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Modo: Corpus Pro

INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE SON SUSCEPTIBLES DE OBJECIÓN DE FALSEDAD POR PARTE DEL QUEJOSO, CUANDO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 300/2015. · Registro digital (IUS): 26848
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Pág. 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 300/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 9 DE MAYO DE 2016. ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y la Primera Sala de este Alto Tribunal, estimó que este Tribunal Pleno debía conocer del presente asunto, porque el punto de contradicción determinaría el pronunciamiento de un artículo de la Ley de Amparo vigente.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS)."(1)

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por **********, ********** y **********, Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien conoció del amparo en revisión 331/2009.

En relación con dicho amparo en revisión, se señalan los siguientes antecedentes:

Juicio de amparo indirecto. **********, albacea de la sucesión a bienes de **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez, secretario de Acuerdos, secretario ejecutor y notificador, adscritos al Juzgado Quinto de lo Civil de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los cuales consistieron en el citatorio levantado por el notificador del juzgado antes mencionado en el juicio civil ordinario ********** la correspondiente acta de emplazamiento y su cédula de notificación, asimismo todo lo actuado en el mencionado juicio civil ordinario.

Así, el Juez de Distrito del conocimiento admitió la demanda, registrándola con el número **********. Cabe mencionar que la sucesión a bienes de **********, solicitó el amparo ostentándose tercero extraña por equiparación al juicio de origen.

El diecinueve de mayo de dos mil nueve, se tuvo a las autoridades responsables, rindiendo informe justificado, señalando que son ciertos los actos reclamados, asimismo se recibieron copias certificadas del expediente de origen.

Mediante escrito presentado ante el Juez Federal el veintisiete mayo de dos mil nueve, el autorizado de la parte quejosa ofreció, entre otras, la prueba pericial grafoscópica, con el objeto de demostrar que es falsa la firma que obra como presuntamente de **********, al calce del supuesto escrito de contestación de demanda dirigido al Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado, bajo número de expediente **********, cuya documental en su estructura original se encuentra en autos, asimismo señaló diversas documentales para su confrontación.

Así, el veintiocho de mayo de dos mil quince, se tuvo por formulada la objeción, señalando que se hará relación de la misma y de la prueba ofrecida para acreditarla al celebrarse la audiencia constitucional. El seis de julio del año en curso se desahogó la audiencia constitucional.

Seguido el juicio por sus demás trámites, en sentencia autorizada el tres de agosto de dos mil nueve se sobreseyó en el mismo.

Recurso de revisión. Inconforme con la anterior decisión, la quejosa interpuso recurso de revisión del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número **********, y en sesión de fecha quince de octubre de dos mil nueve, determinó revocar la sentencia bajo las siguientes consideraciones:

• El acto reclamado en el amparo consistió, sustancialmente, en el emplazamiento hecho en el juicio natural, a la autora de la sucesión, **********.

• Que aun cuando dentro de los antecedentes del acto, así como en los conceptos de violación se expuso que la firma que calza el escrito de contestación de demanda no es del puño y letra de **********, ello únicamente significa que, la sucesión quejosa al impetrar el amparo conocía de dicha constancia y que la pretendió combatir desde la demanda, empero, aunque se trate de un ocurso firmado, aparentemente, por la autora de la sucesión quejosa, ésta se ostenta como tercera extraña por equiparación, lo que implica que no ha tenido oportunidad de defenderse dentro del procedimiento natural; además, lo que pretende es impedir la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, por lo que resulta claro que la objeción de falsedad debe admitirse en la audiencia constitucional, y tramitarse en términos del artículo 153 de la ley de la materia, en el entendido que la declaración que haga el Juez de Distrito sobre la autenticidad del documento, sólo surtirá efectos dentro de dicho procedimiento de garantías, como lo dispone el referido numeral 153 en su segundo párrafo que a la letra dice: "... Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio ...".

• Ahora, que de los artículos 5o., 149, 150, 151 y 153 de la Ley de Amparo vigente, se colige que las autoridades responsables son parte en el juicio de garantías, las cuales deben rendir su informe justificado en el que señalen los argumentos y fundamentos legales en los que basen la legalidad del acto reclamado o la improcedencia del procedimiento, y que acompañarán copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; igualmente se concluye que los documentos exhibidos por las partes pueden ser objetados en cuanto a su autenticidad por las restantes, presentándose las pruebas y contrapruebas tendientes a justificar dicha falsedad.

• Por lo cual, es inconcuso que contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, por una parte, la objeción planteada por la peticionaria del amparo, es sobre un documento que exhibió en copia certificada una de las partes en el juicio de garantías, esto es, la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, por lo cual constituye un documento susceptible de impugnación en términos del aludido numeral 153 de la ley de la materia; por otra parte, el mencionado artículo no contiene limitación sobre la clase de documentos que pueden ser objetados de falsos, por lo que al juzgador no le es dable distinguir. Por tanto, no constituye un impedimento para admitir la objeción, el hecho de que el documento impugnado obre en el juicio natural. Además, cabe precisar que la finalidad de tal objeción, como se adelantó, no es para que se declare la nulidad de dicho escrito de contestación de demanda, a través del amparo, sino únicamente impedir la actualización de una causal de improcedencia que obstaculice el estudio de fondo del asunto.

• Que al no tener la oportunidad la quejosa para demostrar la falsedad de la firma dentro de la objeción anotada, ofreciendo la pericial, aquélla no dispondría de otra etapa procesal ni de medio de defensa alguno que le permitiera alcanzar ese objetivo durante la sustanciación del juicio de garantías, recalcando que los resultados que se obtengan de la objeción del escrito de mérito no pueden generar una declaración que prejuzgue acerca de su validez, con efectos generales y oponibles de modo absoluto, por las razones apuntadas; de manera que si en la especie llegara a acreditarse la falsedad de la firma descrita, únicamente, repercutiría en que se conceda, niegue o sobresea en el amparo, de conformidad con el arábigo 77, fracciones II y III, de la legislación indicada, sin calificar la situación jurídica del escrito que la contiene.

• Así, determinó que tenía aplicación la tesis de rubro: "DOCUMENTOS. LA OBJECIÓN DE FALSEDAD QUE DE ELLOS SE HAGA EN EL AMPARO, SÓLO AUTORIZA AL JUEZ DE DISTRITO A ESTIMAR SU AUTENTICIDAD PARA FIJAR SU ALCANCE PROBATORIO, SIN QUE SU DECISIÓN DEBA REFLEJARSE EN LOS RESOLUTIVOS DEL FALLO CONSTITUCIONAL."(2)

• Sin que representen obstáculo a lo expresado las tesis citadas por el Juez de Distrito, de rubros: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA SÓLO COMPRENDE LOS QUE PRESENTA LA CONTRAPARTE DEL OBJETANTE PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SU CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD, O LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, PERO NO DE LOS QUE OBREN EN EL TRAMITADO ANTE LA RESPONSABLE.",(3) "NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. POR REGLA GENERAL, LAS PARTES QUE LITIGARON EN ÉSTE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA DEMANDARLA."(4) y "NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. NO PROCEDE RESPECTO DE INFORMACIONES TESTIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).",(5) en virtud de que, como se dijo, a través del desahogo de la prueba pericial no se advierte que la sucesión quejosa pretenda se declare la nulidad de una actuación (contestación de demanda), sino únicamente restarle eficacia probatoria para que no se actualice una causal de improcedencia del amparo que impida analizar los vicios atribuidos al emplazamiento.

• Así, toda vez que se tilda de falsa la firma que supuestamente de la quejosa obra en el escrito de contestación de la demanda natural, siendo que fue precisamente ese documento en el que se basó el Juez Federal para (estimar que como la autora de la sucesión quejosa compareció al juicio natural, por ello dejó de tener el carácter de tercera extraña), sobreseer en el juicio, es indudable que el referido desechamiento de la objeción de falsedad citada y de la prueba pericial relativa, constituyen una violación procesal que provocó un estado de indefensión a la quejosa e influyó en el sentido de la sentencia, en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que procede es ordenar la reposición del procedimiento de la audiencia constitucional, a partir de que el Juzgador Federal desechó la objeción de falsedad de documento hecha valer por la quejosa, así como la prueba pericial, para el efecto de que fije nuevo día y hora para que continúe dicha audiencia constitucional y luego que admita la referida objeción y la tramite conforme a lo dispuesto por el artículo 153.

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis III.5o.C.28 K, emitida en la Novena Época, registro digital: 165558, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, materia común, de rubro y texto siguientes:

"DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL. SU OBJECIÓN DE FALSEDAD POR UN TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN DEBE TRAMITARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO.-Conforme a lo establecido en los artículos 5o., fracción II y 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables son parte en el juicio de garantías, por lo que si al rendir su informe justificado exhiben documentos que obran en el juicio natural para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio de garantías, es claro que el quejoso puede objetarlos de falsos y esa impugnación debe admitirse en la audiencia constitucional y tramitarse en términos del artículo 153 de la citada ley de la materia, al actualizarse todos sus supuestos, toda vez que el documento redargüido de falso fue presentado por una de las partes y contradicho por otra, sin que el precepto citado contenga alguna limitación sobre la clase de documentos que puedan ser materia de objeción, por lo que al juzgador no le es dable distinguir, máxime que no debe perderse de vista que la quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, lo que implica que no ha tenido oportunidad de defenderse dentro del procedimiento natural."

II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 223/2014.

En relación con el amparo en revisión, se señalan los siguientes antecedentes:

Juicio de amparo indirecto. **********, promovió demanda de amparo indirecto contra los actos del Juez Tercero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, actuaria adscrita a la Unidad de Medios de Comunicación Judicial de los Juzgados de lo Civil, de Juicio Civil Oral, de lo Concurrente y Menores de Monterrey, Nuevo León, y del registrador del Instituto Registral y Catastral del Estado, del Primer Distrito Registral, los cuales consistieron:

• De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamó la falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias del mismo, lo anterior ya que, aduce el quejoso que, el día quince de mayo del dos mil trece tuvo conocimiento de la existencia de un juicio ejecutivo mercantil, bajo el expediente judicial número **********, tramitado ante el Juzgado Tercero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León.

• De las autoridades responsables ejecutoras, los actuarios adscritos a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial del Estado, reclamó la falta de emplazamiento a juicio.

De la demanda de garantías conoció el Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo **********, seguidos los trámites dictó sentencia, en la cual determinó otorgar el amparo al considerar fundado el incidente de objeción de documentos en el mencionado juicio de amparo **********.

Recurso de revisión. En contra de la determinación anterior, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y fue resuelto en sesión de diez de julio de dos mil quince en el sentido de revocar la sentencia de amparo y sobreseer en el juicio de amparo promovido por **********, lo anterior bajo las siguientes consideraciones:

• La primera parte de los argumentos planteados por la parte recurrente, resultan fundados, lo anterior ya que las constancias que integran el juicio constitucional, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por **********, quien se ostentó persona extraña por equiparación, al juicio **********, respecto del cual señaló como acto reclamado el emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad. En el mismo escrito objetó de falsa la firma que calza en el diverso ocurso de fecha treinta de noviembre de dos mil once, a través del cual se solicitó copia certificada de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio antes mencionado.

• Así las cosas, la demanda de amparo fue admitida por proveído de treinta de mayo de dos mil trece, en tanto, el incidente de objeción de firma quedó, reservado hasta la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo vigente, al ser ese el momento procesal oportuno.

• Una vez que tuvo verificativo la audiencia constitucional el doce de diciembre de dos mil trece, se dio trámite al incidente de objeción de firma. Concluido, se reanudó la audiencia el veintiséis de febrero de dos mil catorce, y se dictó sentencia que se terminó de engrosar el veinte de mayo siguiente, que declaró fundado el incidente de marras y por otra parte, concedió el amparo solicitado.

• Lo anterior, a consideración del Tribunal Colegiado es incorrecto, porque la objeción de falsedad, prevista en el artículo 122 de la Ley de Amparo establece un trámite especial, sustanciado en forma de incidente, para el caso de que algún documento presentado por una de las partes en el juicio de amparo sea objetado de falso por otra. Así, el Juez debe suspender la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, en la cual recibirá las pruebas relativas a la autenticidad del documento.

• Es así, que el mencionado artículo estatuye un procedimiento para el caso de que, de entre las documentales ofrecidas en términos del numeral 119 de la citada ley, se objete de falsa alguna de ellas. Es decir, la materia del incidente se circunscribe a determinar sobre la autenticidad del documento para efectos exclusivos, dentro del juicio de amparo, lo que a la postre incide en el valor de la prueba cuestionada, al resolver sobre las pretensiones del quejoso.

• Que para determinar lo que puede ser motivo del incidente de falsedad en comento, es necesario tener en cuenta que el artículo 122 de la Ley de Amparo establece con toda claridad: "Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso ...". De allí que el presupuesto esencial para que tenga lugar dicho incidente, es que el documento cuestionado, en cuanto prueba de las pretensiones del oferente, sea allegado al juicio de amparo por persona distinta del objetante; pues de otra forma no se surte el elemento básico de esa objeción.

• Por exclusión, cualquier documento que no encuadre en la descripción legal, no puede ser objeto del incidente mencionado, sino que en todo caso, es materia de prueba tendiente a acreditar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente.

• Sin embargo, no se desconoce que por disposición del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, la autoridad responsable tiene el carácter de parte en el juicio constitucional; pero tratándose del informe justificado y documentos anexos, la objeción de falsedad tiene ciertas particularidades, de acuerdo con el criterio establecido por el Máximo Tribunal del País, en jurisprudencia definida, en cuanto a los alcances de la objeción de que se trata.

• Así, realizó referencia a lo resuelto por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/98 en la cual determinó que tratándose del informe justificado, la objeción de falsedad, prevista en el artículo 153 de la Ley de Amparo (numeral que es de similar redacción que el 122 de la Ley de Amparo vigente), atañe sólo al continente y no al contenido del informe, pues esto último es materia de estudio de la sentencia correspondiente, a la luz de las pruebas que aporten las partes.

• En cuanto al informe justificado, el artículo 117 de la Ley de Amparo, impone a las autoridades responsables en el primer párrafo la obligación de rendirlo por escrito o por medio magnéticos dentro del plazo de quince días, con lo cual se dará vista a las partes. De igual modo, la parte final del cuarto párrafo, indica que se acompañarán en copia certificada las constancias necesarias para apoyarlo. Lo anterior revela que el informe y los anexos se rigen por el principio de unidad, por ende, no pueden desvincularse, pues la intención del legislador fue que los anexos sean el sustento del informe.

• Desde esa perspectiva, es dable apreciar que cuando el documento allegado al juicio de amparo sean copias certificadas de expedientes judiciales allegados junto con el informe justificado, sólo puede ser objetado en cuanto a su continente, pero no respecto de su contenido.

• Por lo anterior, cuando alguna de las partes sustente la inconstitucionalidad del acto reclamado a partir de la irregularidad o falta de veracidad que dice, pesa sobre el contenido de documentos que obran en el expediente judicial de que se trata, es inconcuso que ello no puede probarse vía incidente de objeción de falsedad, previsto en el numeral 122 de la ley de la materia, pues de acuerdo con lo sostenido por el Máximo Tribunal del País, cuando examinó el artículo 153 de la abrogada Ley de Amparo, "... esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos ...". Lo anterior implica, a juicio de del Tribunal Colegiado que tratándose del contenido del informe justificado su cuestionamiento es motivo de prueba directa en términos del numeral 119 de la ley de la materia vigente.

• Que las anteriores consideraciones sirven de base para establecer que en el desarrollo del juicio de amparo, indebidamente se tramitó y resolvió el incidente de objeción de falsedad de firma, respecto de un documento que obra dentro del contenido del informe justificado, lo cual no es técnicamente posible, precisamente porque a través de dicha incidencia prevista, en el artículo 122 de la Ley de Amparo vigente, la parte quejosa no estaba en aptitud de controvertir la autenticidad del escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil once, que obra en las copias certificadas del procedimiento de origen y cuya autoría negó la parte solicitante del amparo, pues aceptar que en el incidente de falsedad puede tramitarse y decidirse sobre la autenticidad de los documentos que obran en el expediente de origen, implicaría analizar la autenticidad del contenido y no sólo el continente del informe justificado, lo que pugna frontalmente con las directrices que este Alto Tribunal del País estableció al resolver la contradicción de tesis 40/98, en cuanto a la materia de estudio del incidente de falsedad documental.

• El criterio al que se ha hecho alusión, corresponde a la jurisprudencia P./J. 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD."(6)

• Que aunado a lo anterior, no es dable la objeción de que se trata, ya que la objeción prevista en el artículo 122 de la ley de la materia, se refiere a los documentos presentados por las partes pero dentro del juicio de amparo y no a las promociones existentes ante la autoridad responsable con motivo del procedimiento del cual deriva el acto reclamado, pues el análisis y valoración de tales constancias es competencia exclusiva de la autoridad responsable.

• Apoya lo expuesto, por su sentido, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "JUICIOS, FALSEDAD DE LOS."(7)

• Por lo anterior, determinó no compartir la tesis III.5o.C.28 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que fue invocada por el apoderado general para pleitos y cobranzas de **********, de rubro: "DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL. SU OBJECIÓN DE FALSEDAD POR UN TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN DEBE TRAMITARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO."(8)

• Que se discrepa de esta postura, porque si el quejoso reclama en amparo la falta de emplazamiento al juicio o la ilegalidad de esa diligencia y afirma no haber comparecido a la contienda, por desconocer la firma de un escrito que lo vincula al procedimiento, cuya autoría se le atribuye, puede concluirse que tiene la posibilidad de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones, se reitera, no mediante la objeción de falsedad prevista en el artículo 122 de la Ley de Amparo vigente, sino en función de la prueba directa a que se constriñe el numeral 119 de ese ordenamiento.

• Estimar lo contrario, implicaría que a través del juicio de amparo se pueda declarar la nulidad de actuaciones firmes que obran ante la potestad común, con el grave riesgo de desnaturalizar la firmeza de los actos judiciales generadores de consecuencias jurídicas entre las partes contendientes.

• Acto siguiente, el Tribunal Colegiado determinó que, la materia del asunto, consistió en analizar el acto reclamado, consistente en las diligencias practicadas el seis y siete de junio de dos mil once, con las que fue emplazado el quejoso al juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Tercero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad.

• En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, ya que si la parte quejosa promovió la demanda de amparo, ostentándose persona extraña por equiparación al juicio natural y niega la autoría de la firma que calza el escrito, recibido el treinta de noviembre de dos mil once, es inconcuso que sobre ésta pesaba el gravamen procesal de demostrar esa circunstancia.

• Por lo anterior, si en el juicio natural obra un escrito, cuya autoría se atribuye a la parte solicitante del amparo, sin que ésta haya ofrecido prueba alguna, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, para demostrar la falsedad de la firma que lo calza, es inconcuso que tal escrito prueba en su contra y la vincula al procedimiento de origen.

• Que no se inadvierte que durante el trámite del juicio de amparo la quejosa ofreció la pericial grafoscópica; sin embargo, lo hizo dentro del incidente de objeción documental, previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo vigente, lo cual, como ya se expuso en párrafos precedentes no es viable, ya que para demostrar sus pretensiones estaba constreñida a ofrecer las pruebas conducentes, pero en términos del numeral 119 de la ley de la materia.

• En este sentido, conviene remitirse a lo expuesto con antelación, en el sentido de que la objeción planteada es inadmisible, sin embargo, ello fue sin menoscabo de la posibilidad que tuvo el quejoso de ofrecer prueba directa para desvirtuar la firma que lo vincula al procedimiento de origen y así acreditar que se ostentó como carácter de persona extraña y, con ello, abrir la posibilidad de estudio de la legalidad del emplazamiento reclamado.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación, si existe la contradicción de tesis denunciada.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

Así lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9)

Lo anterior con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno estima que sí existe la contradicción de tesis, debido a que ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto del mismo punto de derecho.

En efecto, ambos tribunales conocieron de asuntos en los, que se dilucidó si los documentos anexos al informe justificado rendido por la autoridad responsable, considerada como parte dentro de un juicio de amparo indirecto, pueden ser objetados por otra parte del juicio; no obstante, llegaron a conclusiones diversas, ya que uno estableció que dicha objeción debía tramitarse vía incidental, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo, vigente (de contenido casi idéntico al diverso 153 del mismo ordenamiento legal abrogado), mientras que el otro consideró que si bien existía la posibilidad de ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones, ello debía hacerse en función de prueba directa como lo dispone el numeral 119 de la ley de la materia. Lo anterior como se puede observar de las consideraciones emitidas por cada uno de los órganos contendientes, que indican:

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consideró:

• En términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo, las autoridades responsables son parte en el juicio de garantías, las cuales deben rendir su informe justificado, acompañando copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Por tanto, al rendir éste, acompañado de constancias que obren en el juicio natural, lo hace en su calidad de parte; de ahí que sí pueden ser objetados en cuanto a su autenticidad por cualquiera de las restantes partes, presentándose las pruebas y contrapruebas tendentes a justificar dicha falsedad.

• Así, la objeción planteada por la quejosa fue sobre un documento que exhibió en copia certificada una de las p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26848-7c613ca8/informe-justificado-los-documentos-anexos-a-este-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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