REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 10 DE JUNIO DE 2016 -ACTUALMENTE ABROGADO-. CONFORME A SU ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, ENTRÓ EN VIGOR EL 9 DE AGOSTO SIGUIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ Y JESÚS RODOLFO SANDOVAL PINZÓN. DISIDENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIO: OMAR CASTRO ZAVALETA BUSTOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien tuvo conocimiento de la discrepancia de criterios al fallarse los recursos de queja 333/2016 y 360/2016, que derivaron de los expedientes 1827/2016 y 1809/2016, del índice del juzgado a su cargo, lo que actualiza uno de los supuestos de la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
TERCERO.-Criterios de los que deriva la denuncia de la contradicción de tesis. Para establecer si existe en el caso denunciado una contradicción de tesis de criterios que deba ser resuelta por este Pleno de Circuito, es necesario analizar las consideraciones que informan las ejecutorias involucradas, en los términos siguientes:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 360/2016.
El mencionado órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 360/2016 el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
1. Que el artículo primero transitorio del Reglamento de Tránsito y Vialidad abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León dispone que el periodo de la vacatio legis era de sesenta días contados a partir del día siguiente en que entró en vigor la norma; por lo tanto, era evidente que el día sesenta siguiente a la entrada en vigor de dicho ordenamiento impugnado no podía contemplarse como el primero para el inicio de la interposición del amparo.
2. Lo anterior es así, pues determinó que, al establecerse en la citada disposición legal "el presente reglamento entrará en vigor a los sesenta días", no debía ser tomado en cuenta para computar los términos, sino que su cómputo debe iniciar al día siguiente de los sesenta días, pues al día sesenta, el reglamento aún se encontraba en el periodo de la vacatio legis.
3. Destacando que la vacatio legis es el periodo que transcurre entre la publicación de una ley y su entrada en vigor, y durante la cual, los particulares no pueden ejercer la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que, por lo mismo, no puede obligar a los particulares a cumplirla, toda vez que durante el citado periodo la ley no puede ser obligatoria.
4. Por lo que concluyó que si el reglamento impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el diez de junio de dos mil dieciséis, el día uno de los sesenta días naturales a que se refiere el artículo primero transitorio del citado ordenamiento comenzó a computarse a partir del día once de los citados mes y año, y el día sesenta después de la publicación del reglamento, lo fue el nueve de agosto del mismo año; entonces, el término de treinta días a que alude el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo, inició el diez de agosto de dos mil dieciséis y concluyó el veintitrés de septiembre del mencionado año, descontando los días trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto, tres, cuatro, diez, once, dieciséis y dieciocho de septiembre, por tratarse de sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, de acuerdo a la circular 24/2016, de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
5. De ahí que si la quejosa había presentado su demanda de garantías, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, lo realizó oportunamente, contrario a lo determinado por el Juez a quo, por lo cual, revocó el auto impugnado para el efecto de que el juzgador de origen, de no advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, admitiera la demanda de amparo y le diera el trámite que en derecho correspondiera.
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 333/2016-II.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, resolvió el recurso de queja 333/2016 que, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
1. El mencionado órgano colegiado consideró que en el artículo primero transitorio del Reglamento de Vialidad y Tránsito abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se utiliza la expresión "entrará en vigor a los 60-sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación", lo cual indica, de acuerdo a su significado gramatical, que en el día sesenta contado a partir del día siguiente a la publicación, el ordenamiento entró en vigor; por lo que resultaba inexacto afirmar que el día sesenta natural siguiente a la publicación del acto reclamado no debía considerarse en el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo, pues ese día inició la vigencia del ordenamiento y no podía considerarse como parte de la vacatio legis.
2. En ese sentido, determinó que, de igual manera, era inexacto estimar que la vacatio legis, en el asunto en cuestión, tuvo una duración de sesenta días, ya que el referido día sesenta no podía formar parte de dicho periodo, al ser el día en que entró en vigor el decreto reclamado; lo cual sustentó en la tesis jurisprudencial 2a./J. 47/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, visible en la página 329, de rubro y texto siguientes: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LAS NORMAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2004, ENTRARON EN VIGOR EL 4 DE MAYO SIGUIENTE.-Del análisis del artículo primero transitorio del mencionado decreto se advierte una regla general consistente en que las reformas, adiciones y modificaciones entrarán en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo los casos de excepción a que se refieren las demás disposiciones transitorias. En este sentido, de la lectura de la disposición transitoria citada no se advierte que entrará en vigor el día siguiente de aquel en que terminaron los noventa días, sino que las normas a que se refiere el artículo primero transitorio del referido decreto entraron en vigor el 4 de mayo de 2004, fecha que corresponde al nonagésimo día siguiente a su publicación."
3. En ese orden, resolvió que el día sesenta natural siguiente al en que se publicó el decreto reclamado, fue el nueve de agosto de dos mil dieciséis, por tanto, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo en contra de una norma autoaplicativa es de treinta días, y de acuerdo al numeral 18 de la ley en consulta, dicho plazo se debe computar a partir de las cero horas del día en que entra en vigor la misma; por lo que resultó que el plazo para presentar la demanda de amparo inició el nueve de agosto de dos mil dieciséis y concluyó el veintidós de septiembre del mismo año.
4. Entonces, asumió que el juzgador de origen actuó correctamente, al desechar la demanda de amparo presentada por extemporánea; con motivo de ello, estimó infundados los agravios formulados y declaró infundado el recurso de queja planteado.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis.
Procede ahora determinar si, en el caso, existe o no la contradicción, de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.
Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, visible en la página 7, que señala lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Del contenido de las ejecutorias que han sido reseñadas, se observa que sí se verifica la contradicción de tesis, porque los tribunales contendientes, ante el planteamiento del mismo problema jurídico, resolvieron con criterio y sentido distintos.
La problemática que se formuló en ambos casos, a través de los recursos de queja que resolvieron, consistió en determinar la legalidad de la actuación del Juez de Distrito, al desechar por extemporáneas las demandas de amparo presentadas contra la inconstitucionalidad del Reglamento de Tránsito y Vialidad abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el diez de junio de dos mil dieciséis, con sustento en la interpretación que realizaron del artículo primero transitorio de dicho reglamento, para determinar su entrada en vigor.
En ambos casos, las demandas de amparo habían sido presentadas ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, el día veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Al proveer sobre su admisión, el Juez de Distrito determinó, de manera similar, desecharlas, por estimar que fueron promovidas fuera del plazo de treinta días para impugnar la norma en su carácter de autoaplicativa, conforme a lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; ello, al tomar en cuenta que, en términos del artículo primero transitorio del Reglamento de Tránsito y Vialidad abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, éste entraba en vigor a los "sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación", es decir, el nueve de agosto de dos mil dieciséis, por lo que para el a quo, el día 60-sesenta era el primero con el que contaban las quejosas para impugnar el reglamento, por lo que la vacatio legis había tenido una duración de 59-cincuenta y nueve días; siendo entonces que el plazo para la presentación de la demanda corrió del nueve de agosto y hasta el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, por lo cual, al presentarse hasta el día veintitrés de septiembre, consideró que eran extemporáneas.
Con relación a dicho tema jurídico, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 360/2016, sostuvo que de la interpretación al artículo primero transitorio del Reglamento de Tránsito y Vialidad abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, el primer día que se debía tomar en cuenta para efectos del cómputo del plazo para su impugnación en vía de amparo como norma autoaplicativa, era al día siguiente en que se cumplen los 60-sesenta días naturales; es decir, al día 61-sesenta y uno, para el citado órgano jurisdiccional el periodo de la vacatio legis del reglamento transcurrió del día posterior a su publicación y hasta el día 60-sesenta, para entrar en vigor al día 61-sesenta y uno, luego, el día número 60-sesenta debía ser entendido el último del periodo de la vacatio legis, y no como el primer día para el inicio del cómputo para la interposición de la demanda de amparo; así que declaró fundado el recurso de queja.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, sobre el mismo tema, sostuvo, en el recurso de queja 333/2016, que de la interpretación del artículo primero transitorio del Reglamento de Vialidad y Tránsito abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se advertía que su entrada en vigor se dio en el día 60-sesenta posterior a su publicación, por lo que el periodo de la vacatio legis del reglamento abarcó desde el día siguiente de su publicación y hasta el día 59-cincuenta y nueve para, finalmente, entrar en vigor al día 60-sesenta de haberse publicado.
Es decir, para el tribunal homólogo la vacatio legis tuvo una duración de 59-cincuenta y nueve días naturales, por lo que el día 60-sesenta natural no formaba parte de dicho periodo, por ser justamente el día en que entraba en vigor la norma, luego, el plazo para la presentación de la demanda de amparo debía computarse a partir del día 60-sesenta, como el primero que la quejosa tuvo para presentar su demanda de amparo contra el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio abrogado de San Nicolás de los Garza, al impugnarla como una disposición legal en su carácter de autoaplicativa y, en ese sentido, declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto del Juez de Distrito impugnado.
En ese orden de ideas, se evidencia que los Tribunales Colegiados de Circuito implicados en la denuncia de contradicción de tesis examinaron similares cuestiones jurídicas, respecto de las cuales arribaron a conclusiones discrepantes, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concluyó en que la interpretación que debía dársele al artículo primero transitorio del Reglamento de Vialidad y Tránsito abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en relación con su entrada en vigor, debía ser entendida como que el día 60-sesenta correspondía aún al periodo de la vacatio legis, por lo que el cómputo de los 30-treinta días para la presentación de la demanda de amparo debía computarse a partir del día siguiente en que se cumplían los 60-sesenta, es decir, el día 61-sesenta y uno.
Mientras que para el Segundo Tribunal Colegido en Materia Administrativa, el artículo primero transitorio del Reglamento de Tránsito y Vialidad abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza -en relación con su entrada en vigor- debía ser interpretado en su sentido gramatical, es decir, que al día 60-sesenta entraba en vigor, por lo cual, la vacatio legis tendría una duración de 59-cincuenta y nueve días y, en consecuencia, el término para la interposición de la demanda de amparo debía computarse desde el propio día 60-sesenta, por ser ésa la fecha en que el creador de la norma dispuso para que ésta entrara en vigor.
Por tanto, existe la contradicción de tesis denunciada, en la cual, el punto de contradicción que debe esclarecer este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consiste en establecer cuál es la interpretación que debe darse al artículo primero transitorio del Reglamento de Tránsito y Vialidad abrogado del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de junio de 2016, para delimitar si dicho ordenamiento entró en vigor el propio día 60-sesenta de su publicación, o bien, al día siguiente.
QUINTO.-Criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.
El criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, es el sustentado por este Pleno de Circuito, en el sentido de que el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 10 de junio de 2016, al establecer textualmente: "Artículo primero. El presente reglamento entrará en vigor a los 60-sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.", implica que entró en vigor al día 60-sesenta (natural) después de su publicación, es decir, el 09 de agosto de 2016, por lo que el periodo de la vacatio legis de la disposición normativa tuvo una duración de 59-cincuenta y nueve días.
Para arribar a tal conclusión, este Pleno de Circuito parte de la premisa de que el artículo primero transitorio del citado reglamento, que dispone su entrada en vigor, admite su interpretación literal o gramatical, esto es, dándole prioridad de inicio a las expresiones que lo conforman, como lo dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su reacción no evidencia ambigüedad, debido a que, de su simple lectura, se desprende la voluntad del creador de la norma expresada en sus palabras, en cuanto a que al día 60-sesenta (natural) posterior a su publicación empezaría su obligatoriedad; por ende, ante tal precisión, no cabe una interpretación diferente que se aparte de lo expresado en el enunciado.
Así, en principio, se tiene presente el contenido del citado dispositivo de nuestra Carta Magna, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 14. ...
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
Según se aprecia, es aceptable la interpretación jurídica a la letra de la ley, esto es, la que privilegia su redacción, como primera opción interpretativa para la emisión de un fallo, es decir, que para buscar la solución de un problema jurídico, se debe considerar, en primer lugar, lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente.
Sirve de sustento a lo antes expresado, la tesis aislada 1a. LXXII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de dos mil cuatro, en la página 234, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.-De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente."
Igualmente, es orientador el contenido de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXIV, Número 6, página 1451, que establece:
"LEYES, INTERPRETACIÓN DE LAS.-La interpretación de las leyes sólo tiene lugar cuando son imprecisas, de manera que su aplicación haga necesario acudir a sus fuentes, a la finalidad que se propuso el legislador y a otros medios legales que conduzcan a dilucidar cuál fue la intención de éste; pero cuando las leyes son claras y precisas y de su simple lectura es posible percatarse de los casos que comprenden, no ameritan interpretación alguna y deben aplicarse literalmente."
Ahora bien, para justificar el sentido de esta ejecutoria, resulta importante destacar que el enunciado normativo que plantea la problemática interpretativa se enmarca en la necesidad de determinar el momento a partir del cual cobra vigencia la disposición, una vez transcurrida la vacatio legis, definida por la doctrina como el periodo que media entre la publicación de la ley y su entrada en vigor, con el cual se culmina el procedimiento legislativo, marcando el momento en que adquiere fuerza obligatoria para quienes quedan comprendidos (Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo IV. F-L. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2002, pág. 541).
La idea de que exista un periodo entre la publicación de una ley y su entrada en vigor, obedece a la finalidad de que los destinatarios de la norma tengan oportunidad de conocer su contenido y, en consecuencia, prever cualquier acción necesaria para no incurrir en su incumplimiento o adoptar medidas para estar en armonía con la actividad reguladora del Estado.
Luego, el periodo de inicio de la vigencia de una norma, se puede dar de dos maneras: sucesiva y sincrónica. La primera, es decir, la sucesiva se da cuando la disposición no señala un momento exacto para su entrada en vigor, se entenderá que ésta cobra obligatoriedad al tercer día de publicada del lugar donde se haya hecho ésta (la publicación), y para los lugares distintos a éste, además del plazo anterior, un día más por cada 40-cuarenta kilómetros de distancia (artículo 3o. del Código Civil Federal). Mientras que la sincrónica, se da cuando la propia norma dispone el momento preciso en que ésta cobra obligatoriedad.
En la materia de la contradicción de tesis que se resuelve, el supuesto relevante es el segundo "sincrónico", porque la propia norma sujeta a interpretación, dispone el momento de su entrada en vigor. Al respecto, resulta aplicable el artículo 4o. del Código Civil Federal, que dispone:
"Artículo 4o. Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de que su publicación haya sido anterior."
De este marco interpretativo se infiere que la disposición normativa empieza a regir el día en que lo señale, con tal de que haya sido publicada con anterioridad, es decir, la vacatio legis se dará, entonces, desde el momento en que se publica y hasta antes de su entrada en vigor. De ello se sigue que, durante el transcurso de dicho periodo, el receptor de la norma no puede impugnar su contenido, porque aún no cobra obligatoriedad.
Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, 1a./J. 2/96, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO.-Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el periodo que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho periodo la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor."
Una vez dilucidado lo anterior, para mayor claridad en el ejercicio hermenéutico que sustenta esta resolución, conviene transcribir textualmente el contenido de la disposición normativa en cita:
"Artículo primero. El presente reglamento entrará en vigor a los 60-sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León."
De la literalidad del artículo en comento se desprenden dos ideas principales, que dejan clara la intención de la autoridad municipal para disponer del momento a partir del cual el reglamento cobraría obligatoriedad para sus destinatarios y, en ese sentido, es factible concluir que la estructura gramatical del texto deja al descubierto su finalidad.
Así, la primera idea que es la voluntad de su creador para que el reglamento inicie su vigencia, se aprecia de la lectura de la oración: "El presente reglamento entrará en vigor".
La segunda idea es el momento a partir del cual, la norma entrará en vigor, para lo que se dispuso que sería a los 60-sesenta días naturales siguientes al de su publicación, tal y como a la letra se aprecia: "a los 60-sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación".
Ambas ideas dan respuesta clara al cuestionamiento respecto al momento en que entrará en vigor la norma, pues ésta precisa en su texto, que "entrará en vigor a los 60-sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación", esto es, al sesentavo día.
Es así, porque en atención a la literalidad del enunciado, es decir, al significado más inmediato que presenta por el uso común de la palabra y su conexión sintáctica, refle
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27363-8aa854d2/reglamento-de-transito-y-vialidad-del-municipio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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