SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL REGLAMENTO HOMOLOGADO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, PORQUE DE CONCEDERSE, SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, YA QUE DICHO ORDENAMIENTO JURÍDICO TIENE POR OBJETO LA SEGURIDAD VIAL Y EL BIENESTAR SOCIAL.
QUEJA 203/2016. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANTONIO CEJA OCHOA. SECRETARIO: ALEJANDRO BUCIO MÉNDEZ.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Estudio sistemático del primer y único agravio.
Son infundados los argumentos expuestos por la quejosa en su único agravio.
En términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se procede al estudio conjunto de los argumentos expuestos por la quejosa en su único agravio, en razón de que los mismos se refieren a cuestiones vinculadas con el análisis de la ponderación de la apariencia del buen derecho.
En efecto, en sus argumentos la quejosa expone, medularmente, que en la especie no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que, conforme a una ponderación entre la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social, sí resultaba procedente conceder la suspensión provisional, pues dice que se debió atender a que, en el caso, la quejosa cuenta con un permiso federal expedido por la autoridad competente para circular en el territorio nacional para el transporte de carga, lo que se restringe con las limitaciones impuestas en el reglamento impugnado.
Como se adelantó, los argumentos que esgrime la quejosa en su único agravio se estiman infundados, pues es criterio de este tribunal que, de concederse la suspensión, tal como acertadamente lo estimó el Juez de Distrito, se seguiría perjuicio al interés social y al orden público, siendo esta afectación mayor a la que la quejosa podría sufrir; lo cual se determina haciendo una ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la afectación que en el caso pudiera resentir el interés social.
En efecto, como se advierte de los antecedentes narrados, en el caso, la quejosa reclama el Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, en específico, los numerales del 37 a 45.
El reclamo principal lo hace depender de que dichos numerales se refieren a una serie de disposiciones que prevén algunas prohibiciones a vehículos de transporte de carga pesada; prohibiciones que, según la quejosa, le causan afectación por dedicarse a la referida actividad de transporte de carga pesada y que, además, cuenta con los permisos respectivos expedidos por la autoridad federal competente en términos de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Transporte de Carga.
Además de que, al poseer dichos permisos federales, por disposición expresa del artículo 46 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado, ya no tiene la obligación de tramitar los permisos que regula la legislación estatal.
En su demanda, la quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, específicamente para los siguientes efectos:
a. No se retiren de la circulación los vehículos propiedad de la quejosa.
b. Se permita a los vehículos propiedad de la quejosa seguir circulando por las vías regionales y metropolitanas, para cumplir con los contratos de transporte de largo itinerario.
c. Se permita a los vehículos de la quejosa seguir circulando por las calles y vías locales, regionales y metropolitanas, para cumplir con su objeto social.
d. Para el efecto de que no se apliquen en perjuicio de la impetrante los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León.
Como se ve, la quejosa pretendió, a través de la suspensión del presente juicio de amparo, lograr que las obligaciones y prohibiciones previstas en el reglamento cuestionado, para los vehículos de carga pesada no le fueran aplicadas.
En el caso, el Juez de Distrito consideró que, por lo que se refiere a los artículos 42, 46 y 47, no era procedente conceder la suspensión provisional ya que, en la especie, no se reunía el requisito para tal efecto, previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues consideró que de concederse la suspensión para los efectos pretendidos, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.
Así, después de explicar qué debe entenderse por orden público e interés social, y cuál era el criterio de nuestro Máximo Tribunal en el País, el a quo federal hizo referencia al artículo 129 de la Ley de Amparo, y adujo que dicho numeral establece diversos supuestos en los cuales se considera que se siguen esos perjuicios y se realizan las citadas contravenciones al interés social.
Asimismo, aclaró que el hecho de que el legislador haya indicado algunos supuestos de cuándo considera que se vulneran el orden público y el interés social, ello no quería decir que hubiese sido limitativo respecto a los supuestos en los que debe establecerse contravención a la citada porción normativa, ya que únicamente fijó criterios para que el intérprete de la ley establezca cuándo, en el caso concreto, se satisface o no el requisito establecido en el citado artículo 128, fracción II.
Así, después de transcribir y explicar el contenido de los artículos 42, 46 y 47 del reglamento impugnado, el juzgador adujo que de ellos se advertía que la finalidad de los mismos era proteger la seguridad vial, así como la integridad física tanto de los peatones como de los conductores e, incluso, la salud de éstos y el derecho a un medio ambiente sano, pues se prohíbe la circulación de los vehículos de transporte de carga pesada con tractor doblemente articulado, los cuales pueden representar un riesgo de accidentes debido a la dimensión de dichos vehículos; asimismo, se establecen ciertas prohibiciones relacionadas con la carga que transportan, como son: la prohibición de utilizar personas para sujetar o proteger la carga; transportar en vehículos abiertos material que despida mal olor y cadáveres de animales, y obstruir uno o más carriles de circulación por caída parcial de carga; así como ciertas obligaciones que se deben cumplir referentes a la forma en que se debe transportar la carga.
En ese sentido, adujo que de concederse la medida suspensional para que no se apliquen a la quejosa dichos preceptos legales, se afectarían el orden público y el interés social, pues se permitiría que los vehículos de carga pesada con tractor doblemente articulado, circulen por el área metropolitana sin observar las disposiciones aplicables y, además, se permitiría a la quejosa circular con carga sin observar las prohibiciones y obligaciones expresamente establecidas en los artículos 46 y 47 del reglamento impugnado, lo cual va en contra del orden público y el interés social, pues se pondrían en riesgo la integridad física y la seguridad vial de los peatones y conductores, así como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
Bajo esa tesitura, el resolutor primario expuso que el interés particular de la quejosa no podía estar por encima del interés social, pues la sociedad estaba interesada en que se cumplieran las disposiciones en materia de vialidad.
En esa idea, el a quo argumentó que haciendo una ponderación de la afectación al interés social y el perjuicio que en su caso pudiera resentir la quejosa, con la negativa de la suspensión provisional, se estimaba que debía prevalecer y protegerse, preferentemente, la no afectación al orden público pues, en su caso, se considera que el daño que podría sufrir la quejosa es meramente económico.
Finalmente, adujo que claramente podía vislumbrarse que la finalidad de los preceptos analizados era la seguridad de la ciudadanía en materia de tránsito vehicular; además de que la sociedad se encontraba interesada en que los sujetos obligados cumplieran debidamente con las medidas impuestas en los preceptos aludidos, que dada su naturaleza, tenían como finalidad la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito, a fin de que se generara una vialidad más ordenada y segura en beneficio de la colectividad.
Bien, en el caso, como ya fue adelantado, se coincide con el Juez en cuanto a que, de concederse la suspensión provisional para los efectos pretendidos por la quejosa, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público; lo cual se determina en una ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la afectación que en el caso pudiera resentir el interés social, concluyendo que, en la especie, es mayor la afectación que podría sentir la sociedad, en comparación con la afectación que pudiera resentir la quejosa, tal como enseguida se explica.
Para demostrar lo anterior, es necesario precisar el contenido del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."
Del precepto transcrito se desprende que el Constituyente dispuso que fuera el legislador quien, a través de la expedición de la ley reglamentaria, determinara los casos y condiciones en que la suspensión será procedente o improcedente; y que en cuanto a normar la decisión al respecto, opere una ponderación entre los dos conceptos que representan los fines perseguidos por la suspensión, a saber: la apariencia del buen derecho, que basada en un análisis superficial y provisional del acto, permite determinar, así sea en grado de probabilidad, que le asiste a la quejosa el derecho pretendido, y que la pretensión no es manifiestamente infundada, frívola o desacertada, así como el mayor o menor riesgo de que ese derecho se vea irremediable o difícilmente reparable, si el acto no se suspende; y, en el otro extremo, el interés social, representado por el conjunto de bienes jurídicos e intereses de índole colectivo y, por ende, superior, cuya promoción y salvaguarda también se encomiendan al legislador y al Juez.
Vista así, la referida ponderación constituye una expresión normativa fundamental de la suspensión del acto reclamado, que hace a la precautoria más equilibrada, pues permite dotarla de mayor eficacia cautelar y, a la vez, evita el abuso de la medida y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social, por lo que es en función de la misma, cuando la naturaleza del acto lo permita, que la discrecionalidad que se confiere a los Jueces se encuentra normada.
No obstante, esa expresión normativa fundamental, al ser objeto de regulación y expresión específicas mediante la expedición de la ley reglamentaria por parte del legislador, obtiene manifestaciones particulares o especiales, en las que se enfatizan los elementos de control de la discrecionalidad o la propia ponderación, en relación con el derecho que asista al particular que pretende la medida, el peligro en la demora y, esencialmente, la salvaguarda de bienes jurídicos colectivos también tutelados por el propio ordenamiento, así como la premisa de que la suspensión no resulte lesiva a los intereses representativos del orden público o el interés social.
Es así que la ponderación prevista en la fracción X del artículo 107 constitucional, adquirió diversas manifestaciones al expedirse la Ley de Amparo, pues al asumir, en seguimiento pleno de la voluntad del Constituyente, la labor de determinar en la ley reglamentaria los diversos supuestos y condiciones en que la suspensión sería procedente, el legislador estableció, sin más límite que el impuesto por la Constitución, un conjunto de elementos normativos, sustantivos y formales, aplicables a la medida precautoria, así como para normar la decisión a adoptarse por los Jueces, en los casos en que se les reconoció la libertad de decidir sobre la medida en uso de su discrecionalidad.
Importa destacar que el legislador, al expedir la ley reglamentaria en vigor, no sólo reconoció al Juez la discrecionalidad que el Constituyente dispuso que se le otorgara para decidir sobre la suspensión del acto reclamado, sino que también ejerció en forma directa la facultad que le otorgó el Constituyente para determinar supuestos en los que la suspensión es procedente, y otros en los que no lo es, casos en que es el propio legislador quien efectuó la ponderación relativa a la procedencia de la medida para la salvaguarda de bienes jurídicos tutelados, de naturaleza colectiva y prioritaria. En efecto, este último supuesto es el que ocurre en el artículo 129 de la Ley de Amparo, en donde el legislador dispuso expresamente en qué casos no procede la suspensión, dejando plena libertad al juzgador para que en otros diversos a los expresamente previstos, determine si se contraviene o no el interés social o el orden público.
Incluso, lo anterior se aprecia con facilidad de la propia redacción del artículo 129 de la Ley de Amparo, de donde se advierte que los supuestos que prevé son enunciativos, mas no limitativos.
En efecto, el numeral en cuestión en su parte inicial refiere:
"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: ..."
Como se aprecia del numeral anterior, la propia disposición refiere que los supuestos que enuncia son, entre otros casos, los que evidencian que sí existe la posibilidad, como ya fue expuesto y tal cual lo sostuvo el Juez de Distrito, de que existan más casos a los ya previstos en ese numeral, en que se pueda seguir perjuicio al interés social o en que se contravengan disposiciones de orden público; casos que, como ya se detalló, habrán de ser determinados en cada caso concreto por los juzgadores de amparo.
Ahora bien, retomando el punto medular del asunto, como ya se ha dicho con anterioridad, y como correctamente lo sostuvo el Juez de Distrito, en el caso particular, de concederse la suspensión provisional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, siendo mayor la afectación que resentiría la sociedad, al daño que podría resentir la quejosa.
Así es, de las disposiciones reclamadas por las que el a quo negó la suspensión provisional, puede apreciarse, como ya se expuso antes, que las mismas prevén una serie de obligaciones y prohibiciones para los vehículos de carga pesada.
Para comprender mejor las prohibiciones contenidas en dichos dispositivos legales, conviene traer éstos a la vista:
"Sección 5. De los vehículos de transporte de carga pesada"
"..."
"Artículo 42. Queda estrictamente prohibida la circulación de vehículos de transporte de carga pesada con tractor doblemente articulado, es decir con una configuración T-S-R (tracto camión-semirremolque-remolque) o T-S-S (tracto camión-semirremolque-semirremolque)."
"..."
"Artículo 46. Los conductores de los vehículos en movimiento que transporten carga, tienen prohibido lo siguiente:
"I. Utilizar personas para sujetar o proteger la carga;
"II. Transportar en vehículos abiertos, material que despida mal olor;
"III. Transportar en vehículos abiertos, cadáveres de animales;
"IV. Transitar por zonas restringidas; o
"V. Obstruir uno o más carriles de circulación por caída parcial o total de la carga."
"Artículo 47. Los conductores de vehículos de carga deberán cumplir lo siguiente:
"I. Acomodar la carga dentro de los límites laterales del vehículo y de forma que no obstruya su visibilidad;
"II. Cubrir, mojar y sujetar al vehículo la carga que pueda esparcirse y sujetar debidamente los cables tensores, lonas y demás accesorios que sujeten la carga;
"III. Que el peso y dimensiones de la carga cumplan con la norma oficial mexicana correspondiente;
"IV. Proteger durante el día con banderolas rojas de un tamaño no menor a 50-cincuenta centímetros por lado la carga que sobresalga a la parte posterior del vehículo. De noche esta protección será con luces rojas visibles por lo menos desde 300-trescientos metros. En ningún caso la carga sobresaliente podrá tener longitud mayor a la cuarta parte de la longitud del vehículo. No se podrá transportar carga sobresaliente cuando las condiciones climatológicas dificulten la conducción;
"V. Portar la autorización correspondiente cuando transporte explosivos, material tóxico o materiales peligrosos. En este caso el vehículo deberá contar con las características adecuadas para transportar dicha carga; de acuerdo al Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; y,
"VI. Abstenerse de utilizar personas para sujetar la carga y abstenerse de transportar carga que arrastre."
Como se aprecia de los dispositivos anteriores, el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey prevé una serie de obligaciones y prohibiciones para los vehículos de transporte de carga pesada pues, por lo que hace al artículo 42, de éste se advierte que queda estrictamente prohibida la circulación de vehículos de transporte de carga pesada con tractor doblemente articulado; es decir, con una configuración T-S-R (tracto camión-semirremolque-remolque) o T-S-S (tracto camión-semirremolque-semirremolque).
Por lo que ve al artículo 46, de éste se desprenden ciertas prohibiciones para los conductores de los vehículos en movimiento que transporten carga, como son: que utilicen personas para sujetar o proteger la carga; transporten en vehículos abiertos material que despida mal olor o cadáveres de animales; transiten por zonas restringidas, u obstruyan uno o más carriles de circulación, o la caída parcial o total de la carga.
Mientras que del contenido del artículo 47 se advierte que los conductores de vehículos de carga deberán cumplir con determinados requisitos, como los de acomodar la carga dentro de los límites laterales del vehículo, de forma que no obstruya su visibilidad; cubrir, mojar y sujetar al vehículo la carga que pueda esparcirse y sujetar debidamente los cables tensores, lonas y demás accesorios que sujeten la carga; que el peso y dimensiones de la carga cumplan con la norma oficial mexicana correspondiente; proteger durante el día con banderolas rojas de un tamaño no menor a 50 cincuenta centímetros por lado, la carga que sobresalga de la parte posterior del vehículo. De noche esta protección será con luces rojas visibles por lo menos desde trescientos metros. En ningún caso la carga sobresaliente podrá tener longitud mayor a la cuarta parte de la longitud del vehículo, y no se podrá transportar carga sobresaliente cuando las condiciones climatológicas dificulten la conducción.
Asimismo, portar la autorización correspondiente cuando transporten explosivos, material tóxico o materiales peligrosos. En este caso, el vehículo deberá contar con las características adecuadas para transportar dicha carga, de acuerdo al Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y abstenerse de utilizar personas para sujetar la carga y abstenerse de transportar carga que arrastre.
Efectivamente, de los efectos para los que la quejosa solicita la suspensión, se advierte que su pretensión es que se dejen sin efecto o no se le apliquen las obligaciones y prohibiciones expresas previstas en el reglamento.
Así, la quejosa pretende dejar sin efectos la previsión contenida en el reglamento reclamado, pues ésta expresamente prohíbe la circulación de vehículos de transporte de carga pesada.
En ese contexto, si la quejosa pretende que no se le apliquen las obligaciones y prohibiciones previstas en dichos numerales, resulta inconcuso que de concederse la suspensión solicitada, se contravendrían disposiciones de orden público.
Ello es así, porque pretende que se le permita circular sin el permiso a que se refiere el artículo 42 del reglamento, además de que no se le impongan multas por no tener dicho permiso, y por faltar a todas las obligaciones ya referidas en los párrafos que anteceden, así como que no se le aplique el cobro por maniobras que refiere el artículo 45 del ordenamiento citado.
Pues bien, como lo señaló el Juez de Distrito, en el caso es improcedente conceder la suspensión para los efectos señalados pues, como ya se ha dicho antes, de concederse la medida cautelar se seguiría afectación al orden público y al interés social.
Así es, el artículo 1 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León, prevé lo siguiente:
"Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, de interés social y de observancia obligatoria, tienen por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública, así como la seguridad vial en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.
"Las disposiciones de este reglamento son aplicables a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado en el país o el extranjero y que circule en el territorio del Municipio de Monterrey, Nuevo León. En el presente ordenamiento se establecen las normas respecto a sus movimientos, circulación y estacionamiento, así como las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros o de carga y descarga. De igual forma, determina las condiciones legales y de seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus conductores para su circulación."
Bien, del dispositivo anterior se aprecia con claridad que el citado reglamento es de orden público y de interés social, así como de observancia obligatoria, mismo que tiene por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública, así como la seguridad vial en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.
Asimismo, se destaca que en el segundo párrafo del mismo numeral se aprecia que el reglamento determina las condiciones legales y de seguridad a las que deben ajustarse los vehículos y sus conductores para su circulación.
De lo anterior puede apreciarse que las disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey sí son de orden público e interés social, no sólo porque expresamente así lo diga el reglamento, sino porque tienen por objeto regular la seguridad vial en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, pues determinan las condiciones legales y de seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus conductores para su circulación.
En efecto, como bien lo refirió el Juez de Distrito y, en su caso, la quejosa en su medio de defensa, las nociones de orden público e interés social no pueden configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se funda o a la que pertenece el acto reclamado, sino que es necesario analizar las disposiciones impugnadas para evidenciar si su naturaleza tiende a los fines de protección de tales aspectos.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.3o.A. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, materia administrativa, página 383, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.-De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad."
Ahora bien, en general, puede apreciarse que las disposiciones del reglamento tienden a la protección del interés social y buscan establecer el orden público, porque se aprecia, como ya se vio, que los dispositivos del ordenamiento tienen como objeto regular la seguridad vial en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, determinando las condiciones legales y de seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus conductores para su circulación.
Así entonces, puede vislumbrarse que la esencia del reglamento es establecer las disposiciones en materia de tránsito vehicular que lleven el mayor bienestar de la colectividad, a través del establecimiento de medidas que tiendan a la seguridad de conductores y peatones, lo que implica, entonces, que sí se trata de un ordenamiento que contiene disposiciones de interés social y orden público pues, se insiste, su finalidad es la seguridad de la ciudadanía en materia de tránsito vehicular.
Ahora bien, en el caso, para verificar si las disposiciones específicamente reclamadas, por su naturaleza, buscan el orden público y atienden al interés social, es pertinente verificar la finalidad de dichas normas, en atención al acto formal que les dio vida; es decir, la discusión de cabildo en que fue aprobado el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León.
Así entonces, se advierte que el citado ordenamiento jurídico fue aprobado en la sesión extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, celebrada el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, misma que en la parte conducente a la discusión y aprobación dice:
"En uso de la palabra el C. Regidor ********** dijo: ‘... algo que quiero decir y quiero subrayar, como muy positivo de este reglamento, es que se han tomado en cuenta las voces ciudadanas de no permitir o más bien delimitar, delimitar el transporte de carga pesada a un horario. Como es de todos conocido, la ciudad es un caos en el tráfico, lo han reportado así medios de comunicación, y los que vivimos la experiencia de transitarla sabemos que es así. Esto definitivamente, creemos, y según los estudios técnicos que tiene los que proyectaron este documento, es que va a dar un desfogue de las seis de la mañana a las diez de la noche para que haya un tráfico más holgado, más continuo y, definitivamente, no permitir que el transporte pesado... y no es porque no se quiera permitir, sino es porque la ciudad y la capacidad del tráfico ya no da para esa situación, creció de tal manera la ciudad, creció de tal manera el parque vehicular, que ya no se encontró otra solución...’
"A lo que el C. Secretario del Ayuntamiento dijo: ‘Gracias compañero. Toda vez que no manifestó que se reservaba en lo particular, se procede a la discusión en lo general, solicitando en este momento si algún integrante del Pleno desea hacer algún comentario en lo general nos lo haga saber, ¿tienen algún comentario? Adelante compañero David.’
"En uso de la voz el C. Regidor ********** dijo: ‘Sí, buenos días a todos, alcalde, síndicos, regidores, ciudadanos... tuvimos la participación de ciudadanos que llegaron con sus ideas y las entregaron directamente aquí al Cabildo, pero una de las cosas con las que yo me quedo, y que nos va a hacer de mucha utilidad a todos los regidores, es que actualmente tenemos una gran cantidad de quejas, principalmente en la zona sur de la ciudad, con el aumento del tráfico pesado, (sic) con las colonias privadas, a veces subiendo y bajando los camiones con materiales causando daño al pavimento, causando daño hacia el sentido vial diario, causando congestionamiento donde antes no había, y creo que ésta es una manera de una salida rápida, y si es bien aplicada va a tener un gran beneficio...’"
Bien, como se aprecia de la participación de los regidores, en relación con las disposiciones del reglamento atinentes a los vehículos de transporte de carga pesada, éstos son claros en señalar los siguientes puntos importantes:
1. Se tomarán en cuenta las voces ciudadanas de delimitar el transporte de carga pesada a un horario.
2. La ciudad es un caos por el tráfico, lo cual ha sido reportado por medios de comunicación, y es un hecho conocido para quien transita por la ciudad.
3. Según los estudios técnicos realizados para la elaboración del dictamen y, por ende, de las disposiciones del reglamento, se va a dar un desfogue de las seis de la mañana a las diez de la noche, para que haya un tráfico más holgado y continuo.
4. Que no es que no se quiera permitir el transporte pesado, sino que la ciudad y la capacidad del tráfico ya no da para esa situación, pues creció de tal manera la ciudad y creció de tal manera el parque vehicul
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26975-ec75f8d5/suspension-es-improcedente-concederla-contra-el-reglamento-homologado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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