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Modo: Corpus Pro

INFORME JUSTIFICADO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO PARA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. * * * AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, LA FALTA DE INFORME NO PRODUCE POR SI SOLO EL DIFERIMIENTO DE LA. - - -

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/90. · Registro digital (IUS): 271
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Agosto de 1992, , Pág. 19.

CONTRADICCION DE TESIS NUMERO 6/90. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS: y

RESULTANDO

PRIMERO.- Por escrito de dos de octubre de mil novecientos noventa, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y al efecto expresó lo siguiente: "Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presente.- Clementina Gil de Lester, Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 24, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como lo señalado en la fracción II del acuerdo de `Reestructuración de las dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ocupan de la Compilación y Difusión de las Jurisprudencias y Tesis aisladas del Poder Judicial, así como de los sistemas que se aplican', denunció la contradicción de tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con residencia en la ciudad de Puebla, capital del Estado del mismo nombre, en relación con la tesis establecida por el Tercer Tribunal Colegiado del mismo Circuito bajo las siguientes consideraciones. 1. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 140/88, Veneranda Montes de Campos y Josefina Campos Montes, con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, sustentó la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, VIII Epoca, Tomo I, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 353, en el sentido de que: `INFORME JUSTIFICADO, FALTA DEL. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA.- No es verdad que a falta de informe justificado de la responsable se deba diferir la audiencia, para emplear los medios de apremio y obligarla a que la rinda, en efecto, de requerirse de nueva cuenta el informe de la responsable y de emplearse los medios de apremio que señala la Ley, no tendría aplicación, ni razón de ser, el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo; por otra parte, es inexacto que se deje al quejoso en estado de indefensión, ya que tiene la oportunidad de demostrar ante el Juez de Distrito la inconstitucionalidad del acto reclamado a través de las pruebas correspondientes'. 2. El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 56/88, Filemón Sandoval Hernández, con fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, sustentó la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo I, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 354, que a la letra dice: `INFORME JUSTIFICADO NO RENDIDO POR LA RESPONSABLE DE UNA ORDEN DE APREHENSION. EL Juez FEDERAL DEBE ORDENAR DE OFICIO QUE SE RINDA JUNTO CON LAS CONSTANCIAS DE LA AVERIGUACION. Cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión no debe celebrarse la audiencia constitucional si no obra en autos el informe justificado con las constancias completas de la averiguación previa, en tal supuesto, el Juez federal con apoyo en el artículo 78, tercer párrafo de la Ley de Amparo, de oficio debe diferir la audiencia y requerir al Juez natural omiso la presentación de los mismos, haciendo uso de las medidas de apremio que señala la Ley, esto, de acuerdo con la interpretación que debe hacerse del citado precepto, en relación con el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que es fundamental la preservación de la libertad personal'. En consecuencia, para que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia esté en posibilidad de decidir qué debe prevalecer, se concluye: Primero.- Los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados son diversos, respecto de una misma cuestión. Segundo.- En consecuencia, túrnese el asunto para su estudio al ministro que corresponda. México, Distrito Federal a dos de octubre de mil novecientos noventa. La Presidenta de la Primera Sala.- Rúbrica".

SEGUNDO.- Mediante acuerdo que dictó la presidenta de la Primera Sala el dos de octubre de mil novecientos noventa, se tuvo por integrada la contradicción de tesis sustentada entre el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; se ordenó se le diera conocimiento al Procurador General de la República, vista al Ministerio Público Federal y en su oportunidad se turnaran los autos al ministro que correspondiera.

Por acuerdo de seis de febrero de mil novecientos noventa y uno, se turnaron los autos a la ministra ponente.

El agente del Ministerio Público Federal solicitó que se declare que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito mediante escrito de veinte de abril de mil novecientos noventa, remitió copia fotostática certificada de la sentencia pronunciada en el recurso de revisión número R-140/88, derivado del juicio de amparo número 351/88, promovido por Veneranda Montes de Ocampo y Josefina Campos Montes.

El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por escrito de diecinueve de abril de mil novecientos noventa, remitió copia fotostática certificada de la resolución pronunciada en el amparo en revisión R-56/988, promovido por Filemón Sandoval Hernández.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 24, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el toca número R-140/88, relativo a la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 351/88, textualmente sostuvo: "El tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, establece: `Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto'. De las constancias que obran en autos se advierte que el Juez de lo Penal de Acatlán, Puebla, autoridad señalada como ordenadora, omitió rendir su informe justificado no obstante encontrarse debidamente emplazado, por lo que efectivamente operó en su contra la presunción establecida en el artículo antes invocado, en el sentido de ser cierto el acto reclamado y como consecuencia de ello, el Juez de Distrito, correctamente consideró inminentes los actos que se reclaman del Procurador General de Justicia del Estado, agente del Ministerio Público, Comandante de la Policía Judicial y delegado de la Policía Estatal, éstos de Acatlán, Puebla, en su carácter de autoridades ejecutoras. Ahora bien, como acertadamente lo sostiene el a quo, el Juez de lo Penal de Acatlán, Puebla, de conformidad con lo establecido por los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en relación con el diverso 16 constitucional, es autoridad competente para librar una orden de aprehensión, como la reclamada, por lo que tal acto es constitucional en sí mismo y a falta de informe de la responsable, de acuerdo al artículo 149 de la Ley de Amparo quedó a cargo de los quejosos la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, al no haber aportado éstos prueba alguna al respecto, fue procedente la negativa del amparo solicitado. Las recurrentes no tienen razón al manifiestar que a falta de informe justificado del Juez de lo Penal debió diferir la audiencia, para emplear los medios de apremio y obligar a la citada responsable para que lo rindiera; en efecto, de requerirse de nueva cuenta el informe, a la responsable y de emplearse los medios de apremio que señala la ley, no tendría aplicación, ni razón de ser el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo transcrito, de aquí que el Juez a quo no haya diferido la audiencia constitucional; por otra parte es inexacto que se deje a las quejosas en estado de indefensión, ya que tuvieron la oportunidad de demostrar ante el Juez de Distrito la inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de las pruebas correspondientes.".

TERCERO.- Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el toca de revisión número R- 56/88, relativo al juicio de amparo número 1789/87, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, sostuvo lo siguiente: "Del análisis a la sentencia recurrida se desprende que el Juez Federal negó el amparo y protección solicitado por Filemón Sandoval Hernández, basándose para tal consideración en el hecho de que al no rendir su informe justificado el Juez de lo Penal en Tehuacán, Puebla, se tuvieron como presuntamente ciertos los hechos que se le imputaron en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo y por esa razón recaía en el quejoso la obligación de demostrar la inconstitucionalidad de los mismos, sin que lo hubiese probado de manera alguna. Ahora bien, tomando en cuenta el contenido de los artículos 76 bis, fracción II y 78, tercer párrafo de la Ley de Amparo, y considerando que el acto reclamado afecta un bien jurídico, cuya preservación es fundamental, como es la libertad personal, este tribunal estima que tales preceptos deben interpretarse de la siguiente manera: Cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión y en el momento en que deba iniciarse la audiencia constitucional no obre el informe y las constancias de la autoridad responsable, el Juez Federal en uso de las facultades que le confiere el segundo de los preceptos invocados, de oficio debe diferir la audiencia y requerir al Juez natural omiso la presentación de los mismos, haciendo uso de las medidas de apremio que señala la ley, con el fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso y poder examinar, en su caso, las constancias de la averiguación, que deben anexarse al informe y que pudieran demostrar la inconstitucionalidad del acto en caso de que así fuera. Por lo anterior es claro que el Juez Federal debió abstenerse de celebrar la audiencia constitucional ya que en ese momento no contaba con el informe justificado y las constancias correspondientes, debiendo de oficio requerirlas al Juez responsable para no afectar las defensas de Filemón Sandoval Hernández. Por lo tanto, toda vez que el expediente correspondiente al juicio de amparo número 1789/987, corre agregado al informe justificado rendido por el Juez de lo Penal en Tehuacán, Puebla, al que se anexaron las constancias relativas, mismo que fue recibido por el Juez a quo el once de enero del presente año, es decir después de la audiencia constitucional que se celebró el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete; y con apoyo en los razonamientos precisados en los párrafos que anteceden, lo procedente en este caso es revocar la sentencia recurrida y ordenar el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla la reposición del procedimiento en el juicio de garantías número 1789/987, señalando nuevo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, conforme a los lineamientos de esta ejecutoria.".

CUARTO.- El análisis de las partes de las ejecutorias transcritas pone de manifiesto la contradicción de tesis denunciada, pues en tanto, el Segundo Tribunal Colegiado sostiene, esencialmente, que tratándose de una orden de aprehensión, no debe diferirse la audiencia constitucional no obstante que las autoridades responsables no hayan rendido su informe con justificación, porque se actualiza la presunción de certeza del acto reclamado en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que se deje en estado de indefensión a los quejosos, el Tercer Tribunal Colegiado argumenta, primordialmente, que debe diferirse, de oficio, la audiencia constitucional, en términos del segundo párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, cuando al iniciarse ésta no obre el informe y las constancias de la autoridad responsable debiendo, además, el juzgador hacer uso de las medidas de apremio que señala la ley a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso y poder examinar las constancias de la averiguación que deben anexarse al informe y que pudieran demostrar la inconstitucionalidad del acto en caso de que así fuera.

QUINTO.- Habiéndose configurado en lo substancial la contradicción de tesis, procede esta Sala a determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de tesis jurisprudencial.

El artículo 149 de la Ley de Amparo expresa: "Artículo 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión sancionable, aquella que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplazamiento, circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable. Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el Juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.".

De la transcripción anterior se desprende que de conformidad con los párrafos tercero y cuarto del artículo 149 de la Ley de Amparo, la conducta omisa de la autoridad responsable a rendir su informe con justificación o las copias certificadas que resulten necesarias, en su caso, para apoyar el contenido del informe, es sancionada procesalmente con la presunción de certeza de la existencia del acto reclamado y, con la imposición de multa de diez a ciento cincuenta días de salario.

Ahora bien, no obstante de que se trate de un juicio de amparo en materia penal en el que el acto reclamado se hizo consistir en una orden de aprehensión, y en cuya materia procede la suplencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no puede atribuirse oficiosamente al juzgador la facultad de diferir la audiencia constitucional y que requiera con imposición de multas a la autoridad omisa, las veces que sean necesarias, hasta en tanto no rinda el informe que le fue solicitado o remita la averiguación previa, porque implicaría, en primer lugar, desconocer jurídicamente la sanción procesal (certeza de actos) que precisó el legislador en la propia ley a la conducta omisiva de la autoridad, y en segundo lugar, sujetar la celebración de la audiencia constitucional y, por ende, la resolución del juicio al capricho del cumplimiento de la autoridad omisa, lo que resulta inadecuado, si consideramos que precisamente la aplicación del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo al presumir la existencia del acto reclamado releva al quejoso de esta carga de la prueba, quedando a cargo de él sólo la demostración de que dicho acto es inconstitucional, siempre que no resulte inconstitucional en sí mismo.

En efecto, la existencia del acto reclamado y la inconstitucionalidad que de él se reclama deben demostrarse indistintamente dentro del procedimiento, pues la sola existencia del acto no presupone su inconstitucionalidad, pues ésta, una vez que queda acreditada la existencia del mismo debe ser demostrada por la parte que la atribuyó a la autoridad responsable, es decir, por el quejoso, de ahí el que no pueda crear estado de indefensión al quejoso la celebración de la audiencia constitucional cuando se tiene por presuntivamente cierta la existencia del acto reclamado, lo que pone de manifiesto la razón jurídica de la intención del legislador al establecer la presunción de certeza del acto reclamado con efectos procesales a la actitud omisiva de la autoridad responsable.

Por otra parte, si bien es cierto que el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo faculta al juzgador para que de oficio recabe las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto, de dicho precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa de entregar dicha documentación, cuando expresamente hay una sanción por esa omisión.

Consecuentemente, existiendo una sanción a la conducta omisiva de la autoridad responsable resulta ilógico no aplicarla y dejar al quejoso la carga de la prueba de la existencia del acto reclamado ante la posible negativa que pueda realizar la responsable si se le obliga a rendir el informe con justificación, independientemente de que deberá demostrar también la inconstitucionalidad del acto controvertido cuando éste dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya apoyado el acto.

En estas condiciones, esta Primera Sala estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en términos de la presente resolución, y con carácter de jurisprudencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 195 y 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.- Con efectos de jurisprudencia debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en términos del último considerando de la presente resolución y sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en que ocurrió la contradicción.

Notifíquese; publíquese íntegramente y remítase esta resolución al Pleno, a las Salas y a los Tribunales Colegiados de la Nación, así como al Semanario Judicial de la Federación y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Santiago Rodríguez Roldán, Victoria Adato Green de Ibarra, Samuel Alba Leyva y como ponente Clementina Gil de Lester, el Ministro Luis Fernández Doblado estuvo ausente previo aviso.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/271-bd9ecbb9/informe-justificado-inaplicabilidad-del-articulo-78-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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