DERECHOS EJIDALES, PRIVACION DE LOS. NO SE VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA SI NO ES LLAMADO AL PROCEDIMIENTO EL SUCESOR DEL TITULAR.
EXPEDIENTE NUMERO 9/90. CONTRADICCION DE TESIS SUSCITADA POR LOS TRIBUNALES PRIMERO Y SEGUNDO COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 24 de octubre de 1991.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.- Mediante escrito de doce de febrero de mil novecientos noventa, el magistrado Enrique Dueñas Sarabia, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, denunció la probable contradicción de tesis que se da entre la sustentada por dicho tribunal, al resolver el amparo en revisión R-200/89 en el sentido de que en un procedimiento de privación de derechos agrarios deben ser llamados el sucesor o sucesores del ejidatario afectado y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, Tercera Parte, del Informe de Labores rendido por el presidente de este Alto Tribunal al terminar el año de mil novecientos ochenta y seis, que sostiene que si no se llama a los sucesores del titular a dicho procedimiento no se viola la garantía de audiencia.
SEGUNDO.- La tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito es la siguiente:
"SUCESORES. DEBEN SER LLAMADOS AL JUICIO PRIVATIVO DE DERECHOS AGRARIOS.- El artículo 86 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dice: `Al decretarse en contra de un ejidatario la pérdida de una unidad de dotación, ésta deberá adjudicarse a quien legalmente aparezca como su heredero, quedando por tanto destinada dicha unidad al sostenimiento del grupo familiar que económicamente dependía del campesino sancionado; salvo lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior'. De ello resulta que, si bien de conformidad con el artículo 428 del propio ordenamiento pudiera estimarse que en principio sólo el titular debe ser llamado al procedimiento; sin embargo, también tiene que serlo el sucesor o sucesores, toda vez que será en ese juicio donde se determine a quién habrá de adjudicarse la parcela y por tanto, en él se deducirá el derecho que consagra el numeral referido.
"El criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consiste:
"`PRIVACION DE DERECHOS AGRARIOS. SUCESORES DEL TITULAR. NO SE VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA SI NO SON LLAMADOS AL JUICIO DE.- Del texto del artículo 428 de la Ley Federal de Reforma Agraria se desprende que en las controversias sobre privación de derechos agrarios, se citan e intervienen las autoridades internas del ejido y el ejidatario a quien se le va a privar de sus derechos, de manera que sólo ellos toman parte en la audiencia respectiva ofreciendo las pruebas que a su derecho corresponda; empero, de dicha disposición legal no se infiere que deba citarse al juicio privativo a los sucesores designados, en virtud de que nada más tienen a su favor una espectativa, no así ningún derecho agrario adquirido, el cual sólo se obtiene con el correspondiente certificado individual de derechos agrarios en términos de los artículos 69 y 72 de la ley de la materia.'. Amparo en revisión 105/86. Benito Huerta Sánchez. 4 de noviembre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: V. Jorge Núñez Rivera."
TERCERO.- Por auto de veinte de junio de mil novecientos noventa el presidente de esta Sala, acordó avocarse al conocimiento de la denuncia de contradicción de tesis hecha valer y dar vista de la probable contradicción de tesis al procurador general de la República.
El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, en su pedimento número 597/90 de diez de agosto de mil novecientos noventa, opina que debe prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
Por acuerdo de veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa, notificado por lista de cinco de octubre del mismo año, se turnaron los autos al ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en amparos en materia administrativa por diversos Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión R-200/989, promovido por Isaías Luna Camacho, sobre el particular determinó lo siguiente: "QUINTO.- Independientemente de la eficacia del agravio hecho valer cuyo estudio por ende es innecesario, este tribunal considera que la sentencia recurrida no es conforme a derecho y por tanto debe revocarse, lo que se determina a través de suplir la queja deficiente, con fundamento en el artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo. Para respaldar esta postura, ante todo debe recordarse que el antes quejoso reclamó la resolución de la Comisión Agraria Mixta en el Estado, pronunciada en el expediente 5102 relativo a la privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación en el ejido denominado Nopalucan de la Granja, ubicado en el Municipio de Nopalucan, resolución que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, de dos de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, mediante el cual entre otros, se privó de derechos agrarios al titular del certificado 1120837 y al hoy inconforme, en su calidad de sucesor. Como se verá más adelante, los argumentos giraron en torno a la falta de emplazamiento a dicho juicio y a que no se examinaron las pruebas que aportó a pesar de la omisión referida. Ahora bien el artículo 86 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dice como sigue: `Al decretarse en contra de un ejidatario la pérdida de una unidad de dotación, ésta deberá adjudicarse a quien legalmente aparezca como su heredero, quedando por tanto destinada dicha unidad al sostenimiento del grupo familiar que económicamente dependía del campesino sancionado; salvo lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior.' De lo anterior resulta que, si bien de conformidad con el artículo 428 del propio ordenamiento pudiera estimarse que en principio sólo el titular debe ser llamado al procedimiento; sin embargo, este cuerpo colegiado estima que también debe serlo el sucesor o sucesores, toda vez que será en ese juicio donde se determine a quién habrá de adjudicarse la parcela y por tanto, en él debe deducirse el derecho que consagra el numeral referido. En las condiciones relatadas, teniendo en cuenta además que uno de los problemas planteados fue la falta de estudio de las pruebas, no debió estimarse improcedente el juicio, toda vez que la única manera de resolver la cuestión debatida es mediante el estudio del fondo, y por no haberlo considerado así, el Juez de Distrito actuó en forma contraria a derecho.".
A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado del propio Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión R-105/986, promovido por Benito Huerta Sánchez, sobre el particular determinó: "TERCERO.- Son infundados los anteriores agravios.- El recurrente alega que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que en el proceso del cual derivan los actos reclamados, se violaron en su perjuicio los artículos 81 y 82 de la Ley Federal de Reforma Agraria, al no habérsele oído en dicho juicio en su carácter de sucesor preferente. Ahora bien, el artículo 428 de la mencionada ley, a la letra establece: `Artículo 428. Si del estudio del expediente y de las pruebas aportadas resulta cuando menos la presunción fundada de que se ha incurrido en las causas legales de privación, la Comisión Agraria Mixta citará al Comisario Ejidal, al Consejo de Vigilancia y a los ejidatarios afectados por la posible privación de derechos para que se presenten el día y hora que se señalará al efecto'. Siendo así, carece de razón el recurrente pues del texto del precepto legal antes transcrito se desprende que en las controversias sobre privación de derechos agrarios, se citan e intervienen las autoridades internas del ejido y el ejidatario a quien se le va a privar de sus derechos, de manera que sólo ellos intervienen en la audiencia respectiva, ofreciendo las pruebas que a su derecho corresponda; empero, de dicha disposición legal no se infiere que deban citarse al juicio privativo de derechos agrarios a los sucesores designados en virtud de que nada más tienen en su favor una expectativa de derechos, no así, ningún derecho agrario adquirido, el cual únicamente se obtiene con el correspondiente certificado individual de derechos agrarios en términos de los artículos 68 y 72 de la mencionada ley."
TERCERO.- La materia de esta contradicción de tesis, substancialmente consiste en determinar si en el procedimiento de privación de derechos individuales de un ejidatario, establecido en la Ley Federal de Reforma Agraria, que se tramite ante las comisiones agrarias mixtas, deben o no ser llamadas al mismo los sucesores designados por el ejidatario afectado, a la luz de las disposiciones del propio ordenamiento en cita.
Los preceptos de la Ley Federal de Reforma Agraria que son aplicables al tema, son los siguientes:
El artículo 85, que preceptúa las hipótesis que en el caso de concretarse conducen a la pérdida de derechos sobre la unidad de dotación, a la letra dice:
"Artículo 85. El ejidatario o comunero perderá sus derechos sobre la unidad de dotación, y, en general los que tenga como miembro de un núcleo de población ejidal o comunal, a excepción de los adquiridos sobre el solar que le hubiere sido adjudicado en la zona de urbanización, cuando:
I. No trabaje la tierra personalmente o con su familia, durante dos años consecutivos o más, o deje de realizar por igual lapso los trabajos que le correspondan, cuando se haya determinado la explotación colectiva, salvo en los casos permitidos por la ley;
II. Hubiere adquirido los derechos ejidales por sucesión y no cumpla durante un año con las obligaciones económicas a que quedó comprometido para el sostenimiento de la mujer e hijos menores de dieciséis años o con incapacidad total permanente que dependían del ejidatario fallecido;
En estos casos, la nueva adjudicación se hará siguiendo el orden de sucesión del anterior titular, autor de la herencia;
III. Destine los bienes ejidales a fines ilícitos;
IV. Acapare la posesión o el beneficio de otras unidades de dotación o superficie de uso común, en ejidos y comunidades ya constituidas;
V. Enajene, realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de su unidad de dotación de superficie de uso común o la dé en arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los casos previstos por el artículo 76, y
VI. Sea condenado por sembrar o permitir que se siembre en su parcela o bienes de uso común, ejidales o comunales, mariguana, amapola o de cualquier otro estupefaciente."
Las consecuencias que produce la privación del derecho sobre la unidad individual de dotación, respecto de los sucesores del titular, se señalan en el siguiente artículo:
"Artículo 86. Al decretarse en contra de un ejidatario la pérdida de una unidad de dotación, ésta deberá adjudicarse a quien legalmente aparezca como su heredero, quedando por tanto destinada dicha unidad al sostenimiento del grupo familiar que económicamente dependía del campesino sancionado; salvo lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior."
Las disposiciones relativas al procedimiento sobre suspensión y privación de derechos agrarios, aplicables al caso son:
"Artículo 420. Cuando un ejidatario incurra en alguna de las causas de suspensión de derechos agrarios previstas en esta Ley, la Asamblea General podrá pedir la suspensión, sujetándose al procedimiento establecido en este capítulo."
"Artículo 421. Cualquier ejidatario puede denunciar los hechos que ameriten la suspensión ante el comisariado o ante la asamblea general; pero, en todo caso, la Asamblea en que haya de resolverse sobre el asunto objeto de la denuncia deberá ser citada consignando expresamente en el orden del día el pedimento de suspensión, y los nombres del afectado y del denunciante. Para esta asamblea, el comisariado solicitará la presencia de un representante de la Delegación Agraria, el cual verificará el quórum legal, la votación mayoritaria que, en su caso acuerde pedir la suspensión y el debido cumplimiento de todas las formalidades que esta ley establece para el levantamiento de las actas. En esta asamblea deberá darse oportunidad a los posibles afectados para que se defiendan de los cargos que en su contra se formulen. Sin la presencia del representante antes mencionado, el acuerdo de suspensión no surtirá ningún efecto legal. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en aplicación de la Ley de Fomento Agropecuario, denunciará ante la Secretaría de la Reforma Agraria la existencia de tierras ociosas, para los fines señalados en los artículos 251, 420 y 426 de esta ley."
"Artículo 426. Solamente la asamblea general, el delegado agrario respectivo, podrán solicitar a la Comisión Agraria Mixta que inicie el procedimiento de privación de derechos individuales de un ejidatario y, en su caso, la nueva adjudicación."
"Artículo 427. Cuando el pedimento tenga su origen en el núcleo de población ejidal, deberán llenarse los requisitos establecidos en el artículo 420. Cuando la privación sea solicitada por el delegado agrario, éste señalará las causas de procedencia legal y acompañará a su escrito las pruebas en que funde su petición."
"Artículo 428. Si del estudio del expediente y de las pruebas aportadas resulta cuando menos la presunción fundada de que se ha incurrido en las causas legales de privación, la Comisión Agraria Mixta citará al Comisariado Ejidal, al consejo de vigilancia y a los ejidatarios afectados por la posible privación de derechos para que se presenten el día y hora que se señalará al efecto."
"Artículo 430. El día y la hora señalados para la celebración de la audiencia, se escuchará a los interesados y se recibirán pruebas y alegatos."
"Artículo 431. La Comisión Agraria Mixta, dentro de los diez días siguientes a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, valorizará escrupulosamente las pruebas recabadas y emitirá su resolución sobre la procedencia de la privación de derechos agrarios y, en su caso, sobre las nuevas adjudicaciones."
Del artículo 433 segundo párrafo:
"... Las resoluciones se remitirán al Registro Agrario Nacional para los efectos de su inscripción y expedición de los certificados correspondientes y al ejecutarse se notificará al comisariado ejidal para que en el caso de que se haya decretado la privación de derechos y no se haya procedido a la nueva adjudicación, convoque a asamblea general con el objeto de adjudicar la o las unidades de dotación de que se trate, en los términos de esta ley."
De los artículos transcritos se desprende:
a). Que la acción para privar a un ejidatario de sus derechos sobre la unidad individual de dotación, sólo puede ejercitarla la Asamblea General del ejido o el delegado agrario.
b). Que si la petición la formula la Asamblea General, ésta deberá comprobar que cumplió con los requisitos que se establecen en el procedimiento de suspensión de derechos previsto en los artículos 420 y 421 de la ley de la materia, consistentes en acreditar que a la asamblea relativa concurrió un representante de la Delegación Agraria y que se otorgó al ejidatario afectado la oportunidad de defenderse de los cargos formulados en su contra.
c). Que de presumirse que existe fundamento para iniciar el procedimiento de privación de derechos se citará al Comisariado Ejidal (representante del ejido), al Consejo de Vigilancia (órgano que supervisa la gestión del comisariado) y al ejidatario afectado por la posible privación, a una audiencia de pruebas y alegatos.
d). Que en ninguna de las disposiciones relativas a tal procedimiento se señalan como parte a los sucesores del ejidatario y por ende no se les cita para comparecer a la audiencia que se llevará al cabo.
e). Que la litis en el procedimiento se contrae a determinar si el ejidatario incurrió en alguna de las causales que preceptúa el artículo 85, que origina la pérdida de sus derechos agrarios, sin que forme parte de la misma, la procedencia de derechos hereditarios, pues éstos no son controvertidos.
f). Que se impone a la autoridad agraria la obligación de valorar cuidadosamente las pruebas aportadas, para resolver si la conducta del ejidatario se encuentra en el supuesto de la causal que invoca la parte promovente y de proceder la solicitud, decretar la privación de derechos agrarios, y en su caso, la adjudicación de la parcela respectiva al sucesor que legalmente le corresponda; acto que compete efectuar a la asamblea general.
g). Que el sucesor de un ejidatario, efectivamente sólo tiene una expectativa de derecho, la cual puede concretarse por la muerte de quien lo designó como tal o bien por la resolución del procedimiento de privación de derechos ejidales que determine el desposeimiento del ejidatario afectado y la adjudicación a su sucesor en los términos del artículo 86 de la ley de la materia.
Congruente con las disposiciones mencionadas, esta Sala estima que debe prevalecer la tesis que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en el sentido de que no se viola la garantía de audiencia del sucesor de un ejidatario si no es llamado al procedimiento de privación de derechos que se instaure en contra de éste. En efecto, dicho sucesor, además de no ser parte en el procedimiento, la resolución que la Comisión Agraria Mixta dicte sólo trasciende a él, si se decreta la privación de los derechos de la parcela correspondiente, por haberse comprobado que el ejidatario incurrió en la causal que la origina, en cuyo caso deberá adjudicarse al heredero que legalmente corresponda; y si por el contrario, se absuelve al ejidatario de los hechos que se le imputan, el sucesor designado continuará conservando su derecho a heredar; deriva de la voluntad del ejidatario expresada conforme a la ley, ya sea por anotarlo en el certificado de derechos agrarios, o en la lista de sucesión que comunique al Registro Agrario Nacional para su inscripción y en su defecto por determinación de la ley, de acuerdo con el orden de preferencia y exclusión que la misma establece en su artículo 82.
Debe precisarse, en principio, que si se decreta la privación de derechos, y procede la nueva adjudicación de la unidad de dotación como consecuencia lógica y necesaria de la resolución, ello no significa que como tal adjudicación conforme a la ley debe ser a favor de quien legalmente aparezca como heredero, éste deba intervenir y ser llamado al procedimiento, pues además, de que sus derechos a heredar como ya se ha dicho no es materia controvertida, debe presumirse que la autoridad agraria actuará conforme a la ley adjudicándole la parcela, y no que violará la norma legal, beneficiando a quien no le corresponda.
Por otro lado, debe estimarse que de llamarse al procedimiento de privación de derechos al sucesor del ejidatario afectado, también debería intervenir dicho sucesor en el procedimiento de suspensión de derechos agrarios, que establece el artículo 87 de la ley de la ley de la materia, conforme al cual de comprobarse plenamente ante la Comisión Agraria Mixta alguna de las causas que dan lugar a la suspensión, la parcela se adjudicaría al heredero legítimo del ejidatario por el tiempo que debe durar la sanción.
Con independencia a lo anterior, si la unidad de dotación que deba adjudicarse al sucesor legítimo del ejidatario afectado con la privación de sus derechos agrarios, se encuentra en posesión de otro ejidatario, como la ejecución de la resolución que se pronuncie en tal sentido implicará el desposeimiento, deberá otorgarse al tercero la oportunidad de defensa, en respeto a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.
Esta situación podría presentarse en el supuesto de la fracción V del artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, antes transcrito, pues la causa que origina la pérdida del derecho sobre la parcela consiste en que el ejidatario permita la explotación indirecta o por terceros de la unidad de dotación, casos en que quien tiene la posesión de la parcela, debe ser oído y vencido en juicio, para ser legalmente desposeído.
El anterior criterio tiene su apoyo en la tesis de jurisprudencia de esta Segunda Sala número mil trescientos cuarenta y siete, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis del volumen V, P a la Q, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a continuación se transcribe:
"POSEEDOR DE PARCELA. DEBE SER OIDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS AGRARIOS AL HEREDERO PREFERENTE.- Aunque los actos reclamados se deriven en un caso del reconocimiento por las autoridades agrarias de los derechos del tercero perjudicado como heredero preferente del titular parcelario, el poseedor y quejoso tiene derecho a ser oído en el procedimiento administrativo idóneo en el que se decida acerca de sus derechos adquiridos como poseedor de la parcela, frente a los que ostente el heredero preferente."
Igualmente es aplicable la tesis número mil trescientos cincuenta, visible en la dos mil ciento ochenta, del mismo tomo del citado Apéndice, que dice:
"POSESION, DEBE RESPETARSE PARA PRIVAR A UNA PERSONA DE ELLA, SE LE DEBE OIR EN DEFENSA, SEA QUE LA POSESION SEA LEGITIMA O ILEGITIMA.- Los Jueces Federales están obligados a proteger la posesión y carecen de facultades para decidir si es buena o mala. Contra la autoridad que ordena un desposeimiento sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, procede conceder el amparo al quejoso para el efecto de que dicha responsable, antes de privarlos de la extensión de tierra de la cual se ostenta poseedor, lo oiga, dándole oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos en defensa de sus derechos, resolviendo posteriormente lo que legalmente proceda."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 192, 195 y 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Se declara que de las tesis sometidas a la consideración de esta Sala, debe prevalecer la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
SEGUNDO.- Dése a conocer la presente resolución al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiado de Circuito de la República y publíquese íntegramente en el Semanario Judicial de la Federación.
TERCERO.- Remítanse testimonios de esta resolución a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Sexto Circuito.
Notifíquese; cúmplase y en su oportunidad archívese el expediente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/284-51a96933/derechos-ejidales-privacion-de-los-no-se-viola · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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