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Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LOS AUMENTOS AL SALARIO BASE PARA SU PAGO DEBEN COMPUTARSE CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO APLICABLE PARA DICHO PERSONAL Y NO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL RESULTAR AQUÉL MÁS BENÉFICO AL TRABAJADOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1109/2015. · Registro digital (IUS): 26942
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-02-10
Promovente: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Pág. 1888.

AMPARO DIRECTO 1109/2015. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 14 DE OCTUBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: ISMAEL MARTÍNEZ REYES.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los conceptos de violación hechos valer son parcialmente fundados.

En principio, cabe destacar que quien acude al juicio de amparo es **********, a quien le asiste el carácter de patrón y, por ese motivo, los conceptos de violación hechos valer serán analizados bajo el principio de estricto derecho, puesto que la suplencia de la queja deficiente opera en esta materia únicamente en beneficio de la clase trabajadora, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; además, no se advierte que el laudo reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Pleno de este Circuito para estar en aptitud legal de proceder en términos de la fracción I del citado precepto legal; así como tampoco se aprecia que el peticionario de amparo se encuentre en desventaja social para su defensa en el juicio, derivado de sus condiciones de pobreza y marginación, de conformidad con la fracción VII del invocado dispositivo legal.

Al respecto, es aplicable, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en la página 359, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2010624 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas», de título, subtítulo y texto:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."

Como cuestión previa y con objeto de delimitar la litis constitucional, se estima pertinente anotar que el laudo, ahora reclamado, se encuentra dictado en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Tribunal Colegiado de Circuito el diecisiete de septiembre de dos mil quince, en el juicio de amparo directo 272/2015, promovido por el ahora tercero interesado **********; en la ejecutoria de referencia, se concedió la protección constitucional para los efectos que enseguida se puntualizan:

1. Que la autoridad laboral determinara la profesionalidad del padecimiento consistente en **********.

2. Subsanara los vicios de motivación a fin de determinar la profesionalidad de los diversos padecimientos consistentes en: a) **********; y, b) **********, esto de acuerdo con las circunstancias especiales del caso, para lo cual, debía tomar en cuenta los hechos narrados por el actor, relativos a las actividades desempeñadas y al medio ambiente laboral en que prestó sus servicios; todo esto, con plenitud de jurisdicción.

En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la Junta del conocimiento determinó, en esencia, que respecto de los anotados padecimientos, sí se acreditó su profesionalidad; consecuentemente, determinó condenar a la patronal demandada al pago de una indemnización del setenta por ciento de mil seiscientos veinte días (1,620), equivalente a mil ciento treinta y cuatro días (1,134), del último salario ordinario percibido por el actor, de conformidad con lo establecido en el artículo 66, inciso h), del **********; y, por otra parte, absolvió del pago del cuarenta por ciento (40%) adicional a la indemnización.

Hasta aquí los antecedentes del caso que contextualizan la presente resolución.

En principio, debe quedar intocada la parte del laudo reclamado en que la Junta del conocimiento absolvió del pago del cuarenta por ciento (40%) adicional a la indemnización, pues este aspecto evidentemente no le causa perjuicio alguno a la patronal quejosa y no es combatida por el actor en su amparo.

Asimismo, no será materia de análisis, la parte del laudo en que la autoridad laboral determinó la profesionalidad de la enfermedad consistente en ********** pues, por una parte, se tiene que este aspecto se encuentra emitido en estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo a que se hizo referencia al inicio del presente considerando, además de que no es combatida por la patronal quejosa.

Precisado lo que antecede, se procederá, por razón de orden técnico, al análisis de los argumentos propuestos en el cuarto concepto de violación, en el cual la patronal quejosa aduce en lo medular que de subsistir la condena al pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial, el salario que debe tomarse de base para el cálculo correspondiente es por el monto de **********, que corresponde al último salario ordinario percibido por el actor en el último puesto desempeñado hasta antes de obtener su jubilación, que fue el catorce de junio de dos mil cuatro, en términos del artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, sin tomar en cuenta los incrementos que se den hasta la fijación de grado, pues únicamente deben tenerse en cuenta los que se hubiesen generado a la fecha de separación.

A fin de dar respuesta al planteamiento hecho, se estima pertinente establecer que, sobre el tema de los incrementos, este Tribunal Colegiado de Circuito en su anterior integración, al resolver el juicio de amparo directo 576/2014, promovido por ********** (actor en el juicio laboral), en sesión de doce de febrero de dos mil quince, sostuvo lo siguiente:

"...En la demanda de amparo, la parte quejosa plantea esencialmente dos argumentos:

"a) El primero, consistente en que la Junta debió condenar al pago de la indemnización derivada de un riesgo de trabajo, con los aumentos o incrementos generados hasta la fecha en que se determinó el grado de incapacidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 66, fracción h), del **********; y,

"b) Que la Junta del conocimiento, al momento de fijar el porcentaje de incapacidad del actor, lo hizo de forma arbitraria, sin fundar ni motivar su determinación.

"En este sentido, se procederá al análisis de los planteamientos expuestos, sin perjuicio de hacer uso de la suplencia de la queja que autoriza el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo (por tratarse del trabajador quien acude al amparo) para otros aspectos no alegados, aunque no sea necesariamente para beneficiar al quejoso, sino para constatar la constitucionalidad del acto reclamado.

"Así, se tiene que respecto del primer argumento, no asiste razón al peticionario de amparo, pues si bien el artículo 66, inciso h), del reglamento en cita, dispone que:

"‘...h) Para las bases del cálculo en el pago de las indemnizaciones derivadas de riesgo de trabajo, se tomará el salario ordinario que perciba el trabajador de confianza en el momento de ocurrir el riesgo con los aumentos posteriores hasta que se determine el grado de incapacidad o de la fecha en que se produzca la muerte...’

"Del contenido del transcrito precepto convencional (sic) se observa que establece que en el cálculo de las indemnizaciones por riesgo de trabajo, debe tomarse el salario ordinario que perciba el trabajador de confianza, al momento de ocurrir el riesgo, con los aumentos posteriores hasta que se determine el grado de incapacidad o se produzca el deceso, ello interpretado lógica y congruentemente debe entenderse para el caso en que el trabajador de confianza se encuentre en servicio activo, pero no cuando se trate de un trabajador jubilado, como acontece en la especie con el ahora quejoso, quien goza de su pensión por jubilación desde el **********.

"En estas condiciones, debe decirse que si la determinación de las enfermedades profesionales ocurrió hasta la emisión del laudo aquí reclamado; y si el trabajador fue jubilado desde el **********, no puede válidamente reclamar el pago de incrementos, pues el monto de la pensión no puede equipararse al salario que percibe un trabajador activo.

"A lo anterior se arriba si se toma en cuenta que si bien en la interpretación de las convenciones contractuales, como la establecida en el inciso h) del artículo 66 del reglamento de que se trata, se debe estar a lo que más favorezca al trabajador, atento el principio pro operario, también lo es que esta actividad interpretativa está sujeta a un principio supremo de justicia laboral, que no autoriza a imponer al patrón cargas superiores a las pactadas expresamente, a las previstas por la ley o a las que se deriven naturalmente de la relación laboral, de manera que aquella disposición contractual debe ser entendida en armonía con lo dispuesto en los artículo (sic) 53, fracción I y 484 de la Ley Federal del Trabajo, que dicen:

"‘Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

"‘I. El mutuo consentimiento de las partes;...’

"‘Artículo 484. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa.’

"Y así considerar que la jubilación produce la conclusión de la relación laboral, por lo cual los aumentos a que se refiere ese inciso h), al no estar contemplados en él los trabajadores jubilados, deberán entenderse únicamente los incrementos al salario hasta la fecha en que la jubilación se conceda, cuando, como en el caso, ésta sea anterior a la determinación del grado de incapacidad.

"Cobra aplicación analógica, la jurisprudencia 4a./J. 12/92, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, agosto de 1992, página 28, Octava Época, materia laboral, de rubro y texto siguiente (sic):

"‘RIESGOS DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PREVISTA EN LA CLÁUSULA 144 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA PETROLERA CUANDO SE TRATA DE TRABAJADORES JUBILADOS.-El análisis de la Cláusula 144 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dice «el salario que se tomará como base para calcular las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores en los casos de incapacidad total o parcial permanente, o muerte de los mismos, a que se refieren las dos cláusulas anteriores, será el que perciba el trabajador en el momento en que se realice el riesgo, y, en su caso, deberán serle incluidos los aumentos posteriores que correspondan a la categoría que desempeñaba», en relación con las demás estipulaciones del contrato, muestra que las partes contratantes omitieron señalar la fecha tope hasta la cual habrían de considerarse los incrementos al salario tratándose de trabajadores que demandan el pago de la indemnización luego de ser jubilados, de modo que debe aplicarse por analogía lo dispuesto por el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo (que tampoco se refiere expresamente a la jubilación, dada la naturaleza netamente contractual de esta prestación), para los supuestos en que el riesgo causa la muerte del trabajador o éste se separa de la empresa, pues de manera similar a éstos, la jubilación produce la conclusión de la relación laboral, por lo cual deben considerarse únicamente los incrementos al salario hasta la fecha en que la jubilación se conceda, cuando ésta sea anterior a la determinación del grado de incapacidad.’"

De conformidad con el criterio sustentado en el juicio de amparo en cita, se puede apreciar claramente que este órgano colegiado sostuvo que tratándose del salario para indemnizaciones derivadas de riesgos de trabajo de empleados de confianza jubilados de **********, no le corresponden los incrementos a que se refiere el artículo 66, fracción h), del reglamento aplicable, cuando el reconocimiento del riesgo tiene lugar en fecha posterior a la jubilación.

Posteriormente, en fechas recientes, este Tribunal Colegiado de Circuito, en su actual integración, al resolver el juicio de amparo directo 801/2015, en sesión de dos de junio del año en curso, abandonó ese criterio para sostener, en esencia, que cuando se demanda la indemnización por riesgo de trabajo del personal de confianza de **********, los aumentos al salario base para su pago deben computarse conforme a lo previsto en el reglamento aplicable para dicho personal y no en términos de la Ley Federal del Trabajo; esto, cuando no ha fallecido el trabajador, es decir, los aumentos al salario que se decreten, deben cuantificarse hasta la fecha del laudo, si en ese momento jurídicamente se determina el grado de incapacidad y no limitarse a la data en la cual concluyó el vínculo laboral, considerando que, al existir disposición especial sobre el particular, aplicable a los trabajadores de confianza de **********, debe estarse a lo más benéfico para la parte obrera, en tanto que ahí se superan los requisitos legales.

Cabe destacar que la particularidad que presentó este último juicio de amparo, fue que el trabajador actor no era jubilado, sino que su contrato había terminado.

Este criterio fue reiterado al resolver los juicios de amparo 801/2015 en sesiones de dos de junio de dos mil dieciséis; 1138/2015 de veintiuno de julio; 37/2016 de uno de septiembre del año en curso; y, el diverso 41/2016 en esta misma sesión (con la nota distintiva que estos tres últimos juicios se trató de trabajadores jubilados).

Una vez hechas las anteriores precisiones, este Tribunal Colegiado de Circuito, conforme a la actual integración, concluye que debe reiterarse este último criterio, para establecer que sí es aplicable lo dispuesto por el artículo 66, inciso h), del **********, para los trabajadores jubilados en el tema de los incrementos, en atención de lo que enseguida se explica.

El citado precepto reglamentario, en lo que interesa, dispone:

"Artículo 66. En los casos de accidentes y enfermedades del personal de confianza en ejercicio o con motivo de trabajo, el patrón les proporcionará servicio médico, así como la determinación de incapacidades, indemnizaciones y derechos derivados de los propios riesgos de trabajo, en los términos siguientes:

"...

"h) Para las bases de cálculo en el pago de las indemnizaciones derivadas de riesgo de trabajo, se tomará el salario ordinario que perciba el trabajador de confianza en el momento de ocurrir el riesgo con los aumentos posteriores hasta que se determine el grado de incapacidad o el de la fecha en que se produzca la muerte.

"..."

De la lectura del artículo antes transcrito, se colige claramente que las indemnizaciones que derivan de riesgos de trabajo se pagarán teniendo en cuenta el salario ordinario percibido por el trabajador de confianza en el momento de ocurrir el riesgo con los incrementos posteriores hasta que se determine el grado de incapacidad o el de la fecha en que se produzca la muerte.

Esto es, dicho precepto solamente contempla dos supuestos de generación de aumentos, consistentes, el primero, hasta que se determine el grado de incapacidad; y, el segundo, hasta la data en que se produzca la muerte del indemnizado; en consecuencia, si el actor no falleció previamente al dictado del laudo que ahora nos ocupa, y fue éste en el que se determinó su grado de incapacidad, entonces fue correcto que se haya tomado como fecha de fin del cómputo de los aumentos el de la emisión del acto reclamado.

En la inteligencia de que en el caso, contrariamente a lo alegado por la patronal quejosa, tratándose de los aumentos en el salario base para el pago de la indemnización del personal de confianza de **********, prevista en el artículo 66 del reglamento relativo, no aplica lo establecido en el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte en que dice que para determinar las indemnizaciones a que se refiere el título noveno de esa ley, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta, entre otros supuestos, el momento de su separación de la empresa; lo anterior es así, pues el citado precepto reglamentario solamente contempla dos hipótesis como límites para computar los aumentos, a saber, hasta que se determine el grado de incapacidad o el de la fecha en que se produzca la muerte, sin que contemple el caso que sí prevé la Ley Federal del Trabajo, relativo a que dichos aumentos dejen de generarse en el momento de la separación del trabajador en la empresa, esto es, mientras la respectiva relación de trabajo subsista, sino, solamente los dos supuestos antes indicados; de ahí que cuando se demanda en el juicio laboral dicha indemnización por riesgo de trabajo y no ha fallecido el trabajador, los aumentos al salario que se decreten, deben cuantificarse hasta la fecha del laudo, si en ese momento jurídicamente se determina el grado de incapacidad y no limitarse a la data en la cual concluyó el vínculo laboral, tomando en cuenta que, al existir disposición especial sobre el particular, aplicable a los trabajadores de confianza de **********, debe estarse a lo más benéfico para la parte obrera, en tanto que ahí se superan los requisitos legales.

De ahí que, derivado de las razones expuestas, se estima inaplicable al caso la jurisprudencia 4a./J. 12/92, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 28, de rubro: "RIESGOS DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE PREVISTA EN LA CLÁUSULA 144 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA PETROLERA CUANDO SE TRATA DE TRABAJADORES JUBILADOS."; citada en los conceptos de violación, al provenir su interpretación de la regla genérica establecida en la legislación laboral.

Sin que la apertura del incidente referido en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, ordenada en el laudo reclamado, pueda estimarse inútil e innecesaria, como lo aduce la parte solicitante del amparo, en virtud de que la Junta del conocimiento consideró no contar con los elementos necesarios para determinar los incrementos al salario ordinario del actor, por lo que, por excepción, ordenó su apertura por el periodo ya anotado en párrafos que preceden.

Cobra aplicación a lo aquí determinado, la tesis VII.2o.T.68 L (10a.), emitida por este propio tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo IV, septiembre de 2016, página 2748», con el número de registro digital: 2012625, de título y subtítulo: "INDEMNIZACIÓN POR DE RIESGO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LOS AUMENTOS AL SALARIO BASE PARA SU PAGO DEBEN COMPUTARSE CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO APLICABLE PARA DICHO PERSONAL Y NO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL RESULTA AQUÉL MÁS BENÉFICO AL TRABAJADOR."

En cambio, es esencialmente fundado lo alegado por la patronal quejosa en el primer concepto de violación, referente a que el laudo reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales 840 al 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque la Junta responsable condenó a reconocer la profesionalidad de los padecimientos consistentes en **********, señalando al efecto que tienen su origen con el trabajo y medio ambiente en que el actor desempeñó sus labores, porque estuvo expuesto a esfuerzos físicos que le generaron rigidez en la **********, cuando de la lectura de la demanda se advierte que el actor no hizo valer que, en las condiciones de trabajo en las que laboró, se haya encontrado expuesto a esfuerzos físicos; de ahí que la Junta laboral introdujo hechos ajenos a la litis y con ello condenó al reconocimiento de la profesionalidad de los padecimientos indicados.

Los argumentos expuestos son esencialmente fundados.

En efecto, del laudo reclamado se aprecia que la Junta del conocimiento, al pronunciarse sobre la profesionalidad de las enfermedades consistentes en: a) **********; y, b) **********, sostuvo literalmente lo siguiente:

"...En segundo término, se comprueba la profesionalidad de los padecimientos de ********** y **********, pues si bien es cierto que dichas enfermedades no se encuentran reconocidas por la Ley Federal del Trabajo, también es verdad que la carga de la prueba correspondió a la patronal, para justificar tanto las actividades desempeñadas por el trabajador, así como el medio ambiente en que éste prestó sus servicios, y ante la falta de prueba en este aspecto, surge asimismo la presunción de certeza de lo manifestado por el actor en su demanda laboral, en lo que aquí interesa, que esas enfermedades ahora profesionales, son consecuencia de que en el trabajo ordinario -esfuerzos físicos- generaron una rigidez en la columna vertebral y en las rodillas del accionante, sin que el patrón demandado haya demostrado lo contrario, máxime que quedó a su cargo la obligación de probar que dichos padecimientos se adquirieron por causas ajenas al desempeños (sic) de sus labores, incluso de acreditar su planteamiento defensivo consistente, fundamentalmente, que éstos no tienen el carácter de enfermedades profesionales; por tal motivo, esta Junta concluye que los padecimientos de ********** y **********, tienen su origen con el trabajo y medio ambiente en que el accionante se vio obligado a prestar sus servicios, generándose desde su inicio un daño progresivo y repetitivo por largo tiempo -32 años, 312 días-, en virtud de su puesto de ‘ayudante de administrativo del activo’..."

De la transcripción que antecede, es posible apreciar que el argumento principal sustentado para considerar que las referidas enfermedades debían considerarse profesionales, consistió en que la carga de la prueba para justificar tanto las actividades desempeñadas por el trabajador, así como el medio ambiente en que éste prestó sus servicios correspondió a la patronal; así como que ante la falta de prueba en este aspecto, surgió la presunción de certeza de lo manifestado por el actor en su demanda laboral, en el sentido de que esos padecimientos son consecuencia de que en el trabajo ordinario -esfuerzos físicos- generaron una rigidez en **********.

En ese sentido, se colige que la Junta laboral tuvo como presuntivamente cierto lo manifestado por el actor en su demanda, respecto de las actividades desempeñadas como el medio ambiente en que desarrolló sus actividades, que es finalmente la relación causal que otorga -de acuerdo con lo determinado por la autoridad laboral- el carácter de enfermedades profesionales.

Al respecto, cabe señalar, como lo afirma la patronal quejosa, que el actor en su escrito de demanda, no señaló que durante su vida laboral estuviera expuesto a esfuerzos constantes en el desempeño de sus labores, pues al respecto, en los hechos de su demanda laboral expuso:

"...1. Con fecha **********, fui jubilado por la empresa **********, después de haber laborado durante **********, con la categoría de **********, haciendo mención que durante todo el tiempo que laboré para la empresa demandada, el desempeño de mis labores consistía en la **********, en las cuales durante todo el tiempo que laboré estuve expuesto a ruidos y trepidaciones por encima de las permitidas por las normas de higiene y seguridad industrial. Asimismo, cabe hacer notar a esta H. Autoridad que parte el tiempo que laboré para la demandada lo hice en estaciones de **********, estando constantemente expuesto a las emanaciones derivadas de los mencionados compuestos, ya que no contábamos con el equipo adecuado de protección.

"2. De un tiempo a la fecha he notado una disminución aguda de la **********, así como **********, además de **********, razón por la cual, es que acudo ante esta H. Autoridad, demandándole a **********, la calificación de riesgo de trabajo, de las enfermedades adquiridas en el desempeño de mis labores como trabajador activo de la empresa demandada, consistente en **********, mismas que se encuentran contempladas como enfermedades del **********, dentro de la tabla de enfermedades de trabajo contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo y cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo firmado entre **********, y como consecuencia de la calificación de riesgo de trabajo de la **********, se reclama el pago de la cantidad que resulte por concepto de 1,620 días de salario ordinario, tal como lo establece el artículo 66, inciso h), del **********, así como el 40% adicional de la indemnización reclamada en el inciso I del capítulo de prestaciones, esto con fundamento en el artículo 66, inciso h), del ********** en relación con el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo..."

Ahora bien, conforme a lo expuesto por el actor, se puede desprender que refirió en los hechos de su demanda laboral, en cuanto a sus actividades desempeñadas con motivo de su empleo, así como del ambiente laboral en que laboró, lo siguiente:

a) Su categoría fue la de **********; y sus actividades las desarrolló en estaciones de **********.

b) Sus labores consistían en la **********.

c) Durante todo el tiempo del desempeño de sus labores, estuvo expuesto a ruidos y trepidaciones por encima de las permitidas por las normas de higiene y seguridad industrial, así como a emanaciones derivadas de **********, ya que no contaba con el equipo adecuado de protección.

En los términos anotados, se puede apreciar claramente, como lo refiere la empresa quejosa, que el actor no señaló en los hechos de su demanda, que durante el desempeño de sus labores estuviera expuesto a esfuerzos físicos, pues sobre este tópico, se limitó a precisar que sus labores consistían en la **********, que además estuvo expuesto a ruidos, trepidaciones por encima de las permitidas por las normas de higiene y seguridad **********, como a emanaciones derivadas de **********, pero en ninguna parte refirió que en el desempeño de sus labores se encontrara o fuera necesario realizar o estar sometido a esfuerzos físicos, máxime si se tiene en consideración que el propio actor precisó que sus labores consistían en la **********, de lo cual se puede colegir, que en esas labores **********, no requerían de mayores esfuerzos físicos en el desempeño de sus actividades, como para justificar que fueran la génesis o causa de enfermedades en **********, descritas por el perito médico.

Lo anterior es trascendente, habida cuenta que para calificar el origen profesional de una enfermedad, no es suficiente que tanto el padecimiento como la actividad estén comprendidos en alguno de los apartados de la tabla a que se contrae el citado precepto legal 513 de la Ley Federal de Trabajo, ni es válido sostener que el dictamen pericial médico, por sí solo, pueda conducir a aquella calificación por actualizarse la presunción legal, sin necesidad de comprobar que se desarrolló la actividad específica o el medio ambiente señalados en la demanda laboral, ya que se requiere, necesariamente, de la comprobación de dos hechos:

1. De la existencia del padecimiento, por lo general, diagnosticado en el dictamen pericial médico;

2. Que la actividad específica que se desarrolló o el respectivo medio ambiente esté identificado, pues sólo si se conocen estos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26942-d848d7ec/indemnizacion-por-riesgo-de-trabajo-del-personal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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