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Modo: Corpus Pro

INVALIDEZ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y 119 DE LA VIGENTE. LA IMPOSIBILIDAD DEL ASEGURADO DE PROCURARSE UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA HABITUAL PERCIBIDA EN EL ÚLTIMO AÑO, DERIVADA DE AQUÉLLA, ES SUSCEPTIBLE DE SER DESVIRTUADA SI ESTÁ LABORANDO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE AQUÉLLA, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LAS ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS, DE SUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. · Registro digital (IUS): 26640
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-09-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Pág. 1658.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 31 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS TORRES LAGUNAS, ALFREDO GÓMEZ MOLINA Y GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ. DISIDENTE: ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN. PONENTE: GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ. SECRETARIO: RAÚL ALVARADO ESTRADA.

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, correspondiente al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 4/2016; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, presentado en esa misma fecha, ante el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Magistrado Alejandro Alberto Albores Castañón, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, formuló denuncia de posible contradicción de criterios, sostenidos por el tribunal de su adscripción, al resolver el juicio de amparo directo ********** y las tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/65 y IV.3o.T. J/64, emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de igual circuito, cuyos rubros dicen: "PENSIÓN DE INVALIDEZ. EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA NO ESTABLECE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE EL ASEGURADO SE ENCUENTRE TRABAJANDO AL MOMENTO DE SOLICITARLA." y "PENSIÓN DE INVALIDEZ. PARA SU OTORGAMIENTO LAS JUNTAS DEBEN ESTUDIAR LOS DICTÁMENES MÉDICOS DE LOS PERITOS Y CONFRONTAR LOS PADECIMIENTOS CON LA ACTIVIDAD LABORAL DEL ASEGURADO, NO OBSTANTE QUE EL TRABAJADOR ESTUVIESE LABORANDO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA Y 119 DE LA VIGENTE)."

SEGUNDO.-Mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 4/2016. Asimismo, requirió a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, informaran si su criterio se encuentra vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

TERCERO.-Una vez integrado el expediente, por acuerdo de cuatro de abril de la presente anualidad, se ordenó turnar al Magistrado Guillermo Erik Silva González, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito.

TERCERO.-Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las ejecutorias respectivas.

En el caso se advierte, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, emitió la jurisprudencia IV.3o.T. J/66, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV del mes de mayo de 2007, página 1897, con número de registro digital: 172447, que dice:

"PENSIÓN DE INVALIDEZ. PARA SU OTORGAMIENTO LAS JUNTAS DEBEN ESTUDIAR LOS DICTÁMENES MÉDICOS DE LOS PERITOS Y CONFRONTAR LOS PADECIMIENTOS CON LA ACTIVIDAD LABORAL DEL ASEGURADO, NO OBSTANTE QUE EL TRABAJADOR ESTUVIESE LABORANDO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA Y 119 DE LA VIGENTE).-El artículo 128 de la Ley del Seguro Social abrogada y su correlativo 119 de la legislación en vigor, prevén de manera similar que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales; estado de invalidez que, por su naturaleza, corresponde determinarlo a peritos médicos, previos estudios y exámenes que se le practiquen al trabajador. Por otra parte, interpretando sistemáticamente los numerales 119, en relación con el 120, ambos de la Ley del Seguro Social vigente, se infiere que el estado de invalidez da derecho al otorgamiento de una pensión (temporal o definitiva), asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial, en su caso. Ahora bien, de una interpretación teleológica de los mencionados artículos 128 y 119, se deduce que la intención del legislador al precisar la existencia del estado de invalidez fue la de considerar que ésta se produce cuando el asegurado no pueda procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de trabajo por una enfermedad no profesional; sin embargo, ello no debe entenderse en el sentido de que la solicitud de esa pensión se encuentre condicionada a que el actor esté trabajando, y que la afección le impida realizar sus actividades, lo cual no fue su propósito, pues considerarlo de esa manera conduciría a estimar que para poder demandar el otorgamiento del seguro de invalidez tendría que tenerse un estado de salud de tal manera agravado, que imposibilitara solicitar, por ese estado, el derecho a ser pensionado. Consecuentemente, si la Junta de Conciliación y Arbitraje negó el derecho al pago de una pensión, basada en que el trabajador estaba prestando sus servicios a un patrón al momento de reclamarla, no obstante haber advertido presuntivamente que los padecimientos presentados evidenciaban de manera clara y categórica que de un momento a otro podrían agravarle su estado de salud, con posibilidades, incluso, de incapacitarlo de manera total, la Junta debe estudiar los dictámenes médicos rendidos por los peritos en el juicio, confrontar tales padecimientos con su actividad laboral, y deducir si procede o no su otorgamiento."

Por otra parte, el citado tribunal emitió la diversa jurisprudencia, IV.3o.T. J/65 consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV del mes de mayo de 2007, página 1883, con número de registro digital: 172448, que dice:

"PENSIÓN DE INVALIDEZ. EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA NO ESTABLECE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE EL ASEGURADO SE ENCUENTRE TRABAJANDO AL MOMENTO DE SOLICITARLA.-De una interpretación teleológica y sistemática del artículo 128, en relación con los diversos numerales 131 y 182, todos de la Ley del Seguro Social abrogada, no se advierte que imponga como requisito de procedibilidad que el trabajador que demande el otorgamiento de una pensión de invalidez derivada de enfermedades no profesionales, se encuentre laborando al momento de solicitarla. En tal virtud, cuando se reclame ese tipo de pensión, las Juntas de Conciliación y Arbitraje para determinar su procedencia deben considerar, por una parte, la naturaleza de los hechos que pretenden probarse; y, por la otra, las particularidades del caso, como son: la demostración del número de semanas cotizadas necesarias en el régimen obligatorio; que se esté dentro del periodo de conservación de derechos; y que los padecimientos que presente el asegurado estén en función directa con la causa-efecto de las actividades que desempeña; pero no que al momento de solicitarse ese beneficio de seguridad social el asegurado se encuentre trabajando."

Del juicio de amparo directo **********, el cual es el último precedente mediante el cual se constituyeron las jurisprudencias transcritas, se advierten las siguientes consideraciones:

"Octavo. En una parte son fundados pero inoperantes los conceptos de violación y, en otra, son infundados.

"Alega la apoderada del ********** quejoso que la Junta infringió la normas que rigen el procedimiento, al acordar lo relativo a la prueba de inspección que se propuso como números 5 y 6, ya que al efecto señaló día y hora para su verificación, pero apercibió a su defendido para que presentara los documentos a inspeccionar en el local de la Junta, bajo el argumento de que son documentos que el demandado tiene la obligación de conservar y exhibir en el juicio y apoyándose en la contradicción de tesis 46/01; lo cual estima ilegal, dado que asevera que los elementos a revisar se contienen en archivos que se encuentran en dispositivos magnéticos y electrónicos y, que no sería posible llevarlos al local que ocupa la responsable y, que con tal determinación se dejó a su representado en estado de indefensión.

"Es fundado pero inoperante lo alegado. Fundado, porque fue ilegal el proceder de la autoridad laboral al admitir y desahogar las pruebas de inspección propuestas como números 5 y 6, ya que ordenó su desahogo y llevó a cabo su diligenciación en un lugar diverso al de su ofrecimiento, lo que consecuentemente ocasionó que no se pudieran llevar a cabo en los términos que solicitó el oferente de las pruebas, pues el fedatario judicial debió constituirse en la Oficina de Vigencia de Derechos de la Subdelegación Metropolitana Número ********** del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, ubicada en avenida ********** y **********, colonia ********** en **********, **********, para que con vista en el expediente personal del actor, tanto en forma documental como en dispositivos magnéticos, electrónicos y fichas de microfilación (sic), diera fe de que el actor tiene un salario promedio de $********** (**********) al dos de septiembre de dos mil cuatro y que a esa fecha se encontraba laborando para la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, mientras que la responsable ordenó y verificó dichas probanzas en el local de la Junta.

"Sin embargo, deviene inoperante lo argüido porque, tal y como lo expresó la responsable en el laudo que se reclama, aun y cuando se verificara dicha prueba, ningún beneficio produciría para el quejoso, dado que el hecho de que el actor se encontrara laborando al ejercer su acción, no impide el otorgamiento de la pensión de invalidez.

"Lo anterior es así, ya que el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, dice:

"‘Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halla imposibilitado, para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida, durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.’

"De dicho precepto se desprende que para acreditar el estado de invalidez, deben reunirse dos requisitos: primero, que el asegurado no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y segundo, que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.

"En ese orden de ideas, para estimar procedente la acción deducida con apoyo en este último precepto, es indispensable que el trabajador demuestre ambos requisitos; sin embargo, de una interpretación literal del artículo 128 de la abrogada Ley del Seguro Social no se advierte que disponga nada sobre que el hecho de que un obrero que demanda el otorgamiento de una pensión por estado de invalidez, derivada de enfermedades no profesionales se encuentre laborando al momento de su solicitud y, que ello le imposibilite jurídicamente para poder ejercitar la acción de que trata.

"Por tanto, si el mencionado artículo 128 de la abrogada Ley del Seguro Social no contempla como una limitante para que el actor demande el otorgamiento de una pensión por estado de invalidez, derivada de enfermedades no profesionales, el que se encuentre o no laborando al momento de su solicitud, es inconcuso que ningún sentido tendría ordenar a la Junta que desahogara las pruebas de inspección propuestas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que ninguna relevancia tendría al sentido del laudo. Son aplicables las tesis emitidas por este tribunal, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, páginas 1480 y 1482, del mes de julio de dos mil cinco, cuyos textos son del tenor literal siguiente:

"‘PENSIÓN DE INVALIDEZ. EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA NO ESTABLECE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE EL ASEGURADO SE ENCUENTRE TRABAJANDO AL MOMENTO DE SOLICITARLA.-De una interpretación teleológica y sistemática del artículo 128, en relación con los diversos 131 y 182, todos de la Ley del Seguro Social abrogada, no se advierte que se imponga como requisito de procedibilidad que el trabajador que demanda el otorgamiento de una pensión de invalidez derivada de enfermedades no profesionales, el que se encuentre laborando al momento de su solicitud, por lo que no se encuentra imposibilitado jurídicamente para ejercitar la referida acción. En tal virtud, cuando se reclame este tipo de pensión, para su procedencia las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben considerar, por una parte, la naturaleza de los hechos que se pretenden probar; y, por otra, las particularidades del caso, como son: la demostración de los requisitos de procedibilidad, consistentes en el número de semanas cotizadas necesarias en el régimen obligatorio; que se esté dentro del periodo de conservación de derechos; y, que los padecimientos que presente el asegurado estén en función directa con la causa-efecto de las actividades que desempeña; pero no que al momento de solicitar ese beneficio de seguridad social el asegurado se encuentre trabajando.’

"‘PENSIÓN POR INVALIDEZ. PARA SU OTORGAMIENTO LAS JUNTAS DEBEN ESTUDIAR LOS DICTÁMENES MÉDICOS DE LOS PERITOS Y CONFRONTAR LOS PADECIMIENTOS CON LA ACTIVIDAD LABORAL DEL ASEGURADO, NO OBSTANTE QUE EL TRABAJADOR ESTUVIESE LABORANDO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA Y 119 DE LA VIGENTE).-El artículo 128 de la Ley del Seguro Social abrogada y su correlativo 119 de la legislación en vigor, prevén de manera similar que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales y no de un riesgo de trabajo; estado de invalidez que, por su naturaleza, corresponde determinarlo a peritos médicos, previos estudios y exámenes directos que se practiquen al paciente. Por otra parte, interpretando sistemáticamente el numeral 119, en relación con el 120, ambos de la Ley del Seguro Social vigente, se infiere que el estado de invalidez da derecho al otorgamiento de una pensión, asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial, en su caso. Ahora bien, de una interpretación teleológica del artículo 128 de la Ley del Seguro Social abrogada y del diverso 119 de la vigente, se deduce que la intención del legislador al precisar la existencia del estado de invalidez fue la de considerar que ésta se produce cuando el asegurado no pueda procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año de trabajo por una enfermedad no profesional; sin embargo, ello no debe entenderse en el sentido de que la solicitud de esa pensión se halle condicionada a que el actor no esté trabajando, pues de ser así se impondría la necesidad de que las patologías que presente el solicitante le impidan materialmente realizar actividades, lo cual no fue el propósito del legislador. Considerarlo de esa manera, conduciría a estimar que para poder demandar el otorgamiento del seguro de invalidez tendría que tenerse un estado de salud de tal manera agravado, que imposibilitaría solicitar, por ese estado, el derecho a ser pensionado. Consecuentemente, si la Junta de Conciliación y Arbitraje negó el derecho al pago de una pensión, basada en que el trabajador estaba prestando sus servicios a un patrón al momento de reclamarla, no obstante haber advertido presuntivamente que los padecimientos presentados evidenciaban de manera clara y categórica que de un momento a otro le podrían agravar su estado de salud, con posibilidades, incluso, de incapacitarlo de manera total, la Junta debe proceder al estudio de los dictámenes médicos rendidos por los peritos en el juicio, confrontar tales padecimientos con su actividad laboral y deducir si procede o no su otorgamiento.’

"A mayor abundamiento, el hecho de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social aparezcan registrados diversos salarios de cotización, no conlleva la veracidad de que efectivamente, el actor estuviese percibiendo esos montos, pues lo único que prueba es el salario con que se inscribió a dicho régimen al asegurado, pero no su salario real, el cual se demuestra con las documentales a que alude el referido artículo 804, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

"Al respecto, se comparte el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, página 365, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos, que dice:

"‘SALARIO. EL AVISO DE INSCRIPCIÓN DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES IDÓNEO PARA ACREDITAR.-Conforme al artículo 804, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio las listas de raya o nómina de personal o los recibos de pago respectivos, con los cuales se demuestra el salario del trabajador; por tanto, el aviso de inscripción al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es idóneo para acreditar el monto salarial, pues lo único que prueba es el salario con que se inscribió a dicho régimen al asegurado, pero no su salario real, el cual se demuestra con las documentales a que alude el referido artículo 804, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.’

"Así las cosas, los criterios jurisprudenciales que cita la apoderada del quejoso, ningún beneficio le producen, ya que como se señaló anteriormente, el ilegal desahogo de las pruebas de inspección propuestas como números 5 y 6, ninguna trascendencia tuvo al sentido del fallo, ya que en éste la Junta se avocó al análisis de los requisitos de procedibilidad que exige el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, entre los que no figura el que el actor se encuentre o no laborando; de ahí que se estime que ningún caso tendría reponer el procedimiento para que se verificaran dichas probanzas conforme a derecho.

"Como segundo concepto de violación, aduce la mandatario del impetrante de amparo, que la Junta infringió en agravio de su defendido las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los diversos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que sólo tomó en cuenta las periciales del actor y tercero en discordia, no obstante que la prueba es colegiada.

"Agrega, que el tribunal del trabajo, ilegalmente negó valor probatorio a la prueba pericial de su representado al estimar que quedó desvirtuado con los dictámenes emitidos por el perito del actor y tercero en discordia. Refiere que contrario a lo sostenido por el tribunal del trabajo, el dictamen de su perito es suficiente para demostrar que el tercero perjudicado no presenta un estado de invalidez, ya que valoró al actor a través de una exploración física, estudios de laboratorio y gabinete y tomó en cuenta el perfil del puesto de trabajo, concluyendo que el examinado presenta **********, ********** y **********, que dicho diagnóstico es degenerativo anatomofuncional y que no causa restricción funcional ni estado de invalidez.

"Carece de razón la promovente por cuanto a que la Junta sólo tomó en cuenta los dictámenes emitidos por el perito del actor y tercero en discordia, ya que tal y como ella misma lo reconoce ello es inexacto, tan es así, que también se inconforma con la determinación de la responsable al negar eficacia demostrativa al dictamen emitido por el perito de su representado, lo que evidencia que, contrario a lo que aduce, el tribunal laboral sí tomó en cuenta los tres dictámenes al emitir el laudo que se reclama.

"En efecto, el tribunal de trabajo señaló que el actor demostró tener un estado de invalidez al conceder valor a la opinión del perito de su intención **********, quien señaló que el actor padece ********** y **********, ********** e ********** que le dejan en estado de invalidez, el cual estimó suficiente para acreditar el referido estado invalidante, no porque fuera coincidente con la opinión del perito tercero en discordia, sino porque describió pormenorizadamente las afecciones que padece el actor, así como sus antecedentes, conocimientos, capacidades y limitaciones físicas, confrontándolas con las que demandaría para el correcto y seguro desempeño de su trabajo, concluyendo que el tercero perjudicado no está en condiciones de seguir trabajando como **********, ya que en este puesto se requiere de integridad anatómica, funcional de los aparatos y sistemas muscular, visual, neurológico, cardiovascular, cutáneo esquelético, auditivo, psíquico, respiratorio, digestivo, articular, vestibular, endócrino, renal, muco e inmunológico y que los padecimientos del actor reducen en más de un cincuenta por ciento su capacidad para procurarse ingresos que siquiera alcancen la mitad de lo que devenga un trabajador sano en el mismo puesto.

"Asimismo, la responsable estableció que con el dictamen del perito tercero en discordia se robustecía que el actor se encuentra disminuido y afectado en su integridad anatómica y funcional y que en el puesto que venía desempeñando se requería absoluta integridad física, concluyendo así que sí se demostró el estado de invalidez.

"Contrario a lo que aduce la promovente, la Junta también tomó en cuenta el dictamen emitido por el perito de su representado, determinando negarle eficacia demostrativa, en virtud de que lo estimó incongruente e incompleto, pues por un lado la profesionista precisó que para el desempeño del trabajo de ********** se requiere un adecuado funcionamiento del sistema muscular y esquelético y por otro, refirió que el actor presenta **********, **********, ********** y **********, pero que ello no le producía estado de invalidez, por lo que el tribunal laboral decidió restarle valor probatorio; de ahí que contrario a lo alegado, la Junta cumplió con lo dispuesto en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo y con lo establecido por la antes Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 28/94, invocada por el instituto quejoso, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo 80, página 25, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que dice:

"‘PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.-Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la Compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de «PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.», con la cual quedó superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada Compilación, Segunda Parte, con el título de «PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.», en la que se establecía que las Juntas gozaban de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad.’

"Además, a juicio de este Tribunal Colegiado el referido dictamen sí resulta incongruente, ya que como la propia perito señaló, para el desempeño del puesto de ********** se requiere un adecuado funcionamiento del sistema músculo esquelético y, evidentemente, si el actor se encuentra afectado de sus **********, no cuenta con ese funcionamiento apropiado; aunado a que considerando la edad del actor, (**********) y, las limitaciones físicas que presenta, debe concluirse que sí está imposibilitado para continuar desempeñándose en la categoría señalada, dado que para ello se requiere habilidad, destreza y de fuerza física suficiente para controlar ese tipo de vehículos grandes y pesados; de ahí que de continuar realizando esa actividad, podría producirse un daño mayor, poniendo en riesgo incluso su vida.

"Finalmente, expresa la promovente, que la Junta no tomó en cuenta que el actor actualmente se desempeña como ********** para **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y que percibe un salario promedio de $********** (**********), superior al cincuenta por ciento de lo obtenido en el último año antes de su reclamación y que así lo reconoció al señalar en su demanda que a esa fecha se encontraba vigente en el régimen obligatorio y que al no considerarlo le dejó en estado de indefensión.

"Resulta inoperante lo alegado, toda vez que en dicho argumento se insiste en que el hecho de que el actor se encontraba laborando a la fecha de su reclamación, impide el otorgamiento de la pensión de invalidez solicitada, lo cual, según se precisó al analizar el primer concepto de violación, no es así, ya que no forma parte de las exigencias que establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, ni tampoco está previsto como prohibición o impedimento en alguna otra norma, de ahí su inoperancia.

"En este sentido, se comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXI, página 1154, del mes de abril de dos mil cinco, cuyo texto es el que sigue:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.-Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos.’

"En ese contexto, ante lo fundado pero inoperante e infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado, debiendo hacerse extensiva dicha negativa, por lo que hace a los actos de ejecución reclamados del presidente y actuario, adscritos a la Junta responsable, ya que no se impugnaron por vicios propios, sino como consecuencia del laudo reclamado.

"Sirve de apoyo a lo anterior el criterio establecido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomos 217-228, Cuarta Parte, página 40, cuyo texto indica:

"‘AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.-Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías respecto de las autoridades ordenadoras ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada.’"

Por otra parte, se aprecia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, emitió las siguientes consideraciones:

"En principio, es pertinente aclarar que el pasado treinta d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26640-817fca45/invalidez-conforme-a-los-articulos-128-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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