ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. PARA CUANTIFICAR EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS O DE LA RETRIBUCIÓN O REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA ANTE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, CESE O BAJA INJUSTIFICADA DE AQUÉLLOS, DEBE APLICARSE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 110/2012 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO, CUARTO Y PRIMERO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 31 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ FRANCO LUNA, GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, CARLA ISSELIN TALAVERA, ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ Y JOEL DARÍO OJEDA ROMO. PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIA: PATRICIA BERENICE HERNÁNDEZ CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sustentada entre Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos;(6) de ahí que, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas del Máximo Tribunal o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Asimismo, para estar en condiciones de determinar si hay contradicción de tesis ha lugar a precisar las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
CUARTO.-Criterios de Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. El entonces Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de doce de junio de dos mil quince, en la parte que interesa, sostuvo:
"En ese sentido, debe decirse que al resolver el tribunal responsable que la baja del actor fue injustificada, y por tal motivo declaró su nulidad, en consecuencia, sí resulta procedente el pago de la indemnización solicitada a razón de tres meses de su retribución normal, así como el de salarios o retribuciones dejadas de percibir que no podrán ser superiores a seis meses.
"Lo anterior encuentra apoyo en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que establece que si la autoridad jurisdiccional resolviere que fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en caso alguno proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
"Así como en el diverso dispositivo legal 69 de la normatividad especial, Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos,(7) que establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de permanencia, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización, que será otorgada por un importe de tres meses de salario en la resolución jurisdiccional correspondiente.
"Además, se debe tener en consideración el artículo 105,(8) de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que establece que las instituciones de seguridad pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos.
"En el caso, la legislación que establece las prestaciones mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, es la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en el artículo 45, fracción XIV,(9) dispone como una de las obligaciones de los Poderes del Estado y los Municipios, cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar, en una sola exhibición, los salarios caídos, prima vacacional, aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo definitivo (así como al trabajador reinstalado inmediatamente en su puesto, de acuerdo con el numeral 52 de la misma ley,(10) cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje califique como injusta la causa del cese).
"De lo que se colige, que en general, a los trabajadores al servicio del Estado se les deberán pagar, en caso de cese injustificado, esos salarios que nunca podrán ser superiores a seis meses, con independencia de la acción principal ejercida (indemnización o reinstalación).
"Siendo inexacto lo vertido por el tribunal responsable para estimar que no es dable la condena al pago de indemnización constitucional, ni salarios o retribuciones dejadas de percibir, porque la baja del actor contenida en el oficio impugnado no surtió sus efectos no obstante haberlo dado de baja; ya que contrariamente a lo resuelto por dicha autoridad, sí surtió sus efectos a partir de que (a) se determinó que sí existió y se declaró su nulidad; y, (b) se consideró inexistente la baja verbal de dos mil trece.
"Aunado a ello, debe decirse que la única razón por la que el actor ya no labora para la parte demandada, conforme a lo resuelto por la autoridad responsable y lo aquí analizado al respecto, no puede ser otra que el cese o baja de dos mil diez.
"De ahí que sea procedente otorgar al actor aquí quejoso, el pago de la indemnización por un importe de tres meses de salario, así como el de salarios o retribuciones dejadas de percibir que no podrán ser superiores a seis meses ... "
II. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio del otrora Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo directo ********** (auxiliar número **********), en sesión de tres de junio de dos mil quince, expuso en lo que importa:
"... son infundados los conceptos de violación en los cuales aduce la quejosa que es absurdo y carente de fundamentación y congruencia que la responsable haya condenado a los terceros interesados al pago de salarios caídos únicamente por seis meses, basándose para ello en la fracción XIV del artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que dicha ley es ajena a la materia administrativa, aunado a que si la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en su artículo 123 señala que las sentencias emitidas por dicho tribunal deben resarcir al promovente en sus derechos lesionados, en consecuencia, los salarios vencidos deben cubrirse hasta que física y materialmente se dé cumplimiento a la sentencia.
"Sobre todo cuando quedó comprobado que fue separada injustificadamente de su trabajo, ya que los salarios caídos están íntimamente relacionados con la procedencia de la acción principal, porque ello equivale al pago de los daños y perjuicios sufridos por haber sido despedida, conforme a lo establecido en el artículo 43, fracción III, de la Ley Burocrática Federal.
"Por lo que de igual manera el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al establecer que sólo se pagarán hasta seis meses por concepto de salarios vencidos, restringe la pretensión de la actora, contraviniendo la garantía de tutela judicial efectiva prevista en el diverso numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un proceso que ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización.
"Ahora bien, es importante destacar que contrario a lo esgrimido por la quejosa, se estima correcto que la autoridad responsable haya acudido a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para dilucidar lo referente a los salarios caídos, ya que adverso a lo señalado por la amparista, dicha ley no es ajena a la materia administrativa, sino todo lo contrario, debido a que en la misma se regula lo referente a los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio del Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos.
"El artículo 2o. de la cita ley, define al trabajador al servicio del Estado de Morelos como ‘la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones.’
"Luego, si como lo refiere la demandante aquí quejosa en su escrito de demanda y durante el proceso contencioso administrativo, antes de la separación de su cargo se desempeñaba como policía o agente vial adscrita a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, y como lo contempla en su primer párrafo el numeral 2o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ‘La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios ...’. En consecuencia sí le resulta aplicable lo instituido a la multicitada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al tratarse de un trabajador con nombramiento expedido por un Municipio de dicha entidad federativa, como consta a foja 48 del juicio de origen.
"Por tanto, fue ajustado a derecho que el tribunal responsable condenara a las autoridades demandadas al pago de salarios caídos en término de lo establecido en el artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual contempla que ‘los salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses’.
"Anterior determinación que no puede considerarse ilegal o privativa de derechos como lo arguye la quejosa, ya que respecto a este tema la autoridad responsable se ciñó al criterio jurisprudencial del Máximo Tribunal de nuestro país, en el cual señala que el citado artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil de Morelos, no es violatorio de derechos humanos.
"Tal consideración se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.), visible en la página 821, con número de registro digital: 2005821, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas», de rubro y texto siguientes:
"‘INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.’ (se transcribe)
"No es inadvertido para este órgano constitucional, que aun cuando la amparista esgrime que le causa perjuicio el contenido del artículo 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en la que se establece que el pago de los salarios caídos no excederá del importe de seis meses; motivo de disenso que es inatendible, porque ningún agravio le causa, ya que la autoridad responsable en ningún momento hace referencia al mismo o se fundamenta en tal precepto legal para establecer condena o absolución alguna.
"Aunado a que el artículo en comento, únicamente se refiere a los asuntos que se ventilen ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, siendo que el presente negocio jurídico tiene su cauce en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Morelos ..."
III. El entonces Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el amparo directo **********, de sesión de dieciocho de junio de dos mil quince, sostuvo esencialmente:
"Como se observa, el justiciable pretende a través de esta instancia constitucional que se le paguen los salarios caídos que dejó de percibir, desde el momento de su destitución como policía raso, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, hasta el total cumplimiento de la sentencia de nulidad, pues así lo señaló en su escrito de demanda de nulidad, mientras que, el tribunal contencioso responsable los limitó a seis meses.
"Ahora, el quejoso para robustecer su defensa constitucional, cita dos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (uno en jurisprudencia y otro aislado); por su parte, conforme al criterio que subyace a la formación de la jurisprudencia 2a./J. 18/2002 (10a.) -citada en primer lugar del anterior listado-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la definición y el enunciado ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, transcribió y explicó la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 888/2011 (y que le da sustento a la tesis señalada por el quejoso, en segundo lugar),(11) y sostuvo lo siguiente:
"a) Que la finalidad y razón principal de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, es la prohibición absoluta de reincorporación al servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, incluso, en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, entonces, la consecuencia de la actualización de este supuesto es, justamente, la obligación del Estado de resarcir al servidor público con el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.
"Lo anterior, porque el legislador permanente determinó que es más importante el combate al crimen organizado y la corrupción en las instituciones policíacas -interés social-, sobre el particular que pudieran resentir sus miembros -en lo individual-.
"b) La obligación del Estado ante el acto considerado injustificado por la autoridad jurisdiccional, es la de resarcir al servidor público ante la imposibilidad de no reincorporarlo, mediante el pago de una ‘indemnización’ y ‘demás prestaciones a que tenga derecho’.
"c) El término ‘demás prestaciones a que tenga derecho’ no implica la entrega de los salarios caídos; fundamentalmente, porque ese concepto jurídico está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Federal, sino en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en su artículo 48;(12) además que, la relación entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa; además que el pago de salarios caídos no tiene sustento constitucional.
"d) Sin embargo, como todo servidor público, los miembros de las instituciones policiales reciben por sus servicios del Estado una serie de prestaciones, que van desde el pago que pudiera considerarse remuneraciones diaria ordinaria, así como beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación y hasta que se realice el pago respectivo, siempre y cuando exista condena al respecto; por tanto, sólo se pagarán estos conceptos cuando se determine que la separación del miembro policíaco fue injustificada.
"e) Las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo, son conceptos que se encuentran comprendidos dentro del enunciado ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’, contenido en el artículo 123, apartado A, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, toda vez que suelen otorgarse con motivo de la prestación de un servicio al Estado y catalogarse en el presupuesto de egresos respectivo.
"Los anteriores argumentos jurídicos, se encuentran inmersos en la ejecutoria que le da origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos treinta y cinco, del Libro VI, Tomo 1, correspondiente al mes de marzo de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del contenido siguiente:
"‘SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.’ (se transcribe)
"En el caso, ********** señaló en su escrito de demanda de nulidad, como parte de sus pretensiones, la nulidad de la resolución del procedimiento administrativo número **********, de diez de febrero de dos mil catorce, que lo remueve del cargo de elemento de policía raso, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil Municipal de Tlaquiltenango, Morelos; además del pago de otro tipo de prestaciones económicas, como el de salarios caídos, tal y como se puede observar de la siguiente transcripción:(13)
"‘a) El pago de salarios que dejé de percibir por consecuencia directa e inmediata de la remoción que fui objeto, mismos que se han generado desde la fecha de la remoción injustificada de la cual fui objeto y los que se sigan generando hasta el total cumplimiento de la sentencia definitiva que emita el H. Tribunal. En razón, como se puede desprender que el acto que se impugna es la remoción injustificada de la cual fui objeto y por tal motivo, al ser separado de forma injustificada e ilegal por los ahora demandados, se tiene por consecuencia que dichos actos arbitrarios me están causando una afectación en mi esfera jurídica que se convierte en un perjuicio, y siendo éste, la privación de la ganancia lícita que es, mi salario quincenal que percibía antes de que fuera removido de forma injustificada e ilegal de mi trabajo, y que debiera seguir obteniendo por la prestación de mis servicios por motivo de la relación administrativa que me unía en su momento con el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, pero al existir el rompimiento de dicho vínculo; tiene por consecuencia inmediata el pago de los salarios que dejé de percibir por la ejecución de dicho acto que se combate en el presente juicio. Por tanto, es procedente el pago de la presente prestación que se reclama en los términos anteriormente señalados. ...’
"Respecto de los actos reclamados en el juicio de nulidad, el tribunal resolvió que la separación del cargo ejercitada en contra del actor -ahora quejoso-, fue indebida, porque no se cumplieron con todas las formalidades esenciales del procedimiento, como lo indica el artículo 14 de la Constitución Federal, pero -se adujo-, tal irregularidad no implicaba la restitución del actor en el puesto desempeñado, por existir prohibición constitucional (artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo), entre otros dos motivos más (artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos(14) y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
"Con posterioridad, en el considerando VII del acto reclamado, el tribunal responsable analizó las demás prestaciones reclamadas, y respecto de los salarios caídos, resolvió que sólo debía ser el pago de seis meses, conforme el artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(15) en la medida que las instituciones policiales deben garantizar a los elementos de seguridad adscritos, por lo menos, las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, en términos del artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de la citada demarcación territorial.(16)
"En otro orden de ideas, conforme las anteriores premisas legales, se advierte lo infundado de los argumentos vertidos en vía de concepto de violación, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a través de criterio aislado que, el pago de salarios caídos no procede cuando se está en presencia de la determinación jurisdiccional que declara injustificada la remoción de un elemento policíaco, y que por ello proceda la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, pues aquel término tiene una connotación de índole laboral que no tiene sustento constitucional.
"Dicho de otra forma, la obligación del Estado de pagar las demás prestaciones a que tenga derecho un elemento de seguridad pública destituido ilegalmente, no implica la entrega de salarios caídos, y sólo se entregará una indemnización, además de la remuneración diaria ordinaria, beneficios, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba aquél por la prestación de sus servicios.
"Ahora, lo así resuelto de ninguna forma implica transgredir el artículo 123 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, porque la nulidad decretada sí restituyó al actor (ahora quejoso) en el goce de los derechos afectados, claro está, en la justa medida de su aplicación, conforme la Constitución Federal -como aconteció en la especie-, demás leyes y la jurisprudencia obligatoria.
"Continuando con el estudio de los demás argumentos jurídicos vertidos en vía de conceptos de violación, también se aduce que en el caso no procede el pago de seis meses previsto en la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, ello de conformidad con los artículos 123 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos,(17) 68, 69 y 159, todos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.(18)
"Lo anterior, es inoperante.
"Para robustecer lo anterior, conviene reiterar que, el tribunal responsable señaló que procede la indemnización en sentido estricto y los salarios caídos hasta por seis meses, por despido injustificado, conforme el artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y en la jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en «el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas» la página ochocientos veintiuno, del Libro 4, Tomo I, correspondiente al mes de marzo de dos mil catorce, «de la Gaceta» del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del contenido siguiente:
"‘INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.’ (la transcribe)
"El artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos señala que los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus trabajadores a cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando los trabajadores de base hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición, los salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses, prima vacacional, aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo definitivo.
"Ahora, y como bien lo esgrime el quejoso, los citados argumentos jurídicos no son aplicables en la especie, porque se refieren a la indemnización y al pago de salarios caídos en materia laboral, mientras que, en el caso, y como también se aduce en la demanda de amparo, procede la aplicación del artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por ser la perfectamente aplicable en materia de miembros policíacos.
"Sin embargo, declarar fundado el argumento en estudio, implicaría dejar sin efectos la determinación referente al pago de seis meses de salarios, y aplicar, en automático, el contenido del artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, y ello se traduce en que se le tengan que pagar al actor quejoso tres meses de su salario, lo que redundaría en perjuicio de su esfera jurídica.
"En efecto, la forma en cómo resolvió el tribunal contencioso responsable le otorga al quejoso mayores beneficios, porque resolvió que se le deben pagar seis meses de su salario, de conformidad con el artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mientras que, el artículo 69 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos -y que es la ley que pretende el justiciable se le aplique-, prevé para efectos de indemnización, el pago de tres meses
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26952-79565d16/elementos-de-seguridad-publica-del-estado-de-morelos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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