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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y SU ÁREA METROPOLITANA, QUE ESTABLECEN, RESTRINGEN Y LIMITAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. · Registro digital (IUS): 27482
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-11-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Pág. 1608.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 13 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ Y JESÚS RODOLFO SANDOVAL PINZÓN. DISIDENTE Y PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIO: OMAR CASTRO ZAVALETA BUSTOS.

Monterrey, Nuevo León. Resolución del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión del día trece de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS; para resolver, los autos del expediente de contradicción de tesis 2/2017; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 3846/2017, presentado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, ante el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, comunicó la resolución emitida por el órgano jurisdiccional de su adscripción, el veintitrés de ese mes y año, en el recurso de queja 169/2017, en la que, el referido órgano jurisdiccional, denunció la posible contradicción de criterios, suscitada con relación al establecido por Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 101/2017.

SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, formó y registró el expediente de contradicción de tesis respectivo, acordó admitir a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis y solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para que remitiera el archivo con firma electrónica, al correo electrónico oficial pleno4ctoadmin@correo.cjf.gob.mx, así como copia certificada de la ejecutoria emitida al resolver el recurso de queja 101/2017 y de las que se hubieran resuelto en similar sentido, para la debida integración del expediente en que se actúa; lo anterior, de conformidad con el artículo 47 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

Asimismo, en el acuerdo de previa mención, se solicitó a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, informaran si los criterios sustentados, se encontraban vigentes o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

En acuerdo de seis de marzo de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, agregó a los autos el oficio 86/2017, signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual informó que ese Tribunal Colegiado ya se pronunció con relación al tema de que se trata la presente contradicción de tesis e, incluso, emitió la jurisprudencia identificada con la clave TC042A-10K0.092.1, de título y subtítulo "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 37 AL 48 DE LOS NUEVOS REGLAMENTOS HOMOLOGADOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY, QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, MONTERREY, ESCOBEDO, APODACA, GUADALUPE, SANTA CATARINA, JUÁREZ Y SANTIAGO, TODOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE ENTRARON EN VIGOR LOS DÍAS UNO Y CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE."

Del mismo modo, se tuvo por recibido el oficio 74/2017-T, signado por el secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado por ese tribunal en el recurso de queja 169/2017-I, se encuentra vigente; en la propia fecha -seis de marzo de dos mil diecisiete-, también se agregó oficio 76/2017, suscrito por el secretario de tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional en el recurso de queja 101/2017, se encuentra vigente y remitió copia certificada de las resoluciones emitidas en los recursos de queja 101/2017, 65/2017, 67/2017, 100/2017, 105/2017, 106/2017, 152/2017, 161/2017, 162/2017, 165/2017 y 166/2017.

Asimismo, agregó para los efectos legales a que hubiere lugar, el oficio CCST-C-115-02-2017, suscrito por la maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del cual se advierte que solicitó al licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos del citado Alto Tribunal, su colaboración para que, de no existir impedimento legal alguno, informara si existe o no contradicción de tesis alguna radicada en el mismo tribunal, sobre el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 27 del Acuerdo General Número 20/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-127-03-2017, mediante el cual se tuvo a la maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posteriormente, al estar debidamente integrada la presente contradicción de tesis, y conforme al sistema de turno aleatorio, por auto de veintiocho de marzo del presente año, le correspondió al Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, elaborar el proyecto de sentencia, el cual fue puesto a discusión en sesión plenaria de trece de junio de dos mil diecisiete, en donde, por mayoría de votos, se resolvió votar en contra de la propuesta inicial del asunto y se ordenó turnar el proyecto al Magistrado José Elías Gallegos Benítez, para su engrose; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis en materia administrativa, entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dado que participa en la presente contradicción de tesis; por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

Ver considerando tercero

Ver considerando cuarto

QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis. El Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determina que existe la contradicción denunciada, únicamente en cuanto a si, de concederse la suspensión provisional, respecto de la aplicación de los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 y 47, fracción IV, del homologado Reglamento de Tránsito y Vialidad para los Municipios que integran la zona Metropolitana de Monterrey, vigente a partir de enero de dos mil diecisiete, se contravienen o no disposiciones de orden público y se afecta el interés social; dado que, en los criterios contendientes, los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados, se ocuparon de esa cuestión jurídica y resolvieron en sentidos distintos, conforme se expone enseguida.

Para dar claridad a la afirmación que antecede, es necesario atender que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 de la Ley de Amparo, la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, se suscita cuando éstos, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia:

1) Hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y,

2) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Del mismo modo, resulta aplicable la tesis XLVII/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 67, Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

Previo al análisis comparativo de las ejecutorias en contradicción de tesis, es importante destacar que el recurso de queja 169/2017, se resolvió por mayoría de votos de los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pues de esa ejecutoria se advierte que el Magistrado Miguel Ángel Cantú Cisneros fue disidente y formuló voto particular "por lo que hace a la concesión de la suspensión de los actos reclamados" por las razones que expuso en los votos particulares que formuló, entre otros, en los recursos de queja 30/2017, 32/2017 resuelto en sesión de veintitrés de enero de dos mil diecisiete; 37/2017, 38/2017, 39/2017 y 40/2017, fallado en sesión de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, a las que hizo remisión en aras de no incurrir en repeticiones innecesarias y de cuyas ejecutorias se advierte que el voto particular se expuso en los siguientes términos:

"...

"Voto particular del Magistrado Miguel Ángel Cantú Cisneros.

"Respetuosamente, disiento del criterio adoptado por mis compañeros de Pleno, pues en el caso considero que debió declararse fundado el recurso de queja al no reunirse el diverso requisito, contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida precautoria se contraviene el orden público e interés social.

"Para ello, debe considerarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones, cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría.

"De lo anterior puede afirmarse que el orden público, constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad.

"Además, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga.

"Ahora bien, el quejoso reclamó, entre otros, la inconstitucionalidad de los artículos del Reglamento de Tránsito y Vialidad de los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Juárez, San Pedro Garza García, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina y Escobedo, todos del Estado de Nuevo León, así como las consecuencias mediatas e inmediatas del acto reclamado, y solicitó la suspensión esencialmente para el efecto de que no se retiren de la circulación los vehículos de su propiedad y le fuera permitido seguir circulando por las vías regionales y metropolitanas y que no le sea aplicado en su perjuicio lo dispuesto por los artículos del reglamento municipal impugnados.

"En esa línea argumentativa, estimo que debía declararse fundado el agravio de la autoridad recurrente, puesto que debe prevalecer el objetivo primario que persigue el reglamento reclamado, consistente en ordenar de forma armónica la convivencia social en el territorio municipal procurando un bienestar social y la implementación de normas en ese sentido, busca otorgar mayor seguridad y certeza jurídica a los gobernados que participan en los escenarios viales, toda vez que las normas impugnadas regulan la circulación de vehículos de carga pesada por vías y horarios limitados, puesto que exentar a la quejosa de tales regulaciones implicaría la ineficacia de las medidas que tanto la sociedad como el Estado tienen interés en implementar a efecto de otorgar seguridad vial al área Metropolitana; de modo que, otorgar la suspensión provisional equivale a evitar que se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría, lo cual es de orden público; de ahí que, no se reúne el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.

"Se afirma lo anterior, porque se coincide con lo expuesto por la autoridad recurrente, respecto a que, el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Nuevo León, es de orden público e interés social, acorde con su artículo 1o., y a través de los artículos que el quejoso tildó de inconstitucionales, dicho ordenamiento legal establece la regulación de la circulación de los vehículos de trasporte de carga pesada a través de las vías que forman parte de la red troncal, acorde con los anexos del citado reglamento y el horario de esa circulación; asimismo regula lo relativo a la expedición de los permisos para que dichos vehículos puedan circular por las vías limitadas en dichos anexos, que de acuerdo con las características de peso, dimensiones y capacidad de dichos vehículos refiere a la aplicación de la norma oficial mexicana correspondiente; contiene también la restricción para la circulación de vehículos de transporte de carga pesada con tractor doblemente articulado (configuración T-S-R tractocamión-semirremolque-remolque o T-S-S tracto camión-semiremolque-semiremolque-) en determinados tramos; además de los términos y requisitos en que podrán otorgarse permisos para la circulación de dichos vehículos por las vías limitadas y restringidas por el Municipio, que la autoridad municipal analizará cada caso en específico, señalando con claridad en el permiso, la fecha de expedición, ruta, vigencia, horario y demás condiciones que se requieran; y, finalmente, determina el costo de expedición de los citados permisos, señalando que el ingreso obtenido por concepto de los permisos para circular vehículos de transporte de carga pesada será destinado para el mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica de las vías del Municipio.

"De forma que considero que no se acredita el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues lo cierto es que la suspensión de los actos en atención a lo solicitado por la impetrante, contraviene disposiciones de orden público e interés social, toda vez que con la concesión de la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que los vehículos de su propiedad, se les permita circular por las vías regionales y metropolitanas sin que le sea aplicado en su perjuicio lo dispuesto por los artículos del reglamento controvertido, ni se retiren de circulación los vehículos de su interés, se afectaría el interés social y permitiría la circulación de vehículos de trasporte de carga pesada por las vías limitadas y restringidas por el Municipio de Monterrey, Nuevo León, sin los permisos municipales correspondientes y para el caso, impera el interés de la sociedad para que se cumplan con el ordenamiento reglamentario en cita, el cual tiene por objeto, acorde con su artículo 1o., de regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública, así como la seguridad vial en dicho Municipio y en caso de infracción a las normas establecidas, se apliquen las sanciones previamente establecidas, que garantiza su debido cumplimiento.

"Lo anterior impide que al amparo de una medida cautelar, se autorice la circulación de dichos vehículos por las vías limitadas y restringidas por el Municipio, pues lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social, más allá del resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del particular, en consideración de lo cual, cabe sostener que, el quejoso podrá obtener los permisos correspondientes que permitan a los vehículos de trasporte de carga pesada de su propiedad, circular por las vías señaladas como limitadas por el propio Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León.

"En ese sentido, si bien es cierto que, acorde con el principio de apariencia del buen derecho, se debe ponderar la obtención de la suspensión provisional de los actos contra el beneficio de la colectividad, considerando para ello la actividad de transporte de carga que el quejoso realiza, bajo un asomo anticipado de la posible inconstitucionalidad de los actos reclamados; lo cierto es que esa ponderación se debe observar previa demostración a los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no ocurre, así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 15/96,(1) que se transcribe:

"‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.-La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.’

"De ese modo, estimo que los actos no son suspendibles, pues permitir que los vehículos de carga pesada como los que opera la parte quejosa, circulen por el área metropolitana, sin observar las disposiciones aplicables, no se reúne el requisito previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, al transgredirse el interés social y el orden público y en el caso, debe privilegiarse el interés general, respecto a la eficacia de las diversas normas que sancionan las faltas y transgresiones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad por lo que hace al Municipio de Monterrey, Nuevo León, el cual se ve beneficiado con la seguridad en el tránsito y vialidad que dichas disposiciones buscan preservar, por encima de la afectación que pudiera sufrir el agraviado, además de que la sociedad se encuentra interesada en que los sujetos obligados en dicho orden jurídico cumplan debidamente con las obligaciones establecidas en el mismo, que dada su naturaleza tienen como finalidad la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten en dicho Municipio, para lo cual se requiere de la participación comprometida de la autoridad competente para aplicar y sancionar su infracción y la obligación solidaria de la ciudadanía de respetarla para que se genere una vialidad más ordenada en beneficio de la población.

"En ese sentido, mi postura lo es en cuanto a considerar que otorgar la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de permitir que los vehículos de carga pesada como los que opera la quejosa, circulen por el área metropolitana sin que sean retirados de la circulación por la autoridad municipal, sin observar las disposiciones aplicables, no reúne el requisito previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida precautoria, se ocasionaría un perjuicio al interés social, por lo que estimo que se debió declarar fundado el recurso de queja.-Rúbricas.-Doy fe. ..."

En esos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27482-ed6dff98/suspension-provisional-procede-contra-la-aplicacion-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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