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Modo: Corpus Pro

ROBO AGRAVADO. LOS ARTÍCULOS 224 Y 225 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2133/2013. · Registro digital (IUS): 26961
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-02-24
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Pág. 130.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2133/2013. 9 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE Y PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: FRANCISCO OCTAVIO ESCUDERO CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto primero, fracciones I y II, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve; así como los puntos segundo y tercero del diverso Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en un amparo directo penal, por un Tribunal Colegiado de Circuito, y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

9. SEGUNDO.-El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al apreciarse de las constancias existentes que la sentencia recurrida fue dictada el veintitrés de mayo de dos mil trece, y notificada al ahora recurrente por lista el jueves treinta siguiente, misma que surtió efectos el día hábil siguiente, que fue el viernes treinta y uno de mayo (foja 146 vuelta del juicio de amparo **********).

10. En consecuencia, el término de diez días señalado en el artículo de mérito, transcurrió a partir del lunes tres de junio de dos mil trece al catorce del mismo mes y año, excluyéndose los días uno, dos, ocho y nueve de junio, por ser sábados y domingos (inhábiles), en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

11. En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el trece de junio de dos mil trece, resulta incuestionable que fue interpuesto dentro del término legal, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

12. TERCERO.-Es procedente el recurso de revisión que ahora se analiza, en virtud de que en la demanda de amparo reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 70, 72 y 224, fracción IX, del Código Penal para el Distrito Federal, y el Tribunal Colegiado desestimó los conceptos de violación planteados, negando el amparo solicitado, razón por la cual, se satisfacen los requisitos de procedencia del presente recurso de revisión.

13. CUARTO.-Las consideraciones en que se apoyó el Tribunal Colegiado, en la parte que interesa, fueron las siguientes:

"SEXTO.-En principio, y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

"Asimismo, en materia de derechos fundamentales debe decirse que el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, y aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, de ahí que, las normas provenientes de ambas fuentes son normas supremas; en el caso, de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado ‘principio pro persona’.

"En consecuencia, en aras de dicho principio, conforme al cual y en términos del párrafo segundo del dispositivo constitucional en cita, así como en los ordinales 1o. y 2o. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1o. y 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que, el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos deberá realizar: una interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes deben preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la existencia de una violación a los referidos derechos humanos, se procederá a sancionar y reparar la misma, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 107/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 799 del Libro XIII, Tomo 2, octubre de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente:

"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’

"Así como la tesis P. LXIX/2011 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, página 552, Décima Época, de rubro siguiente: ‘PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’

"Conforme a lo anterior, se advierte que en los conceptos de violación se plantean cuestiones de inconstitucionalidad, lo que se considera en términos generales de estudio preferente a los que impugnan cuestiones de forma y legalidad.

"Sin embargo, en el caso particular, no se hará pronunciamiento de manera previa al respecto, en tanto que, los aspectos de constitucionalidad que controvierte el quejoso, los hace consistir en la fracción IX del numeral 224 del Código Penal para el Distrito Federal, que refiere a la calificativa de transeúnte y, a los preceptos 70 y 72 del ordenamiento invocado, encaminados a la individualización de la pena. Por tanto, al no incidir en el tema de la inconstitucionalidad del artículo que contiene el delito básico robo, por el que se condenó al quejoso, se estima que el tema referente a la constitucionalidad planteada debe analizarse más adelante.

"Sobre la base anterior, los motivos de inconformidad expresados por el quejoso, no se estudiarán en el orden propuesto, sino en el determinado por su naturaleza jurídica.

"...

"Ahora bien, agotado el análisis de las formalidades del procedimiento, estudio del delito básico y valoración de pruebas al respecto, como se anunció, se estima necesario abordar lo referente al concepto de violación 1, consistente a la inconstitucionalidad de la fracción IX del numeral 224 del Código Penal del Distrito Federal, el cual es infundado.

"Para llegar a la anterior conclusión, en principio es necesario circunscribir los razonamientos que expone el quejoso, referentes al tema de inconstitucionalidad, los que hace consistir en la transgresión de los numerales 122, párrafos primero y segundo; base primera, fracción V, inciso h), 14 (exacta aplicación de la ley penal), 16 (legalidad), 18 (ejecución de penas), 21 (mínima intervención del Estado) y 22 (racionalidad y proporcionalidad de penas).

"Y, sostiene, en esencia, que se vulneran los principios de ‘proporcionalidad y razonabilidad jurídica’, ya que el Estado tiene obligación de optar por diversas alternativas, antes de considerar la regulación y aplicación de la ley penal a ciertas conductas sociales, a efecto de garantizar la seguridad de los gobernados, particularmente refiere al robo a transeúnte; por ello, el legislador secundario del Distrito Federal (Asamblea Legislativa), al establecer la calificativa condigna como agravante del delito robo, infringió los artículos constitucionales mencionados.

"Ahora bien, en un primer plano, es necesario ponderar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de conformidad con el principio de razonabilidad, el ejercicio del ius puniendi estatal sólo está justificado cuando sea absolutamente necesario para preservar aquellos intereses sociales, cuya protección penal se hace imprescindible, en aras del mantenimiento de una convivencia pacífica y sólo en la medida en la que dicha cobertura penal sea adecuada y proporcionada a la gravedad de las conductas.

"Por ello, la auténtica esencia política y democrática del principio de legalidad en materia penal, afirma el Máximo Tribunal Constitucional, debe ser entendido acorde a los principios que la doctrina ha denominado de ‘fragmentariedad o exclusiva protección de bienes jurídicos’, de ‘proporcionalidad o prohibición del exceso’ y de ‘subsidiariedad o ultima ratio’.

"Lo que interpreta como la obligación del legislador penal de avocarse única y exclusivamente a la tutela de aquellos bienes jurídicos que la sociedad tiene en más alta estima e interés de salvaguardar, a tal grado que merezcan ser sancionados de manera más grave, lo que se conoce dentro del orden jurídico nacional, como la necesidad de instituir la pena privativa de libertad a efecto de garantizar la seguridad de las personas y la adecuada convivencia social del Estado democrático.

"Por tanto, el legislador debe justificar, en todos los casos y en forma expresa, las razones del establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las mismas a través del proceso de creación de la ley.

"Por ello, a efecto de estar en aptitud jurídica de resolver el problema de constitucionalidad planteado, se debe partir de las razones expuestas por el órgano encargado de crear la ley respectiva y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 114/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, página trescientos cuarenta, Novena Época, registro digital: 163067, que dispone:

"‘PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY.’ (se transcribe)

"En cuanto al tópico materia de estudio, no existe incumplimiento a la Norma Suprema, en virtud de que la intención del legislador, plasmada en el proceso legislativo que dio origen a la fracción IX del artículo 224 del Código Penal Federal, fue la de aumentar la penalidad del delito de robo cuando se comete a un transeúnte, como una necesidad social, que atiende a la frecuencia de la conducta típica y afecta de manera sensible a un grupo de personas vulnerables, como se advierte de la exposición de motivos, que da origen a la fracción y que se transcribe continuación:

"‘La necesidad de garantizar la seguridad de los habitantes y de sus bienes es una de las razones que explica la existencia del Estado. Particularmente en los últimos años esa función ha adquirido una gran relevancia, al haberse convertido en la principal demanda de la población, lo cual obedece a factores diversos como la insuficiencia de oportunidades reales de desarrollo que es a la vez causa y efecto de desigualdades culturales, económicas y sociales, siendo quizá y no obstante el factor más importante la impunidad, es decir, aquellas circunstancias que brindan oportunidad de lo ilícito con la certeza de no ser penados o de obtener una sanción mínima.

"‘Siendo el robo a transeúnte uno de los que con mayor frecuencia se cometen en la ciudad y que especialmente le afecta a los trabajadores, a las amas de casa, a los estudiantes de todas las clases sociales, nos obliga a que este tipo penal pueda tener características más ambiciosas para que los delincuentes puedan ser sancionados ante el juzgador.

"‘Por ello, la aportación del presente dictamen nos parece importante para que todos aquellos delincuentes que cometen un delito en contra de los transeúntes, hoy puedan ser sancionados con esta reforma que planteamos al Código Penal.’

"De lo que se infiere, la intención del legislador es la de castigar con más severidad el delito de robo en contra de un transeúnte, con la finalidad de procurar seguridad de éstos en atención al estado de vulnerabilidad en que se encuentran, como es el espacio, la vía pública, en donde se facilita la comisión del ilícito y, por tanto, las personas se encuentran vulnerables; como lo expuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: ‘ROBO CONTRA TRANSEÚNTE. LA AGRAVANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA CUANDO LA VÍCTIMA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR TRANSITORIAMENTE O PASA POR ÉL, Y NO CUANDO ESTÁ DONDE DESARROLLA SU JORNADA LABORAL, AUNQUE SE TRATE DE UN ESPACIO ABIERTO QUE PERMITA EL ACCESO AL PÚBLICO.’

"Consecuentemente, el hecho de que el legislador hubiera considerado calificar o agravar la pena de prisión respecto al delito de robo cuando se comete a un transeúnte, está justificado en la exposición de motivos, en la que se establece la absoluta necesidad de preservar el interés social, cuya protección penal se hace imprescindible, en aras del mantenimiento de una convivencia pacífica y que atiende al bien jurídico tutelado del delito robo y a la necesidad de que se haya incrementado su comisión en espacios abiertos y de libre acceso en los que el gobernado está más susceptible de sufrirlo; lo que definitivamente atiende al deterioro en el campo de la seguridad pública y los altos índices de crecimiento de la criminalidad que atentan contra el orden social; por ello, la razón que da el legislador no puede considerarse desproporcional a la necesidad social de salvaguardar la seguridad de las personas.

"Además, no incumple con las garantías de legalidad y taxatividad tutelada en el numeral 14 constitucional, porque el contenido de la fracción es concreto y unívoco no se advierte redacción vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.

"Tampoco viola el numeral 14 constitucional, en virtud de que, la pena que se establece para los casos en particular, es para ser impuesta por un tribunal previamente establecido, como a la ley expedida con anterioridad al evento criminoso y es aplicable exactamente al delito de que se trata.

"Asimismo, el precepto de referencia no viola el dispositivo 21 constitucional, en razón de que es el órgano jurisdiccional a quien compete imponer la penalidad correspondiente, sin que se autorice que sea de otra manera.

"Igualmente, debe estarse respecto al precepto 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que se determina la imposición de una pena de prisión a quienes se encuentren en el supuesto calificado por la ley, lo que además no constituye de ningún modo una contravención al artículo 18 constitucional, pues precisamente este numeral prevé como parte de la readaptación social la pena privativa de la libertad.

"Tampoco se vulnera el principio de proporcionalidad en tanto que el legislador estableció un mínimo y máximo para la aplicación de la pena privativa de libertad. Por tanto, no constituye una pena no humanitaria, cruel o excesiva que, al ser desproporcionada se aleja de los fines de la penalidad; ni tampoco es una pena trascendental, que pudiera ir más allá de la persona del delincuente.

"Efectivamente, la pena prevista por el legislador no es inconstitucional porque no deja a la autoridad jurisdiccional la decisión de imponer una pena que no se encuentre contemplada en la ley. Además, no resulta ser desproporcionada, conforme al sistema jurídico mexicano, ya que atiende a gravar el delito básico de robo por considerar la puesta en peligro de ciertos valores fundamentales de la sociedad, como se ha expuesto y en esa medida se cumple con la motivación a que el legislador está obligado.

"Por tanto, las tesis que refiere con los rubros siguientes: "‘PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’, ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.’, ‘PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY.’ y ‘LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA.’, no son aplicables en los términos que el inconforme pretende, pues en el caso, los criterios sostenidos en ellos, son acordes a los razonamientos en los que se sostiene la constitucionalidad de la norma en estudio.

"...

"SÉPTIMO.-Ahora bien, el peticionario de amparo, en el concepto de violación identificado con el número 2, sostienen (sic) que los artículos 70 y 72, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, son inconstitucionales, ya que no establecen factores específicos para graduar la culpabilidad, no indican la manera o nivel en que afectan o benefician al enjuiciado, ni la forma en que elevan o disminuyen el grado de culpabilidad, por lo que, transgreden los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, ya que dejan al arbitrio (capricho) del juzgador la aplicación de las penas, lo que se hace de manera infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental, y contraria a la dignidad del ser humano, con lo que se contraviene la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, así como el contenido de los preceptos 16, 18, 19, 20, 21 y 22 del mismo ordenamiento, pues la pena no se aplica con objetividad y justicia, creando así incertidumbre jurídica a los gobernados y, en el caso, desconocen por qué se le impuso una pena mayor a la mínima.

"En ese tenor, los preceptos que se tildan de inconstitucionales, establecen:

"‘Artículo 70 (Regla general). Dentro de los límites fijados por la ley, los Jueces y tribunales impondrán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, en los términos del artículo 72 de este código.

"‘Cuando se trate de punibilidad alternativa, en la que se contemple pena de prisión, el Juez podrá imponer motivando su resolución, la sanción privativa de libertad sólo cuando ello sea ineludible para los fines de justicia, prevención general y prevención especial.’

"‘Artículo 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:

"‘I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;

"‘II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;

"‘III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;

"‘IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;

"‘V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

"‘VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito;

"‘VII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y

"‘VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

"‘Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes.’

"El amparista sostienen (sic) que son inconstitucionales los anteriores preceptos, ya que, por los motivos que aducen se contraviene la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, así como con la garantía de legalidad que prevé el diverso 16 del mismo ordenamiento, numerales que señalan:

"‘Artículo 14. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’

"‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’

"‘Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.’

"‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías.’

"‘Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.

"‘El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

"‘La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.’

"‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.’

"Precisado lo anterior, debe decirse que este tribunal, en el expediente de amparo directo DP. 122/2013, resuelto en sesión de nueve de mayo de dos mil trece, determinó que el ejercicio de la facultad atribuida a los juzgadores penales para determinar el grado de culpabilidad del agente en la comisión de un delito, como requisito previo indispensable a la imposición de la pena dentro de los límites fijados por la ley (individualización), conforme a los parámetros y disposiciones del código sustantivo que se tildan de inconstitucionales, no pueden ser considerados irrestrictos, caprichosos, infamantes, crueles, excesivos, inusitados y trascendentales y menos aún atentar contra la dignidad del ser humano, pues el legislador estableció con precisión el marco a través del cual el juzgador habrá de ceñir su determinación para graduar el grado de culpabilidad.

"Esto es, los numerales en comento establecen directrices precisas para que el juzgador lleve a cabo la individualización de las penas y medidas de seguridad, que estime necesario aplicar dentro del marco normativo aplicable; por ello, este tribunal ha llegado a la conclusión que mientras mayores parámetros para la individualización prevea un ordenamiento legal, más se acercara a lo justo.

"Por tanto, el ejercicio del arbitrio judicial que se realiza ceñido al contenido de los preceptos cuestionados, conforme a los cuales los Jueces aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla; la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste colocado; las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado; la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron a delinquir, precisando que, cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres; las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito; las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, incluidos en su caso, los datos de violencia, la relación de desigualdad o de abuso de poder entre el agresor y la víctima vinculada directamente con el hecho delictivo, así como el comportamiento posterior del acusado en relación con el delito cometido; las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; así como el conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, no infringen la garantía de exacta aplicación de la ley penal consagrada en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, ni la garantía de legalidad que prevé el precepto 16 constitucional; pues se itera, la individualización legal, no es más que la organización de la individualización judicial, que fija los límites de la actuación del Juez trazando el campo de su arbitrio para establecer el grado de culpabilidad.

"Al respecto es aplicable la tesis de este Tribunal Colegiado, con clave de control TC019033.10 PE2, en trámite y pendiente de publicación:

"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. LAS REGLAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 72 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)

"Aunado a lo anterior, debe decirse que en relación a los bienes jurídicos y a las consecuencias en la vida social que emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el legislador fijó para quien cometa cada delito varían en proporción a su trascendencia, por lo que, debe decirse que en todo delito grave o no, el legislador estableció un parámetro mínimo a máximo, lo que es acorde con el principio de adecuada individualización de la pena, de ahí que, si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, para la aplicación de las sanciones se deben tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito, las peculiares del delincuente, la gravedad del ilícito, como el ‘grado de culpabilidad’ del agente, también es que ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de culpabilidad del sentenciado, y otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para imponer una sanción justa y adecuada al delito el tribunal debe examinar ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, sino complementarios, ya que el juzgador, al momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 72), debe realizar un estudio integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al evento delictivo, para lo cual se atenderá al contenido de las fracciones que dicho precepto prevé, y que en el caso, los quejosos señalan en el motivo de inconformidad que se analiza son inconstitucionales, estos factores esenciales para una adecuada individualización de la pena, son además, determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo; por lo que, es innegable que para una idónea individualización de la pena es necesario adminicular todos estos factores, por tanto, el juzgador debe analizar todas y cada una de las circunstancias precisadas en párrafos precedentes, y contrario a lo alegado los preceptos que se tildan de inconstitucionales, al establecer factores concretos a analizar se obtiene el grado de culpabilidad que presenta el reo, en el cual se incluyen tanto las circunstancias peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que se cometió, por lo anterior, se insiste que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26961-7166d618/robo-agravado-los-articulos-224-y-225-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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