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Modo: Corpus Pro

INFRACCIÓN A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU CONTRA, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2018. · Registro digital (IUS): 28294
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo II, Pág. 1094.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. AUSENTE: JAIME C. RAMOS CARREÓN. DISIDENTES: MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO Y ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO. PONENTE: ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO. ENCARGADA DEL ENGROSE: LUCILA CASTELÁN RUEDA. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del veintidós de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS, los autos, para resolver la denuncia de contradicción de tesis número 9/2018; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. Mediante oficio número 190/2018, los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio que sustentó el propio órgano jurisdiccional, al resolver los juicios de amparo directo números 397/2017, 443/2017 y 470/2017, y el diverso sostenido por los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo, también en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar, respectivamente, los juicios de amparo directo números 393/2017 y 372/2017.

3. (sic) SEGUNDO.—TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. Por acuerdo tres de mayo de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del propio Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrada con el número de expediente número (sic) 9/2018, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1)

4. En el mismo acuerdo se recibió copia certificada de las ejecutorias emitidas por el Tribunal Colegiado de Circuito denunciante; se solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitieran copia certificada de las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo números 393/2017 y 372/2017, de sus respectivos índices, e informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos materia de la denuncia, se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y se ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no, de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

5. En proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa señalados en el párrafo anterior, remitiendo copia certificada de las ejecutorias que les fueran solicitadas e informando que el criterio ahí sustentado se encuentra vigente.(2)

6. Por auto de presidencia de veintinueve de mayo siguiente, también se tuvo por recibido el oficio **********, de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis Pendientes de Resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.

7. Posteriormente, por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho, se turnaron los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente,(4) término que fue prorrogado por auto de veintiocho de agosto siguiente.(5)

8. Finalmente, el asunto se listó el catorce de septiembre, a fin de discutirse en sesión de veintidós de octubre del año en curso; no obstante, por mayoría de cuatro votos,(6) se rechazó la propuesta de proyecto inicial, designándose como encargada del engrose a la Magistrada Lucila Castelán Rueda; y,

CONSIDERANDO:

9. PRIMERO.—COMPETENCIA. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito.

10. SEGUNDO.—LEGITIMACIÓN. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; y, por tanto, dichos Magistrados cuentan con la debida legitimación para tal efecto, conforme a las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(7) de la Ley de Amparo.

11. TERCERO.—CONSIDERACIONES DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES. Con el fin de dilucidar el tema de contradicción, es pertinente tener en cuenta lo considerado en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

12. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO (ÓRGANO DENUNCIANTE), AL RESOLVER EL AMPARO DIRECTO NÚMERO 443/2017.

13. ********** promovió demanda de nulidad, contra un policía vial y la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en donde combatió la legalidad de una infracción de tránsito. Al respecto, la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que conoció de dicha demanda, la desechó por extemporánea, porque no se presentó dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, tomando como base la fecha en que la actora realizó el pago de la infracción, para establecer el cómputo relativo.

14. En contra de esa decisión, la misma promovente interpuso recurso de reclamación, resuelto por el Pleno del propio tribunal administrativo, mediante sentencia de doce de septiembre de esa anualidad, en la cual confirmó ese desechamiento, bajo la siguiente razón medular:

"... la demanda de nulidad fue extemporánea, porque de la fecha en que se realizó el pago de la multa por el accionante (veinte de enero de dos mil dieciséis) a la en que promovió aquélla (veinticinco de abril del siguiente año), trascurrió en demasía el plazo de treinta días legalmente establecido para su presentación.—De donde se sigue que ... indefectiblemente el punto de partida que debe tomarse para el cómputo del plazo referido para la presentación de la demanda, es el día en que se efectuó el pago de la infracción y no otro distinto."

15. En desacuerdo con dicha resolución, la actora, en el juicio natural, promovió el amparo en la vía directa, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 443/2017.

16. Seguidos los trámites correspondientes, en sesión de veintiocho de febrero del año en curso, el propio órgano jurisdiccional dictó la sentencia relativa, en donde, por mayoría de votos, concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción "... prescinda del argumento de que la fecha que debe tomarse como base para el cómputo del plazo de treinta días para la presentación de la demanda de nulidad, corrió a partir del pago de la infracción impugnada (veinte de enero de dos mil dieciséis), debiendo hacerlo desde la confesión del conocimiento pleno del acto combatido que la propia actora, hoy quejosa, confiesa, esto es, el treinta de marzo de la anualidad pasada y así decidir si se encuentra en tiempo."

17. Para arribar a esa decisión, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, se apoyó en las siguientes consideraciones medulares:

• De entrada, consideró inexacta la razón toral en que se apoyó el Pleno del tribunal responsable, relativa a que la fecha que había de tomarse como base para realizar el cómputo del plazo de treinta días para promover la demanda de nulidad, era a partir del "día de pago de la infracción impugnada", porque en ese momento, la parte actora "... no tenía conocimiento pleno de las circunstancias que rodeaban al acto combatido, por lo cual, no contaba con la amplitud cognoscitiva para integrar aquélla con las exigencias legales, puesto que, insístase, la falta de los requisitos exigidos por el dispositivo citado en el párrafo precedente, inexorablemente, daría lugar a su inadmisión.’.—Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, de rubro: ‘ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’."(8)

• En ese sentido, precisó que el conocimiento del acto impugnado en la instancia primigenia "... debe ser completo, real e indubitable y no presuntivo ..."; y, refiriéndose a las particularidades en que se encontraba la actora en el juicio natural, sostuvo: "... no es suficiente que esté enterado de que se emitió un acto en su contra, sino que debe conocer todos los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento a tal acto, a fin de poder defenderse de él ..."

• Con esa óptica, consideró que, de no ser así "... el hecho de que se presuma que con el simple pago de la infracción la aquí quejosa ya tenía conocimiento pleno de aquél, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda hubiera empezado a correr desde días antes al en que hubiera tenido un conocimiento íntegro del mismo, limitando de esa manera el plazo que tenía para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría también en una denegación de impartición de justicia, rompiéndose, inclusive, el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa."

• En adición a ello, el propio tribunal contendiente expuso que el acto impugnado sólo debe darse por plenamente conocido, hasta en tanto exista un "... entendimiento cabal del mismo, lo que significa que el agraviado esté en entera posibilidad de atacarlo conforme a las exigencias y reglas de la ley atinente, lo que no ocurrió cuando acudió a realizar el pago de la multa controvertida a través del juicio de nulidad."

• Bajo esa tónica, determinó que, ante la inexistencia de una notificación formal, el pago de la multa impugnada, no significa que el accionante tuviera conocimiento de la misma, para estimar por acreditado el requisito incluido en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y, por ende, tomar como base para combatir esa determinación, la fecha en que se realizó dicho pago.

• Máxime que –agregó el órgano de control constitucional– "... la razón por la cual se realizó el pago fue con el ánimo de que ya no se generaran más recargos sobre aquélla, dado que, además de la simple constancia de pago, no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto es, los pormenores de la sanción con el propósito de combatirla."

• Precisó que no se perdía de vista que "... de no acompañarse el documento en el que conste el acto impugnado, será objeto de requerimiento o, incluso, de exención preliminar de esgrimir el actor que no cuenta con él, puesto que, el diverso numeral 37 de la propia legislación,(9) es categórico al precisar que de no manifestarse con precisión los requisitos a que refiere el diverso 35, la desechará de plano, salvo por lo que hace a los documentos que no estén en su poder, ya que éstos pueden requerirse a la autoridad en términos del diverso 36 ...". Sin embargo, a ese respecto, puntualizó: "... el señalamiento cabal de los requerimientos enumerados por aquel precepto no puede relevarse, lo que sería difícil de cumplir de no conocer a plenitud el acto controvertido."

• Acotó que lo anterior no implicaba dejar a discreción del impugnante la fecha en que comenzará a correr el plazo para presentar la demanda; por el contrario, ante el incumplimiento de la autoridad demandada, de su obligación de darle a conocer al actor el acto impugnado, éste busca, por sus medios, enterarse de la plenitud de la multa impuesta para controvertirla, a través de la solicitud de copias de ese acto, pues de no contar con todos los elementos necesarios para colmar los extremos enumerados por el artículo 35 mencionado, indefectiblemente conlleva su desechamiento.

• Esa interpretación –a juicio del Tribunal Colegiado– es acorde con los principios de tutela judicial efectiva e in dubio pro actione, contenidos en los artículos 17 de la Carta Magna y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que facilitan y privilegian al gobernado el acceso a un proceso ágil y sencillo.

• Ese criterio lo sustentó en las tesis aislada y jurisprudencial IV.2o.A.34 A (10a.) y I.3o.C. J/4 (10a.), de rubros: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE O FAVOR ACTIONIS. INTERPRETACIÓN DE LA QUE DEBE PARTIR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PARA RESPETAR ÉSTE Y LOS PARÁMETROS CONVENCIONALES Y CONSTITUCIONALES DE AQUÉLLA, RESPECTO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIÓN VII Y 57, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN."(10) y "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO."(11)

• Como acotación final, señaló que no se podría establecer que la presentación de la demanda quede a capricho del demandante al solicitar y conseguir las fotocopias del acto impugnado cuando lo desee, porque "... igualmente ocurriría de pagar al momento en que quiera, cuestiones ambas que, desde luego, no pueden tomarse en menoscabo de los derechos humanos antes precisados, pues lo realmente trascendente, insístase, es el conocimiento pleno del o los actos que combatirá en sede jurisdiccional."

• El mismo criterio sostuvo el propio Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos números 397/2017 y 470/2017, de su índice, en donde se impugnaron sendas resoluciones de similar naturaleza.

18. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, AL RESOLVER EL AMPARO DIRECTO NÚMERO 372/2017.

19. ********** promovió el juicio contencioso, mediante ocurso presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del entonces Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el que demandó la nulidad de diversas cédulas de infracción, atribuidas a un policía vial y a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.

20. Por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Quinta Sala Unitaria del mencionado tribunal ordenó registrar la demanda bajo el número de expediente **********, la cual se desechó de plano debido a su presentación extemporánea, ya que el actor tuvo conocimiento de la cédula impugnada desde el momento en el que liquidó su importe –ocho de noviembre de dos mil dieciséis–, por lo que si presentó la demanda hasta el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, era obvio que el término de treinta días que prevé el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco transcurrió en exceso.

21. Inconforme con lo anterior, el actor interpuso recurso de reclamación, resuelto por el Pleno del aludido tribunal, mediante sentencia de veintidós de agosto siguiente, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.—Se declaran infundados los agravios hechos valer en el recurso de reclamación promovido por el C. **********, abogado patrono de la parte actora en el juicio administrativo número **********, en contra del auto que precisa en el primer resultando de este fallo.—SEGUNDO.—Se confirma el auto combatido en su términos."

22. Para resolver en ese sentido, el Pleno del tribunal responsable estimó que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa, la demanda se debió presentar dentro del término de treinta días a partir de que haya surtido efectos la notificación del acto combatido, o de que se haya tenido conocimiento de su existencia; y que no obstante la parte actora manifestó en su ocurso inicial haber tenido conocimiento del contenido de la cédula en pugna hasta el treinta de marzo de dos mil diecisiete, cuando le fue entregada una copia fotostática simple "... estuvo en aptitud de iniciar el juicio de origen desde el momento de su liquidación ante la autoridad exactora el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, dado que basta conocer el importe de la multa impuesta y su concepto para instar el juicio contencioso administrativo estatal, porque el numeral 36, fracción III, de la legislación invocada, estatuye la posibilidad de solicitar la expedición del acto controvertido previo a la interposición del escrito inicial y una vez acontecido lo anterior pueda ampliar su demanda de nulidad."

23. En contra de esa determinación, la parte actora promovió juicio de amparo en la vía directa, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 372/2017.

24. Seguidos los trámites correspondientes, en sesión de uno de marzo de dos mil diecisiete, el mencionado órgano jurisdiccional contendiente, por unanimidad de votos, resolvió:

"ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José de la **********, en contra de la sentencia definitiva pronunciada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al resolver el recurso de reclamación identificado con el número de expediente ********** de su índice, por las razones que se precisaron en el último considerando de esta ejecutoria."

25. Para resolver en ese sentido, el propio Tribunal Colegiado de Circuito se apoyó en las siguientes consideraciones:

• Luego de analizar los artículos 31 y 35 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, consideró:

"Del primer precepto normativo en cita, se advierte que la demanda de nulidad ante el ahora Tribunal de Justicia Administrativa se presentará dentro de los treinta días siguientes a: I) aquel en que surta efectos el acto resolución impugnada; o II) a aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo.—De lo trasunto se advierte la intención del legislador de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda contencioso administrativa corre a partir de cualquiera de las dos hipótesis previstas, por lo que las mismas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno."

• Para ilustrar ese criterio, el mismo tribunal contendiente citó la tesis aislada III.1o.A.159 A, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página tres mil ciento setenta y nueve, bajo el número de registro digital: 163170, de rubro: "DEMANDA DE NULIDAD. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO PREVÉ DOS SUPUESTOS PARA EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA, QUE SE EXCLUYEN ENTRE SÍ Y NO GUARDAN ORDEN DE PRELACIÓN."

• Sobre esa base, consideró que "... la esencia del referido artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se sustenta en el conocimiento del acto administrativo impugnado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda el actor manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio contencioso administrativo.—Ahora, el artículo 35 de la invocada legislación prevé los requisitos que la demanda de nulidad debe contener, entre otros, la fecha en la que el demandante tuvo conocimiento de la resolución o acto impugnado, disposición que establece a favor del actor el derecho a promover el juicio contencioso, aunque no se le haya notificado formalmente por la autoridad demandada, lo cual encuentra su lógica en que la notificación es uno de los requisitos de validez del acto administrativo, cuya omisión da lugar a la nulidad, acorde con el artículo 75, fracción IV, de la misma Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco."

• En ese sentido, el mismo Tribunal Colegiado de Circuito precisó que, si en autos obra la confesión expresa del actor, respecto de la fecha en que conoció la existencia del acto administrativo impugnado, sin mediar notificación, entonces, el cómputo de los treinta días previsto en el artículo 31 de la norma general de referencia, debe establecerse a partir de aquélla. Lo anterior, porque si el particular tiene conocimiento del acto administrativo cuya nulidad demanda, a través de cualquier medio distinto a la notificación, entonces, hasta ese momento debe comenzar a correr el cómputo del plazo para la instauración del juicio contencioso administrativo.

• Agregó que del recibo oficial impugnado y de lo expuesto en la demanda inicial, se colige que el propio actor, aquí quejoso, expresó en la demanda de nulidad que "... fue el ocho de noviembre de dos mil dieciséis que tuvo conocimiento de la existencia de la cédula de notificación de infracción impugnada, de hecho, manifestó que fue en la mencionada fecha que pagó la sanción que derivó de la misma, generándose el recibo oficial."

• Así, estableció que "... aun cuando el actor no tenía conocimiento íntegro de la infracción impugnada al efectuar el pago, lo relevante es que cuando cubrió esa cantidad se enteró de su existencia, pues del recibo oficial –que el propio quejoso estableció que le fue entregado al momento de pagar la infracción– pudo obtener el folio de la multa, los datos del vehículo, y la referencia de que se trata de una infracción a la Ley de Movilidad del Estado, tan es así, que del acuse de recibo que exhibió el actor en el juicio de nulidad del escrito mediante el cual solicitó copia certificada de la cédula de notificación de infracción –presentado hasta el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, según se advierte del sello de recibido de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco–, se advierte que el mismo señaló lo siguiente: ‘Que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, comparezco a solicitar se me expidan copias certificadas de los folios (sic) número **********, levantada al vehículo **********, línea **********, modelo **********, color **********, que porta las placas de circulación **********, del Estado de Jalisco, por personal adscrito a esta secretaría.’. ..."

• En ese contexto, consideró que con los datos que ahí expuso se reveló que desde el momento en que la parte actora-quejosa pagó la citada infracción, el demandante se encontraba en condiciones de promover la demanda de nulidad.

• Aclaró que no era obstáculo que el actor no conociera el contenido del acto íntegramente, ni las razones detalladas que motivaron la imposición de la infracción e incluso el funcionario que la emitió; pues ello no lo relevaba de su obligación de presentar la demanda de nulidad con la oportunidad que expresamente dispone el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

• En otro aspecto, el mismo tribunal contendiente estimó que los artículos 36 y 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco contemplan los mecanismos para impugnar un acto administrativo que no ha sido notificado e incluso que no consta documentalmente; y con base en ello, razonó:

"... que el actor en el juicio contencioso administrativo del Estado de Jalisco, entre otros documentos, debe adjuntar constancia de la notificación del acto impugnado; sin embargo, se contempla como excepción que cuando el demandante declara bajo protesta de decir verdad que no recibió esa constancia, entonces, queda relevado de la carga procesal consistente en allegar ese documento.—Asimismo, los invocados numerales establecen que cuando las pruebas documentales no obran en poder del demandante, o cuando éste no haya podido obtenerlas, a pesar de que se trate de documentos que se encuentran a su disposición, debe señalar el archivo o lugar en que se hallen para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, para tal efecto debe identificarse con toda precisión el documento y, si se trata de los que puede tener a su disposición, basta con que se acompañe copia de la solicitud debidamente presentada, con la aclaración de que se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las respectivas constancias.—Del mismo modo, en el juicio contencioso administrativo, el actor tiene el derecho de ampliar la demanda de nulidad cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente por consentimiento tácito o cuando considere que la notificación del acto impugnado se practicó ilegalmente.—En ese sentido, las relatadas disposiciones normativas permiten al actor promover la demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, aunque el acto impugnado no se le haya notificado, o bien, desconozca el documento en el que consta, dado que dentro del propio juicio contencioso el accionante tiene la posibilidad de actuar en defensa de sus intereses, ya sea solicitando que sean requeridas las constancias que se estimen pertinentes o ampliando la demanda, y si en el juicio llegara a demostrarse que el acto no cumple con los elementos o requisitos legales, conllevaría a su anulación."

• Así, resolvió que el plazo de treinta días previsto en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para promover la demanda de nulidad inició a partir de que el actor pagó la infracción (8 de noviembre de 2016), y no hasta que recibió las copias solicitadas de dicha multa (según dice, 30 de marzo de 2017), pues en aquel primer momento se enteró de la existencia de dicho acto, así como del monto y de las referencias específicas de identificación que hacían posible su impugnación en el juicio contencioso administrativo local.

• En ese sentido, acotó que, estimar lo contrario "... sería tanto como dejar a su elección el momento en que empieza a transcurrir el término de treinta días previsto en el citado numeral 31 de la referida legislación, lo cual no es jurídicamente posible, ya que, por disposición expresa de la ley, dicho cómputo comienza a partir del día siguiente: I) a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada; o II) a aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo, es decir, se permitiría a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas establecidas por el legislador para efectos de orden público."

• Como sustento de ese criterio, citó la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL."(12)

• Por tanto, consideró objetivamente correcta la resolución reclamada y, en consecuencia, en los aspectos tratados, consideró que ésta sí cumplía con las exigencias previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, con los fundamentos y motivos jurídicos correspondientes, citando al efecto la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE."(13)

• Por otra parte, estimó que los artículos 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco prevén diversos requisitos que la demanda de nulidad debe contener, así como los documentos que el actor tiene que adjuntar a la misma, entre otros, el señalamiento de la autoridad demandada y el documento en el que conste el acto impugnado; sin embargo, acotó que desde que realizó el pago de la infracción, el demandante se enteró de su existencia, así como de diversos datos que hacían posible su impugnación en el juicio contencioso administrativo, como el número de folio, el monto, el vehículo y la referencia de que se trata de una infracción a la Ley de Movilidad del Estado, con lo que estaba en aptitud de observar dichas exigencias y, en su caso, solicitar a las autoridades competentes copia de la mencionada infracción

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28294-d7e1833d/infraccion-a-la-ley-de-movilidad-y-transporte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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