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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, QUE PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 965/2014. · Registro digital (IUS): 26902
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-01-27
Promovente:
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pág. 508.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 965/2014. 28 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso.(1)

SEGUNDO.-Oportunidad del recurso. El recurso de revisión se interpuso en tiempo.(2)

TERCERO.-Legitimación. El recurso se interpuso por parte con legitimación para ello.(3)

CUARTO.-Antecedentes.

1. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil doce, ********** demandó en la vía laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las siguientes prestaciones:

a) Nulidad del acuerdo ********** de primero de agosto de dos mil once, por el cual se declaró infundado el recurso de inconformidad (**********) presentado ante el Consejo Consultivo de dicho instituto, mediante la cual, se negó el otorgamiento de la pensión por viudez, con motivo del fallecimiento de su esposo.

b) Fijación de una pensión de viudez del 100% del salario con el que cotizó en el último mes su difunto esposo.

c) Actualización de la pensión conforme a los incrementos otorgados a las pensiones dentro del periodo comprendido desde el fallecimiento de su cónyuge hasta el momento en que se fije la pensión.

d) Pago de pensiones por concepto de viudez desde el fallecimiento de su esposo.

Sustentó su demanda en los siguientes hechos:

a) El ocho de noviembre de dos mil nueve falleció su cónyuge, con quien contrajo matrimonio el primero de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

b) El veinte de octubre de dos mil diez, la actora presentó la solicitud de pensión por viudez ********** ante la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, dado que su cónyuge fue derechohabiente en el régimen obligatorio con número de seguridad social **********.

c) A esta solicitud recayó la resolución de negativa de pensión número ********** de veinticuatro de febrero de dos mil once, porque la defunción del esposo de la solicitante ocurrió fuera del periodo de conservación de derechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley del Seguro Social. Se certificó que el asegurado tuvo reconocidas 1312 (mil trescientas doce) semanas de cotización al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, fecha de su baja del régimen obligatorio, y que el periodo de conservación de derechos venció el catorce de abril de dos mil cuatro.

d) El treinta y uno de marzo de dos mil once, la actora interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo del IMSS, radicado con el número **********, en el que argumentó que resultaba inaplicable el fundamento legal invocado por la dependencia, en virtud de que le es aplicable la Ley del Seguro Social de 1973.

e) Con fecha primero de agosto de dos mil once, el Consejo Consultivo emitió la resolución **********, en la que declaró infundado el recurso y ratificó el acuerdo recurrido.

Desde el escrito de demanda, la actora manifestó que aun en el supuesto de que su cónyuge no estuviera dentro del periodo de conservación de derechos por así disponerlo los artículos 182 y 150 de las Leyes del Seguro Social de 1973 y 1997, respectivamente, como se precisa en la resolución del recurso de inconformidad, y que estas disposiciones le fueran aplicables, dichos preceptos vulneran lo dispuesto por la fracción XXIX y demás aplicables, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Federal.

2. Al contestar la demanda, el IMSS opuso las siguientes excepciones y defensas:

a) Prescripción para reclamar pensiones desde el fallecimiento del cónyuge de la actora, ocurrido en dos mil nueve.

b) Falta de acción y derecho, porque el cónyuge de la actora falleció fuera del periodo de conservación de derechos previsto en el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, a pesar de que contaba con 1312 semanas de cotización al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Coincide en los datos y fechas expuestos en la demanda.

3. El once de septiembre de dos mil doce, la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Torreón, Coahuila, radicó la demanda con el número de expediente **********, y dictó laudo el diecinueve de abril del dos mil trece, en el que absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social del otorgamiento y pago de las prestaciones reclamadas, con base en las siguientes consideraciones:

"IV. Por lo que de la instrumental de actuaciones del juicio y presuncional legal y humana, una vez que se confrontan las pruebas de las partes entre sí, en términos de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, queda en claro que la parte demandada con el material probatorio que aportó, en específico, hoja de certificación de derechos y certificado de derechos a nombre del finado trabajador **********, donde si bien se advierte que cotizó 1,312 semanas hasta el 31 de diciembre de 1997, también lo es que conforme artículos (sic) 150 y 151 de la Ley del Seguro Social vigente, y 182 y 183 de la Ley del Seguro Social anterior, tanto el extinto asegurado como la actora, al dejar de ser sujetos de la protección del seguro social, tenían hasta el catorce de abril de dos mil cuatro, para conservar y hacer valer los derechos que hipotéticamente, hubieren adquirido, ya que esos artículos establecen que conservarán sus derechos por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja, por lo que no es suficiente que el extinto hubiera cotizado para ese instituto médico, las semanas necesarias para disfrutar de una pensión y que se le haya reconocido, pues la Ley del Seguro Social también les marca obligaciones, como es el periodo de conservación de derechos, en efecto, de los citados ordenamientos en lo que interesa establecen: ‘Artículo 150. ...’. ‘Artículo 151. ...’. "Artículo 182. ...’. ‘Artículo 183. ...’. De la transcripción de estos artículos se desprende que el extinto asegurado efectivamente se encontraba afiliado al régimen obligatorio del IMSS con el número de seguridad social **********, logrando cotizar hasta un total de 1,312 semanas, sin embargo, fue dado de baja del instituto el día 31 de diciembre de 1997, dejando por tanto de ser sujeto de la protección del seguro social, por lo que según se desprende del artículo antes transcrito tanto el extinto asegurado como la hoy actora sólo tenían hasta el día 14 de abril de 2004, para conservar y hacer valer los derechos que hipotéticamente hubiere adquirido, lo anterior, al realizar las operaciones aritméticas correspondientes, de donde se advierte que si el actor tiene reconocidas 1,312 semanas por el seguro social, equivalente a 25.23 años de cotización, repartidos por un periodo igual a la cuarta parte equivalen a 6.3 años (es decir, seis años y tres meses) es decir, como efectivamente señaló el instituto demandado en resolución número **********, de veinticuatro de febrero de dos mil once, sólo conservó derechos hasta el catorce de abril de dos mil cuatro, ocurriendo su fallecimiento con posterioridad, es decir, casi cinco años antes de que ocurriera la muerte del extinto asegurado, consecuentemente, debe de absolverse a la demandada del pago de las prestaciones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 91/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen: ‘PENSIÓN DE VIUDEZ. EL DERECHO A DISFRUTAR DE ÉSTA SE ENCUENTRA CONDICIONADO, RESPECTO DE UN TRABAJADOR NO PENSIONADO, A QUE SU MUERTE ACONTEZCA DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997). ...’"

4. La parte actora promovió juicio de amparo directo, en el que formuló los siguientes conceptos de violación:

Primero. Hace valer deficiencias en la valoración de las pruebas, en perjuicio de los principios de lógica, congruencia y exhaustividad contenidos en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. Se inconforma de manera específica con el valor otorgado a la copia certificada de la credencial que el IMSS le expidió a la quejosa el siete de enero de dos mil once, con la cual pretende acreditar que en esa fecha aún tenía vigentes sus derechos como derechohabiente de esa institución.

Asimismo, impugna la valoración del certificado de derechos ofrecido por el IMSS, dado que fue elaborado unilateralmente por la institución demandada el diecisiete de febrero de dos mil once, con posterioridad al fallecimiento de su esposo y a la solicitud de la pensión de viudez, de manera que a su cónyuge se le dio de baja hasta ese momento posterior a la muerte del asegurado y a la solicitud de pensión. Por tanto, argumenta que no había vencido el plazo de conservación de derechos previsto en el artículo 182 de la Ley del Seguro Social de 1973. Tal periodo empezó a computarse a partir de la baja del trabajador del régimen obligatorio, lo cual no ocurrió en este caso, porque el propio instituto expidió el certificado referido de manera unilateral con posterioridad a la solicitud de pensión. Refiere que estos argumentos los hizo valer al objetar el certificado.

Segundo. Argumenta que los preceptos 150, 151, 182 y 183 de las leyes del Seguro Social (1973 y 1997), invocados por la autoridad responsable, son inconstitucionales, al contravenir la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, en el que se establece que la ley del Seguro Social es de utilidad pública y que en ella deben de comprenderse los seguros de invalidez, de vejez, de vida, y cualquier otro encaminado a la protección del bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social vigente, y 182 y 183 de la Ley del Seguro Social de 1973 establecen que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán sus derechos adquiridos solo por un plazo determinado, a pesar de que el trabajador ya había generado y cubierto el pago de su pensión. Por lo anterior, dichos preceptos son inconstitucionales, ya que la intención del legislador originario era que los asegurados y su familia pudiesen gozar de un seguro de invalidez o viudez cuando éstos lo hubiesen auto generado; jamás expresó, ni siquiera en la exposición de motivos, que una vez que lo hubiese generado sólo lo pudiesen conservar por un periodo mínimo determinado, como se estableció en los artículos 182 de la Ley del Seguro Social de 1973 y en su correlativo 150 de 1993, por lo que solicita que sean declarados inconstitucionales.

5. El Tribunal Colegiado negó la protección constitucional con base en las siguientes consideraciones:

En primer término, analizó el segundo concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 182 y 183 de la Ley del Seguro Social abrogada, el cual declaró infundado.

Basó sus consideraciones en el criterio sustentado por esta Segunda Sala en la tesis aislada 2a. LXXVI/2009, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

En la ejecutoria se precisó que en ese criterio existe pronunciamiento, en el sentido que los artículos 182 y 183 de la Ley del Seguro Social, vigentes hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, no contravienen las garantías de audiencia, legalidad y de seguridad social, que se contienen, respectivamente, en los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal. El tribunal reseñó la ejecutoria en que se sostuvo la referida tesis aislada.

Por otra parte, declaró infundado el primer concepto de violación, donde se impugnó la valoración probatoria.

En primer lugar, determinó que fue correctamente valorado el certificado de derechos exhibido por el IMSS, el cual analizó con base en el artículo 251 de la Ley del Seguro Social y lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 32/97. Sostuvo que los certificados de derechos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentados como prueba por éste, en su carácter de demandado en el juicio laboral, tienen plena validez probatoria para acreditar, por sí mismos, los datos que en ellos se contienen, salvo objeción de su contraparte por errores u omisiones en su elaboración.

Desestimó el argumento basado en la circunstancia de que el propio instituto emisor es parte del conflicto laboral, dado que los certificados de derechos expedidos por el IMSS son pruebas documentales que constituyen actos administrativos, por lo que gozan de la presunción de legitimidad; por tanto, el otorgar eficacia probatoria a los documentos de mérito no genera inequidad en la carga probatoria, esto es, al otorgar eficacia probatoria a los certificados de derechos no se afecta la igualdad procesal que constituye una formalidad esencial de todo procedimiento, al tener la contraparte la posibilidad de objetar su contenido y alcance. Apoyó lo anterior en las tesis «2a./J. 44/98 y 2a./J. 39/2002» de esta Segunda Sala de rubros: "DOCUMENTOS CERTIFICADOS OFRECIDOS POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA EFICACIA PROBATORIA QUE SE OTORGUE A LOS EMITIDOS POR UN INFERIOR JERÁRQUICO DE AQUÉL NO GENERA DESIGUALDAD PROCESAL." y "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS."

Asimismo, el tribunal precisó que la Junta responsable interpretó correctamente el artículo 182 de la Ley del Seguro Social vigente en 1973, ya que de dicho numeral se desprende, entre otras cosas, que se conservarán los derechos que se hubieran adquirido respecto a pensiones por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, contados a partir de la fecha de baja del instituto.

Por tanto, sostuvo que como el extinto asegurado fue dado de baja del Instituto el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que en atención al precepto antes mencionado, la beneficiaria tenía hasta el catorce de abril de dos mil cuatro para hacer valer sus derechos, que esto se obtiene al realizar las operaciones aritméticas correspondientes. Si el finado trabajador tenía reconocidas 1,312 semanas por el seguro social, éstas equivalen a 25.23 años de cotización, y que la cuarta parte de ellas equivale a 6 años y 3 meses, por lo que la conservación de derechos fue hasta el catorce de abril de dos mil cuatro, ocurriendo el fallecimiento del trabajador asegurado con posterioridad.

En cuanto a la documental consistente en copia certificada de la credencial que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el tribunal consideró que de esa documental sólo se advierte que es esposa del finado trabajador, pero no prueba que los derechos de éste se encontraran vigentes.

QUINTO.-Agravios. En su único capítulo de agravios, la recurrente aduce que el Tribunal Colegiado omitió hacer un debido análisis de constitucionalidad de los artículos 182 y 183 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos noventa y tres, en relación con lo prescrito en la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 constitucional, con lo cual se violan sus derechos humanos y garantías de legalidad y seguridad jurídicas reconocidas en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

Alega la inconstitucionalidad del artículo 182 de la Ley del Seguro Social, en virtud de que en él se establece la conservación de derechos por un periodo determinado en relación con los conceptos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. En cambio en la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 constitucional, se establece que la Ley del Seguro Social comprenderá seguros de invalidez, vejez, vida (no de muerte), cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los asegurados y sus familiares. Por tanto, dado que el artículo 182 de la Ley del Seguro Social no contiene referencia al seguro de vida, sino al de muerte, tal precepto legal no se ajusta la intención del Constituyente.

En otro aspecto, la recurrente refiere que en el considerando séptimo de la ejecutoria recurrida no se hace un análisis real de constitucionalidad del artículo 182 de Ley del Seguro Social de 1973, sino que se realiza el estudio de ese precepto a partir de la analogía de lo considerado en relación con el artículo 183 de otra Ley del Seguro Social, vigente en un momento diferente. Aduce que la disposición del artículo 182 estaba referida en la primera Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1943, en la que se señalaba un periodo de conservación de derechos para los asegurados que causaran baja del régimen obligatorio sin que les correspondiera el derecho al otorgamiento de una pensión, y que no se acogieran al seguro voluntario. Pero tal periodo no se aplicaba a los asegurados sujetos al régimen obligatorio a quienes ya les correspondiere el derecho al otorgamiento de la pensión. Agrega que, en la especie, el derecho al otorgamiento de la pensión en su favor ya se había generado, situación que no prevé el artículo 182 de la Ley del Seguro Social de 1973, a diferencia del 91 de la primera Ley del Seguro Social. En términos de este último precepto, quienes ya habían adquirido el derecho a la pensión lo conservaban de manera permanente para ejercerlo cuando lo consideraran pertinente, y no como lo establecen los artículos 182 y 183 de la ley de 1973; 150 y 151 de la ley vigente, en los que se permite ampliar, modificar e incluso extinguir los derechos pensionarios que ya se generaron, lo cual es contrario al artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional.

SEXTO.-Procedencia. En primer lugar, debe determinarse si el presente recurso es procedente, ya que se trata de un medio de defensa extraordinario.

El juicio de amparo directo, es un juicio con una sola instancia, pues la resolución que ahí se dicte, por lo general, es definitiva y no admite recurso alguno. De manera excepcional, en su contra puede interponerse un medio de defensa, que sólo justifica su procedencia si se actualizan dos requisitos fundamentales, previstos en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:(4)

1. Debe subsistir alguna cuestión de constitucionalidad. Es decir, la sentencia de amparo combatida debe resolver sobre la constitucionalidad de normas generales, establecer la interpretación directa de algún precepto constitucional u omitir un pronunciamiento sobre tales cuestiones, cuando se hubieran planteado en la demanda.

2. El asunto debe fijar un criterio de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los lineamientos sentados por ésta en acuerdos generales.

Estos requisitos se reiteran en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo(5) y en la jurisprudencia 2a./J. 149/2007, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.",(6) aplicable en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el cual se emitió la nueva Ley de Amparo.

El recurso de revisión interpuesto cumple con las condiciones necesarias para su procedencia.

La primera de las condiciones se reúne, ya que el Tribunal Colegiado de Circuito analizó la constitucionalidad del artículo 182 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, donde se establece el periodo de conservación de derechos de quienes dejen de pertenecer al régimen obligatorio.

Asimismo, se cumple con la segunda de las condiciones mencionadas. Esto es, el asunto reviste las características de importancia y trascendencia, porque sobre el tema de constitucionalidad no hay jurisprudencia y no existen obstáculos técnicos que impidan el estudio de los agravios.

Por tanto, el recurso de revisión es procedente.

SÉPTIMO.-Estudio de fondo. La recurrente se inconforma con el estudio de constitucionalidad del artículo 182 de la Ley del Seguro Social abrogada -de contenido similar al numeral 150(7) de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete-, respecto del cual la peticionaria del amparo alega que contraviene el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional. En sus argumentos destaca que, el precepto legal priva a los asegurados y sus beneficiarios del derecho a la pensión de viudez ya adquirido, y los sujeta al periodo de conservación de derechos. También refiere que el precepto legal establece ese periodo de conservación de derechos para el seguro de muerte, cuando la norma constitucional se refiere al seguro de vida.

Para analizar los agravios, resulta necesario tener en cuenta el contenido normativo del precepto legal combatido.

"Artículo 182. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del Seguro Obligatorio, conservarán los derechos que tuvieren adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja.

"Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses.

"Las disposiciones anteriores no son aplicables a las ayudas para gastos de matrimonio y de funeral, incluidas en este capítulo."

La disposición transcrita contiene la conservación de derechos como una prerrogativa de los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio del seguro social, debido a que la ley extiende el beneficio para ejercer los derechos adquiridos en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte hasta por un periodo que corresponda a la cuarta parte del tiempo cotizado, a partir de que hayan causado baja al régimen.

Es decir, la circunstancia de que el asegurado deje de pertenecer al régimen de seguridad social no implica que, desde ese momento, deje de gozar del derecho a obtener una pensión en los ramos mencionados, sino que el derecho que hubiese adquirido en el tiempo de aseguramiento y que no haya ejercido a la fecha de la baja, se extiende una cuarta parte del tiempo total cotizado.

En cuanto al planteamiento de inconstitucionalidad de la norma jurídica en estudio, por contravenir el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente el contenido de este precepto constitucional.

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."

En esta norma se contiene el principio de seguridad social, y deriva un mandato constitucional para que en la Ley del Seguro Social se prevean diversos seguros, entre ellos, el de vida y el de cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Así, el mandato mencionado únicamente obliga al legislador a contemplar en la Ley del Seguro Social los seguros ahí previstos; sin embargo, no le establece parámetros sobre cómo habrán de regularse cada uno de ellos, pues los detalles normativos dependerán de la propia Ley del Seguro Social.

Respecto al artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, al resolver, por mayoría de cuatro votos,(8) el amparo en revisión 956/2010, esta Segunda Sala precisó que dicha norma constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social en beneficio de los trabajadores, sino también el principio de previsión social, el cual se sustenta en la obligación estatal de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos que se encuentran expuestos, orientado a procurar el mejoramiento del nivel de vida.

Es importante precisar que en el diseño de los planes de seguridad social, el legislador goza de libertad de configuración, la cual está limitada por el contenido mínimo exigido por las propias bases de la seguridad social y por la observancia del principio de seguridad social.

Asimismo, de manera correlativa a la obligación asignada al legislador, la norma constitucional prevé como derecho de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, el establecimiento en la ley respectiva de diversos seguros, entre otros, el de vida.

Pues bien, el parámetro de regularidad a través del cual se verificará la constitucionalidad del artículo 182 de la Ley del Seguro Social abrogada es el derecho de las personas a obtener un seguro que las proteja en caso de muerte del trabajador asegurado.

Con el propósito de verificar si la norma contenida en el artículo 182 citado se encuentra en el parámetro de constitucionalidad, debe tenerse en cuenta cómo se regulaba ese derecho en la Ley del Seguro Social abrogada.

Los artículos 149 y 150 de la mencionada ley, disponen:

"Del Seguro por Muerte

"Artículo 149. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

"I. Pensión de viudez;

"II. Pensión de orfandad;

"III. Pensión a ascendientes;

"IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule; y

"V. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título."

"Artículo 150. Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior, los siguientes:

"I. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrare disfrutando de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada; y

"II. Que la muerte del asegurado o pensionado no se deba a un riesgo de trabajo."

Como puede advertirse, el seguro por muerte protege a los beneficiarios del asegurado que fallezca, otorgando el derecho a recibir, según sea el caso, pensión de viudez, orfandad y de ascendientes. Los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social abrogada para tener derecho a una de esas pensiones son: que el asegurado tenga reconocidas ciento cincuenta semanas cotizadas, como mínimo, al momento de fallecer, o que se encontrare disfrutando de una pensión de invalidez, de cesantía en edad avanzada o de vejez; y que la muerte no sea el resultado de un riesgo de trabajo.

El artículo 182 en estudio contiene una prerrogativa para los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio del seguro social, debido a que extiende el beneficio para ejercer los derechos adquiridos a pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte hasta por un periodo que corresponda a la cuarta parte del tiempo cotizado, a partir de que hayan causado baja al régimen.

Es cierto que en su texto se refiere a los derechos de pensiones de muerte, sin embargo ello no se traduce en su inconstitucionalidad, pues es parte de un sistema que establece y regula el seguro de vida ordenado constitucionalmente, dado que reconoce y hace posible el ejercicio del derecho de las personas a obtener un seguro que las proteja en caso de muerte del trabajador asegurado del cual son beneficiarias.

Por otro lado, el periodo de conservación de derechos lejos de constituir una restricción, representa una prerrogativa para los beneficiarios del asegurado fallecido, porque amplía su derecho a recibir una pensión por viudez, orfandad o de ascendientes hasta la cuarta parte del periodo que corresponde al total de semanas cotizadas.

Incluso también puede entenderse que la conservación de derechos representa un requisito de efectividad del derecho a recibir una pensión de viudez. Si el derecho de los trabajadores a gozar de un seguro de muerte da protección ante la actualización de ese siniestro, tal protección se otorga cuando éste sobrevenga estando el asegurado vigente en sus derechos, sea por estar inscrito en el régimen obligatorio o por encontrarse en el periodo de conservación de derechos, que transcurre hasta en una cuarta parte del periodo de cotización.

De lo expuesto, se puede concluir que, para gozar de la pensión de viudez no basta con alcanzar las semanas cotizadas tenga reconocidas ciento cincuenta semanas cotizadas, sino que el fallecimiento ocurra cuando el asegurado tenga vigentes sus derechos, sea por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26902-3b87bcd2/seguro-social-el-articulo-182-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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