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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD QUE RESTRINGEN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA (LEGISLACIÓN DE JALISCO Y DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2020. · Registro digital (IUS): 29541
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-10-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Pág. 977.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 22 DE ABRIL DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre un Tribunal Colegiado y un Pleno de diferentes Circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.—Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el párrafo primero de la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por el Tribunal Colegiado que emitió una de las sentencias que aquí participan y que se opone al criterio de un Pleno de Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los órganos colegiados:

I. Al resolver la queja 31/2020, en sesión de quince de enero de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, sostuvo el criterio siguiente:

"QUINTO.—Son jurídicamente ineficaces los agravios hechos valer.

"Previo a exponer las razones que sustentan la anterior calificativa es necesario realizar una reseña de las actuaciones que obran en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 2721/2019, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte lo siguiente:

"I. Bebidas Mundiales, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado interpuso demanda de amparo, contra los actos de las autoridades señaladas en el resultando primero de la presente ejecutoria, y solicitó la suspensión en los siguientes términos:

"‘... solicito la suspensión provisional, y en su caso la definitiva, de los actos que se reclaman, a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se restrinja en forma alguna, ni mucho menos se condicione a mi representada, la circulación de los vehículos de su propiedad, en los ilegales términos establecidos dentro de los actos reclamados dentro del presente ocurso, hasta entonces no se resuelva el fondo del presente juicio de amparo, ordenándose abrir por duplicado y en cuerda separada el cuadernillo correspondiente, siendo importante señalar al respecto que a dichos actos reclamados de ninguna manera puede revestirles el carácter de consumado, ello en virtud de que los mismos resultan un conjunto de normas generales, abstractas e impersonales, que revisten la calidad de un acto de naturaleza autoaplicativa, ya que con su sola expedición irrumpe en la esfera jurídica de mi poderdante y, en consecuencia, su propia condición ocasiona que sus efectos sean continuos y no consumados, al prever situaciones jurídicas que no necesitan de un acto posterior de autoridad, para afectarla, razón por la cual es que la concesión de la medida solicitada, resultará por demás apegada a derecho ...’

"II. En resolución de siete de enero de dos mil veinte, la Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien correspondió conocer de la demanda por razón de turno negó la suspensión provisional, atendiendo a las siguientes consideraciones torales:

"- Estimó que no se satisfizo el requisito que para la concesión de la suspensión exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"- Determinó que en caso de concederse la suspensión respecto a las consecuencias que genera el acto reclamado se vulneraría el orden público y el interés social, toda vez que la colectividad sería privada del beneficio relativo al mejor aprovechamiento de la infraestructura de la red de vialidades de jurisdicción estatal, infiriéndole un daño que de otra manera no resentiría.

"- Consideró que las reformas contenidas en el Decreto 27591/LXII/19, se emitieron con la finalidad de contribuir a una mejor circulación en el tráfico de la ciudad, así como a un mejor aprovechamiento de la red de vialidades, con el objeto de reducir los graves problemas de tránsito y vialidad que se presentan con motivo de la circulación de transporte de carga pesada que circula sin mayor regulación, provocando desorden territorial.

"- Concluyó que de concederse la suspensión se causaría una afectación al interés social, porque la sociedad se encuentra interesada en que este tipo de normativa restrictiva o condicionante, sea cabalmente cumplida, toda vez que tiende a garantizar y salvaguardar el bienestar de la comunidad, por las consecuencias fatales que la transgresión de las reglas de vialidad y transporte ha ocasionado, aunado a que no se encuentra acreditado que las restricciones impuestas repercutan en la regularidad de la actividad social y económica de la colectividad.

"Inconforme con la anterior determinación la quejosa interpuso el presente recurso de queja.

"En el primer agravio la recurrente manifiesta que, contrario a lo determinado por la Juez de Distrito, no existe sustento técnico alguno mediante el cual se determine, con toda claridad, que únicamente los transportes de carga cuya circulación restringen los actos reclamados son las causantes de un deficiente aprovechamiento de la red de vialidades, como de accidentes fatales, ya que es un hecho evidente que la carga vehicular y percances de tráfico son ocasionados, en mayor medida por los automotores particulares y por el servicio público de transporte.

"Aduce que es factible otorgar la suspensión toda vez que cuenta con autorización para desarrollar la actividad de transporte de carga, y no se afecta el interés social ni se contraviene el orden público, pues se encuentra en la hipótesis de la apariencia del buen derecho garantizado por los artículos 5o. y 11 de la Constitución, en relación con los derechos a la libertad de trabajo y de tránsito, cuyo ejercicio no puede restringirse, ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna establece.

"Señala que el juzgador debió tomar en consideración el interés social mayor, que en este caso es el orden público, el cual no sólo consiste en el bienestar colectivo, sino en un fin más relevante que es la armonía social, esto es, la coexistencia pacífica entre los actos de la administración y la eficacia de los derechos y las libertades de los gobernados, y a su vez analizar si con una posible negativa puede causarse una mayor afectación al interés social, pues repercute en la regularidad de la actividad social y económica de la población, derivada de las restricciones de tránsito a los vehículos de carga, que contribuyen al reparto de satisfactores para las necesidades de los habitantes.

"En el segundo agravio la disconforme alega que el Juez Federal omitió realizar una apreciación de carácter provisional respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, ya que no tomó en consideración las irregularidades que se encuentran en los actos reclamados, mismas que de haber sido analizadas resultarían suficientes para conceder la suspensión provisional, en atención al principio de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, máxime que la quejosa acreditó fehacientemente su interés suspensional con la exhibición de dieciocho tarjetas de circulación, respecto de la misma cantidad de vehículos de tractocamión de su propiedad.

"No asiste razón jurídica a la quejosa.

"De la lectura del Decreto Número 27591/LXII/19, mediante el cual se reforman los artículos 5, 43, 71, 174, 180 y 183; y se crean los artículos 71 Bis, 71 Ter, 71 Quáter y 174 ter, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; y de los lineamientos, el mapa funcional y su mapa anexo que regulan la circulación de vehículos de carga en el área metropolitana de Guadalajara, se advierte que contemplan una restricción horaria para la circulación de vehículos de carga en el área metropolitana de Guadalajara, de lunes a domingo durante el periodo comprendido entre las 06:00 y las 09:00 horas, en el polígono establecido en los mapas, así como sus casos de excepción.

"Por su parte la quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se restrinja la circulación de los vehículos de su propiedad en los términos establecidos en los artículos controvertidos.

"En el presente caso, como acertadamente lo determinó la Juez de Distrito, no es factible otorgar la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se satisface el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida precautoria se contravendría el orden público y se afectaría el interés social.

"Para percatarse de ello, debe considerarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios, que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

"De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y es una garantía de la sociedad, para que personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social, en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad.

"Además, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo cual, con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso y a los derechos de otras personas, que de no ser por la limitación resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado, en relación con la libertad de las personas, del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga.

"Ahora bien, adverso a lo afirmado por la quejosa debe prevalecer el objetivo primario que persigue el reglamento reclamado, consistente en ordenar, de forma armónica la convivencia social en el territorio metropolitano, procurando el bienestar social y la implementación de normas que en ese sentido buscan otorgar mayor seguridad a los gobernados que participan en los escenarios viales, toda vez que las normas impugnadas restringen la circulación de vehículos de carga pesada por vías y horarios limitados, de ahí que exentar a la quejosa de tales regulaciones implicaría la ineficacia y nula aplicación de las medidas que tanto la sociedad como el Estado tienen interés en implementar a efecto de mejorar la seguridad vial en el área metropolitana.

"Se afirma lo anterior, toda vez que en el acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos, el mapa funcional y su mapa anexo que regulan la circulación de vehículos de carga en el área metropolitana de Guadalajara, se expuso:

"‘Que la mancha urbana ha crecido más allá de lo previsto, superando límites tácitos como el anillo periférico, estableciendo así una nueva territorialidad urbana de la metrópoli, por lo que, con la finalidad de propiciar la reducción de accidentes derivados de hechos viales, así como reforzar condiciones de orden que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara ...’

"Además, es un hecho notorio para este Tribunal Colegiado que actualmente existen complicaciones de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara, así como que, entre los actores que ocasionan accidentes viales, se encuentran los vehículos de carga pesada.

"De ahí que, otorgar la suspensión provisional equivaldría a privar a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o inferirle un daño que de otra manera no resentiría, por lo que no se reúne el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.

"Se afirma lo anterior, porque las normas reclamadas son de orden público e interés social, y a través de los artículos que el quejoso tildó de inconstitucionales se establece la regulación de la circulación de los vehículos de trasporte de carga pesada, es decir, el bien jurídico tutelado en el ordenamiento reclamado lo constituye la seguridad vial, que contribuye al bienestar social y sobre todo, a resguardar la integridad y la salud de las personas, y por ello sus disposiciones son de orden público.

"Así es, las normas reclamadas contemplan una serie de obligaciones y prohibiciones para los vehículos de carga pesada, encaminadas a garantizar la seguridad vial y la salud de la comunidad, en tanto que determinan las condiciones legales y de seguridad a las que se deben sujetar los vehículos y sus conductores para su circulación.

"De tal forma que no se acredita el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues lo cierto es que la suspensión de los actos solicitada por la impetrante contravendría disposiciones de orden público y afectaría el interés social, toda vez que con la concesión de la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que los vehículos de su propiedad pudieran circular sin que le sea aplicado en su perjuicio lo dispuesto por la normativa controvertida, impediría el beneficio de disminuir el alto riesgo que representa la circulación de vehículos de trasporte de carga pesada por las vías limitadas y restringidas, sin los permisos correspondientes.

"Aunado a lo anterior, impera el interés de la sociedad para que se cumpla con el ordenamiento reclamado, el cual tiene por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública, así como incrementar la seguridad vial, y en caso de infracción a las normas establecidas se apliquen las sanciones ahí contempladas, que garanticen su debido cumplimiento.

"Lo anterior impide que al amparo de una medida cautelar se autorice la circulación de dichos vehículos de forma ilimitada, pues lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social, más allá del resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del particular.

"A mayor abundamiento es importante precisar que conforme a la normatividad aplicable, la quejosa podrá obtener los permisos correspondientes que permitan a los vehículos de trasporte de carga pesada de su propiedad circular por las vías señaladas como limitadas en el horario establecido.

"En ese sentido, si bien es cierto que, acorde con el principio de apariencia del buen derecho se debe ponderar la obtención de la suspensión provisional de los actos contra el beneficio de la colectividad, considerando para ello la actividad de transporte de carga que el quejoso realiza, bajo un asomo anticipado de la posible inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cierto es que esa ponderación se debe observar previa demostración a los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no ocurre, así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 15/96,(1) que se transcribe.

"‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)

"De ese modo no es jurídicamente viable conceder la suspensión provisional, pues no se reúne el requisito previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, al transgredirse el interés social y el orden público y en el caso debe privilegiarse el interés general, el cual se ve beneficiado con la seguridad en el tránsito y vialidad que dichas disposiciones buscan preservar, por encima de la afectación que pudiera sufrir el agraviado.

"Además, la sociedad se encuentra interesada en que los sujetos obligados en dicho orden jurídico cumplan debidamente con las obligaciones establecidas en el mismo, que dada su naturaleza tienen como finalidad la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten en el área metropolitana.

"De ahí que no procede otorgar la suspensión solicitada, ni siquiera realizando un juicio simultáneo de ponderación entre la apariencia del buen derecho que invoca la quejosa y el perjuicio al interés social o al orden público, ya que por amplias que fuesen las posibilidades de obtener una sentencia de amparo favorable a los intereses de la impetrante, debería tenerse presente desde luego la afectación que pudiesen sufrir en caso de negarles la suspensión, y es indiscutible que al sopesar el perjuicio que se pudiera ocasionar al interés social y al orden público con el otorgamiento de la medida, éste sería notoriamente superior al que llegase a resentir la aquí recurrente, pues resulta evidente que los objetivos y prioridades de las normas reclamadas son de orden público e interés general.

"No obsta a lo resuelto, lo aseverado por la disconforme en el sentido de que la carga vehicular y percances de tráfico son ocasionados en mayor medida por los automotores particulares y por el servicio público de transporte.

"Se afirma lo anterior, pues se trata de un argumento dogmático, debido a que de las constancias que obran en autos no se advierte que los recurrentes hubieran anexado algún documento mediante el cual se demostrara, con análisis estadísticos, cual es el porcentaje de participación en los percances de tráfico, de los automotores particulares, del servicio público de transporte y de los vehículos de transporte de carga pesada.

"Así mismo, aun cuando los transportistas de carga pesada no fueran quienes provocan la mayor cantidad de accidentes viales, lo cual no está acreditado, no resultaría procedente la medida provisional solicitada, ya que no es necesario que las normas que regulan la circulación de automotores sólo se circunscriban a aquellos que en números reales o relativos, sean quienes generan la mayor cantidad de percances, para que se desvirtúe el objetivo que la normativa reclamada persigue, cuyo propósito es reducir el número de accidentes de tránsito.

"Derivado de lo anterior no se comparte la jurisprudencia PC.IV.A. J/37 A (10a.), citada por la quejosa, de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y SU ÁREA METROPOLITANA, QUE ESTABLECEN, RESTRINGEN Y LIMITAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA.’, la cual cabe señalar, no resulta de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

"Este Tribunal Colegiado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, estima procedente realizar la denuncia correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la contradicción del criterio discrepante sostenido por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la jurisprudencia PC.IV.A. J/37 A (10a.), con el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional, para que en su caso dicho Alto Tribunal determine cual criterio debe prevalecer."

II. Por su parte, en la contradicción de tesis 2/2017, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados que lo integran, emitió la siguiente jurisprudencia:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y SU ÁREA METROPOLITANA, QUE ESTABLECEN, RESTRINGEN Y LIMITAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA.—La suspensión provisional contra la aplicación de las restricciones y limitaciones contenidas en los artículos 38 a 41 y 43 a 47, fracción IV, del ordenamiento aludido, otorgada a quien cuenta con la autorización para desarrollar la actividad del transporte de carga, no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque le asiste la apariencia del buen derecho garantizado en los artículos 5o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos a la libertad de trabajo y de tránsito, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia Carta Magna fija en su artículo 1o. En ese contexto, la ponderación entre esos derechos y el interés social inmerso en los preceptos impugnados que lo limitan o restringen, conforme al primer párrafo de la fracción X del artículo 107 constitucional, permite concluir que la medida cautelar privilegia un interés social mayor que es el orden público, el cual no sólo consiste en el bienestar colectivo, sino en un fin más relevante que es la armonía social, esto es, la coexistencia pacífica entre los actos de la administración y la eficacia de los derechos y las libertades de los gobernados. Además, la Ley de Amparo, en el último párrafo de su artículo 129, faculta al juzgador para conceder la suspensión si, a su juicio, con su negativa puede causarse mayor afectación al interés social; de manera que si las restricciones que imponen los preceptos impugnados a la circulación del transporte de carga repercuten en la regularidad de la actividad social y económica de la colectividad, lo adecuado es evitar el mayor perjuicio que al interés social produciría la negativa de la medida cautelar. En ese contexto, y mientras se resuelve en definitiva sobre la medida, la suspensión provisional del acto reclamado es idónea para garantizar el interés colectivo, preservar intactos los derechos cuestionados y evitar un daño irreparable en la esfera jurídica de los quejosos.". [Época: Décima. Registro digital: 2015644. Instancia: Plenos de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Tomo III, noviembre de 2017, materias común y administrativa, tesis PC.IV.A. J/37 A (10a.), página 1713 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas].

Las consideraciones que dieron sustento a la tesis transcrita son las siguientes:

"SEXTO.—Criterio que debe prevalecer. El que, con carácter de jurisprudencia, considera que sí es procedente conceder la suspensión provisional contra la aplicación de los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 y 47, fracción IV, de los homologados Reglamentos de Tránsito y Vialidad para los Municipios que integran la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sin que ello implique una afectación al orden público y al interés social.

"Es así, debido a que de un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora de la solución de fondo, frente a la aducida afectación al orden público y el interés social a que hace referencia el ordinal 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se obtiene que debe dársele prevalencia a la protección del interés de aquellos que como quejosos acuden al juicio de amparo en defensa de sus derechos constitucionalmente protegidos, mismos que ejercían antes de la entrada en vigor de la norma, de manera regular gracias a los permisos otorgados por la autoridad competente en materia de transporte de carga pesada y, por ende, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, deberá otorgarse la medida cautelar, a fin de paralizar la aplicación de las restricciones, limitaciones, prohibiciones y condiciones impuestas a la circulación de los vehículos de carga pesada, con el fin de evitar no sólo una afectación en los derechos humanos de los quejosos, sino también una afectación mayor a la colectividad quien se beneficia de forma directa con la actividad realizada por los quejosos.

"En principio, es conveniente tener presente el contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: (los transcribe).

"De las anteriores disposiciones, se desprende que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere considerar, tanto la naturaleza de la violación alegada, como los perjuicios que pueda sufrir el impetrante del juicio de garantías, y que concurran los requisitos correspondientes a que exista petición del quejoso y que se encuentra acreditado el interés suspensional.

"Respecto a estos requisitos, es ilustrativa la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2011614, visible en la página 1376, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Tomo II, mayo de dos mil dieciséis, materia común, de la Décima Época «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13horas», de rubro y texto:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.’ (se transcribe)

"En lo que aquí interesa, para resolver la contradicción de tesis, es importante destacar que las nociones de orden público y el interés social, exigen del juzgador un análisis ponderado entre, la afectación que pudiera tener el particular con la ejecución del acto, y el perjuicio que se generaría al colectivo en caso de que se paralizara el acto de autoridad.

"Esto se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa presentada por los senadores de la República, que en la parte conducente establece:

"‘En el caso de la suspensión del acto reclamado, se establece un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objetivo natural.

"Para tal efecto, se privilegia la ponderación que deban realizar los Jueces entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social.

"En efecto, se dispone expresamente en el artículo 128 del texto del proyecto como elemento a considerar por parte de los Jueces para el otorgamiento de la suspensión la apariencia del buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Con ello se pretende lograr que la medida cautelar sea eficaz pero que por otro lado no se afecte el interés social, caso en el cual se deberá negar la suspensión. Asimismo, debe referirse que se llevó a cabo una revisión puntual de los supuestos que en términos de la ley se actualiza la afectación al interés social, ello con el propósito de dar mayor certeza a las partes en el juicio de amparo, así como parámetros al Juez para resolver sobre la suspensión.

"Por otro lado, se prevén en el proyecto elementos mínimos formales y sustantivos que deben cumplir las resoluciones suspensionales, lo que facilita su control a través de los recursos que se prevén en el proyecto. Asimismo, se faculta al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva.’

"De lo anterior, se destaca la importancia que tiene en la materia del amparo, la institución de la suspensión de los actos reclamados, misma que debe privilegiar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social.

"Así, el interés social será una noción que los juzgadores deberán construir en cada caso en particular, atendiendo a las necesidades específicas que concurran, y tomando en cuenta el fin de la medida cautelar, el cual es evitar la afectación en los derechos de los gobernados, paralizando el acto hasta en tanto existe un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

"En ese sentido, se tiene que el Alto Tribunal ha señalado que el orden público y el interés social, son nociones íntimamente vinculadas, pues la primera tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la administración pública y, con ello, satisfacer las necesidades de la sociedad, procurando desde luego el bienestar general, o en su defecto, impedir un mal a la población. Por su parte, se ha dicho que el interés social, es el necesario bienestar de la sociedad, o bien, la búsqueda de evitar un daño al colectivo que de otra manera no resent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29541-3bc1846a/suspension-provisional-no-procede-contra-la-aplicacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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