OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SI SE REALIZA CONTROVIRTIENDO LA CATEGORÍA DEL PUESTO QUE DESEMPEÑABA EL TRABAJADOR, SIN ACREDITARLA DEBE CALIFICARSE DE MALA FE.
AMPARO DIRECTO 760/2013. 13 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: RAQUEL FLORES GARCÍA. PONENTE: PAULINO LÓPEZ MILLÁN. SECRETARIA: LETICIA EVELYN CÓRDOVA CEBALLOS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Previo al estudio y análisis de los conceptos de violación propuestos, conviene relatar lo siguiente:
Antecedentes.
Demanda. El presente asunto tiene origen en la demanda laboral promovida por **********, en contra de la persona moral oficial aquí quejosa, a quien demandó por despido injustificado, el cual dijo ocurrió el uno de febrero de dos mil trece, al puesto de auxiliar administrativo, por conducto de **********.
Como consecuencia de lo anterior, reclamó el pago de indemnización constitucional, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, aguinaldo, la devolución de las aportaciones al Sistema de Retiro y Jubilación Municipal, pago de Afore, días festivos o de descanso obligatorio, salarios caídos, horas extras (12 semanales), sextos días (sábados laborados) y cualquier otra prestación a la que tenga derecho (folios 1 a 6 del expediente de origen).
En audiencia de ocho de marzo de dos mil trece, se llamó como tercero interesado al ********** (folio 15).
Como pruebas, el actor ofreció las siguientes:
Ver pruebas 1
Contestación de la patronal demandada. Vía contestación glosada a fojas 73 a 89, la moral oficial hizo valer, toralmente, que el actor carece de acción y derecho para demandar las prestaciones que reclama, ya que tenía un puesto de confianza de acuerdo a sus funciones y, además, tenía personal bajo su mando, por lo que se encuentra en la hipótesis del artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; falso que hubiera sido despedido y, en relación con las prestaciones reclamadas, contestó lo siguiente:
1. Improcedente la acción principal y la accesoria, por ser trabajador de confianza y, por lo mismo, improcedente el reclamo de la prima de antigüedad.
2. Vacaciones y prima vacacional, infundado el reclamo, ya que siempre gozó de las mismas, y además se opuso prescripción en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
3. Las primas vacacionales a partir del despido se tacharon de improcedentes, ya que no se reclamó la reinstalación.
4. Del "aguinaldo o la parte proporcional" se opuso la excepción de oscuridad, imprecisión y defecto en el reclamo, ya que jamás menciona el tiempo exacto por el que reclama dicho concepto y, además, se opuso prescripción, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
5. Improcedente el reclamo de la cantidad que corresponde por cuotas al SIRJUM, ya que éstas se aplican conforme al reglamento que rige dicho fondo.
6. En cuanto al Afore, improcedente el reclamo, ya que no se hace aportación alguna por dicho concepto, ni se le retiene al trabajador el mismo.
7. Falsedad en el reclamo de pago de días festivos o de descanso obligatorio, ya que siempre gozó de ellos y, además, se opuso prescripción, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
8. La prestación de horas extras se alegó su improcedencia, ya que siempre laboró una jornada ordinaria de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, descansando los sábados y domingos y, además, se opuso prescripción, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
9. Respecto de las cuotas de seguridad social, improcedente el reclamo, ya que por virtud del decreto número 228, mientras los trabajadores estén desempeñando sus labores o acrediten su padecimiento gozarán de esta prestación médica, sin que el demandado realice pago de aportación alguna al Instituto Mexicano del Seguro Social.
10. Por lo que ve a los sextos días o días de descanso que se dicen laborados, improcedente el reclamo, ya que nunca los laboró, pues únicamente laboraba de lunes a viernes de cada semana y, además, se opuso prescripción en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
En audiencia de diez de abril de dos mil trece, en la etapa de contestación, se ofreció al actor reincorporarse a sus labores en los términos y condiciones en que lo venía haciendo (folio 53 reverso).
Como pruebas, la persona moral ofreció las siguientes:
Ver pruebas 2
Contestación de la tercero interesada. Por su parte, la institución financiera demandada como tercero interesado, dio contestación glosada a fojas 141 a 147, hizo valer, que nunca existió relación de trabajo entre ella y el actor, y a su vez la improcedencia del reclamo de las aportaciones al SIRJUM y expuso los términos del fideicomiso y los motivos y fundamentos de tal postura.
Asimismo, ofreció las pruebas siguientes:
Ver pruebas 3
Laudo. Seguido el juicio por todas sus secuelas procesales, el uno de agosto de dos mil trece, se dictó el laudo correspondiente, en el cual, se condenó a la patronal al pago de la acción principal y accesorios de la misma, así como de las horas extras; asimismo, se le absolvió del pago de las prestaciones consistentes en prima vacacional, prima de antigüedad, antigüedad y días festivos reclamados; mientras que a la **********, se le absolvió de todas y cada una de las acciones intentadas por el actor del juicio en especial del pago de las aportaciones al SIRJUM.
Conceptos de Violación. En desacuerdo con el sentido del laudo, la persona moral quejosa, hace valer, en síntesis, lo siguiente:
"a. Primer motivo de disenso, que si no existió controversia alguna entre el puesto y funciones que señaló el actor, debió de considerarse de confianza y aplicar las consecuencias que ello conlleva; además, que debió de estudiarse en forma integral las documentales ofrecidas bajo el número 5, incisos a) y b), y adminicular una con otra, ya que ahí consta que el puesto desempeñado es de confianza y, por tanto, al no gozar de la estabilidad en el empleo el actor se encuentra impedido para ejercitar las acciones relacionadas en su escrito inicial de demanda, y en especial su indemnización constitucional.
"b. Segundo concepto de violación, la inconforme aduce, que derivado de lo anterior, ello repercutió en que fuese considerado de mala fe el ofrecimiento de trabajo y le arrojó la carga probatoria, cuando que de haber analizado correctamente lo expuesto en el punto anterior se hubiere concluido que sí es de confianza; además de que la responsable soslayó que jamás se le ofreció como de confianza sino que fue en los mismos términos.
"c. Tercer motivo de disenso, la quejosa alega que se valoró en forma indebida la testimonial por ella ofrecida.
"d. Cuarto y último concepto de violación, se alega que en forma infundada se le condenó al pago de las vacaciones y prima vacacional por el último año de servicios; además de que al momento de emitir su análisis complementario y realizar la cuantificación de dichos conceptos, así como de la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al año 2013, lo hace en forma totalmente ilegal e inexacta.
"Además, expone la inconforme, que con la prueba documental ofrecida bajo el número 4, consistente en 6 listas de nómina de pago exhibidas en original, logró acreditar que fue cubierto el pago de vacaciones y prima vacacional correspondientes al último año de servicios."
Estudio y resolución. Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que los motivos de disenso recién resumidos son, por un lado infundados y fundados en otro.
En lo que toca al tema de la categoría del puesto desempeñado por el actor y el impacto que ello provoca en el ofrecimiento de trabajo, son infundados los argumentos de la quejosa.
Ciertamente, del laudo reclamado se advierte que no existió controversia entre el puesto y las funciones, ya que ambos contendientes manifestaron:
Ver manifestaciones
Como se advierte, si bien es verdad que en la denominación del puesto no existió controversia, ni en las funciones; también lo es que la patronal atribuyó a las mismas además, que tenía personal bajo su mando y que era un jefe de departamento, atributos que a su parecer lo hacían ser un puesto de confianza.
Ciertamente, la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo, ya que es el patrón quien le encomienda las tareas a las que estará sujeta la relación laboral.
Por tanto, si el patrón le atribuyó la categoría de confianza, es indudable que a ella correspondió la carga probatoria, respecto a las cualidades que de modo diverso a las señaladas por el actor le atribuyó al cargo, entre otras, ser un jefe de departamento y tener personal bajo su mando, lo cual no quedó demostrado de ninguna forma, sino que se trata de afirmaciones dogmáticas; además, la formación de comités vecinales no implica que se trate de funciones de dirección, inspección o vigilancia.
En este orden de ideas, subsistiendo la carga probatoria en la patronal, corresponde al demandado demostrar que las labores desarrolladas por el actor tienen las características de las funciones consideradas como de confianza, es decir, que realizaba funciones que implican labores de dirección, representatividad, de mando, vigilancia o de fiscalización, pues esos aspectos justificarían su calidad de confianza; de no acreditar dicha circunstancia, no puede prosperar la excepción opuesta.
Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 4a./J. 28/93,(2) emitida por la otrora Cuarta Sala del Tribunal Supremo del País, que dice:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL EJECUTIVO FEDERAL. FUERZA PROBATORIA DEL CATÁLOGO DE PUESTOS EN LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE. La interpretación sistemática y armónica de los artículos 5o., fracción II, 7o., y 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, permite considerar que para determinar los puestos de confianza al Servicio del Poder Ejecutivo, el legislador siguió el sistema fundamental de catalogar como de confianza diversos tipos o clases de funciones, dejando a los titulares de las dependencias y a los sindicatos respectivos, la elaboración de catálogos de puestos en los que han de asentar, entre otros datos, el correspondiente a si son de base o de confianza, debiendo hacerse notar que esa labor de clasificación consiste, fundamentalmente, en cotejar las labores realizadas en cada puesto, con las funciones relacionadas en la fracción II, del citado artículo 5o. De aquí se deduce que si el catálogo sólo revela el acuerdo de las partes mencionadas sobre qué puestos son de base o de confianza, y si para ese acuerdo deben tener en consideración la clasificación de la ley, la fuerza probatoria del catálogo no es, necesariamente, decisiva para resolver a qué grupo pertenece el puesto del trabajador, sino que debe estimarse sólo como un elemento más para descubrir su verdadera naturaleza, la que deriva de las funciones desempeñadas."
También se cita, en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 36/2006,(3) emitida por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo."
Ahora bien, la quejosa aduce que con las documentales ofrecidas en el punto 5, incisos a y b, consistentes en la autorización de la fecha de ingreso y el original de la requisición de personal, se acredita la categoría de confianza y que si bien el actor no figura en el primero, también lo es que el segundo sí fue firmado de conformidad por el actor, por lo que considera debió analizarse en forma adminiculada.
Se considera infundado el motivo de disenso.
En efecto, el primer documento, denominado "Autorización de fecha de ingreso" glosado a foja 96, en su contexto no especifica la categoría, sino únicamente el puesto "Auxiliar administrativo", y el segundo documento titulado "Requisición de personal" agregado a folio 97, es insuficiente, por un lado, porque no basta con que en su texto diga "Confianza", ya que las funciones deben ser acordes a dicha naturaleza, lo cual no fue acreditado; y, por otro, debido a que, como bien dijo la responsable, fue emitido por la patronal sin intervención del actor, por lo que no puede conferirse valor a un documento unilateral; de ahí que se considere que fue correcto el valor probatorio que el tribunal responsable confirió a los documentos de mérito.
Ahora bien, la divergencia en la categoría del puesto (el actor "base" y la patronal "confianza") y su trascendencia en el ofrecimiento, se considera un tema infundado.
En efecto, para que el ofrecimiento sea considerado "en los mismos términos" debió ser con la categoría de base y no como lo hizo la quejosa, que dice que dijo en los mismos términos, pero con la categoría de confianza.
Por tanto, su repercusión en el ofrecimiento de reincorporación al puesto, conlleva a que deba ser considerado de mala fe, como bien resolvió el tribunal burocrático, ya que precisamente la categoría es un factor determinante para la estabilidad en el empleo y, al ofertarse en una calidad que no se acreditó, varía sustancialmente la relación laboral.
En apoyo a lo anterior se invoca, en lo que informa, la jurisprudencia II.1o.T. J/45,(4) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que este tribunal comparte, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SI SE REALIZA CON UNA CATEGORÍA DE CONFIANZA SIN ACREDITARLA, DEBE CALIFICARSE DE MALA FE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si la institución demandada negó el despido injustificado argumentado por la servidora pública y le ofreció el trabajo aduciendo que tenía el carácter de empleada de confianza sin acreditarlo, la oferta laboral debe calificarse de mala fe, toda vez que de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, los servidores públicos de confianza quedan comprendidos en dicho ordenamiento únicamente en lo que hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social que otorga el Estado, careciendo de estabilidad en el empleo, lo cual es en perjuicio de la actora."
Por consiguiente, con base en los anteriores razonamientos, este Tribunal Colegiado de Circuito se aparta del criterio sostenido en el diverso juicio de amparo directo 653/2013, resuelto en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil trece.
Por lo que ve a la valoración de la prueba testimonial, con la cual dice quedó acreditado su dicho respecto a la terminación de la relación laboral y el horario de labores, es infundado el motivo de disenso propuesto por la peticionaria de la tutela constitucional.
En primer término, conviene traer al escenario el criterio emitido por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual determinó que al valorar la prueba testimonial, los tribunales deben constreñirse únicamente a la circunstancia de que las declaraciones rendidas por los testigos reúnan los requisitos de certidumbre, uniformidad, imparcialidad y congruencia con los hechos que se pretenden acreditar.
Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sostenido por la citada Sala, al resolver la contradicción de tesis 66/91, misma que dio origen a la jurisprudencia 4a./J. 21/93,(5) cuyos rubro y texto señalan:
"TESTIMONIAL. VALORACIÓN DE ESTA PRUEBA EN MATERIA LABORAL. Tomando en consideración que por disposición expresa del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades laborales no están obligadas a sujetarse a reglas o formulismos en la estimación de las pruebas, cuya valoración, tratándose de la testimonial se debe constreñir únicamente a la circunstancia de que la declaración rendida reúne los requisitos de certidumbre, uniformidad, imparcialidad y congruencia con los hechos que se pretenden acreditar, y en atención además, a que los testigos acuden al juicio para que con base en el interrogatorio que se les formule expongan los hechos que tienen relación directa con la contienda laboral y que son de importancia para el proceso, es por lo que se estima que bien pueden al producir su contestación, ampliar la respuesta correspondiente, adelantándose inclusive a preguntas que no se les han formulado, sin que esto signifique que existe una preparación previa, y que por esa razón carezca de valor su declaración."
En este orden de ideas, basta con que el dicho de los deponentes sea congruente respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se percataron de la prestación del trabajo personal para conferir valor probatorio a su dicho.
Así, de acuerdo al interrogatorio al cual fueron sometidos los atestes, se advierte que no se cumplen dichos requisitos, ya que la quejosa secciona el interrogatorio al que fueron sometidos los testigos y únicamente se refiere a los cuestionamientos que desde su punto de vista apoyan su postura; por lo cual, al no controvertir ni confrontar las preguntas y respuestas dadas por los deponentes en las que se basó el tribunal responsable para restar valor a la prueba de mérito, ello sigue prevaleciendo.
En efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar no convergen en el dicho de los atestiguantes, toda vez que los atestes no coinciden en el dato relativo al lugar donde laboran, ya que al dar respuesta a la pregunta directa número 1 ¿Que diga el testigo el lugar donde labora? Respondieron:
Primer testigo: "En la Policía Municipal de Mérida".
Segundo Testigo: "En la Unidad Coordinadora de Programas Institucionales de la Policía Municipal".
Tercero testigo: "En la Policía Municipal".
Cuando que el actor dijo laborar en la Dirección de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida y el demandado nunca mencionó si el actor se encontraba adscrito a algún departamento o programa en específico.
Sin que pase inadvertido que al responder a la pregunta directa 3 "Que diga el testigo el lugar donde conoció al C. **********" el primero respondió: "En los programas institucionales de la Policía Municipal de Mérida"; el segundo, "En el área donde laboramos que es la Unidad Coordinadora de Programas Institucionales de la Policía Municipal de Mérida" y el tercero: "En el departamento donde laboramos en la policía".
Como se advierte, no existe uniformidad en el dicho de los atestes, ya que refieren que laboran en programas, unidad y departamento, lo cual de suyo torna divergente su dicho entre ellos mismos y entre lo aducido por el actor, lo cual redunda en que deba restarse eficacia a lo atestiguado incluso en lo atinente al horario, pues no existe certidumbre de que laboraran en el mismo lugar y, por ende, que les constara el horario de labores del actor.
En consecuencia, son esencialmente infundadas las alegaciones de la quejosa.
Por último, en lo que respecta a la condena de pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, asiste parcialmente la razón a la quejosa.
Lo anterior es así, debido a que, por un lado, la inconforme exhibió como prueba de su parte, las nóminas de pago correspondientes a los siguientes periodos:
Ver periodos
Como se advierte, ningún concepto estipula el pago de "vacaciones" y aun cuando pudiera considerarse que no las disfrutó y que le fueron cubiertas bajo el concepto de "sueldo ordinario", lo cierto es que el tribunal responsable consideró acreditado que en el 2012 se demostró el pago de los dos periodos vacacionales a los que tiene derecho el actor(6) y condenó únicamente por la parte proporcional de 2013, cuando de acuerdo a las probanzas de mérito del 2012 únicamente existe un comprobante de pago, por lo que debe entenderse que ese primer pago de 2013, se consideró como el segundo correspondiente a 2012 y, por ello, condenó únicamente a la parte proporcional de 2013.
En lo que sí asiste razón a la inconforme, es por cuanto a que las partes proporcionales de 2013 no son acordes al periodo laborado por el actor; lo anterior, debido a que si en ese año calendario la relación laboral únicamente corrió del 1 de enero de 2013 al 1 de febrero de 2013, entonces, la parte proporcional debe sacarse conforme a dicho periodo.
Así, tomando en consideración que el trabajador tiene derecho a 30 días al año por concepto de vacaciones, le corresponden por mes: 30 días, entre 12 meses = 2.5 días, este resultado por el salario diario acreditado de $********** = $**********, que es la cantidad a la que tiene derecho el trabajador por concepto de vacaciones correspondientes al 2013 y la prima vacacional sería el 25% de esos $********** = $**********.
Lo mismo ocurre con el aguinaldo, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, a cada trabajador le corresponde el pago equivalente a cuarenta días de salario en concepto de aguinaldo, entonces si para 2013 el actor únicamente laboró 1 mes, en consecuencia, esos 40 días entre los 12 meses del año, por cada mes corresponde 3.33 días como parte proporcional de aguinaldo y, por tanto, el salario diario de $********** por los 3.33 da como resultado $**********, como parte proporcional del aguinaldo del año 2013.
Conclusión. En las relatadas consideraciones, se impone conceder el amparo solicitado por la quejosa, a fin de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar emita otro, en el cual reiterando la condena en los conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de 2013, se ajuste a los montos determinados en la presente ejecutoria.
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se requiere al tribunal responsable, para que dentro del plazo de quince días que al efecto se le concede, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación relativa, cumpla con lo aquí ordenado; apercibido que, de no acatar esta disposición, se le impondrá, una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 79, 176 y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se resuelve:
ÚNICO.-Para los efectos que se precisan, la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso **********, en contra del laudo de uno de agosto de dos mil trece, dictado por el tribunal de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio laboral **********, concesión que se hace extensiva a los actos reclamados al presidente del tribunal responsable, al no impugnarse por vicios propios.
Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen. Y, por último, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, para que dentro del plazo de quince días que al efecto se le concede, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación relativa, cumpla con lo aquí ordenado; apercibido que, de no acatar esta disposición, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Así, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Paulino López Millán y Fernando Amorós Izaguirre, siendo ponente y presidente el primero de los nombrados, mientras que la Magistrada Raquel Flores García, emitió voto particular que se agrega a este engrose.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 15, 18, 19 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Las sombreadas no fueron objetadas.
2. Visible en la página 15, junio de 1993 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 66, Octava Época.
3. Visible en la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006.
4. Registro IUS: 162057, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 934.
5. Visible en la página 19, mayo de 1993, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 65.
6. "Artículo 34. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones, de 10 días hábiles cada uno. ..."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25140-17c9d88f/ofrecimiento-de-trabajo-si-se-realiza-controvirtiendo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DEMANDA LABORAL BUROCRÁTICA. CUANDO SEA OSCURA, IRREGULAR U OMISA POR NO CONTENER TODAS LAS PRESTACIONES QUE DERIVEN DE LA ACCIÓN INTENTADA, O CUANDO PARA LA CLARIDAD Y CONGRUENCIA (AMPARO DIRECTO)
- OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PARA QUE OPERE LA FIGURA JURÍDICA DE LA REVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA. (AMPARO DIRECTO)
- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 182 IN FINE DE LA LEY DE AMPARO, CONLLEVA RESOLVER INTEGRALMENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PRINCIPAL Y ADHESIVO. (AMPARO DIRECTO)
- PRESCRIPCIÓN. LA FECHA EN QUE EL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO SE DICE DESPEDIDO VERBALMENTE, NO PUEDE SERVIR DE BASE PARA COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO, CUANDO EL DESPIDO F (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRESTACIONES INVEROSÍMILES EN MATERIA LABORAL. DEBEN CALIFICARSE ASÍ LAS QUE SE SUSTENTAN EN EL ABUSO DE UN DERECHO PROCESAL QUE ALTERA EN FORMA EVIDENTE Y DESPROPORCIONADA CON LA (III.2o.T.34 L (11a.))
- DESPIDO, NEGATIVA DEL. Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. IMPLICA MALA FE AL EXISTIR CONTROVERSIA SOBRE EL PUESTO. (IV.3o.127 L)
- DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO DE BUENA FE. (687)
- DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO DE BUENA FE. (X. J/4)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis