DEMANDA DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO PARA INTERPONERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL ACTOR PAGÓ LA MULTA IMPUGNADA, AUNQUE NO SE LE HAYA NOTIFICADO O DESCONOZCA EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTA.
AMPARO DIRECTO 466/2017. 1 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. SECRETARIO: JUAN CARLOS SÁNCHEZ CABRAL.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Estudio. El análisis de los conceptos de violación requiere efectuar las siguientes consideraciones:
a. Antecedentes.
En primer término, importa mencionar que mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el actor ********** promovió juicio contencioso administrativo en contra de la cédula de notificación de infracciones atribuida a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.
Cabe mencionar que los hechos que se relacionaron con esa acción, descritos en el escrito inicial de demanda, establecen lo siguiente:
"IV. Hechos que dieron origen al acto que se impugna:
"1. Como se desprende de los documentos públicos que se adjuntan, el suscrito **********, soy propietario del vehículo de la marca **********, control delantero **********, modelo **********, color **********, que porta las placas de circulación **********, del Estado de Jalisco;
"2. El 28 de septiembre de 2016 me presenté en la recaudara (sic) número 005 del Municipio de Guadalajara, dependiente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; tal comparecencia la llevé a cabo con el propósito de realizar diversos pagos del vehículo de mi propiedad. En ese momento, la cajera de la recaudadora de que se trata me informó que el vehículo de mi propiedad, descrito en uno de los párrafos anteriores, presentaba un adeudo generado por una cédula de notificación de infracciones identificado con el número **********, por tal razón, ese mismo día, 28 de septiembre de 2016, cumpliendo con mi deber como ciudadano y para evitar mayores perjuicios a mi persona, realicé el pago generado como sanción por la cédula de notificación de infracción citada, generándose el recibo oficial **********;
"3. No obstante haber realizado el pago de la cédula de notificación de infracciones, identificado con los números (sic) **********, para poder estructurar la demanda de nulidad, el 20 de febrero de 2017 me presenté en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco para solicitar la cédula de notificación de infracciones folios (sic) **********, expidiéndome en ese momento, por personal que labora en esa secretaría, copia simple, por lo que posteriormente me presenté para solicitar por escrito copias certificadas de la cédula de notificación de infracciones folio **********, que ahora se impugna."
En proveído dictado el tres de abril de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente de la Primera Sala Unitaria, a la que se turnó dicho asunto, dictó proveído (sic) en el que resolvió no admitir la demanda. Esto, al considerar que la misma era extemporánea, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la presentación de ese libelo debía ocurrir dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en el que se realizó el pago de la sanción de referencia, mediante el recibo oficial con número de folio **********, de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. (foja 5 del expediente de nulidad)
Inconforme con esa resolución, el abogado patrono de la parte actora promovió recurso de reclamación, mismo que se radicó y resolvió en el expediente **********, del Pleno del tribunal antedicho, en resolución dictada el diez de octubre de dos mil diecisiete, en el sentido de declarar infundado el recurso y confirmar el auto recurrido.
b. Contenido de la resolución reclamada.
La resolución se debió a que dicha autoridad consideró infundado el argumento que sostuvo, de que el plazo para la interposición de la demanda no podía correr a partir de que se efectuó el pago de la infracción, sino hasta que se recibió el documento en que la misma conste, pues a partir de ese momento el accionante tuvo conocimiento completo del acto impugnado y de la autoridad que lo emitió, para estar en condiciones de formular los conceptos de nulidad y ofrecer los medios probatorios necesarios.
Lo anterior, pues estimó que de acuerdo con los artículos 17, 18 y 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el legislador estableció dos supuestos a partir de los cuales podía comenzar a transcurrir el plazo para promover el juicio de nulidad, estableciendo que éste podía iniciar a partir de que se actualizara cualquiera de las dos hipótesis y que, en este caso, el quejoso se ubicó en el que indica que dicho término comenzó desde que tuvo conocimiento del acto impugnado.
El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa analizó las actuaciones del expediente de nulidad, llegando a considerar que si bien el actor señaló que el veinte de febrero de dos mil diecisiete le entregaron copia simple de la cédula de notificación de infracción materia de la impugnación, y que a partir de eso tuvo conocimiento del contenido de ese acto; sin embargo, para la autoridad responsable se impuso considerar que el actor tuvo conocimiento en un diverso momento, esto es, cuando recibió copia de la cédula de notificación de la infracción **********, en la fecha de pago de la misma, que ocurrió el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, como se observó de los sellos de pago y entrega que constan en el recibo oficial **********, que adjuntó a la demanda, de modo que consideró acertada la decisión de la Primera Sala Unitaria que desechó de plano la demanda, dado que aquellas manifestaciones que aludieron a una fecha posterior se desvirtuaron con los propios documentos que se exhibieron con esa demanda, que hicieron prueba plena en su contra.
Para ello, el Pleno del tribunal responsable consideró que habiendo sido entregada la referida cédula en esa fecha, la misma surtió efectos de una "notificación", que dio inicio al plazo para promover la demanda de nulidad a partir del veintinueve de septiembre, culminando el once de noviembre de dos mil dieciséis, de manera que para esa autoridad el haber presentado el escrito inicial hasta el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, resultó extemporáneo.
En esas condiciones, estimó infundados los agravios planteados en la reclamación y confirmó la resolución recurrida, al concordar con que la demanda se presentó fuera del término señalado en el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y, con ello, que el actor consintió el acto impugnado, actualizando la causal de improcedencia regulada en la fracción IV del artículo 29, dando lugar a que la demanda se desechara de plano, como lo autorizaba el numeral 41, fracción I, de esa misma legislación.
En este caso, ésa constituye la resolución reclamada a través de la demanda de amparo.
c. Conceptos de violación.
En contra de esa determinación, el quejoso destinó un capítulo de la demanda, en donde propuso estimar que la sentencia reclamada se emitió de manera incorrecta, a partir de:
• Que confirmó el acuerdo que desechó su demanda, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pues contra lo que la autoridad responsable resolvió, el término para impugnar la cédula de notificación de infracción no debió computarse a partir de que se realizó el pago de la infracción, porque, en su opinión, para ese momento desconocía el contenido completo del documento en el que se hizo constar ese acto, por lo cual, dijo, estuvo en aptitud de promover el juicio contencioso administrativo hasta el veinte de febrero de dos mil diecisiete, en el que recibió físicamente la constancia correspondiente.
• Que se violaron en su perjuicio los derechos humanos de debido proceso, fundamentación y motivación, así como de acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, pues la sentencia de la autoridad responsable puso de relieve la afirmación de que el recibo de pago constituyó la "notificación" del acto administrativo impugnado, no obstante que no se tenía conocimiento completo del acto controvertido.
• Que al desconocer el contenido de la cédula de notificación de infracción, no contaba con la información necesaria para promover la demanda de nulidad y, por ello, estimó que en términos del artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la responsable debió considerar que se enteró del acto administrativo impugnado hasta que se impuso físicamente del documento en el que constaban los fundamentos y motivos que sirvieron de base para imponerle la infracción.
• Que si bien realizó el pago de la multa, fue con la intención de evitar mayores perjuicios, pero que no se debía tomar como referencia para el cómputo de la presentación de la demanda de nulidad, la fecha de pago de la infracción, ya que dicho plazo inició hasta que la Secretaría de Movilidad del Estado le entregó los documentos que solicitó, en los que constaba el referido acto, dado que en ese momento fue cuando estuvo en aptitud de conocer la razón por la cual se le impuso la infracción y la autoridad que la emitió, los cuales son requisitos que debía cumplir en la presentación de la demanda, en términos del artículo 35 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
• Que sin base jurídica alguna, la responsable lo hizo sabedor de la infracción impugnada a partir de la fecha de pago, siendo incorrecto, por el hecho de que el pago no hizo las veces de la notificación que regulan los artículos 82 a 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, sobre todo porque al efectuar el pago sólo se enteró del número de folio, pero no pudo saber quién la levantó ni los motivos que la originaron.
• Que ante la omisión de la autoridad administrativa de notificar el requerimiento de pago de la infracción con las formalidades que establecía la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado, la fecha para la interposición de la demanda de nulidad debió computarse a partir de que tuvo conocimiento pleno del acto cuya nulidad demandó.
• Que el desechamiento de la demanda le causó perjuicio, en razón de que por esa determinación la responsable dio por terminado el juicio sin realizar el estudio de fondo del asunto, siendo que, emprender dicho análisis, tendría como consecuencia declarar la nulidad del acto impugnado y, al no hacerlo, violó en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna.
En apoyo a esos argumentos, el quejoso invocó la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ."
d. Estudio.
Los sintetizados planteamientos, analizados en su conjunto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, resultan infundados.
Se estima de esa manera, en virtud de que este Tribunal Colegiado de Circuito considera jurídicamente correcto lo decidido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa responsable, en el sentido de que la demanda de nulidad se presentó en forma extemporánea, por la circunstancia de que desde el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en que el actor pagó la cédula de notificación de infracción con número de folio **********, tuvo conocimiento del acto administrativo impugnado para promover el juicio contencioso administrativo.
En efecto, el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es del tenor literal siguiente:
"Artículo 31. La demanda se presentará directamente ante la Sala competente o se podrá enviar por correo registrado si el actor tiene su domicilio legal en lugar distinto al de la residencia de la Sala. Se tendrá como fecha de recepción del escrito respectivo, en este último caso, la de su depósito en la oficina postal.
"La presentación deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o a aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo."
Del precepto legal transcrito se desprende que la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco se presentará dentro de los treinta días siguientes: a) a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada; o, b) a aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo.
De lo expuesto se obtiene que fue intención del legislador establecer que el inicio del cómputo para promover la demanda de nulidad es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las dos hipótesis identificadas en el citado numeral, de lo que se sigue que las mismas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno.
Sirve de apoyo la tesis aislada «III.1o.A.159 A», con registro digital: 163170, que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 3179, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA DE NULIDAD. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO PREVÉ DOS SUPUESTOS PARA EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA, QUE SE EXCLUYEN ENTRE SÍ Y NO GUARDAN ORDEN DE PRELACIÓN.—El segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco dispone que el plazo para la presentación de la demanda de nulidad será de treinta días, el que se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo. De lo anterior se colige que el citado precepto prevé dos supuestos para el inicio del indicado cómputo que se excluyen entre sí y no guardan orden de prelación, es decir, el juicio en materia administrativa puede promoverse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis."
Además, debe decirse que la esencia del referido artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se sustenta en el conocimiento del acto administrativo impugnado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda el actor manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto, para que tal fecha constituya el punto de partida, a efecto de determinar la oportunidad del juicio contencioso administrativo.
Al respecto, entre los requisitos que la demanda de nulidad debe contener, el artículo 35 de la invocada legislación prevé que el actor debe señalar la fecha en la que tuvo conocimiento de la resolución o acto impugnado;(1) esa disposición establece a favor del actor el derecho a promover el juicio contencioso aunque no se haya notificado formalmente por la demandada, lo cual encuentra su lógica en que la notificación es uno de los requisitos de validez del acto administrativo,(2) cuya omisión da lugar a la nulidad, acorde con el artículo 75, fracción IV, de la misma Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.(3)
En esa medida, si en autos obra prueba fehaciente de que el actor conoció el acto administrativo impugnado sin mediar notificación, el cómputo de los treinta días que establece el artículo 31 del indicado cuerpo normativo debe realizarse a partir de esa fecha.
Es decir, si el particular conoció del acto administrativo cuya nulidad demanda a través de cualquier medio distinto a la notificación, entonces, en ese momento comenzaría el cómputo del plazo para la presentación del juicio contencioso administrativo.
En el particular, del contenido del recibo oficial **********, expedido por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas el Gobierno del Estado, el cual obra agregado en el expediente Pleno ********** (página 5 de ese cuaderno); se desprende que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis el demandante realizó el pago de $**********, por concepto de "infracciones: **********", como se desprende del sello estampado en ese documento y cuya imagen digitalizada se inserta a continuación, para mayor ilustración.
Se suprimió imagen
Además, como lo apreció el Pleno del tribunal responsable en el capítulo "IV. Hechos que dieron origen al acto que se impugna", en la demanda de nulidad el actor, aquí quejoso, expuso:
"2. El 28 de septiembre de 2016 me presenté en la recaudara (sic) número 005, del Municipio de Guadalajara, dependiente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco; tal comparecencia la llevé a cabo con el propósito de realizar diversos pagos del vehículo de mi propiedad. En ese momento, la cajera de la recaudadora de que se trata me informó que el vehículo de mi propiedad, descrito en uno de los párrafos anteriores, presentaba un adeudo generado por una cédula de notificación de infracciones identificada con el número **********, por tal razón, ese mismo día, 28 de septiembre de 2016, cumpliendo con mi deber como ciudadano y para evitar mayores perjuicios a mi persona, realicé el pago generado como sanción por la cédula de notificación de infracción citada, generándose el recibo oficial **********." (foja 1 del juicio natural)
De lo narrado se obtiene que el actor manifestó que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis se enteró de la existencia de la cédula de notificación de infracción número **********, y que ese mismo día pagó el monto de $**********, correspondiente a ese concepto, por lo que le expidieron el recibo oficial **********.
En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por el quejoso en el concepto de violación en estudio, y como lo consideró el Pleno del tribunal responsable en la resolución reclamada, el término de treinta días establecido en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para la promoción de la demanda de nulidad, transcurrió a partir del día siguiente, esto es, del veintinueve de septiembre, y feneció el once de noviembre, ambos de dos mil dieciséis, descontados que fueron los días uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre; cinco y seis de noviembre de ese año, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente; así como los días doce de octubre y dos de noviembre, por estar considerados como días inhábiles por el artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.(4)
Por tanto, si la demanda de nulidad se presentó hasta el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, ante el entonces denominado Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, es evidente que resultó extemporánea.
Así pues, se estima infundado lo argumentado por el peticionario, en cuanto a que el día de pago de la multa no podía ser considerado como la fecha en la que tuvo conocimiento del acto administrativo impugnado, aludiendo que en ese momento desconocía el contenido completo de la infracción, los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su imposición y la autoridad que la emitió, afirmando que se enteró de ello hasta que la Secretaría de Movilidad del Estado le entregó el documento en el que constaba dicho acto y que, por esa razón, el plazo para la presentación de la demanda debería computarse a partir de esta última data.
La anterior consideración obedece a que, aun cuando el actor no tenía conocimiento íntegro de la infracción impugnada al efectuar el pago, lo relevante es que cuando cubrió esa cantidad se enteró de su existencia, pues en el recibo oficial aparecía el folio de la multa, el monto, los datos del vehículo y la referencia de que se trata de una infracción a la Ley de Movilidad del Estado, datos que revelaban que desde entonces el demandante se encontraba en condiciones de promover la demanda del juicio contencioso administrativo.
Por tanto, el hecho de que aquél no conoció el contenido del acto íntegramente ni las razones detalladas que motivaron la imposición de la infracción e, incluso, el funcionario que la emitió, lo cierto es que ello no constituía un obstáculo para que presentara la demanda de nulidad con la oportunidad que expresamente disponía el citado artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
Es así, dado que ese ordenamiento contemplaba los mecanismos para impugnar en el juicio contencioso un acto administrativo que no ha sido notificado e, incluso, que no consta documentalmente, como se desprende de los artículos 36 y 38 de la aludida legislación que, respectivamente, dicen:
"Artículo 36. El demandante deberá adjuntar a su demanda:
"I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes;
"II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestione en nombre propio;
"III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia de la instancia no resuelta por la autoridad;
"IV. El cuestionario para los peritos cuando se ofrezca prueba pericial;
"V. Las pruebas documentales que ofrezca; y
"VI. Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto cuando el demandante declare, bajo protesta de decir verdad, que no recibió constancia; cuando hubiere sido por correo o bien cuando hubiere tenido conocimiento de la misma sin mediar notificación. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo.
"Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas, a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se hallen para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para ese efecto, deberá identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que se acompañe copia de la solicitud debidamente presentada. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo.
"Si el acto impugnado no constare documentalmente el actor lo manifestará así, bajo protesta formal de decir verdad, y ofrecerá los elementos de prueba mediante los cuales acredite la existencia del acto impugnado.
"Si los documentos a que se refiere el presente artículo excedieren de cincuenta fojas, quedarán en la secretaría para que se instruyan de ellos las partes y sólo subsistirá la obligación de presentar copia del escrito."
"Artículo 38. El demandante tendrá derecho de ampliar la demanda dentro de los diez días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma, cuando se impugne una resolución negativa ficta.
"También podrá ampliar la demanda cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente por consentimiento tácito, si el actor considera que la notificación del acto impugnado se practicó ilegalmente."
De los preceptos legales transcritos se advierte que el actor debía adjuntar, entre otros documentos, la constancia de notificación del acto impugnado; sin embargo, se contempla como excepción que cuando el demandante declara bajo protesta de decir verdad que no recibió esa constancia, entonces queda relevado de la carga procesal consistente en allegar ese documento.
Asimismo, los invocados numerales establecen que cuando las pruebas documentales no obran en poder del demandante o cuando éste no haya podido obtenerlas, a pesar de que se trate de documentos que se encuentran a su disposición, debe señalar el archivo o lugar en que se hallen para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, para tal efecto debe identificarse con toda precisión el documento y, si se trata de los que puede tener a su disposición, basta con que se acompañe copia de la solicitud debidamente presentada, con la aclaración de que se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las respectivas constancias.
Del mismo modo, en el juicio contencioso administrativo el actor tiene el derecho de ampliar la demanda de nulidad, cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente por consentimiento tácito o cuando considere que la notificación del acto impugnado se practicó ilegalmente.
En ese sentido, las relatadas disposiciones normativas permiten al actor promover la demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, aunque el acto impugnado no se le haya notificado, o bien, desconozca el documento en el que consta, dado que dentro del propio juicio contencioso el accionante tiene la posibilidad de actuar en defensa de sus intereses, ya sea solicitando que sean requeridas las constancias que se estimen pertinentes o ampliando la demanda y, si en el juicio llegara a demostrarse que el acto no cumple con los elementos o requisitos legales, conllevaría su anulación.
Por las apuntadas razones, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que el plazo de treinta días previsto en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para promover la demanda de nulidad en el caso concreto, inició a partir de que el actor pagó la infracción el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, y no hasta que recibió las copias solicitadas de dicha multa (veinte de febrero de dos mil diecisiete), pues en aquel primer momento se enteró de la existencia de dicho acto, así como del monto y de las referencias específicas de identificación que hacían posible su impugnación en el juicio contencioso administrativo, por lo que no existe justificación para que el actor promoviera la demanda, aproximadamente, seis meses después de aquel suceso.
Máxime que considerarlo, como el quejoso pretendió, en el sentido de que el plazo inició hasta que decidió solicitar las copias de la infracción impugnada y le fueron entregadas, sería tanto como dejar a su elección el momento en que empieza a transcurrir el término de treinta días previsto en el citado numeral 31 de la referida legislación, lo cual no es jurídicamente posible, ya que por disposición expresa de la ley, dicho cómputo comienza a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada, o a aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo. De modo que, estimarlo de otra forma permitiría a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas establecidas por el legislador para efectos de orden público.
Por otra parte, aun cuando los referidos artículos 35 y 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco prevén diversos requisitos que la demanda de nulidad debe contener, así como los documentos que el actor debe adjuntar a la misma, entre otros, el señalamiento de la autoridad demandada y el documento en el que conste el acto impugnado, lo cierto es que, como se destacó, desde que se realizó el pago de la infracción el demandante se enteró de su existencia, así como de diversos datos que hacían posible su impugnación en el juicio contencioso administrativo, tales como el número de folio, el monto, el vehículo y la referencia de que se trató de una infracción a la Ley de Movilidad del Estado, con lo que estaba en aptitud de observar dichas exigencias y, en su caso, podía solicitar a las autoridades competentes copia de la mencionada infracción, a fin de que la Sala Unitaria estuviera en aptitud de requerir su envío, como lo prevé el citado artículo 36 del mismo cuerpo de leyes e, incluso, de promover la ampliación de la demanda una vez que se impusiera de esas constancias, por lo que no se advierte justificación alguna para que el quejoso no presentara con la oportunidad debida la mencionada demanda de nulidad, desde que se hizo sabedor de la existencia del acto administrativo impugnado, es decir, cuando realizó su pago.
En otro aspecto, no es verdad lo afirmado por el peticionario respecto a que el referido término comenzó a partir de que efectuó el pago de la multa, estimando que el recibo de pago constituyó la "notificación" del acto administrativo controvertido.
La conclusión expuesta se debe a que, según se precisó, conforme al citado numeral 31 de la señalada legislación, el inicio del cómputo para promover la demanda de nulidad es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las dos hipótesis señaladas (que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada, o bien, que se haya tenido conocimiento del mismo); las cuales, como se precisó, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno.
Lo anterior significa que si se considera que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado en la fecha en la que realizó el pago de la respectiva infracción, ello no significa que ese hecho hizo las veces de "notificación", sino solamente acarrea la consecuencia de que se ubicó en un supuesto distinto para la presentación de la demanda de nulidad, en el que se prescinde de la notificación como medio de comunicación para hacer saber el acto impugnado; de ahí lo ineficaz del planteamiento del peticionario.
Igualmente, es infundado que la resolución del Pleno del tribunal administrativo responsable, mediante la cual se confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad por haberse presentado de manera extemporánea, violó los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, por el hecho de que se dio por terminado el juicio sin rea
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28163-0c9f78ed/demanda-de-nulidad-ante-el-tribunal-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INFRACCIÓN A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU CONTRA, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE REAL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DEMANDA DE NULIDAD. EL PLAZO PARA PRESENTARLA CONTRA LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL ACTOR TIENE CONOCIMIENTO DIRECTO, EXACTO Y COMPL (AMPARO DIRECTO)
- AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO. (AMPARO DIRECTO)
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. PROCEDE CUANDO UNA PERSONA INTEGRANTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEMAND (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS PERSONAS FÍSICAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO, AUN CUANDO EN LA SENT (2a. CXLVIII/2005)
- MULTA IMPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DADA LA NATURALEZA DE LA NORMA EN QUE S (III.4o.(III Región) 17 A (10a.))
- QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL PROVEÍDO DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIR (III.5o.C.5 K (10a.))
- RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. SI AL RESOLVERLO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE COMETIERON DIVERSAS IRREGULARIDADES EN (VI.1o.P.2 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis