LABORES PELIGROSAS E INSALUBRES. CON BASE EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, CORRESPONDE AL TRABAJADOR LA CARGA DE LA PRUEBA DE SU RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES PACTADAS PARA AQUÉLLAS.
AMPARO DIRECTO 1023/2015. PETRÓLEOS MEXICANOS Y PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA. 23 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUCIO LEYVA NAVA. SECRETARIO: HUMBERTO OROZCO CALDERÓN.
CONSIDERANDO:
V.-Estudio. Los conceptos de violación son inoperantes e infundados unos y fundados otros.
Es conveniente reseñar los antecedentes del asunto, los que se advierten del expediente laboral del que emana el acto reclamado y el cual tiene eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2.
Demanda.
Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil diez ante la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Villahermosa, Tabasco, **********, a través de sus apoderados demandó en la vía laboral a **********, el pago y reconocimiento de las siguientes prestaciones:
1) El reconocimiento de que el actor tiene calidad de trabajador de la industria petrolera.
2) El cumplimiento de los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo.
3) El reconocimiento de que el trabajador accionante durante la relación laboral, laboró en lugares ruidosos e insalubres.
4) El reconocimiento de que el trabajador accionante padece enfermedades consideradas como de trabajo en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo y en la cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera.
5) El cumplimiento de las cláusulas 124, 128 y 129 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera.
6) El reconocimiento de que el trabajador accionante padece incapacidad permanente derivada de enfermedades consideradas como de trabajo en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo y en la cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera.
7) El reconocimiento (sic) de la pericial médica que se le practique al trabajador accionante para que se valoren las incapacidades físicas orgánicas.
8) El reconocimiento del pago de las indemnizaciones que resulten con motivo de la pericial médica.
9) El reconocimiento del pago del 40% (cuarenta por ciento) por concepto de aumento de la indemnización por riesgo de trabajo.
10) El cumplimiento de la cláusula 63 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera.
11) El cumplimiento de la cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera.
12) El reconocimiento del pago de la cantidad que resulte por concepto de labores peligrosas e insalubres al trabajador accionante que se genere durante el tiempo que ejecute el trabajo en las actividades y condiciones que se establecen en las cláusulas 63 y 64 del contrato colectivo de trabajo.
13) El reconocimiento del monto del salario ordinario que percibió el trabajador accionante durante el último año de servicios.
14) El reconocimiento de que el trabajador accionante percibe ordinariamente el pago de su salario integrado por una cuota diaria y diversas prestaciones que se le entregan por su trabajo.
15) El cumplimiento de los artículos 158 y 273 de la Ley Federal del Trabajo.
16) El reconocimiento de la fecha de ingreso del trabajador accionante.
17) El reconocimiento de la antigüedad general de empresa del trabajador accionante, consistente en veintinueve años y ochenta y siete días.
Del **********, se demanda:
1) El reconocimiento de que el trabajador accionante es miembro sindical; y,
2) El reconocimiento de la intervención, gestión y patrocinio del trabajador accionante.
La parte actora expuso en la demanda los hechos fundatorios de su acción, que ingresó a laborar para la empresa paraestatal el tres de noviembre de mil novecientos ochenta; a proposición del **********, con el carácter de trabajador de planta a partir del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, con la categoría de **********, clasificación **********, jornada 4, turno discontinuo, con clave de plaza **********, adscrito al departamento de taller de tubería, con centro de trabajo en el **********, con un salario ordinario diario por la cantidad de **********, que ha laborado en las estaciones de **********, expuesto a diversos agentes contaminantes de carácter natural, físicos y químicos, en un ambiente ruidoso e insalubre, expuesto a humos, gases, residuos tóxicos y a radiación de soldaduras, ambiente laboral que le ocasionó en los oídos un padecimiento auditivo bilateral de origen profesional identificado como cortipatía bilateral, síndrome vertiginoso laberíntico, postraumático por exposición continua y tiempo prolongado a un ambiente ruidoso; en los pulmones una bronquitis crónica tipo industrial, silicosis por la exposición a humos, gases, residuos tóxicos derivados de hidrocarburos y polvos de cemento y asbesto, que producen una disminución de la capacidad funcional respiratoria; en los ojos una exposición continua y tiempo prolongado a las radiaciones de soldadura, gases y productos químicos, lo que produce una conjuntivitis crónica, y disminución de agudeza visual bilateral, opacidades en ambos órganos ópticos producto de conjuntivitis, pterigion (sic), catarata y retinitis; en la columna vertebral, sufre fuertes dolores y entorpecimiento de los movimientos con motivo de su trabajo continuo y por tiempo prolongado que le produjo una discoartrosis lumbar dolorosa secundaria a sobreesfuerzos físicos, las cuales se encuentran en la tabla de enfermedades de trabajo que establece el artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo. (fojas 1 a 25)
Radicación de la demanda.
Por auto de nueve de marzo de dos mil diez, la Junta del conocimiento admitió la demanda, la radicó con el número **********, señaló fecha para la celebración de la audiencia respectiva y ordenó el emplazamiento a las partes. (foja 27)
Audiencia.
El seis de agosto de dos mil diez, fecha señalada para la realización de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, las partes no llegaron a un arreglo, y se señaló nueva fecha para continuar con la etapa de demanda y excepciones. (fojas 91 y 93)
El veintidós de noviembre de dos mil diez, se continuó el proceso en la etapa anteriormente referida, en la cual, se tuvo a la parte actora por ratificando el escrito inicial de demanda y se tuvo a la parte demandada por contestada la demanda, quien negó el derecho reclamado por el actor. (fojas 105 a 204, 205 a 209, 210 a 212)
Cierre de instrucción.
Seguido el procedimiento, el veintitrés de enero de dos mil quince, se tuvo por cerrada la instrucción y se turnaron los autos para el proyecto de resolución. (fojas 796 y 797)
Laudo.
El seis de febrero de dos mil quince, la Junta dictó laudo en el que determinó que la parte actora probó parcialmente su acción, ********** (sic), y **********, justificaron parcialmente sus excepciones y defensas, y el **********, y la ********** (sic) **********, justificaron sus excepciones y defensas (fojas 816 a 824). Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio.
Los conceptos de violación se examinan en orden distinto al planteado en la demanda, lo cual no produce agravio alguno a la parte quejosa.
En esas condiciones, por cuestión de técnica, en principio se examinará el concepto de violación que expone la parte quejosa en su demanda de amparo, en el que hace valer una violación formal.
Sirve de apoyo la jurisprudencia que se comparte del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región,(1) que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."
Prestaciones.
La paraestatal demandada dice que la Junta responsable en el laudo reclamado violó el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con los numerales 840, 841, 842 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que dejó de examinar las demás cuestiones sometidas a su potestad, la demanda, contestación, réplica, y demás prestaciones deducidas, sin observar los principios de verdad sabida y buena fe guardada.
De igual forma, asevera que la Junta no analizó, ni aun presuntivamente, el escrito de queja del trabajador respecto al capítulo de prestaciones. Así como tampoco analizó el capítulo de hechos.
Respuesta.
Son inoperantes los anteriores conceptos de violación.
Lo anterior, porque en absoluto controvierte el argumento toral de la Junta, es decir, que la paraestatal demandada no precisa cuáles fueron las demás cuestiones sometidas a consideración de la potestad de la Junta, pues únicamente refirieron que se debió apreciar la demanda, su contestación, replica, contrarréplica y observar los principios de verdad sabida y buena fe guardada, sin siquiera precisar a cuáles se refiere; además, tampoco expuso un argumento de rebate, pues sus argumentos son ambiguos y afirmaciones genéricas.
Sirve de apoyo, la jurisprudencia que se comparte del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,(2) que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-No se puede considerar como concepto de violación y, por ende, resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado."
Antigüedad.
En un diverso concepto, las empresas quejosas expusieron que la Junta hizo un reconocimiento de la antigüedad de veintinueve años y ochenta y siete días, para lo cual consideró que el actor ingresó el tres de noviembre de mil novecientos ochenta; sin embargo, negó el valor probatorio a la documental consistente en la relación de servicios, que fue perfeccionada mediante ratificación de contenido y firma de sus firmantes, bajo el argumento de que es un documento unilateral.
También destacan que el actor ingresó el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, y que si bien ha prestado su servicio, también lo es que laboró como trabajador transitorio eventual, con interrupciones en sus contrataciones, por lo que ha generado una antigüedad de veintidós años doscientos treinta y un días, al veintisiete de julio de dos mil diez, como ejemplificó con la relación de servicio y doscientas treinta y siete tarjetas de trabajo, que fueron perfeccionadas, que demuestran los periodos laborados y las interrupciones a éste, por lo que si dice el actor que laboró a partir del tres de noviembre de mil novecientos ochenta, sólo se puede reconocer en forma ininterrumpida hasta el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, y a partir de esta fecha, la Junta debió considerar la relación de servicios y las tarjetas de trabajo, de lo que se observa que el actor fue un trabajador transitorio eventual, porque existieron algunas interrupciones, como ejemplificó en la tabla siguiente:
Ver tabla 1
Respuesta.
El concepto señalado es fundado y se estudia bajo la causa de pedir, pues la parte quejosa expone que la Junta, al dictar el laudo, se separó de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, esto es así, en razón de que del argumento señalado, es claro que las empresas quejosas rebaten las consideraciones que realizó la Junta en el sentido de que reconoció que el actor tiene una antigüedad laboral de veintinueve años y ochenta y siete días en forma ininterrumpida a partir del tres de noviembre de mil novecientos ochenta, conclusión a la que llegó sin considerar en su estudio la relación de servicios y tarjetas de trabajo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 63/98,(3) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."
Ahora, la paraestatal en su escrito de ofrecimiento de pruebas de seis de abril de dos mil once (fojas 298 a 309), en particular las precisadas en los puntos tres y cinco, ofrecieron como pruebas documentales las consistentes en la relación de servicios de veintisiete de julio de dos mil diez, con la finalidad de acreditar que el actor ingresó el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno (identificada con el número de ficha **********, fojas 362 a 367), y doscientas treinta y siete tarjetas de trabajo, para acreditar que el actor ingresó como trabajador transitorio sindicalizado el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, que existieron interrupciones en sus contratos, esto es, con la finalidad de demostrar que el actor tiene una antigüedad de veintidós años, doscientos treinta y un días hasta el veintisiete de julio de dos mil diez. (fojas 369 a 608)
En audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil once, la parte actora objetó las pruebas ofrecidas por la parte demandada en los términos siguientes: (foja 612)
"En uso de la voz la apoderada legal de la parte actora, manifiesta: que en este acto me permito objetar las pruebas ofrecidas por las demandadas comparecientes en términos generales en cuanto a su alcance y valor probatorio que el oferente le pretenda dar a las mismas y con relación a las pruebas que ofrecen los demandados **********, éstas me permito objetarlas en los términos siguientes: la prueba documental marcada con el inciso 3 consistente en la relación de servicios de fecha 27 de julio del 2010, éstas (sic) se objeta en cuanto a su autenticidad, contenido, firma, literalidad, autenticidad, alcance y valor probatorio que a la misma se le pretenda dar, manifestando para los efectos de reforzar mi objeción que dicho documentos (sic) no cumple con los requisitos que establece el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, es un documento unilateral el cual carece de todo valor probatorio alguno. Respecto a la presentación de los ratificantes que como medio de perfeccionamiento ofrecen las empresas demandadas. Esto dijo (sic)."
Para luego concluir, la Junta, declarar cerrado el periodo de ofrecimiento de pruebas y reservarse la admisión de las mismas.
Por auto de trece de octubre de dos mil once, la responsable admitió las pruebas señaladas en los términos siguientes:
"Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial la reserva relacionada con las pruebas propuestas en primer término de las pruebas ofrecidas por la parte actora se hace constar que no exhibieron (sic) la documental 5, razón por la cual se desecha, admitiendo sus restantes probanzas; de las pruebas propuestas por **********, se desecha la que denominaron declaración de parte por no tener ésta sustento para su desahogo en la ley laboral, lo que imposibilita prepararla debidamente para tales efectos, admitiendo sus restantes pruebas, de las cuales serán analizadas al dictar el laudo las documentales del apartado (sic) 4 y 5 por resultar ocioso citar nuevamente a la parte demandante para que comparezca a pronunciarse a (sic) dichos documentos al haberlo hecho al objetarlos, y la documental 2 en virtud de que el actor reconoce el salario..." (foja 603)
La Junta, al resolver la antigüedad del actor, expuso:
"...la documental consistente en la relación de servicios a nombre del actor (F. 362-368), documental que carece de valor probatorio, elaborado en forma unilateral por el patrón, además de que establece como fecha de ingreso el 26 de enero de 1981, lo cual no resulta incierto, en virtud de que de la tarjeta de trabajo ofertada por la patronal que ampara la contratación del actor por el periodo del 26 de enero al 22 de marzo de 1981 visible a foja 373 del expediente en que se actúa, se observa en el recuadro 29 de la tarjeta de trabajo se observa (sic) que el actor laboró antes en **********, se encuentra marcado con una x que sí laboro antes en **********, en ese sentido la documental consistente en las tarjetas de trabajo (F. 291-330), documental que no le son (sic) de beneficio para acreditar la antigüedad generada por el actor, al servicio de **********, puesto que no exhibió las tarjetas de trabajo que amparen la contratación del actor antes del 26 de enero de 1981; ...
"...
"Por lo que respecta al cumplimiento de los artículos 158 y 253 de la Ley Federal del Trabajo, la carga probatoria le correspondió a la patronal, sin que justificara la fecha de ingreso del actor, puesto que la tarjeta de trabajo exhibida y visible a foja 373 del expediente en que se actúa, se observa en el recuadro número 29 que sí trabajó antes en ********** teniendo como respuesta: sí, por tanto, se desprende que el actor ya había laborado con anterioridad, por lo que de acuerdo a la presunción derivada de la inspección ocular, quedó acreditado que el actor ingresó a laborar el día 3 de noviembre de 1980 y por consecuencia se condena a la patronal a reconocer al actor una antigüedad de 29 años 87 días." (fojas 822 y 823)
Como se observa de lo anterior, la Junta consideró que la paraestatal no acreditó la fecha en que ingresó el actor a trabajar, en razón de que de la tarjeta de trabajo que obra a foja trescientos setenta y tres, observó en el recuadro número veintinueve que el actor ya había trabajado para la patronal, lo que adminiculó con la presunción derivada de la inspección ocular, para luego concluir que éste acreditó que ingresó a laborar el tres de noviembre de mil novecientos ochenta.
La anterior conclusión se estima que no se encuentra apegada al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el 841 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que si bien, la Junta sostuvo que el actor ingresó a laborar el tres de noviembre de mil novecientos ochenta, ya que consideró para ello la tarjeta de trabajo que obra a foja trescientos setenta y tres, y que en su recuadro número veintinueve se precisó que el actor ya había trabajado para la patronal, esto es, antes del veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno -recuadro número dieciséis-, lo que adminiculó con la presunción derivada de la inspección ocular; sin embargo, fue omisa en emitir un juicio valorativo y adminiculatorio de las restantes tarjetas de trabajo y la constancia de relación de servicios de veintisiete de julio de dos mil diez, atendiendo esta última a la naturaleza del documento, esto es, si dicho documento era requisito indispensable que sea firmado en forma bilateral, o caso contrario, y así adminicular tales constancias con los demás medios probatorios para poder determinar su alcance demostrativo, ello con la finalidad de saber si efectivamente el actor laboró en forma ininterrumpida del veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, al veintisiete de julio de dos mil diez, pues al haber valorado la tarjeta de trabajo citada y omitido el estudio de las restantes y de la constancia de relación de servicios de veintisiete de julio de dos mil diez, que desestimó por ser un documento unilateral sin atender a la naturaleza del documento, es claro que de su estudio no se advierte si efectivamente el trabajador laboró en forma ininterrumpida por el último periodo de tiempo señalado, o caso contrario, si fue por periodos no consecutivos, pues para ello debió emitir un estudio razonado lógico y jurídico sobre tales constancias para obtener su verdadero alcance probatorio, al ser omisa en ello, se apartó de los principios que se observan en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciado los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a las reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4a./J. 3/93,(4) de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR. LAS TARJETAS KÁRDEX Y LOS RECORDS DE SERVICIOS SON IDÓNEOS PARA ACREDITARLA.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón acreditar, cuando sea materia de controversia, la antigüedad del trabajo, a cuyo efecto deberá exhibir en el juicio los documentos previstos por el legislador en el segundo de los dispositivos citados, entre los cuales están las listas de raya, los controles de asistencia y las nóminas, documentos estos últimos a los que son equiparables los conocidos como tarjetas kárdex o récords de servicio, los cuales resultan idóneos para acreditar su antigüedad ya que constituyen medios empleados ordinariamente en las empresas para registrar las contrataciones del trabajador, su tiempo de servicios, sus licencias o incapacidades, sus ausencias e incluso su historial como empleado en diversos cargos, circunstancias todas ellas que permiten considerar los elementos objetivos de prueba a falta de otros que prueben de manera directa y fehaciente la antigüedad del trabajador, cuyo valor probatorio queda sujeto al prudente arbitrio de la Junta, la que debe examinarlos considerando las demás pruebas ofrecidas por las partes y las objeciones que las mismas formulen, de acuerdo con las reglas de la lógica, de la razón y las dispuestas por la Ley Federal del Trabajo en los preceptos relativos."
En esas condiciones, al ser la Junta omisa en valorar las tarjetas de trabajo y exponer las razones jurídicas del porqué consideró que la constancia de relación de servicio de veintisiete de julio de dos mil diez, es un documento unilateral y, por ello, lo desestimó, sin analizar la naturaleza de tal constancia, además, de adminicular tales documentos con los demás medios de convicción para así determinar la antigüedad del trabajador, violó el artículo 16 de la Constitución Federal, en perjuicio de la parte quejosa, por lo que se impone conceder el amparo para los efectos que se precisarán más adelante.
Pericial.
La parte quejosa en diversos conceptos de violación, en su esencia, expone lo siguiente:
Que del análisis de las pruebas periciales, se encuentra la pericial médica del tercero en discordia **********, quien no estableció en forma lógica la relación de causa efecto entre el medio en el que el actor se desempeñó y los padecimientos que determinó, pues debió observar la narrativa de hechos del actor, quien nunca señaló que padeciera síndrome doloroso lumbar o lumbalgia, por lo que, al no haber demandado dichas enfermedades, resulta claro que ese dictamen resulta inverosímil, alterando la litis, restando credibilidad.
Es infundado el anterior concepto de violación, en razón de que en el cuerpo de la demanda, en el apartado de hechos, en particular en el punto seis (foja 13), el actor refirió que presenta en la columna vertebral y cervical fuertes dolores que le condicionan hacer movimientos, espondiloartrosis cervical, osteofitos discal y lumbalgia dolorosa, por lo que es de observarse que el actor sí reclamó padecimientos relacionados con la columna vertebral; de ahí que el estudio realizado por los especialistas de estos padecimientos no sean ajenos a la litis, como erróneamente lo manifiesta la patronal.
Por otro lado, resulta inoperante lo alegado por la empresa quejosa donde refiere que el perito del actor se pronunció en padecimientos que no fueron reclamados por éste y, por consecuencia, no fueron materia de controversia, existiendo una alteración a la litis por parte del perito del aquí tercero interesado, al ir más allá de lo que es su función, incluso, inventando supuestas labores que el tercero interesado no realizó al servicio de aquélla.
Resulta inoperante lo anterior, en razón de que no expone un argumento en el que precise cuáles son esos padecimientos que se pronunció el perito del actor no reclamados por éste y cuáles fueron estas labores que no realizó el actor, por lo que resulta ser un razonamiento ambiguo y genérico, lo que imposibilita abordar su estudio ante la falta de precisión del concepto de violación.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se comparte del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,(5) que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.-Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez."
Por otro lado, la patronal, en diversos conceptos de violación expone:
• Que la Junta la condenó al reconocimiento de que el actor es portador de enfermedades de trabajo con la pericial médica del especialista tercero en discordia **********, quien determinó que después de haber realizado los estudios al actor, éste es portador de cortipatía bilateral y síndrome doloroso lumbar, que sumados le ocasionaron un 70% (setenta por ciento) de incapacidad permanente y, como consecuencia de ello, al pago por la cantidad de **********.
• La responsable otorgó valor probatorio al dictamen del perito del aquí tercero interesado, no obstante que su dictamen carece de valor probatorio, en razón de que el actor en su vida laboral siempre ha registrado un estado de salud satisfactorio, como se acreditó con las 237 (doscientas treinta y siete) tarjetas de trabajo ofrecidas como pruebas, que adminiculadas con la relación de servicios y el hecho comprobado que el trabajador ha continuado laborando a su servicio después del día de la presentación de la demanda, es decir, ha laborado en forma normal, sin evidencia de ausentismo prolongado por enfermedad, lo que denota que su estado de salud es satisfactorio, por lo que resulta inverosímil que el actor como trabajador de planta sindicalizado en la categoría de ayudante de operario de diversos oficios, presente un grado de incapacidad del 70% (setenta por ciento).
• La Junta omitió analizar en conciencia el dictamen del perito ********** de las empresas demandadas, bajo el argumento de que el es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27084-a54826b3/labores-peligrosas-e-insalubres-con-base-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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