DEMANDA DE NULIDAD. EL PLAZO PARA PRESENTARLA CONTRA LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL ACTOR TIENE CONOCIMIENTO DIRECTO, EXACTO Y COMPLETO DEL CONTENIDO DE ÉSTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
AMPARO DIRECTO 387/2017. 15 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. SECRETARIO: MANUEL GUTIÉRREZ DE VELASCO MUÑOZ.
CONSIDERANDO
IV.—Se tiene por reproducida la sentencia reclamada, de la que se ordena agregar copia certificada a los presentes autos, sin que resulte necesaria su transcripción, conforme a la jurisprudencia aplicable, por analogía y por extensión, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", cuyos texto y datos de localización se citan enseguida; igualmente, se tienen por reproducidos los conceptos de violación planteados en su contra, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las resoluciones, no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que disponga esa obligación a cargo de este Tribunal Colegiado de Circuito; además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, en las sentencias de amparo resulta innecesaria su transcripción, toda vez que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados del escrito de expresión de los conceptos de violación, los cuales deben ser estudiados y dárseles respuesta oportuna, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad formulados en el escrito relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.—De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
V.—Los conceptos de violación son fundados.
En efecto, la quejosa aduce, en lo sustancial, que es incorrecta la determinación de la autoridad responsable, habida cuenta de que no puede tomarse como fecha de conocimiento de la infracción impugnada, aquella en la que se realizó el pago de ésta, puesto que en ese momento no se contaba con la cédula de notificación de la infracción, para así estar en aptitud de combatir dicho acto, sino que tuvo conocimiento pleno y directo de ésta hasta el momento en que se le entregó físicamente y, por ende, entonces pudo analizar los motivos y fundamentos por los que se levantó la infracción de que se trata y conocer las autoridades que la emitieron.
Cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ."
Lo fundado de dicho concepto de violación deriva de que sobre el tema relativo al conocimiento pleno del acto, a efecto de configurar el consentimiento del mismo, se precisa lo siguiente.
En primer término, resulta necesario acudir al contenido del artículo 29, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que dispone: "Arti´culo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos: ...IV. Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o ta´cito. Se entiende que hay consentimiento ta´cito u´nicamente cuando no se promueva el juicio en materia administrativa en los te´rminos previstos en esta ley;"
Del precepto transcrito se desprende que procederá el sobreseimiento del juicio administrativo cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en dicha ley.
Sobre este particular, el artículo 31 de dicha ley prevé: "Arti´culo 31. La demanda se presentara´ directamente ante la Sala competente o se podra´ enviar por correo registrado si el actor tiene su domicilio legal en lugar distinto al de la residencia de la Sala. Se tendra´ como fecha de recepcio´n del escrito respectivo, en este u´ltimo caso, la de su depo´sito en la oficina postal.—La presentacio´n debera´ hacerse dentro de los treinta di´as siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificacio´n del acto o resolucio´n impugnado o a aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo."
Como se ve, el cómputo de treinta días para la interposición de la demanda empezará a contar desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acto reclamado o al en que haya tenido conocimiento de ellos.
Ahora bien, de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento del acto que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de nulidad, debe estar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.
Ello, derivado de la conjunción de los preceptos siguientes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.—Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.—Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.—Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.—Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.—El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los Jueces Federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.—Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.—Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.—Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.—La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.—Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."
Convención Americana sobre Derechos Humanos
"Artículo 25. Protección Judicial.—1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.—2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
De la interpretación sistemática de los artículos 1o., párrafos segundo y tercero y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que la protección judicial implica que se regulen los recursos judiciales de forma que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones de acceso, lo que obliga a que las causas que hagan improcedente una acción sean la excepción. Por tanto, debe existir certeza plena sobre su actualización.
Ello se corrobora en cuanto al tema del conocimiento del acto como causa de improcedencia por extemporaneidad, donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio sustantivo que encierra la idea antes expresada, el cual aparece contenido en la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.—El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." (Quinta Época, Segunda Sala, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Tesis 5, página 6)
De la lectura de la tesis de jurisprudencia transcrita se desprende que con ella se pretende dar seguridad jurídica a los particulares, pues es claro que la interpretación que se le da al tema del conocimiento del acto reclamado, consiste en que debe quedar plenamente probado el momento en el que el interesado tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues de lo contrario se está partiendo de la presunción de que tuvo conocimiento del acto en determinada fecha, sin que tal circunstancia conste fehacientemente.
Pues el hecho de que pudieran existir indicios y presunciones de los cuales pudiera derivar que el particular tuvo conocimiento de los actos cuya nulidad pretende en determinada fecha (como en el caso de la fecha en que se pagó la cédula de notificación de infracción), no es bastante para tener por probada plenamente la circunstancia de que tuvo conocimiento de los actos impugnados en su demanda con una anticipación mayor a los días que la ley del caso señala.
Lo anterior, ya que la circunstancia de que el accionante tenga un conocimiento del acto o resolución de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de que pueda impugnar el acto, teniendo todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de información para poder hacerlo.
De esa guisa, en congruencia con lo expresado con antelación, no es sino hasta el momento en que el particular actor tenga en su poder las copias solicitadas de las infracciones o datos que ilustren que conoció los pormenores de las mismas, que se puede entender que tuvo un directo, exacto y completo conocimiento de las mismas, pues es hasta ese momento que se puede tener la certeza de que hubiera conocido, en su integridad, los actos que estima le agravian y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo que establece la ley.
En efecto, no se puede considerar que a partir de la fecha en que dijo que conoció la existencia de las infracciones, a saber, el momento en que realizó el pago de éstas, la quejosa tuvo pleno conocimiento de su contenido para los efectos del juicio de nulidad, toda vez que en ese momento únicamente se puede presumir que el particular sabe que fue sancionado, cuáles son los datos generales de la infracción y, tal vez, el número o folio que la identifica, en último caso, el motivo de la infracción; sin embargo, no se puede asegurar que conozca todos y cada uno de los datos necesarios para defender sus derechos, por lo que se estaría partiendo de la presunción de que los conoce, cuando en realidad, no fue así, pues ello aconteció hasta que la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco le entregó las copias que solicitó, o en el momento en que tenga elementos que le permitan (sic) cuando verdaderamente se percate de los pormenores de las mismas, como la fundamentación y motivación, la competencia de la autoridad, día y hora de su comisión y los motivos de la sanción, así como si estaba o no suscrita por quien tenía las facultades debidas y, por ende, que estuvo en posibilidad real de defenderse.
Se insiste, lo anterior es así, porque el conocimiento que tenga el actor del juicio de nulidad respecto del acto impugnado de nulo, debe ser completo, real e indubitable y no presuntivo, pues no es suficiente que esté enterado de que se emitió una resolución u otro tipo de acto en su contra, ni de qué autoridad la pronunció, sino que debe conocer todos los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento a tal acto, a fin de poder defenderse de él.
De lo contrario, el hecho de que se presuma que en la fecha en que realizó el pago de la misma, ante la "Recaudadora 005 de Guadalajara", dependiente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda hubiera empezado a correr desde días antes al en que hubiera tenido un conocimiento íntegro del acto reclamado, limitando de esa manera el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría también en una denegación de impartición de justicia, rompiéndose, inclusive, el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa.
Sobre el tema se cita y se comparten la jurisprudencia y tesis aislada siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.—La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." [Tesis: 1a./J. 42/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, jurisprudencia (constitucional)] y "SOBRESEIMIENTO POR CONSENTIMIENTO DEL ACTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA QUE DICHA RESOLUCIÓN RESPETE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA JURISDICCIONAL EN SU MODALIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA SALA FISCAL DEBE CERCIORARSE DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA FUE NOTIFICADA AL ACTOR.—De la interpretación sistemática de los artículos 1o., párrafos segundo y tercero y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adminiculado con el análisis que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en el expediente varios 912/2010, de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.511 –Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos–, se colige que la protección judicial implica que se regulen los recursos judiciales de forma que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones de acceso. Por su parte, los artículos 8o., fracción IV y 9o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén el sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo cuando hubiere consentimiento del acto, entendiéndose por tal la falta de promoción de algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los plazos que la propia ley señala. Por otra parte, el diverso numeral 13, fracción I, inciso a), de la citada ley dispone que el actor deberá presentar su demanda dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Consecuentemente, para que la resolución de sobreseimiento por la causa mencionada respete el derecho fundamental de tutela jurisdiccional en su modalidad de acceso a la justicia, la Sala Fiscal debe cerciorarse de que la resolución impugnada fue notificada al actor; situación que no se actualiza, por ejemplo, cuando el propietario de un vehículo impugna una boleta de infracción impuesta por la autoridad federal de tránsito y ésta se notificó únicamente al conductor del automotor, sin que la responsabilidad solidaria de aquél, prevista en el artículo 204 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales respecto del pago de la multa, sea una premisa eficaz para concluir que tuvo conocimiento pleno del acto administrativo." [Tesis: XV.4o.51 A (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4706, tesis aislada (administrativa y constitucional)]
Es a partir de lo anterior que la responsable cometió la violación a la exacta aplicación de la norma, en el caso, de la que prevé la improcedencia del juicio, lo que obliga a conceder el amparo, ya que hubo una indebida interpretación de la norma al caso concreto, pues el juzgador se apartó de la esencia que contiene el conocimiento del acto, tomándola en sentido diverso al que prevé, o contrario a los principios generales del derecho o a las reglas de la hermenéutica jurídica.
En consecuencia, al ser fundados los conceptos de violación, lo que procede es otorgar el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que al ocuparse del tema de la oportunidad de la demanda respecto de la infracción cuya nulidad se demanda, se abstenga de tomar como referencia para la fecha en que el actor conoció de su existencia, aquella en que se realizó el pago de la misma y, a partir de ello, resuelva lo que en derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción.
En atención al numeral sexto transitorio de la Ley de Amparo, se precisa que todas aquellas jurisprudencias que se han invocado en esta resolución, relativas a la interpretación de la ley anterior, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo en vigor, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios judiciales cobran aplicabilidad.
Por lo que se refiere al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, debe decirse que no se hacen valer causales de improcedencia y, en relación a lo que aduce en el sentido de que deberán declararse inoperantes los conceptos de violación y negarse el amparo, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, en términos de la jurisprudencia número III.1o.A. J/1 (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 2071, del Libro 29, Tomo III, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de abril de 2016 a las 10:01 horas», que dice: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia."
En similares términos, este Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo 386/2017.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto y la autoridad señalados en el resolutivo primero de este fallo, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución.
Notifíquese; y por oficio con testimonio de esta resolución a las autoridades terceras interesadas; con diverso testimonio vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Jesús de Ávila Huerta, René Olvera Gamboa y por el secretario en funciones de Magistrado de Circuito, José Carlos Flores Santana, autorizado en el comunicado oficial CCJ/ST/861/2018, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27909-085bd5af/demanda-de-nulidad-el-plazo-para-presentarla-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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