PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON BASE EN LA LEY VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997. PARA RESOLVER SOBRE SU INCREMENTO, LA JUNTA DEBE APLICAR EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE RIGE A ESE INSTITUTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, AUN CUANDO NO SE OPONGA COMO EXCEPCIÓN.
AMPARO DIRECTO 789/2016. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. DISIDENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: AHIDEÉ VIOLETA SERRANO SANTILLÁN.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra y fundados en una más.
********** demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reconocimiento de que padece estado de invalidez a consecuencia de las enfermedades de orden general y, por ende, el pago de la pensión respectiva y otras prestaciones accesorias.
El Instituto Mexicano del Seguro Social negó derecho al accionante y manifestó que no reunía los requisitos del artículo 128 de la anterior Ley del Seguro Social.
La Junta determinó que la carga de la prueba correspondía al actor; posteriormente, negó valor demostrativo al dictamen rendido por el perito del instituto y otorgó eficacia probatoria al del actor y tercero en discordia y consideró que demostró el estado de invalidez, por lo que condenó al pago de una cantidad determinada por pensiones vencidas y por asignaciones familiares devengadas y al de la pensión mensual y asignaciones familiares a partir del primero (1o.) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en las sumas que precisó y a los incrementos.
El quejoso sostiene que en la audiencia relativa al desahogo de la prueba pericial médica tercero en discordia, el galeno no acreditó su personalidad y pericia en la materia, tal y como lo exige la ley, porque no exhibió ni corre agregada en autos copia o certificación de la cédula profesional, cédula de especialización en la materia, certificación del consejo de especialidad e identificación, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 821, 822 y 825, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y que esto se agravó más porque el especialista no estuvo presente en la audiencia.
Es infundado el concepto de violación porque del expediente laboral se advierte que en la audiencia celebrada el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013) (folios 150 y 151), señalada para el desahogo de la prueba pericial médica tercero en discordia, compareció el perito **********, quien se identificó con cédula profesional, que lo acreditó como médico cirujano, expedida por la Dirección General de Profesiones y el título expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien rindió su opinión mediante escrito, cuyas constancias obran en autos (folios 147 y 148); por lo que es inexacto que no se haya identificado plenamente el galeno en cuanto a su pericia en medicina ni asistido a la diligencia; de ahí que no asista razón al quejoso en lo que argumenta.
El inconforme sostiene que la Junta lo condenó al pago de la pensión de invalidez, a pesar de que el actor no cumplió los requisitos previstos en los artículos 119 y 122 de la Ley del Seguro Social vigente; que debe demostrarse la imposibilidad para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales; que el actor tenía la carga de la prueba y que no acreditó los dos requisitos; que la responsable incorrectamente sólo estudió el aspecto médico respecto del dictamen del perito tercero en discordia y omitió analizar las excepciones y defensas que opuso; que el trabajador no ofreció pruebas para demostrar el primer requisito y, por ello, la Junta no podía declarar que tenía ese estado; que el perito tercero en discordia se limitó a expresar únicamente que le otorgaba tal beneficio por enfermedades generales y omitió analíticamente (sic) fundamental (sic) la imposibilidad del actor de allegarse de un salario superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo; que la Junta debe valorar de manera imparcial el material probatorio, así como la prueba pericial médica; que el actor no acreditó sus extremos y el perito médico se excedió en su facultad apoyado por la Junta; que de las pruebas no se observa alguna que fundamente la invalidez y, por ende, no podía declararse que el actor la padecía, pues se requiere una prueba fehaciente y no meras apreciaciones de carácter subjetivo como las que argumentó la autoridad; que como lo reconoció la Junta en la parte considerativa del laudo, el actor no demostró los dos requisitos para disfrutar de la pensión de invalidez; que el dictamen del perito tercero en discordia no tiene valor probatorio, porque ni siquiera señaló cuál fue el salario percibido por el actor durante el último año de trabajo y de qué manera podían influir las enfermedades generales para que estuviera imposibilitado para obtener una remuneración superior al cincuenta por ciento de la correspondiente al último año de trabajo, como lo exige el artículo 128 de la anterior Ley del Seguro Social; que la Junta tenía la obligación de estudiar todos los dictámenes periciales e indicar por qué les otorgaba o negaba valor probatorio a algunas de las pruebas aportadas por las partes y que en consecuencia, el laudo carecía de fundamentación y motivación; que los tres peritos médicos no fundaron ni motivaron sus opiniones bajo las mismas circunstancias de valoración y revisión del actor, por lo que fue tendencioso que se otorgara valor al dictamen del perito tercero en discordia y no al del galeno del instituto, pues éste exhibió su dictamen manifestando bajo protesta de decir verdad que realizó diversos estudios clínicos y de especialidad incluidos en la pericial y en los que fundamentó su opinión, con lo que se acreditó que el trabajador fue valorado por las especialidades de laboratorio, gabinete, audiología, neumología, ortopedia y medicina interna, siendo esto una razón amplia y bastante para no dar por verdadera la pericial médica tercero en discordia; que el dictamen de su perito sí estableció antecedente laboral, categorías y actividades desarrolladas según el trabajador; que dejó al perito tercero en discordia la facultad de condenar o de absolver; que la Junta consideró exclusivamente las conclusiones emitidas por el perito tercero en discordia, que además pretendió fundamentar en su dictamen los padecimientos sin comprobar fehacientemente por medio de las documentales consistentes en los resultados de estudios practicados al actor, cuando la Ley Federal del Trabajo y la que rige el instituto, requieren que se pruebe conforme a derecho y no por apreciaciones de carácter subjetivo como las que argumentó la Junta; que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se exhibieron tres copias de los avisos para calificar el probable riesgo de trabajo, copia del dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo de veintiocho (28) de noviembre de dos mil dos (2002); comunicado interno, recibo de nómina, contrato individual de trabajo, copia simple de aviso de inscripción, credencial de trabajo, dos copias certificadas de las actas de nacimiento, la testimonial y la pericial médica, las cuales son inapropiadas para acreditar sus extremos, omitiendo por tanto rendir aquellas que son indispensables para acreditar profesión, actividades y tiempos de exposición a los agentes contaminantes y ambientales, en que según el trabajador se ha desarrollado, por lo que en dichas pruebas no se fundamenta la incapacidad demandada y, por tanto, la Junta no podía declarar que el actor se encuentra incapacitado, pues la ley exige acreditar con pruebas acordes al derecho y a las buenas costumbres el extremo de su pretensión; que en este caso el actor no acreditó sus extremos y el perito médico se excedió en su facultad, apoyado por la Junta; que se le debe otorgar el amparo por la falta de valoración de la documental consistente en la hoja de certificación de derechos; que la Junta incurrió en falta de fundamentación legal al dictar el laudo, porque el trabajador no demostró la procedencia y origen por su deficiente material probatorio, a pesar de que le correspondía la carga de la prueba y que es improcedente condenarlo a reconocer el estado de invalidez apoyado en el dictamen del perito tercero en discordia.
Los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes en otra.
El artículo 128 de la Ley del Seguro Social dispone:
"Artículo 128. Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales."
Del precepto anteriormente transcrito, se desprende que para tener derecho a la pensión por invalidez, el asegurado debía acreditar dos supuestos:
a) Que se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo; y,
b) Que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.
En relación con el primer requisito, queda perfectamente definido que para que algún asegurado se pudiere encontrar en estado de invalidez, debía hallarse "imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento", esto implica a su vez, que quien se dice encontrarse en dicho estado demuestre, mediante un marco de comparación entre su actividad cotidiana y el padecimiento de orden general que:
I. Dicho padecimiento no le permite continuar realizando las actividades inherentes a su puesto; y,
II. Que las labores que sí podría desempeñar, pese a su estado de salud, tienen asignado un salario inferior, de suerte que su remuneración habitual se reduciría en los términos que prevé el artículo que se analiza.
En cuanto a las pruebas que podía ofrecer el actor para acreditar que se hallaba imposibilitado para obtener esa remuneración, se encuentran todas las que estimara necesarias para acreditar su dicho, siempre que las mismas no fueran contrarias a la moral o al derecho, entre las cuales podía ofrecer la pericial médica.
Para demostrar el segundo requisito, es decir, que la supuesta imposibilidad deriva de una enfermedad o accidente no profesionales, resulta idónea la prueba pericial médica, en cuanto que ésta aporta a la Junta los conocimientos técnicos y científicos necesarios para conocer la existencia de un padecimiento o accidente de origen no profesional del actor.
Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 51/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, página 265, que establece:
"INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.-Del artículo 128 de la Ley del Seguro Social se desprende que son dos los requisitos que han de satisfacerse para demostrar el estado de invalidez de un asegurado: que el mismo no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Si bien es exacto que para demostrar la existencia del segundo de los requisitos mencionados, resulta idónea la prueba pericial médica, en cuanto aporta a la Junta los conocimientos técnicos y científicos necesarios para conocer la existencia de un padecimiento o accidente y el origen no profesional del mismo, no ocurre sin embargo igual tratándose del primero de los requisitos mencionados, a saber, la imposibilidad del asegurado de obtener una remuneración en el porcentaje especificado, toda vez que para demostrar este hecho el interesado goza de la facultad de ofrecer todas las pruebas que estime necesarias para acreditar su dicho, siempre que las mismas no sean contrarias a la moral o al derecho, pruebas entre las cuales puede figurar incluso la prueba pericial médica, cuando de la misma se desprenda, por las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, que el asegurado esté impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la establecida por el legislador, considerando que para resolver la cuestión propuesta, la Junta está obligada a analizar todas las pruebas que le rindan las partes, tanto en lo individual como en conjunto, a fin de establecer si está o no demostrado el estado de invalidez del asegurado."
En ese contexto, son infundados los argumentos del quejoso que convergen en que la Junta no analizó los dictámenes rendidos en el juicio laboral y, en ese sentido, no fundó ni motivó debidamente el fallo.
Así es, porque el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada y "apreciando los hechos en conciencia", sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen, en el entendido de que la facultad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para apreciar "en conciencia" la prueba pericial no las libera, en modo alguno, del deber constitucional, en último análisis normativo, de expresar las razones por las cuales concedan o nieguen eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio y determinar en cuál de ellos se apoyaba para resolver, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los fundamentos y motivos del mismo, como de impugnarlos ante el órgano de control constitucional.
Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 4a./J. 28/94, sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25, Número 80, agosto de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:
"PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.-Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de ‘PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.’, con la cual quedó superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada compilación, Segunda Parte, con el título de ‘PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’, en la que se establecía que las Juntas gozaban de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad."
En el laudo reclamado, la Junta expuso las razones por las que negó eficacia probatoria al dictamen emitido por el especialista del demandado y se la concedió a la opinión del perito del actor y el tercero en discordia, como se advierte de la parte relativa del mismo, que dice:
"...V. Respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, esta Junta considera que la prueba toral e idónea en el presente asunto lo es la pericial médica, motivo por el cual se procede a analizar, en primer término, la ofrecida por la parte actora a cargo de la Dra. ********** quien se identifica con cédula profesional No. ********** expedida por la Dirección General de Profesiones, así como título expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, que la acredita como médico cirujano, de fecha 26 de julio de 1982, con lo que cumple con lo estipulado en los artículos 5o. constitucional y 822 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley General de Profesiones (fojas 118 a 119) de los autos; cuyo dictamen obra a fojas 118 a 119 vuelta de los autos, en el que considera que tomó en cuenta: ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y patológicos, antecedentes laborales, padecimiento actual, exploración física, estudios complementarios. Diagnóstico: 1. **********. Conclusiones médico legales: El actor es portador del diagnóstico enunciado y se califica del orden de enfermedad general por no existir relación causa efecto con el ambiente laboral, por lo tanto sin lugar a valuación pero debido a la gravedad y lo incurable de este padecimiento, por tal motivo se encuentra imposibilitado para desempeñar cualquier trabajo, y por consiguiente el actor sí presenta estado de invalidez como lo establece el artículo 128 anterior o 119 de la actual Ley del Seguro Social.-Por su parte el perito médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. **********, quien se identifica con cédula profesional número ********** expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y título profesional expedido por el Instituto Politécnico Nacional que lo acredita como médico cirujano y partero, con lo que cumple con lo estipulado en los artículos 5o. constitucional y 822 de la Ley Federal del Trabajo así como de la Ley General de Profesiones (foja 125) de los autos; rinde su dictamen que obra a fojas 126 a 131 de los autos, en el que tomó en cuenta: motivo de la demanda, ficha de identificación, antecedentes heredo familiares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, antecedentes laborales, accidentes, padecimiento actual, exploración física y estudios complementarios. Diagnósticos: nosológico, etiológico y anatomofuncional. Conclusiones médico legales: El actor no presenta patología que sea considerada de trabajo de acuerdo a lo estipulado en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley del Seguro Social y sus correspondientes los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo. No se acepta la profesionalidad de padecimiento alguno por no existir relación causa-efecto-trabajo daño y no cumplir con los requisitos del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Ni que sean sujetos de valuación alguna de acuerdo con el artículo 514 de la misma ley. Por otra parte, en este momento no presenta ningún padecimiento invalidante que le imposibilite para procurarse mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de la remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, por no reunir lo estipulado en el artículo 119 de la Ley del Seguro Social, vigente o 128 de la ley derogada.-Habiendo resultado contradictorios los dictámenes médicos antes señalados se hizo necesario que esta Junta designara un perito médico tercero en discordia Dr. **********, quien se identifica con cédula profesional número ********** expedida por la Secretaría de Educación Pública (sic) Dirección General de Profesiones y título profesional expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo acreditan como médico cirujano, con lo que cumple con lo estipulado en los artículos 5o. constitucional y 822 de la Ley Federal del Trabajo así como de la Ley General de Profesiones (foja 147) de los autos, quien rinde su dictamen correspondiente, el que obra a fojas 147 de los autos, en el que considera que tomó en cuenta: historia clínica, ficha de identificación, antecedentes heredo familiares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes laborales, antecedentes personales patológicos, padecimiento actual, exploración física, estudios complementarios. Diagnósticos: 1. **********. 2. **********. Conclusiones médico legales. El actor es portador de los diagnósticos enunciados en párrafos correspondientes, ambos se consideran del orden general por no tener relación de causa efecto daño con su medio ambiente laboral o con accidente de trabajo alguno; sin embargo, considerando la severidad y el carácter evolutivo e irreversible de dichos padecimientos es aplicable el artículo 128 de la Ley del Seguro Social o 119 de la nueva ley que le confieren el estado de invalidez.-VIII (sic). En cuanto a la valoración de los dictámenes antes señalados, esta Junta considera que no se le puede otorgar valor probatorio al rendido por el perito de la parte demandada, ya que hizo un estudio deficiente de las constancias procesales que obran en autos, lo anterior en virtud de que no analiza en forma debida la integridad física del actor, ya que no refiere las secuelas de las enfermedades del orden general que padece el asegurado como es (sic): ********** e **********, lo que trae como consecuencia que minimice los padecimientos que presenta el actor, por lo que dicho dictamen, al contener consideraciones médico legales vagas y oscuras, es por lo que no se le puede otorgar valor probatorio alguno, no cumpliendo con los requisitos de la materia pericial. De igual forma, al perito médico de la parte actora, si bien es cierto que practica estudios médicos, toma en cuenta los antecedentes laborales del actor, también lo es que sobreestima los padecimientos del orden profesional que presenta el mismo, siendo sus conclusiones vagas e imprecisas denotando una marcada inclinación por el mismo.-IX. Respecto al dictamen médico de la perito médico tercero en discordia y parte actora, son los más completos con fundamento en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 28/94, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, con número de registro 207,689, bajo el rubro: ‘PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.’.-Debido a que éstos practican tanto exploración física dirigida, además de realizar estudios médicos especializados entre otros el de radiografías comparativas de hombros, manos, rodillas; y toma en cuenta los antecedentes laborales del actor en la empresa Luz y Fuerza del Centro en el puesto de trabajo de **********, situación que no practica el perito de la demandada, únicamente los refiere en forma escueta, de lo que se advierte que la pericial médica del tercero en discordia y parte actora son los más completos y sus conclusiones médicas más precisas respecto a los padecimientos del orden general que padece el accionante que presenta el asegurado (sic) consistentes en: 1. ********** e **********, siendo su pronóstico, bueno para la vida y reservado para la función; aunado a que tomó en cuenta la historia clínica del operario de la cual se desprende que la edad del mismo es de ********** años al mes de marzo del año dos mil trece, realizó una confirmación sobre los diagnósticos que presenta el asegurado, practicando los estudios médicos antes citados, en donde se observa que el trabajador presenta en padecimiento actual fojas (sic) 148 vuelta en la parte que interesa lo siguiente: ‘...inicia hace 5 años con **********, **********, motivo por el cual acude al IMSS donde es valorado y tratado en forma conservadora a base de antinflamatorios y terapia física con malos resultados ya que el dolor persiste hasta la fecha actual, el cual se incrementa con los descensos climáticos de temperatura limitándole de manera importante los arcos de flexión de dichas articulaciones. Se sabe ********** desde hace 2 años, actualmente bajo tratamiento médico’.-Padecimientos antes mencionados que le provocan un estado de invalidez, en virtud, de que el operario no puede cargar, jalar o empujar objetos pesados y mantener posiciones prolongadas, como se advierte de la pericial médica tercero en discordia. Así como al (sic) argumenta el perito médico tercero en discordia lo siguiente a fojas (sic) 148 vuelta: ‘...El C. ********** presenta actualmente los diagnósticos referidos en el párrafo correspondiente, siendo calificados ambos del orden general por no tener relación de causa electo (sic) daño con su medio ambiente laboral o con accidente de trabajo alguno, sin embargo considerando la severidad y el carácter evolutivo e irresistible (sic) de dichos padecimientos así como su difícil control y las limitaciones físicas que le producen para cargar, jalar, empujar objetos pesados y mantener posiciones prolongadas y que imposibilitan al hoy actor para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al 50% del salario habitual percibido durante su último año de labores...’.-En ese orden de ideas, si el estado de invalidez tiene como fin único y primordial proteger al trabajador contra la incapacidad general no originada por riesgo profesional concibiéndose a dicho seguro no sólo como un daño físico presente en el trabajador que le produzca enfermedades que, de algún modo, le imposibilitan para seguir laborando y que, incluso, como una consecuencia de tales padecimientos, en sí mismo implica el riesgo de agravar su condición general de salud y, por tanto, su integridad física, permite concluir que no hay que esperar a que el trabajador quede en estado total de incapacidad para estar en posibilidad de demandar y obtener una pensión de invalidez. Más aún, si en el caso concreto el actor demostró los requisitos de procedibilidad en el juicio laboral, como son: contar con 546 semanas cotizadas en el régimen obligatorio, estar dentro del periodo de conservación de derechos y tener más de cuarenta años de edad..."
De lo transcrito se observa que la Junta consideró que no le generaba convicción el dictamen del perito del instituto, porque hizo un estudio deficiente de las constancias que obran en autos, ya que no analizó debidamente la integridad física del actor, porque no refirió las secuelas de las enfermedades del orden general que padece el asegurado, por lo que minimizó los padecimientos que presentaba, por lo que tenía consideraciones médico legales vagas y oscuras, y de manera escueta se refirió a los antecedentes laborales del trabajador. Después señaló que el dictamen del perito del actor, aunque practicó estudios médicos y tomó en cuenta los antecedentes laborales, sobreestimó los padecimientos del orden profesional que presentaba el trabajador (sic) y que sus conclusiones eran vagas e imprecisas y que denotaba una marcada inclinación por el mismo; sin embargo, después precisó que los dictámenes médicos del perito tercero en discordia y del actor eran los más completos porque practicaron tanto exploración física dirigida, además de realizar estudios médicos especializados entre otros el de radiografías comparativas de hombros, manos y rodillas y tomaron en cuenta los antecedentes laborales del actor en la empresa y el puesto de trabajo, lo que no hizo el perito del instituto; por lo que la pericial médica del tercero en discordia y parte actora eran los más completos y sus conclusiones médicas más precisas respecto a las enfermedades del orden general que padecía el actor denominadas ********** e **********, siendo su pronóstico, bueno para la vida y reservado para la función, aunado a que tomó en cuenta la historia clínica del operario y transcribió lo que indicó el perito tercero en discordia en su dictamen, para concluir que tales padecimientos le provocan estado de invalidez porque el trabajador no puede cargar, jalar o empujar objetos pesados y mantener posiciones prolongadas, como se advertía de su dictamen y señaló las conclusiones del galeno; de ahí que no asista razón al inconforme al aducir que la Junta no se pronunció sobre cada uno de los dictámenes rendidos en el juicio laboral y que, por ello, el laudo carece de la debida fundamentación y motivación, ya que cumplió con el derecho (sic) de legalidad, pues de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, cuando se trata de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones para conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por los peritos de las partes o, en su caso, por el tercero en discordia y cumplir de esa manera con el derecho de fundamentación y motivación establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal y, en el caso, la responsable lo hizo al dictar el laudo; por lo que son infundados los conceptos de violación sobre la omisión de la Junta de fundar y motivar debidamente el fallo.
En otro aspecto, se califican de inoperantes los restantes argumentos del quejoso porque, como se señaló, la Junta concedió eficacia probatoria a los dictámenes rendido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27006-83e44aec/pensiones-otorgadas-por-el-instituto-mexicano-del-seguro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRUEBA PERICIAL MÉDICA. REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBE REUNIR PARA QUE POR SÍ SOLA DEMUESTRE EL ESTADO DE INVALIDEZ, ESTO ES, TANTO LAS AFECCIONES EN LA SALUD DEL TRABAJADOR COMO S (AMPARO DIRECTO)
- PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DERIVADA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO. SALARIO DIARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN. (AMPARO DIRECTO)
- INVALIDEZ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y 119 DE LA VIGENTE. LA IMPOSIBILIDAD DEL ASEGURADO DE PROCURARSE UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AUN CUANDO ACTÚE COMO ÓRGANO ASEGURADOR, NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A SU FAVOR, NI AUN EXCEPCIONALMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INVALIDEZ, ESTADO DE. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA PRUEBA PERICIAL PARA DEMOSTRAR QUE EL ASEGURADO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PROCURARSE, MEDIANTE UN TRABAJO, UNA REMUNERACIÓN SUPER (IV.2o.T.71 L)
- INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.- (290)
- INVALIDEZ, ESTADO DE. REQUISITOS DE EFICACIA PARA QUE LA PRUEBA PERICIAL SEA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE EL ASEGURADO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PROCURARSE, MEDIANTE UN TRABAJO, UN (912)
- PRUEBA PERICIAL MÉDICA PARA DEMOSTRAR EL ESTADO DE INVALIDEZ DE UN ASEGURADO. SU VALOR PROBATORIO NO DEPENDE DE QUE EL PERITO HAGA MENCIÓN DEL SALARIO QUE AQUÉL PERCIBÍA, PARA ACRE (848)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis