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IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS DE REGISTRO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL SISTEMA NORMATIVO QUE LO REGULA, NO OBSTANTE QUE EL DERECHO A SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS EROGADOS HAYA PRESCRITO, AL NO HABERSE EJERCIDO EN EL TÉRMINO DE 5 AÑOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS ABROGADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2016. · Registro digital (IUS): 26953
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-02-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AHORA EN MATERIA DE TRABAJO, Y QUINTO, AHORA EN MATERIA CIVIL, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, Y QUINTO DE CIRCUITO DEL CENTRO
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Pág. 1303.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AHORA EN MATERIA DE TRABAJO, Y QUINTO, AHORA EN MATERIA CIVIL, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, Y QUINTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS. 31 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ FRANCO LUNA, ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, CARLA ISSELIN TALAVERA, ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ Y JOEL DARÍO OJEDA ROMO. PONENTE: ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ. SECRETARIA: ISELA ROJAS OLVERA.

Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, correspondiente a la sesión del treinta y uno de agosto dos mil dieciséis.

VISTOS, los autos para resolver la contradicción de tesis 2/2016, entre las sustentadas por el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos y, el entonces Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, ahora Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes del Pleno del Decimoctavo Circuito, el Magistrado Everardo Orbe de la O., integrante del entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por dicho Tribunal Colegiado de Circuito federal y el entonces Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, así como el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos.

SEGUNDO.-Trámite.

• Por auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno del Decimoctavo Circuito, admitió a trámite la posible contradicción de tesis con el tema relativo a "Determinar si en los juicios de amparo indirecto, promovidos contra los preceptos que regulan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de registro, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, la falta de interés jurídico del quejoso para acudir al juicio de amparo, porque sus derechos han prescrito -créditos fiscales-, al omitir solicitar la devolución de las cantidades erogadas dentro del plazo previsto en el último párrafo del numeral 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos; o bien, no se debe sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico en los términos apuntados."

En ese mismo auto, se ordenó solicitar a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que informara si el criterio sustentado en el amparo en revisión **********, por el que se denunció la posible contradicción de tesis de que se trata, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

De igual forma, se determinó que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, se integró como posible contendiente en la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1656 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas.

• Por auto de once de febrero de dos mil dieciséis, se solicitó al Tercer, al Cuarto y al Quinto Tribunales Colegiados de este Circuito, informaran si habían dictado alguna ejecutoria en la que se hubiere abordado el tema de la precitada denuncia de contradicción de tesis.

• Mediante auto de veintitrés de febrero del año que transcurre, se tuvo al entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, informando que, en los recursos de revisión ********** y **********, se abordó el tema de la contradicción de tesis aludida y que el criterio sostenido por dicho Tribunal Colegiado de Circuito, aún se encuentra vigente, ordenándose glosar a los autos las copias certificadas de las ejecutorias de dichos asuntos, así como el disco compacto que contiene su archivo digital.

• De igual forma, mediante acuerdo de veintinueve de febrero del presente año, se tuvo al entonces Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, informando que en las ejecutorias dictadas en los recursos de revisión **********, ********** y **********, se abordó el tema de la contradicción de tesis de que se trata, ordenándose glosar a los autos las copias certificadas de las ejecutorias de dichos asuntos, así como los discos compactos que contienen su archivo digital.

• Por acuerdo de treinta de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la Maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó el contenido del oficio número SGA/GVP/136/2016, signado por el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que a su vez, comunica que de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en el Máximo Tribunal del País, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema relativo a: "Determinar si en los juicios de amparo indirecto promovidos contra los preceptos que regulan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de registro, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, la falta de interés jurídico del quejoso para acudir al juicio de amparo, porque sus derechos han prescrito -créditos fiscales-, al omitir solicitar la devolución de las cantidades erogadas dentro del plazo previsto en el último párrafo del numeral 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos; o bien, no se debe sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico en los términos apuntados."

• Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en atención al Acuerdo General 1/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la semiespecialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, se determinó que el Pleno en Materias Penal y Administrativa del mismo Circuito, continuaría conociendo de la presente contradicción de tesis; asimismo, al encontrarse integrado el expediente correspondiente, se turnó el asunto a la Magistrada Carla Isselín Talavera, como integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

• Finalmente, mediante auto de siete de junio pasado, en virtud de que la Magistrada Carla Isselín Talavera, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, se encontraba gozando de licencia médica, se ordenó returnar el presente asunto a la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis, sustentada entre Tribunales Colegiados de este Circuito.

No es obstáculo a lo anterior, que en la actualidad los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, se encuentren especializados en distintas materias, pues al momento en que emitieron los criterios, respecto de los cuales surgió la contradicción de tesis que se resuelve, tenían competencia mixta.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito, ahora, Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito; de ahí que, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas del Máximo Tribunal o los Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Ahora bien, previamente a la determinación de la existencia o, en su caso, inexistencia de contradicción de tesis entre los criterios involucrados en el presente asunto, resulta necesario precisar las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a efecto de analizar los alcances de cada una de las resoluciones.

CUARTO.-Criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. El entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión celebrada el veintiuno de mayo de dos mil quince, en la parte que interesa, sostuvo:

"Una vez precisados los pagos efectuados por el recurrente, se hace notar: por una parte, que corresponden, el del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales, al mes de agosto de dos mil siete y, los derechos de registro y adicionales, al mes de noviembre de dos mil siete. Y, por otra parte, que la demanda de garantías, fue presentada el treinta de septiembre de dos mil catorce (foja 2).

"Ahora bien, el artículo 24(1) del Código Fiscal para el Estado de Morelos, prevé que el crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad líquida que tengan derecho a percibir el Estado, los Municipios o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios incluyendo los que deriven de responsabilidades de sus servidores públicos o de los particulares, así como de aquellos a los que las leyes les den ese carácter y tengan derecho a percibir por cuenta ajena. De lo que es dable concluir que los derechos que cobra el Municipio, pueden ser considerados créditos fiscales.

"Por su parte, el artículo 32(2) del Código Fiscal para el Estado de Morelos, establece que la obligación de devolver las cantidades a favor de los contribuyentes prescribe en cinco años, a partir de que nació el derecho a la devolución.

"Por lo que si la recurrente efectuó los pagos por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de registro, respectivamente, el seis de agosto de dos mil siete y el veintitrés de noviembre de dos mil siete (datas a partir de las cuales pudo haber sido exigida la devolución), es claro que de tales fechas a la de la presentación de la demanda, han transcurrido más de cinco años; lo que genera que el derecho subjetivo del quejoso para reclamar la devolución de los montos erogados se encuentre prescrito y, en consecuencia, carezca de interés jurídico para acudir al juicio de garantías.

"Lo anterior es así, ya que el interés jurídico, en lo general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, y está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; de manera que sólo el sujeto de esos derechos, puede ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.

"Además, el interés jurídico se identifica con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y una reclamación correlativa, traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 48/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto: ‘SALDO A FAVOR. MOMENTO EN QUE ES EXIGIBLE SU DEVOLUCIÓN PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.-El artículo 22, párrafo décimo sexto, del Código Fiscal de la Federación establece que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal; por su parte, el artículo 146 del citado ordenamiento determina que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años y que éste inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Así, en atención a que la prescripción en materia tributaria es una figura que da certeza y seguridad jurídica a las relaciones patrimoniales entre la autoridad hacendaria y los particulares, el momento en que la devolución del saldo a favor resulta legalmente exigible es cuando ha transcurrido el término fijado por los diferentes ordenamientos fiscales para que el contribuyente efectúe la determinación de las contribuciones a las que se encuentra afecto, quedando legitimado a partir de entonces para instar su devolución, sin que las autoridades fiscales puedan rehusarse a devolver tales cantidades conforme a derecho, de acuerdo con el artículo 2190 del Código Civil Federal.’(3)

"Así como la tesis aislada 2a. LXXII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.-El mencionado artículo 22 establece que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales y que la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal, lo que implica que para esos efectos resultan aplicables las reglas contenidas en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el cual no distingue en el tratamiento que debe darse a un crédito determinado por la autoridad y al derivado de un pago de lo indebido, ya que en ambos casos: a) las obligaciones se extinguen por prescripción en el plazo de cinco años; b) ese plazo se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; c) podrá oponerse como excepción en los recursos administrativos; y, d) dicho plazo se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito; en ese tenor, los preceptos indicados al otorgar el mismo trato tanto a los contribuyentes que tienen a su favor un crédito por concepto de un pago de lo indebido, como a las autoridades hacendarias en relación con un crédito fiscal por ellas determinado, no violan el principio de igualdad ante la ley.’(4)

"Sin que obste para arribar a la anterior conclusión, que el dispositivo legal 32 de la codificación estatal en consulta, indique, en su tercer párrafo, que si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento del acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando tal acto hubiera quedado insubsistente, porque, en este caso, el pago de las contribuciones, si la hubo, no fueron por requerimiento de autoridad, en tanto que el notario no es una autoridad fiscal. De manera que la omisión del quejoso de solicitar la devolución de las cantidades erogadas con motivo del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de registro, dentro del plazo previsto, exime a las autoridades de tal obligación, pues el derecho de la peticionaria está prescrito. Por lo que carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo, lo que conlleva a la actualización de la causal de improcedencia, diversa a la estimada por el a quo.

"En ese sentido y dado el motivo de improcedencia analizado por este tribunal revisor, son inatendibles los agravios vertidos por el recurrente, ello con independencia de los preceptos que reclame, en razón de que para acudir al juicio de amparo, es requisito indispensable que el peticionario tenga interés jurídico y, una vez acreditado éste, el órgano jurisdiccional debe pronunciarse en relación a los reclamos que vierta, señalando si las disposiciones legales señaladas fueron o no aplicadas, y si existió violación a sus derechos fundamentales.

"En el particular, se encuentra prescrito el derecho del quejoso a reclamar la devolución de las cantidades erogadas en los años dos mil siete, generadas con motivo de la adquisición del inmueble, objeto de la escritura **********, de treinta y uno de marzo de dos mil siete, del protocolo del notario público Número Uno, actuando en la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos (fojas 83 a 89), en razón de que dejó transcurrir más de cinco años para inconformarse con el cobro, y al no ejercitar el reclamo, dentro del plazo que la ley fiscal local le concedía, se extinguió el interés jurídico para promover el juicio de garantías; por lo que ante la ausencia de tal elemento no es posible analizar la aplicación y constitucionalidad de los preceptos legales que reclama, pues tal requisito es medular para la procedencia de la acción constitucional de amparo.

"Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia sobre los actos reclamados, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es (sic) contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de esa misma ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, por los razonamientos señalados en el presente fallo.

"Cabe precisar que las autoridades responsables, Congreso Estatal y Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, hicieron valer la causal de improcedencia analizada en el párrafo que precede, al momento de rendir su informe justificado, mismo que se dio vista a la parte quejosa. Sin pasar desapercibido que si bien las autoridades responsables mencionadas, no invocaron como tal el hecho constitutivo de la causal, el citar la hipótesis contenida en la misma, conlleva a su actualización por las consideraciones que se expusieron previamente."

II. El entonces Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión de cinco de marzo de dos mil quince, expuso en lo que importa, lo siguiente:

"En cambio, los agravios que a continuación se sintetizan son fundados:

"a) Que la autoridad responsable al plantear la improcedencia no alega que se surta por la prescripción la devolución de cantidades pagadas en exceso, sino derivada de la imposibilidad de reintegrar el importe total cubierto por dichos impuestos; tampoco se alega que el acto traslativo no generara los impuestos cobrados, por lo que, no puede considerarse que la recurrente se encontraba sujeta al plazo de cinco años para solicitar la devolución de parte de la autoridad recaudadora.

"b) Que si bien en el artículo 32 del Código Fiscal del Estado, se establece que la obligación de devolver las cantidades a favor de los contribuyentes, prescribe en cinco años o a partir de que nació el derecho a la devolución, también lo es que hasta el día de hoy no ha nacido a la vida jurídica la obligación de devolver las cantidades de dinero, al no existir mandamiento administrativo o judicial en que obligue a las autoridades recaudadoras a devolver cantidades de dinero, siendo para ello ineficaces la escritura pública, los propios recibos de pago y, ningún documento expedido hasta el día de hoy, por no contener mandamiento de devolver cantidades, de ahí lo infundado de la consideración tomada en cuenta por el juzgador de amparo.

"c) Toda vez que la recurrente en la demanda de amparo impugna la aplicación de los artículos 415, fracción II y 416, fracciones I y V, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 94 Bis a 94 Bis-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, no puede considerarse que se trata de un interés fiscal, en términos del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, por lo que no puede operar la prescripción, en términos de los artículos 145 y 146 del Código Fiscal de la Federación; además de que para ello es necesario iniciar el procedimiento administrativo de ejecución que refieren los numerales 145 y 145-A de la anterior codificación.

"d) Que los artículos 145 y 146 del Código Fiscal de la Federación establecen el procedimiento que tiene como finalidad el cobro de un crédito fiscal y la liberación a través de la prescripción al sujeto pasivo de la contribución, y no un término para que se extinga la devolución retenida, a través de disposiciones inconstitucionales.

"Como al inicio de este considerando se dijo, y ahora se reitera, los agravios que antecede son fundados.

"Así es, tal como se alega, las cuestiones de prescripción ya sea de los créditos fiscales o de las cantidades enteradas indebidamente al fisco -como se sostiene en la sentencia impugnada-, no son propias para determinar la falta de interés jurídico en lo relativo a la acción de inconstitucionalidad de normas, esto es, la juzgadora de amparo apoyándose en los artículos 145 y 146 del Código Fiscal de la Federación, en el diverso 32 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, así como en los numerales 1135, 1136, 1142, 1158 y 1159 del Código Civil Federal, estableció la prescripción de la parte quejosa, quien no ejerció su derecho a reclamar el pago dentro del término de cinco años que refieren los Códigos Fiscales, o bien, el de diez «años» que indican los preceptos del Código Civil Federal.

"Y es que, si esa falta de reclamación, trajo como consecuencia liberar a las autoridades responsables de la obligación de devolver las cantidades que se reclaman, son inconducentes para estimar la falta de interés jurídico, en virtud de que, el juicio de amparo no es el instrumento idóneo para determinar la prescripción de la acción de reclamación de los créditos fiscales o de las cantidades enteradas indebidamente al fisco, pues éste se centra en determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados como consecuencia de una aparente violación o no de derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"Lo anterior es así, porque, la acción constitucional del amparo tiene por objeto la tutela de la Constitución, mediante el control en vía constitucional de los actos reclamados, los que al provenir de las autoridades que en el juicio de garantías, representan el papel de autoridades enjuiciadas, sus actos se analizan bajo la óptica de la violación directa a los derechos humanos, previstos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"En otras palabras, el concepto de interés jurídico tiene un amplio abanico de pronunciamientos por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que, conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico, de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico, cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso, puede otorgar facultad para acudir al amparo.

"Por tanto, si la determinación de la Juez de Distrito, relativa a la falta de interés jurídico de la recurrente, no se sustenta en algún derecho constitucional, sino que lo hace derivar o depender de cuestiones jurisdiccionales de las autoridades responsables, se estima que lo fallado por ella sea incorrecto.

"Por las razones que le dieron origen, se cita la tesis 1a. XCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 545 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas», que dice:

"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCION

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26953-5a485a56/impuesto-sobre-adquisicion-de-bienes-inmuebles-y-derechos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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