Corpus
Modo: Corpus Pro

TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, APODACA, GENERAL ESCOBEDO, GUADALUPE, JUÁREZ Y SANTIAGO, NUEVO LEÓN. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS DISPOSICIONES DE LOS REGLAMENTOS RELATIVOS, VIGENTES EN 2017, QUE ESTABLECEN RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

Tipo de asunto: QUEJA 264/2017. · Registro digital (IUS): 27142
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-05-26
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Pág. 1797.

QUEJA 264/2017. 17 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIO: MARIO ENRIQUE GUERRA GARZA.

CONSIDERANDO:

V.-Solución del asunto.

11. Son fundados los agravios de la quejosa.

12. En sus agravios, en la parte que importa, la recurrente aduce, esencialmente, que sí era procedente paralizar temporalmente los actos reclamados, bajo el principio de la apariencia del buen derecho, considerando que estaba demostrada tanto la afectación a su esfera de derechos, como el interés suspensional en el otorgamiento de la medida cautelar. Adicionalmente aduce, que con la negativa de la paralización de los actos se le genera un perjuicio directo e inmediato, en tanto que las normas impugnadas imponen una carga tributaria a la quejosa, como lo es el pago de permisos para circular libremente por las vialidades con un fin, (sic) se ejercen a discrecionalidad de cada autoridad municipal, por lo que pone de manifiesto que, contrario a lo establecido por el Juez de Distrito, la finalidad de la norma no es la protección de la seguridad vial, sino el generar un ingreso económico.

13. Finalmente, señala que la afectación que sufre la quejosa no es menor ni aislada, pues está vinculada directamente con una afectación a su derecho humano de libre tránsito y trabajo, así como también al derecho de los habitantes de los Municipios a recibir el suministro de víveres y enseres necesarios para su vida cotidiana; por lo que, al negar la suspensión provisional, no sólo se genera un daño a la impetrante sino, colateralmente, se afecta a la sociedad, por ser ésta la última beneficiaria de la entrega y suministro de productos y mercancías que se transportan mediante los camiones de carga.

14. Como se adelantó, es fundado el agravio, porque el análisis ponderado del interés social frente a la apariencia del buen derecho, aunado al peligro en la demora de la solución final del conflicto constitucional planteado, lleva a este tribunal a concluir que procede conceder la suspensión del acto reclamado, porque con la negativa de la medida suspensional puede causarse una mayor afectación al interés social. Lo anterior lleva a este Tribunal Colegiado a apartarse del criterio jurisprudencial(1) derivado de la resolución de las quejas 30/2017-III, 31/2017-I, 36/2017-II, 41/2017-I y 42/2017-II.

15. Para una mayor comprensión de las consideraciones que sustentan esta resolución debe decirse, en primer lugar, que la palabra suspensión deriva etimológicamente del latín suspensio, suspensionis, que es la acción y efecto de suspender. A su vez, el verbo "suspender", del latín suspendere, en una de sus acepciones significa: "detener o diferir por algún tiempo una acción u obra".(2) Aplicada al ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tal determinación tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable, y constituye una medida precautoria que la quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama, no se realicen.

16. En cuanto a la naturaleza de la suspensión, destaca decir que es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo, evitando a la quejosa los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudieran ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso mientras se decide si es violatorio de la Constitución Federal. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intituladas: "SUSPENSIÓN."(3) y "QUEJA SIN MATERIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN."(4)

17. Por otra parte, el fundamento constitucional de la suspensión de los actos reclamados se encuentra previsto en el texto de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5), 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo,(6) los cuales disponen que para la procedencia de la medida cautelar se requiere considerar, tanto la naturaleza de la violación alegada, como los perjuicios que pueda sufrir el impetrante del juicio de garantías, y que concurran los requisitos correspondientes. Respecto a éstos, es ilustrativa la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia ley."(7)

18. En lo que aquí interesa, respecto del requisito relativo al orden público y al interés social, se tiene que ambas nociones exigen del juzgador un análisis ponderado entre la afectación que pudiera tener el particular con la ejecución del acto y el perjuicio que se generaría al colectivo en caso de que se paralizara el acto de autoridad. En ese sentido, se ha definido al orden público como el arreglo o composición de la comunidad que se da con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que al interés social, como la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno. Sobre el tema, resulta orientadora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN."(8)

19. Luego, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público.

20. Precisado lo anterior, conviene ahora indicar que, en la especie, la quejosa acudió al amparo para impugnar la inconstitucionalidad de los artículos 37, 38, 39, 40, 40, (sic) 41, 42, 43, 44, 45, 45, (sic) 46, 47 y 48, entre otros, de los Reglamentos (homologados) de Tránsito y Vialidad de los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santiago, Guadalupe, Juárez, Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo y Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo León,(9) por estimarlos contrarios al ejercicio de sus derechos fundamentales de libre tránsito, igualdad, libertad de trabajo y de comercio; destacando como parte de sus conceptos de violación, entre otros, que los referidos reglamentos de tránsito invaden la esfera de competencia de las autoridades federales, por regular una actividad (transporte público de carga) que estaba reservada para la Federación, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

21. Igualmente, se aprecia que solicitó el otorgamiento de la medida cautelar para el siguiente efecto:

"• ...para el efecto de suspender el cobro de cualquier derecho no contemplado en la ley, que se encuentre regulado en los numerales 37 y 48 de los reglamentos de tránsito homologados aplicables al transporte de carga pesada.

"• No se apliquen en perjuicio de la quejosa los preceptos impugnados de inconstitucionalidad, y se permita la circulación de los vehículos de transporte de carga pesada que opera mi representada o que tenga algún derecho directo o indirecto, sin aplicar las limitaciones, restricciones, permisos y costos de éstos...

"• No se retiren de la circulación los vehículos que opera mi representada, respecto de los cuales es propietaria o tiene la legal posesión de los mismos, según las constancias que se acompañaron al presente juicio.

"• No se apliquen en perjuicio de mi representada los numerales referentes al transporte de carga pesada de los reglamentos combatidos, en específico los contenidos en el capítulo III, sección 5 ‘De los vehículos de carga pesada’.

"• No se limiten, revoquen o restrinjan los derechos contenidos en las autorizaciones expedidas por la Dirección General de Autotransporte Federal, así como los permisos y tarjetas de circulación federal de las unidades descritas en el escrito inicial de demanda."

22. Luego, en la resolución materia de este recurso, se tiene que, por una parte, el Juez de Distrito consideró que se acreditó el primer elemento para el otorgamiento de la suspensión, es decir, que había solicitud expresa de la quejosa; igualmente consideró que había certeza sobre la existencia de los actos reclamados y, además, tuvo por satisfecho el interés suspensional de la quejosa, al estimar que ésta lo había acreditado.

23. No obstante, consideró, en lo que es materia de controversia, que no era procedente el otorgamiento de la suspensión provisional, porque con su concesión se afectarían disposiciones de orden público y el interés social, pues la finalidad de los reglamentos de tránsito y vialidad impugnados era ordenar armónicamente la convivencia social y buscar el bienestar de la comunidad en cuestiones de circulación vehicular y ordenamiento vial.

24. Sentado lo anterior, este tribunal considera que, contrario a lo que resolvió el a quo, es procedente la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de los artículos de los reglamentos homologados de tránsito y vialidad impugnados, pues por las razones que enseguida se precisan, la negativa de dicha medida suspensional puede causar mayor afectación al interés social, por las repercusiones que en su actividad económica y social lleva consigo la regulación permisiva, en parte, y restrictiva en otra, de la circulación del transporte de carga en la zona urbana, llevada a cabo por personas que debido a esa actividad están vinculadas con la producción, intercambio, la distribución de artículos, servicios y bienes de consumo necesario, que trascienden necesariamente en la economía social.

25. Este tribunal no desatiende que el artículo 1o. de los reglamentos en comento,(10) prevé que éstos serán de orden público e interés social y de observancia general, y que tienen por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública, y la seguridad vial municipal; tampoco se deja de apreciar la obligación de organizar y regular la circulación de vehículos dentro del territorio del Estado, como una materia prioritaria para la debida convivencia social.

26. Sin embargo, dicho interés social no sólo se proyecta sobre los derechos de quienes transitan por las vialidades municipales, sino también sobre los de quienes, en ejercicio de sus derechos, son destinatarios también de los ordenamientos de tránsito y vialidad; es decir, los gobernados que como parte de su actividad económica utilizan las vialidades de los Municipios para el tránsito de mercancías y bienes de servicio (sic).

27. Es así, porque la composición actual de la sociedad se representa por una interconexión compleja de redes que permite la interacción de sus miembros, de manera que al otorgar contenido al concepto de interés social, por vía de la interpretación en cada caso, debe considerarse la convergencia de diversos intereses que aunque en ocasiones son coincidentes, y en otras colisionan, es el orden público el que se encarga de armonizarlos en aras de un interés colectivo más amplio representado por el bien común.

28. Visto así, en la especie se tiene, por una parte, la necesidad social de la regulación de los vehículos de carga que circulan en el área urbana y cuya normatividad aquí impugnada, califica como una situación de orden público e interés social y, por otro lado, frente a dicha necesidad, los derechos constitucionales de libertad de tránsito y de trabajo de quienes en ejercicio legítimo de sus derechos utilizan las vialidades municipales para el desarrollo de su actividad económica; actividad que, si bien les genera un beneficio directo producto de esa actividad, no se puede reducir a un simple interés particular, puesto que, en principio, encuentra respaldo en el ejercicio de derechos constitucionales pero, además, el perjuicio que puede traer consigo a las quejosas se proyecta más allá de la esfera jurídica de éstas, porque trasciende al interés social que comprende no sólo la necesidad de beneficiar a la colectividad, sino en lo que aquí resulta especialmente destacable, la de evitar un mal, desventaja o trastorno.

29. En efecto, en la medida en que la limitación o restricción en la circulación de los vehículos de carga impacta a una actividad vital en la economía de las personas que componen el conglomerado social, el orden público y el interés social coinciden en el punto de convergencia de privilegiar el orden y el bienestar común, evitando su eventual afectación, pues para estos casos el legislador estableció un lineamiento específico en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo,(11) al señalar que, si a juicio del juzgador, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social, entonces debe concederse la suspensión.

30. Vista así, la medida cautelar otorgada en las circunstancias mencionadas, lejos de controvertir el interés social y el orden público, privilegiaría dentro de ese concepto colectivo, la armonización de intereses que, aunque diversos, están unidos en un solo fin, el interés social y colectivo para armonizar la vida social en donde confluyen.

31. De esta forma, si la regularidad de la actividad social y económica puede ser trastocada por las limitaciones o restricciones señaladas, porque inciden en el desenvolvimiento cotidiano de su economía y desarrollo, lo procedente es evitar ese probable trastorno, favoreciendo el interés social que se afectaría en mayor medida si se negara la suspensión. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."(12)

32. En apoyo a la anterior conclusión, se atiende a la naturaleza del acto reclamado, esto es, se trata de una norma de efectos generales cuya aplicación, a juicio de la quejosa, se dirige a limitar, restringir y prohibir la circulación de vehículos de carga al regular la actividad económica del transporte de carga, actividad que antes de que se emitiera esa normatividad, se realizaba al amparo de los permisos de transporte otorgados por las autoridades facultadas para ello, federales y estatales; sin embargo, a raíz de los reglamentos reclamados, la administración municipal condiciona la circulación de los vehículos de carga a limitaciones y restricciones antes inexistentes.

33. En estas condiciones, un análisis de la apariencia del buen derecho invocado por la agraviada, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, lleva a este tribunal a considerar que el acto reclamado es suspendible, se actualiza la apariencia del buen derecho, existe peligro en la demora y el nivel de afectación que pudiera ocasionarse a la sociedad justifican la medida cautelar. Dicha apariencia se surte, porque si con anterioridad la autoridad administrativa no había regulado la circulación de los vehículos en cita, mediante las limitaciones y restricciones que ahora impone, implica que había tolerado o mantenido un silencio durante el tiempo que no ejerció la potestad de la que ahora hace uso y, con ello, generó la confianza legítima en que la situación se mantendría sobre la base de la seguridad jurídica.

34. De ahí que, si con motivo de un cambio súbito esa expectativa se vio quebrantada, debe operar la suspensión cautelar de la norma impugnada, a fin de que, hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva o, eventualmente, sobre su constitucionalidad, las cosas se mantengan en el estado de seguridad jurídica en que se encontraban, a efecto de salvaguardar los derechos constitucionales protegidos, ante el peligro que la demora en la solución final del juicio de derecho origine perjuicios difícilmente reparables en la esfera jurídica del gobernado.

35. Sobre el principio de confianza legítima, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha interpretado como parte de la tutela de los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, como una prerrogativa a favor de los ciudadanos que evita dejarlos en una situación de incertidumbre jurídica y en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad; es decir, tiende a evitar el arbitrio de la autoridad y se basa en la prerrogativa de buena fe en la actuación de la autoridad administrativa. Al respecto, se citan las tesis 2a. XXXVII/2017 (10a.), 2a. XXXIX/2017 (10a.) y 2a. XXXVIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, intituladas: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.",(13) "CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS."(14) y "CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS."(15)

36. Por las razones expuestas se declara fundado el presente recurso y, al encontrarse reunidos los requisitos legales previstos por los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados a la quejosa **********, contra la aplicación, en su perjuicio, de los numerales 37 a 49 de los Reglamentos (homologados) de Tránsito y Vialidad de los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santiago, Guadalupe, Juárez, Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo y Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo León.

37. Similar criterio sostuvo este tribunal, al fallar, por unanimidad de votos, el recurso de queja 249/2017-II, en sesión del pasado nueve de marzo del presente año, así como el diverso recurso de queja 254/2017-II, resuelto también por unanimidad de votos en sesión de catorce de marzo de dos mil diecisiete.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados David Próspero Cardoso Hermosillo, José Elías Gallegos Benítez y José Carlos Rodríguez Navarro, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, siendo presidente el primero de los nombrados y ponente el segundo.

En términos de lo previsto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a los artículos 68, 97, 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: El criterio jurisprudencial de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 37 AL 48 DE LOS NUEVOS REGLAMENTOS HOMOLOGADOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY, QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, MONTERREY, ESCOBEDO, APODACA, GUADALUPE, SANTA CATARINA, JUÁREZ Y SANTIAGO, TODOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE ENTRARON EN VIGOR LOS DÍAS UNO Y CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE." citado en esta ejecutoria, no se publicó en el Semanario Judicial de la Federación ni en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, al haberse solicitado su cancelación por el propio Tribunal Colegiado de Circuito.

Las tesis aisladas 2a. XXXVII/2017 (10a.), 2a. XXXIX/2017 (10a.) y 2a. XXXVIII/2017 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo II, marzo de 2017, páginas 1385, 1387 y 1386, respectivamente.

________________

1. "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 37 AL 48 DE LOS NUEVOS REGLAMENTOS HOMOLOGADOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY, QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, MONTERREY, ESCOBEDO, APODACA, GUADALUPE, SANTA CATARINA, JUÁREZ Y SANTIAGO, TODOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE ENTRARON EN VIGOR LOS DÍAS UNO Y CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE."

2. Referencia consultada en la página electrónica del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: http://dle.rae.es/?id=Yp1N25T

3. Registro digital: 282639. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, enero de 1928, Núm. 9, Materia: Común. Página: 560, de texto: "La consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo; y si no lo hacen, sus actos constituyen un desobedecimiento a la suspensión, pues los alcances de ésta son impedir toda actuación de las autoridades responsables, para ejecutar el acto que se reclama."

4. Registro digital: 326416. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIII, septiembre de 1942, Núm. 28, Materia: Común. Página: 6972, de texto: "La suspensión de los actos reclamados es una medida transitoria por su misma naturaleza y tiende exclusivamente a mantener viva la materia del amparo y a evitar se causen al quejoso perjuicios de difícil reparación, entretanto se resuelva el fondo del asunto; y deja de surtir efectos tan pronto como empieza a producirlos la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal. Por tanto, es correcto el fallo que resuelve que carece de materia una queja interpuesta por incumplimiento de la interlocutoria que hubiera concedido la suspensión definitiva, cuando ya se hubiere dictado sentencia de segundo grado, que se hubiera notificado a las autoridades responsables para su cumplimiento."

5. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

"...

"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."

6. "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el quejoso; y

"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

"Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.

"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."

"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

"I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

"II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;

"III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;

"V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;

"VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;

"VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;

"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

"IX. Se impida el pago de alimentos;

"X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

"XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;

"XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;

"XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."

"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27142-1bb09661/transito-y-vialidad-de-los-municipios-de-monterrey · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.