TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE QUE SU RELACIÓN ES DE CARÁCTER LABORAL DEMANDAN SU RECONOCIMIENTO EN UNA PLAZA DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO, PREVIAMENTE A DETERMINAR LA CLASE DE NOMBRAMIENTO QUE SE LES DEBE OTORGAR, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE ENCONTRABAN Y LA TEMPORALIDAD DE SU CONTRATACIÓN.
AMPARO DIRECTO 1100/2016. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 19 DE ENERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO RIVERA. SECRETARIA: VIRGINIA FABIOLA ROSALES GÓMEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:
Es pertinente señalar que éstos se analizarán en un orden distinto al que fueron planteados, en virtud de su prelación lógica-jurídica, en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo.
Con fundamento en el artículo 76 de la ley de la materia, se procederá a analizar los motivos de disenso primero, segundo, cuarto y sexto, en virtud de que en los mismos, básicamente, alega el impetrante de amparo que no se debió tener por acreditada la acción, toda vez que el actor no ofreció pruebas a efecto de acreditar su procedencia y que la Junta tuvo que analizar de oficio diversas documentales que describe en los mismos y allegarse a ellas dentro del juicio de origen.
En el primero, aduce que la Junta omitió analizar de manera congruente y exhaustiva la cuestión sometida a su jurisdicción, al fijar una reinstalación así como el pago de conceptos exclusivos de un trabajador de base, sin que se haya acreditado dicha calidad a favor del actor, ya que aun en el extremo de que no logró justificar su defensa, no es suficiente para estimarse procedente la acción, sino que el actor debió probar que la responsable no puede tener como único elemento para tomar sus decisiones el recurso de su simple intuición, pues estima que en el caso no existe certeza y convicción sobre los hechos alegados, pues no se ofreció medio de convicción alguno que los acrediten. Considera que la responsable debió analizar de oficio la procedencia de la acción, por lo que debió allegarse de elementos de convicción que le permitieran sustentar su resolución; por ello, solicitar para mejor proveer el auxilio y consulta de las páginas electrónicas del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 685 y 782 de la Ley Federal del Trabajo, y cita las siguientes tesis, cuyos rubros dicen: "HECHOS NOTORIOS, CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICOS." y "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR."
En el segundo motivo de disenso, expone que la Junta no analizó la excepción de la carencia de acción y derecho del actor en el sentido de que el actor era un trabajador de confianza, que la plaza de ********** está clasificada, de conformidad con los catálogos de puestos, con categoría de confianza; que ninguna argumentación se vertió en el laudo en la que se atendiera la procedencia de la acción de reinstalación, es decir, la Junta omitió analizar si el actor satisface los requisitos de su acción, aun y cuando no se hayan opuesto excepciones en ese sentido, en virtud de que la responsable debe verificar la existencia de la norma o normas complementarias que prevean o de las que deriven las categorías de las plazas de los trabajadores del instituto demandado, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones, cita la tesis cuyo rubro reza: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO EXISTA CONFLICTO SOBRE LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL (CONFIANZA O DE BASE), EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR SI SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN, AUN CUANDO EL PATRÓN NO HAYA OPUESTO EXCEPCIONES Y VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA NORMA COMPLEMENTARIA QUE PREVEA LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN, INCLUSO EN AQUELLAS DE CARÁCTER DIVERSO A LA MATERIA LABORAL."
En el cuarto, esgrime que la Junta debió analizar que es un organismo descentralizado, por lo que los salarios y las plazas de sus trabajadores es diferente al de los trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo, y están reguladas en los catálogos de puestos, por lo que, reitera, estaba obligada a tomar en cuenta las páginas electrónicas del Gobierno Federal, el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, con la finalidad de allegarse de elementos de convicción para emitir su resolución. Que los trabajadores de confianza no tienen estabilidad en el empleo, por lo que no pueden demandar prestaciones derivadas de ese derecho; por ende, estima improcedente la acción ejercida por el actor.
En el sexto motivo de disenso, expresa el quejoso que la responsable omite considerar que es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, mas no es una empresa privada, de ahí que los salarios y las plazas de los trabajadores al servicio del Estado es diferente al de los trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo, debido a que su ingreso como servidor público está regulado en un presupuesto de egresos; asimismo, respecto a las denominaciones y categorías de las plazas existentes en el instituto demandado, encuentra su regulación de conformidad con los catálogos de puestos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por mandato del Ejecutivo Federal.
Que la responsable debió analizar, de oficio, si el trabajador satisface los requisitos de su acción, por lo que insiste que la Junta debió, para mejor proveer, consultar las páginas electrónicas del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 17, 685 y 782 de la Ley Federal del Trabajo; que el Catálogo General de Puestos es el instrumento administrativo en el que éstos se describen y clasifican. Los puestos que conforman el catálogo se clasifican de la siguiente manera: a) puestos de servidores públicos de mando superior; b) puestos de servidores públicos de mando medio; c) puestos de servidores públicos de enlace y apoyo técnico; d) puestos operativos de confianza; e) puestos operativos generales, dado que cada una de las dependencias tiene atribuciones, funciones y responsabilidades específicas, no todos los puestos existentes en el Catálogo General de Puestos son requeridos en todas las dependencias, por ello, se elaboró un catálogo de puestos para cada una de ellas; en consecuencia, éstas sólo podrán utilizar los puestos que se encuentren comprendidos en su catálogo específico. En el catálogo específico de puestos de cada dependencia se señala para puestos operativos de confianza y generales la denominación del puesto, el cual debe ser coincidente con la función descrita en las Cédulas de Identificación de Puestos que forman parte integrante de dicho catálogo. Asimismo, asociado a cada puesto se especifica el grupo, la rama, el número de puesto, el nivel salarial que le corresponde; el código resultante es el puesto.
Estima que los elementos de la acción son una cuestión de orden público; de ahí que cuando exista conflicto respecto de la denominación de la plaza, conflicto (sic) sobre la naturaleza de la relación laboral de base o de confianza, el juzgador debe analizar si el trabajador satisface los requisitos de la acción, aun cuando la demandada no haya opuesto excepciones. Cita el criterio de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CONSULTA DEL CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL RESPECTIVO TABULADOR REGIONAL, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE ESOS DOCUMENTOS LOS EXHIBA EL TRABAJADOR, POR LO QUE SI NO OBRAN EN AUTOS LA AUTORIDAD DEBE ALLEGARSE ESA PRUEBA."
Asimismo, afirma que la autoridad responsable debió allegarse de oficio el Catálogo General de Puestos de Servidores Públicos de Mando del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o como se denomine el documento donde se contengan los salarios que correspondan a la categoría del trabajador.
Los anteriores planteamientos devienen infundados, por lo siguiente:
Del sumario se constata que el actor demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el cumplimiento del contrato individual de trabajo y, en consecuencia, su reinstalación en el empleo, en los mismos términos y condiciones en que lo desempeñaba, el reconocimiento por parte del demandado de que la categoría que desempeñaba como **********, adscrito a la Subdirección de Pensiones del ISSSTE y sus funciones corresponden a una categoría de base; asimismo, demandó prestaciones accesorias y autónomas; adujo que el primero de abril de dos mil trece fue despedido injustificadamente.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al contestar la demanda, negó acción y derecho a la parte actora para reclamar las prestaciones, porque no procede el cumplimiento del contrato individual de trabajo, ni su reinstalación, toda vez que el reclamante prestó sus servicios en una plaza de confianza con la categoría de **********, el cual, dentro del Catálogo Específico de Puestos y Tabulador de Sueldos para el Personal de Enlace del ISSSTE Asegurador, se encuentra contemplado como un puesto de confianza, dado que realizó funciones de las establecidas en el artículo 9 de la ley laboral, que no le son aplicables las condiciones generales de trabajo, en virtud de que de acuerdo con el artículo 1 de las mismas, se excluye de forma expresa a los trabajadores de confianza, además de que afirmó que no se le despidió de forma injustificada, sino que concluyó la vigencia de su nombramiento el treinta y uno de marzo de dos mil trece.
La Junta del conocimiento, al emitir el laudo determinó, en primer lugar, que el demandado tenía la carga probatoria de demostrar sus excepciones y respecto a sus pruebas estimó que la copia fotostática simple de la constancia de nombramiento y/o movimiento de personal, no resulta fehaciente para acreditar el carácter que le pretende atribuir al accionante, al adquirir valor de indicio; esto, en virtud de que al tratarse de una copia simple no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, de igual forma, con la copia fotostática simple de la copia certificada del Catálogo Específico de Puestos y Tabulador de Sueldos para el año dos mil diez, el mismo únicamente es indicativo y no demostrativo, ya que únicamente se menciona la denominación de los puestos, sin que sea una prueba idónea; máxime que el accionante se dijo despedido hasta el primero de abril de dos mil trece, por lo que no le es aplicable; consideró, además, que la denominación de un puesto no es determinante para demostrar la confianza de un trabajador, sino que son las funciones que lleva a cabo cotidianamente las que definen dicha característica.
En consecuencia, concluyó que el instituto demandado no logró desvirtuar el despido injustificado reclamado, aunado a que no dio cumplimiento al procedimiento que establece el artículo 47, últimos párrafos, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, entre otros aspectos, condenó al instituto al reconocimiento de que la categoría que ostentaba el accionante como ********** a la Subdirección de Pensiones del ISSSTE, corresponde a una plaza de base.
Determinación que se considera en parte ajustada a derecho; ello, por lo que se refiere a que al demandado correspondía demostrar que el actor era un trabajador de confianza y que con las pruebas que ofreció no lo demostró.
Del juicio laboral se aprecia que el instituto demandado ofreció las siguientes probanzas:
1. La instrumental de actuaciones.
2. Presuncional en su doble aspecto.
3. La confesional a cargo del actor (se desistió a foja 147).
4. Documental consistente en copia simple de la constancia de nombramiento y/o movimiento de personal del actor.
5. Documental pública consistente en copia simple de la copia certificada del Catálogo Específico de Puestos y Tabulador de Sueldos para el Personal de Enlace del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, expedido por la Subsecretaría de Egresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como lo afirmó la Junta responsable, con ninguna de sus pruebas el demandado demostró que el actor tuviera la calidad de trabajador de confianza, en virtud de que no es determinante la denominación de un puesto para demostrar dicha calidad (confianza), sino que son las funciones que lleva a cabo cotidianamente las que definen dicha característica.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.", por lo que se estima que en el caso resultaba necesario que dicho demandado acreditara qué funciones o actividades llevaba a cabo el actor para determinar su calidad de confianza.
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por este tribunal, visible en la página 1336 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 177761, Tomo XXII, julio de 2005, materia(s) laboral, tesis I.6o.T. J/70, que a la letra dice:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA. CUANDO EL PATRÓN SE EXCEPCIONA MANIFESTANDO QUE TIENEN TAL CARÁCTER, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE LA PRUEBA.-Si el trabajador se dice despedido injustificadamente y reclama el cumplimiento de su contrato de trabajo, es decir, la reinstalación en el puesto que desempeñaba en el momento de ser despedido, y por su parte el patrón se excepciona manifestando que por ser trabajador de confianza no tiene derecho a ser reinstalado, corresponde al demandado acreditar que las funciones que realizaba el actor eran de las consideradas como de confianza, en términos de lo dispuesto en la primera parte del artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ‘La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.’"
Se considera, además, que no es factible que ello se demuestre con el catálogo de puestos, con el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, o con las páginas electrónicas del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el quejoso alega se debieron tener a la vista para determinar la calidad de confianza del trabajador, porque aun y cuando de estos documentos apareciera que la categoría del actor de **********, se encuentra contemplado como de confianza, de conformidad con lo expuesto en el numeral citado, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.
Aunado a que contra lo apreciado por el quejoso, la responsable, por cuanto hace a las funciones y categoría desempeñadas por el actor y alegada por la demandada, no estaba obligada a recabar pruebas para determinar la naturaleza de confianza del operario, en tanto que ésta se constituyó como una excepción cuya carga probatoria correspondió al solicitante de la tutela federal, pues si bien de conformidad con el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas están facultadas para dictar providencias para mejor proveer cuando exista duda sobre algún aspecto cuestionado por las partes, lo cierto es que esa facultad se encuentra sujeta a aquellos elementos de prueba que hayan sido ofrecidos por ellas, y cuya exhibición no se haya realizado por causas diversas.
Además, cabe destacar que ni con base en la suplencia de la queja en favor del trabajador se exime a éste de demostrar sus aseveraciones cuando ello dependa de los elementos de prueba que debe aportar, entonces, mucho menos puede eximirse al patrón quejoso de demostrar sus afirmaciones.
Así, conforme a las particularidades del caso, no se justifica que la responsable se hubiere allegado de pruebas para determinar la calidad de confianza del actor, en tanto que esa carga competía directamente al demandado quejoso, quien afirmó las funciones que aquél desempeñó y que por esa razón debió haber aportado al juicio todos los elementos probatorios necesarios de los que se desprendiera su calidad de trabajador de confianza, principalmente aquellos que evidenciaran de manera objetiva que las funciones marcadas como de confianza son las que efectivamente desempeñó materialmente; de lo contrario, la responsable se hubiere sustituido en las obligaciones procesales cuyo incumplimiento solamente perjudicó al organismo descentralizado.
No se soslaya que el argumento relativo a que la Junta responsable debió consultar materiales en páginas electrónicas, pudiera evidenciar una violación procesal; sin embargo, el instituto quejoso no cumple con la carga procesal prevista en el artículo 174 de la Ley de Amparo, consistente en precisar la forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo; de ahí que no es dable realizar mayor análisis al respecto, en virtud de que el solicitante de la protección federal no es sujeto de la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme a alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Aplica en el caso, la jurisprudencia 2a./J. 126/2015 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, registro digital: 2010151, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, Décima Época, página 2060 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas», con el título, subtítulo y texto siguientes:
"VIOLACIONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE EXAMINARLAS, SALVO LAS QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deberán decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hacen valer, sea que se cometan en dichas resoluciones o durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como en relación con aquellas que, cuando proceda, adviertan en suplencia de la queja. Ahora bien, el que la disposición constitucional no señale los requisitos que debe reunir la demanda de amparo directo para el estudio de las violaciones procesales, no significa que la ley secundaria no pueda hacerlo, en tanto que a ésta corresponde desarrollar y detallar los que deben cumplir las demandas para su estudio, ajustándose a los principios y parámetros constitucionales, esto es, deben ser razonables y proporcionales al fin constitucionalmente perseguido. Por tanto, el incumplimiento de la carga procesal a cargo del quejoso, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, consistente en precisar en la demanda principal y, en su caso, en la adhesiva, la forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, traerá como consecuencia que el Tribunal Colegiado de Circuito no esté obligado a su análisis, excepto en los casos en que proceda la suplencia de la queja y siempre que no pase por alto su obligación de atender a la causa de pedir expresada por los promoventes. Este requisito procesal además de resultar razonable, pues se pretende proporcionar al tribunal de amparo todos los elementos necesarios para el estudio del asunto, no puede catalogarse como excesivo y, por tanto, denegatorio de justicia y contrario al nuevo marco constitucional de los derechos humanos, previsto en el artículo 1o. constitucional, porque las garantías judiciales se encuentran sujetas a formalidades, presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos y medios de defensa que deben observarse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, y efectiva protección de los derechos humanos."
Bajo esa óptica jurídica, se estima correcta la determinación de la Junta en el sentido de que el instituto demandado no demostró su excepción consistente en que el actor tenía la calidad de trabajador de confianza, en virtud de que no quedaron probadas sus funciones.
No se ignora la invocación que hace el quejoso, en relación con diversas tesis y jurisprudencias; sin embargo, la cita de ellas se realiza en apoyo a los argumentos que han quedado desestimados, por lo que ningún beneficio conllevaría atender a su texto.
En el octavo, arguye que la responsable no analizó la carencia de acción del concepto extralegal de horas extras, exclusivo de un trabajador de base, calidad que el actor jamás acreditó, ya que no lo respaldó con documental oficial como medio de convicción; que para que prospere su pago, el actor debió probar primero que laboró en forma efectiva el tiempo extraordinario que reclama y, segundo, que satisfacía los presupuestos exigidos para tener derecho a las mismas, fatiga procesal que el actor jamás demostró; que la responsable es omisa en analizar que de conformidad con el artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones que ésta contiene son de orden público, lo que significa que la sociedad está interesada en su cumplimiento, por lo que todos los derechos que se establecen a favor de los trabajadores se refieren a prestaciones legales que los patrones están obligados a cumplir pero, además, atendiendo a la finalidad protectora del derecho laboral a favor de la clase trabajadora, los patrones y los trabajadores pueden celebrar convenios en los que se establezca otro tipo de prestaciones que tiendan a mejorar las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, a las que se les denomina prestaciones extralegales, por ende, quien las invoque a su favor tiene no sólo el deber de probar la existencia de las mismas, sino los términos en que fue pactada, por ello estima que el actor debió acreditar en el juicio con documentos idóneos su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacerle aquellas que reclaman, lo cual nunca hizo.
Añade que no impone arbitrariamente el tiempo extraordinario a sus trabajadores, ya que para el otorgamiento del mismo debe ajustarse a las necesidades del servicio, debiendo pasar por el proceso de estudio, análisis y autorización, por lo que resulta inverosímil el pago de horas extras, aunado a que el actor en ningún momento corroboró, ya sea escrita o a través de su superior jerárquico, que se quedara a laborar más tiempo de lo debido; que mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del día miércoles primero de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, se expide el Manual de Procedimientos para Pago y Control del Ejercicio de Tiempo Extra, Guardias y Suplencias, que en dicho manual se describe la forma en la que el instituto otorga a sus trabajadores el pago del tiempo extra, a través de un diagrama que resume todas y cada una de las gestiones administrativas que se deben realizar antes de pagar tiempo extra a los trabajadores; que del diagrama de flujo que cita se desprende que el centro de trabajo debe detectar primeramente las necesidades de trabajo para que se autorice el tiempo extra y notificar al sindicato nacional del instituto demandado, en caso de que el laborista sea agremiado de éste; el cual recibe dicha petición, negando o aceptando laborar dichas horas extras, firmando de conformidad dicha petición; días después recibe el pago correspondiente, en el cual intervienen y autorizan otras áreas alternas como lo son el departamento de Recursos Humanos y Finanzas, las que deben verificar y cerciorarse que el trabajador ha laborado el tiempo extraordinario autorizado, que a su vez éste realice el pago respectivo a través de un contrarecibo, por lo que estima son prestaciones extralegales y, por ende, el actor tiene la carga de la prueba para acreditar su dicho.
Planteamiento que deviene infundado.
Del sumario se desprende que el actor demandó el pago de tiempo extra, señalando que su jornada laboral comprendía de las nueve a las quince horas con treinta minutos y de las diecisiete a las veintiún horas de lunes a viernes, y que de acuerdo con lo establecido en los artículos 41, fracción I y 42, fracción I, de las Condiciones Generales de Trabajo, le correspondía laborar únicamente de las nueve a las quince horas con treinta minutos, de lunes a viernes; por lo tanto, reclamó cuatro horas extras diarias; es decir, veinte horas semanales; agregó que el demandado le otorgaba de las quince horas con treinta minutos a las diecisiete horas para descansar y tomar alimentos.
El instituto demandado, respecto a esta prestación, manifestó que es improcedente el pago de horas extras, toda vez que el actor laboraba ocho horas diarias; que en ningún momento se le pidió, ya sea de forma escrita o a través de su superior jerárquico, que se quedara más tiempo de lo debido, que en el Manual de Procedimientos para Pago y Control del Ejercicio de Tiempo Extra, Guardias y Suplencias, se describe la forma clara y concisa en la que el instituto otorga a los trabajadores el pago del tiempo extra, sin que el actor demostrara lo anterior.
La Junta, en relación con esta reclamación, afirmó lo siguiente:
"H) Ahora bien, por cuanto hace al pago de horas extras, el accionante mencionó en el hecho 2 de su capítulo respectivo, que laboraba de las 9:00 a las 15:30 y de las 17:00 a las 21:00 horas de lunes a viernes (jornada que si bien es cierto fue controvertida por el demandado pero no desvirtuada, a pesar de corresponderle la carga probatoria de las primeras 9 horas, en términos del artículo 784, fracción VIII, de la ley laboral), cuando su jornada de trabajo debería concluir a las 15:30 horas, por ello, pretende el pago de 4 horas extras diarias y 20 horas extras semanales, debiendo condenar al demandado a cubrir esta prestación sólo por las primeras 9 horas, las cuales serán al doble y en razón de que fue procedente la excepción de prescripción, en consecuencia, deberá pagar a partir del 11 de abril de 2012 al 29 de marzo de 2013 (un día hábil antes del despido), habiendo transcurrido en dicho periodo 47 semanas que multiplicadas por 9 horas extras semanales, resultan 423 horas, las cuales serán calculadas una vez que se determine el salario del actor mediante el incidente de liquidación ordenado."
Tal determinación es ajustada a derecho, en virtud de que si en el juicio laboral el trabajador reclama tiempo extraordinario que excede de nueve horas a la semana y el patrón genera controversia sobre ese punto, conforme al artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, éste estará obligado a probar que el trabajador únicamente laboró nueve horas a la semana, debido a que se entiende que esta jornada extraordinaria (no más de tres horas al día, ni de tres veces a la semana), constituye una práctica inocua que suele ser habitual y necesaria en las relaciones de trabajo; respecto de la cual, el patrón tiene la obligación de registrar y documentar, conforme al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo; en cuyo caso, el trabajador estará obligado a demostrar haber laborado más allá de las nueve horas extraordinarias semanales.
En esa virtud, es correcto que la Junta condenara al demandado a cubrir esta prestación sólo por las primeras nueve horas, ya que de conformidad con el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, a éste le correspondía demostrar la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria cuando no exceda de nueve horas y no así al actor como lo arguye el quejoso.
Refuerza lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 55/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro digital: 2011889, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, materia(s) laboral, página 854 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas», del tenor literal siguiente:
"HORAS EXTRAORDINARIAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE RECLAMA SU PAGO RESPECTO DE LAS QUE EXCEDAN DE 9 A LA SEMANA. Si se parte de que en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto vigente desde el 1 de diciembre de 2012, pervive la premisa de eximir al trabajador de la carga de la prueba cuando existan otros medios que permitan conocer la verdad de los hechos, puede afirmarse que el patrón está en posibilidad de acreditar la jornada de trabajo extraordinaria que no exceda de 3 horas al día, ni de 3 veces a la semana, cuando surja controversia al respecto, pues tiene la obligación de conservar la documentación de la relación de trabajo, de conformidad con el artículo 804 de la ley aludida, particularmente los controles de asistencia. En consecuencia, si en el juicio laboral el trabajador reclama el pago por tiempo extraordinario que excede de 9 horas a la semana y el patrón genera controversia sobre ese punto, acorde con el indicado artículo 784, fracción VIII, éste debe probar que el trabajador únicamente laboró 9 horas a la semana, debido a que se entiende que esta jornada extraordinaria (no más de 3 horas al día, ni de 3 veces a la semana), constituye una práctica inocua que suele ser habitual y necesaria en las relaciones de trabajo, respecto de la cual, el patrón tiene la obligación de registrar y documentar, conforme al indicado numeral 804; en cuyo caso, el trabajador habrá de demostrar haber laborado más de las 9 horas extraordinarias semanales."
Por lo que refiere al argumento del quejoso donde refiere (sic) que se debió tomar en cuenta que el otorgamiento de tiempo extra se regula med
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27029-0f57b017/trabajadores-de-organismos-descentralizados-si-como-consecuencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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