a los únicos que deben conformar la cuota pensionaria, acorde con la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la interpretación que del artículo 15 de la derogada ley citada ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 119/2008, respecto de cuáles son los únicos conceptos que deben ser considerados para el cálculo de la cotización y, por ende, de la cuota pensionaria.
57. Incluso, debe destacarse que la jurisprudencia (ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) constituye un hecho notorio para los juzgadores y, en ese sentido, su aplicación es forzosa en términos de la Ley de Amparo. Estimar lo contrario sería tanto como alentar el dictado de sentencias en que no se tome en cuenta el hecho notorio de la existencia de una jurisprudencia obligatoria.
58. Debe considerarse, al respecto, que el actor imputó al instituto que no calculó correctamente la cuota diaria de pensión.
59. Así, dicha presunción de certeza es insuficiente para que al monto de la pensión otorgada al quejoso se le adicione el concepto denominado "135 Compensación por turno completo", pues el actor no cumplió con la carga probatoria que debe asumir; ello, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, para acreditar la prueba en contrario que es posible rendir en contra de la presunción de certeza en estudio.
60. Esto es, si la carga probatoria de la cotización, según quedó dicho, le corresponde al actor, no debe imponérsela al instituto demandado sólo por una presunción, porque el juzgador tiene la obligación de examinar si la acción ejercida está plenamente acreditada, por lo que cuando no la prueba, como ocurre en el caso, la acción no puede prosperar.
61. De ahí que, en caso de no existir certeza plena de que el quejoso haya cubierto al instituto las cotizaciones que le corresponden, condición indispensable para poder adicionarlas a la base de cálculo de la pensión, dicha inclusión es indebida, pues conllevaría afectar financieramente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues se le estaría obligando a adicionar a la pensión el pago de conceptos que no fueron objeto de cotización, desnaturalizando el origen de la pensión, que gira en torno a que su pago sea acorde a las cuotas y aportaciones realizadas.
62. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis I.9o.A.78 A (10a.), sustentada por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1751», de título y subtítulo siguientes: ""(9)
63. En ese orden de ideas, se insiste, en el caso es factible arribar a la conclusión de que aun cuando se recabara la probanza consistente en el historial de cotizaciones, los únicos elementos que se toman en cuenta para tal efecto son: sueldo, quinquenios y/o prima de antigüedad, los cuales son distintos a los que pretende el quejoso.
64. Aunado a que, como se adelantó, a ningún fin práctico conduciría devolver el asunto para que la responsable se pronuncie sobre pruebas que no obran en autos, y que no pueden tener el alcance pretendido por el actor, aspecto que, además, sería contrario al principio de administración de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 constitucional.
65. Se dice lo anterior, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis antes mencionada, estableció los siguientes criterios relacionados con la forma en que debe integrarse la pensión jubilatoria de los trabajadores al servicio del Estado y los requisitos que deben cumplirse para obtenerla (durante la vigencia de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada); los cuales se encuentran contenidos en las tesis aisladas 2a. LXXVII/2010, 2a. LXXVI/2010,(10) y de jurisprudencia 2a./J. 114/2010.(11)
66. Hecha la precisión que antecede, debe decirse que de la ejecutoria y los criterios precitados se aprecia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, determinó lo siguiente:
a. El sueldo o salario base para el cálculo de la pensión jubilatoria de los trabajadores al servicio del Estado, es el consignado en los tabuladores regionales para cada puesto.
b. Conforme al artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las prestaciones denominadas quinquenios y prima de antigüedad deben sumarse, en su caso, al sueldo tabular, con la finalidad de determinar las cotizaciones y la cuota pensionaria diaria que corresponda a cada asegurado.
c. El salario tabular, así como los quinquenios y prima de antigüedad constituyen, por regla general, los únicos conceptos que deben tomarse en cuenta para efectuar las cotizaciones al régimen de seguridad social y, concomitantemente, son los que el mencionado instituto debe considerar para calcular la cuota diaria pensionaria.
d. Excepcionalmente, en términos del artículo 22 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación, en relación con el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se contempla la facultad de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los entes autónomos, para que al emitir el manual de percepciones y prestaciones correspondiente, identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen a los trabajadores a su servicio, lo que, eventualmente, significa que en el caso de tales órganos de gobierno, se puedan incluir conceptos distintos a los ya indicados para efectos de realizar las cotizaciones correspondientes.
e. La circunstancia de que el pensionado demuestre que durante el tiempo que laboró al servicio del Estado percibió regular y permanentemente conceptos diversos al salario tabular, quinquenios y prima de antigüedad, no es suficiente para considerar que deben formar parte de su sueldo básico para efectos del cálculo de la pensión jubilatoria, sino que debe conocerse la forma en que se realizaron las cuotas y aportaciones de seguridad social.
f. Sólo cuando la dependencia o entidad correspondiente consideró en las cuotas y aportaciones de seguridad social conceptos diversos al salario tabular, dichos conceptos deberán tomarse en cuenta al fijar el monto y alcance de la pensión correspondiente, toda vez que debe existir una correspondencia entre ambas, pues el monto de las pensiones y prestaciones ha de ser en congruencia con las referidas aportaciones y cuotas, dado que de tales recursos se obtienen los fondos para cubrirlas.
g. Con el propósito de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumpla cabalmente con los compromisos que le son propios, no se le puede exigir que, al fijar el monto de las pensiones, considere un sueldo o salario distinto a aquel con el que el trabajador cotizó.
h. Una vez cumplidos los requisitos que establece la ley, relacionados con su edad y tiempo de espera, los asegurados tienen derecho a una pensión jubilatoria, acorde con el monto de las cotizaciones aportadas durante su vida laboral, conforme al sistema de reparto que estuvo vigente hasta marzo de dos mil siete, con base en el cual fue diseñada; de ahí que los conceptos que integran la cuota pensionaria sean los mismos por los que se realizaron dichas aportaciones.
i. Conforme a los artículos 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 1o., 2o., 40 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una acción de naturaleza administrativa la controversia que se suscita entre un pensionado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto de las resoluciones que éste emite en materia de pensiones, por lo que el procedimiento para su resolución se regirá conforme a las reglas previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
j. Cuando en el juicio de nulidad un pensionado pretende la inclusión en la cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, le corresponde acreditar su pretensión, no sólo porque existe disposición expresa que le impone esa carga sino, además, porque ésos son los únicos que integran la cuota diaria pensionaria, conforme a los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con los artículos 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio instituto.
k. Toda vez que la cuota diaria pensionaria únicamente se conforma con los conceptos de salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, el asegurado sólo podrá reclamar y, por ende, demostrar la inclusión de éstos en su cotización y, en su caso, de encontrarse en alguno de los supuestos de excepción (Poderes Legislativo y Judicial, así como entes autónomos), deberá aportar los elementos de convicción respectivos.
67. Asimismo, la referida Sala constitucional, al resolver la diversa contradicción de tesis 21/2013, en sesión de trece de marzo de dos mil trece, determinó que el salario tabular es el identificado con los importes que se consignan en los tabuladores regionales para cada puesto, que constituyen la base para el cálculo aplicable, a fin de computar las prestaciones básicas en favor de los trabajadores, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social, y que suele denominarse sueldo base o sueldo bruto; mientras que el tabulador regional es el instrumento que permite representar los valores monetarios con los que se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios, así como otras asignaciones diversas al salario tabular, que aplican a un puesto o categoría determinados, en función del grupo, grado, nivel o código autorizados, según corresponda, de acuerdo con los distintos tipos de personal.
68. Esto es, que a partir de la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, la connotación de salario prevista en el artículo 15 de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe entenderse como aquella que se encuentra contenida en el artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, que el sueldo o salario que se asigne en los tabuladores regionales es el que, en principio, deben tomar en cuenta las dependencias para efectuar las cotizaciones al régimen de seguridad social de ese instituto.
69. Con base en lo anterior, la superioridad determinó que no es lo mismo salario tabular que tabulador regional, pues el sueldo o salario tabular que sirve de base para el pago de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el cálculo de las prestaciones respectivas no se conforma con el cúmulo de asignaciones descritas en el tabulador regional respectivo, sino que constituye un solo concepto, que suele denominarse sueldo base o sueldo bruto.
70. En tal virtud, determinó que la circunstancia de que en el juicio de nulidad un pensionado demande de dicho instituto el que considere para efectos de fijar el monto de su pensión, percepciones o conceptos distintos del salario tabular y, por ende, que el instituto ajuste el monto de su pensión y demuestre que durante el tiempo que laboró al servicio del Estado los percibió regular y permanentemente, no es suficiente para estimar que deben formar parte del sueldo base para efectos del cálculo de la pensión jubilatoria, sino que es necesario que se acredite no solamente que están previstas en un tabulador regional, sino también que dichas percepciones fueron consideradas para fijar las cuotas y aportaciones de seguridad social.
71. Así las cosas, concluyó que cuando en el juicio de nulidad un pensionado pretende la inclusión en la cuota diaria pensionaria, de conceptos que percibió regular y permanentemente durante el tiempo que laboró al servicio del Estado, pero que no fueron considerados parte del salario tabular, ni son quinquenios o prima de antigüedad, aun en el supuesto de que se encuentren comprendidos en el tabulador regional, a él le corresponde acreditar su pretensión; esto es, que por dichos conceptos se realizaron cotizaciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 63/2013 (10a.).(12)
72. Con base en los criterios que anteceden, como se adelantó, son inoperantes los argumentos que expone la quejosa, pues lo decidido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es suficiente para considerar que le corresponde acreditar al quejoso, que respecto de los conceptos reclamados se efectuaron las cotizaciones correspondientes al instituto demandado, ya que se trata de conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios.
73. Asimismo, debe decirse que el quejoso no acreditó que hubiera cotizado al instituto demandado por los citados conceptos, pues contrariamente a lo que afirma, si bien de los comprobantes de pago que exhibió(13) se aprecia que percibió dicho concepto, lo cierto es que no se advierte que lo hubiera percibido de manera regular y continua en el último año de servicios, y aun cuando así hubiera sido, no se advierte que respecto del concepto que reclama se hubieran efectuado las cotizaciones correspondientes.
74. De ahí que en nada le beneficien los criterios citados por el quejoso en su demanda de amparo.
NOVENO.
75. Este Tribunal Colegiado considera que debe aplicarse en favor de la parte quejosa la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, analizada desde un enfoque integral, acorde al nuevo marco constitucional e internacional que impera en el país, de conformidad con lo siguiente:
76. El artículo 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es Parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos.
77. Al respecto, debe apuntarse que la suplencia de la queja deficiente está regulada en el artículo 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen, respectivamente, lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria."
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"...
"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo.
"En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios."
78. En ese contexto, los artículos transcritos obligan a este cuerpo colegiado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores y, atendiendo a una interpretación más amplia, en favor de los pensionados y jubilados, aun ante la ausencia de conceptos de violación al respecto, como lo prevé el penúltimo párrafo de dicho numeral.
79. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.(14)
80. Ahora bien, en la sentencia que se analiza, la Sala del conocimiento señaló que la fecha a partir de la cual se otorgó la pensión al quejoso fue a partir del uno de junio de dos mil siete; incluso, determinó que debía declararse la nulidad de la resolución impugnada "...para el efecto de que la autoridad emita una resolución, en la que proceda a incrementar la pensión solicitada al trabajador pensionado, desde la fecha en que se pensionó, esto es, a partir del primero de junio de dos mil siete, conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del primero del mes de enero de cada año y que, en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos."
81. Sin embargo, este Tribunal Colegiado advierte que no es correcto lo determinado por la Sala, respecto a la fecha a partir de la cual al aquí quejoso le fue otorgada la pensión. Ello, pues de las constancias de autos, específicamente de la concesión de pensión, la cual obra a foja 67 del juicio de nulidad, se advierte que dicha pensión se le otorgó a partir del dieciséis de agosto de dos mil seis, esto es, casi un año antes de la fecha indicada por la Sala. Para mayor claridad, a continuación se digitaliza el documento mencionado:
(De acuerdo con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión no se incluirá el documento digitalizado a que se refiere el párrafo anterior, toda vez que en éste aparecen datos personales, los cuales en términos del artículo 113, fracción I, de la citada ley, constituyen información confidencial.)
82. Así, este Tribunal Colegiado considera que, de no corregirse tal error, se estaría afectando el derecho a la pensión del quejoso, el cual ingresó a su patrimonio como legítimamente adquirido, a partir de la fecha en que ésta se le concedió, es decir, a partir del dieciséis de agosto de dos mil seis, y no a partir del uno de junio de dos mil siete.
83. En estas circunstancias, dicho derecho no puede ser afectado por una norma posterior que lo limite o modifique de forma negativa, como en el caso lo hace la sentencia reclamada, en su carácter de norma jurídica individualizada.
84. Razones por las cuales este órgano jurisdiccional determina conceder el amparo al quejoso, para el efecto de que la Sala responsable:
a) Deje insubsistente la sentencia reclamada, dejando intocado lo que no fue materia de la concesión de amparo en el prese
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26756-74cd4b58/pensiones-del-instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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